Finalmente se pronunció. Tal como lo había adelantado el presidente Sebastián Piñera en un matinal, la Superintendencia de Servicios Sanitarios emitió esta tarde el esperado informe sobre Essal, la filial de Aguas Andinas que dejó sin agua potable a Osorno durante 11 días tras un derrame de combustible en la planta de Caipulli.
El titular del regulador sanitario, Jorge Rivas, informó que se han formulado cargos cuyas multas podrían superar los $ 2.500 millones, monto que solo podrá ser definido una vez que termine el período de descargos al que tiene derecho la empresa.
Adicionalmente, abrió un expediente de caducidad a la concesión en Osorno, proceso que también le otorga derecho a la empresa para hacer sus descargos y apelaciones.
Rivas aclaró que recién tras ese proceso, la superintendencia estará en condiciones de emitir su resolución final en la forma de una propuesta al Presidente de la República.
La Siss dijo que los hechos investigados son “de la mayor gravedad por su duración y repercusiones en la población y en el desarrollo de la ciudad afectada, por acciones de total responsabilidad de la empresa. Además, estos hechos dejan en evidencia que la empresa sanitaria, incurrió en falencias operativas ante la emergencia, la información y la calidad de los servicios, aspectos que la legislación sanitaria considera sancionables”.
Rivas aclaró también que el proceso hasta ahora no indica cuáles son las multas para cada uno de los cargos, sino que es la suma de varias infracciones.
La decisión de la autoridad regulatoria venía precedida de una gran presión ciudadana y política, que buscaba precisamente la caducidad. El propio gobierno había alentado esas expectativas realizando duras críticas contra Essal por el incidente de la contaminación, el manejo de la crisis y las declaraciones de sus principales ejecutivos.
Además de las sanciones, Essal debe hacer frente a las medidas compensatorias. La sanitaria calculó en $2.500 millones las indemnizaciones para los clientes afectados, además de una menor facturación por los días en que no hubo servicio, que alcanza los $250 millones.
Pero en su respuesta a las consultas de la CMF, la firma dijo que, adicionalmente, se deben considerar los gastos e inversiones necesarias en que se ha debido incurrir producto de la emergencia y eventuales nuevas inversiones, cuyo monto aún no ha sido totalmente dimensionado.
También reveló que diversas entidades con facultades sancionatorias han iniciado procedimientos investigativos, que podrían concluir en la aplicación de multas.
Sin embargo, también hubo mucho lobby. Claro porque un intenso mes de reuniones tuvo el superintendente Rivas, en medio de la crisis que se desató en Osorno tras el corte de agua de duró por 11 días. Esto, porque la industria sanitaria desplegó un fuerte lobby durante julio y registró varias audiencias que quedaron registradas en el portal de Ley de Lobby.
