"Es un pésimo negocio, un pésimo mensaje porque se les sigue entregando tierras a las comunidades violentas". Así de tajante fue el presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de La Araucanía (Sofo), Marcelo Zirotti, respecto de los US$ 18,5 millones que invirtió la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) en 1.650 hectáreas para entregarlas a la comunidad Fermín Manquilef.
Las fuertes críticas del gremio agrícola se centraron en que dicha comunidad ha realizado múltiples manifestaciones en contra del aeropuerto de La Araucanía, en la comuna de Freire; ocupación de la pista, y en que esa comunidad mapuche no estaba en la lista de prioridades para la Conadi.
"Esta comunidad es la que se ha tomado la carretera en reiteradas oportunidades, se ha tomado el aeropuerto. El Gobierno sigue alimentando esta situación, premiando a los violentistas (...) Vemos, además, cómo son perjudicadas otras comunidades que no son violentas, que han actuado como corresponde y que han sido pasadas a llevar por una decisión política", sostuvo Zirotti.
Los terrenos comprados corresponden a tres paños ubicados en la comuna de Freire, a pocos metros de donde vive la comunidad, y del aeropuerto. Las tierras pertenecían hasta el mes pasado a la sociedad agrícola Ancali, propiedad del empresario Carlos Heller.
Zirotti se hizo eco de lo afirmado por el presidente de la Comisión de Tierras del Consejo de la Conadi, Andrés Matta Curinao, quien sostuvo que la compra no fue informada en dicha instancia. "La Conadi está actuando fuera del marco de la ley, porque hay un protocolo para la adquisición de tierras, y se están saltando los mecanismos".
Montos involucrados
Respecto del precio pagado por la Conadi, Zirotti indicó que "se trata de un precio acorde al mercado" y que en la zona hay otros predios agrícolas con alto nivel de producción.
La entidad estatal pagó cerca de $7 millones por hectárea, el precio más alto desembolsado por terrenos para ser entregados a indígenas. El precio más alto pagado hasta ahora era el de $5,7 millones por hectárea al agricultor Jorge Luchsinger, que en 2009 vendió el fundo Santa Catalina (Vilcún) en $2.167 millones. La extensión del entonces predio agrícola era de 458 ha.
Según Zirotti, la compra de tierras "ya está acotada por la supuesta deuda histórica que nombra el Gobierno e instamos a que tome otras medidas para compensar esta famosa deuda que reconocen".
La empresa Ancali emitió ayer una declaración pública para dar cuenta de la operación, cuyas negociaciones partieron a fines del año pasado. La intención de ambas partes era mantener el acuerdo en reserva, pero ante la divulgación de los detalles, en la declaración se afirma que "el proceso se realizó apegado estrictamente a las normas por las cuales se rige la Conadi en estos casos según sus atribuciones y la compra del terreno está de acuerdo al valor promedio de mercado".
Pese a los intentos de "El Mercurio" por contactar al director nacional de Conadi, Alberto Pizarro, por segundo día no hubo respuesta. Se le hizo llegar un cuestionario y quedó de responder vía e-mail , lo que no ocurrió. El intendente Francisco Huenchumilla tampoco comentó públicamente el tema.