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Justicia detiene expulsión de dos ciudadanos extranjeros y da plazo para regularizar situación
En la sentencia, la Segunda Sala del máximo tribunal consideró que hubo actuar arbitrario al expulsar del país a los extranjeros con argumentos de una normativa derogada.
La Corte Suprema acogió un recurso de amparo y otorgó un plazo de 60 días para tramitar una solicitud de regularización migratoria de dos ciudadanos extranjeros expulsados del país.
En la sentencia, la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y la ministra María Teresa Letelier- consideró que hubo actuar arbitrario al expulsar del país a los extranjeros con argumentos de una normativa derogada.
“Que, entonces, y aun cuando fuere efectivo el hecho del ingreso clandestino de los amparados, pese a que no existe resolución judicial alguna que así lo haya establecido, las resoluciones impugnadas mediante la presente acción constitucional se fundan en normas que actualmente se encuentran derogadas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 175 de la Ley 21.325, normativa que no considera punible el ingreso clandestino a nuestro país, por lo que al ser más favorable a los amparados, su aplicación se hace obligatoria, conforme al mandato imperativo contenido en el artículo 18 del Código Penal”, dice el fallo.
Agregando que “la documentación allegada al recurso demuestra que los amparados, desde su arribo al país, se han empeñado en mejorar, por medios legítimos, no sólo las propias condiciones personales y sociales que tenían en su país de origen, sino también, las del resto de las personas que componen su grupo familiar, y que aún permanecen allí”.
Además, se considera que en estas condiciones, resulta inconcuso que las resoluciones administrativas atacadas por medio de la presente acción constitucional, considerando la severidad de sus consecuencias, constituye un agravio a la libertad ambulatoria de los amparados, por lo que se acogerá la acción en los términos que se expresarán en lo resolutivo”.
La decisión se adoptó con el voto en contra del ministro Valderrama y la ministra Letelier.
