Walter Nelson
Berto 2022
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La iniciativa de la diputada Joanna Pérez (Demócratas) deja fuera a los extranjeros del castigo por no sufragar, lo que ha generado consenso en la derecha.
El presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), anunció que evaluará realizar una sesión especial para agilizar su tramitación.
Un proyecto de ley de 2019 que busca establecer multas por no votar, haciendo efectiva la obligatoriedad del sufragio consagrada en la Constitución, está siendo desempolvado en la Cámara de Diputadas y Diputados.
La iniciativa, promovida por la diputada Joanna Pérez (Demócratas), establece un rango de castigo de 0,5 a 3 UTM (aproximadamente 34.000 a 206.000 pesos), una cifra menor a un texto similar que aprobó el Senado el 10 de junio pasado y que está estancado en su tramitación, que contempla sanciones de hasta 5 UTM.
La clave de este nuevo impulso radica en una diferencia fundamental: el proyecto de la Cámara propone que la multa sería aplicable exclusivamente a los "ciudadanos" que no voten, lo que implica que, aunque se mantenga el derecho a voto de los extranjeros en el padrón, no se les obligaría a sufragar, ya que la sanción económica no recaería sobre ellos.
Este enfoque busca destrabar el debate que ha estancado el proyecto similar en el Senado. Allí, la discusión se frenó precisamente porque, al no haber una definición sobre la exclusión de extranjeros del padrón, la multa debería aplicarse a todos los inscritos, incluyendo a aquellos que no son ciudadanos.
La diputada Pérez afirmó que "para facilitarle las cosas al propio Gobierno, porque hoy día le molesta que voten los extranjeros, (el proyecto) habla de ciudadanos; por lo tanto, la multa es solo para los chilenos".
El diputado republicano Cristian Araya señaló: "Lo ideal es que el voto fuera obligatorio para todos, sin distingo. Lamentablemente no contamos con esas mayorías y vamos a apoyar esta alternativa, porque es la que tiene viabilidad política".
En tanto, el presidente de la Cámara, José Miguel Castro (Renovación Nacional), calificó la iniciativa como "absolutamente consensuada o razonable para poder despacharlo lo antes posible al Senado", y anunció que evaluará la posibilidad de realizar una sesión especial el lunes para agilizar su tramitación.
El presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), anunció que evaluará realizar una sesión especial para agilizar su tramitación.
Un proyecto de ley de 2019 que busca establecer multas por no votar, haciendo efectiva la obligatoriedad del sufragio consagrada en la Constitución, está siendo desempolvado en la Cámara de Diputadas y Diputados.
La iniciativa, promovida por la diputada Joanna Pérez (Demócratas), establece un rango de castigo de 0,5 a 3 UTM (aproximadamente 34.000 a 206.000 pesos), una cifra menor a un texto similar que aprobó el Senado el 10 de junio pasado y que está estancado en su tramitación, que contempla sanciones de hasta 5 UTM.
La clave de este nuevo impulso radica en una diferencia fundamental: el proyecto de la Cámara propone que la multa sería aplicable exclusivamente a los "ciudadanos" que no voten, lo que implica que, aunque se mantenga el derecho a voto de los extranjeros en el padrón, no se les obligaría a sufragar, ya que la sanción económica no recaería sobre ellos.
Este enfoque busca destrabar el debate que ha estancado el proyecto similar en el Senado. Allí, la discusión se frenó precisamente porque, al no haber una definición sobre la exclusión de extranjeros del padrón, la multa debería aplicarse a todos los inscritos, incluyendo a aquellos que no son ciudadanos.
La diputada Pérez afirmó que "para facilitarle las cosas al propio Gobierno, porque hoy día le molesta que voten los extranjeros, (el proyecto) habla de ciudadanos; por lo tanto, la multa es solo para los chilenos".
Consenso en la oposición
Esta visión ha logrado consenso en la oposición, que ve en este camino una viabilidad política para avanzar.El diputado republicano Cristian Araya señaló: "Lo ideal es que el voto fuera obligatorio para todos, sin distingo. Lamentablemente no contamos con esas mayorías y vamos a apoyar esta alternativa, porque es la que tiene viabilidad política".
En tanto, el presidente de la Cámara, José Miguel Castro (Renovación Nacional), calificó la iniciativa como "absolutamente consensuada o razonable para poder despacharlo lo antes posible al Senado", y anunció que evaluará la posibilidad de realizar una sesión especial el lunes para agilizar su tramitación.
