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Caso ProCultura: el tsunami judicial que se le viene al oficialismo



La cita tendrá lugar el próximo miércoles 23 de julio, luego de que los persecutores reactivaran las jornadas de toma de declaración. La idea es unificar criterios ante una inminente imputación de cargos.​

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien fue designado por el fiscal nacional, Ángel Valencia, para tomar la posta de Cooper y continuar con las pesquisas, despachó una serie de instrucciones particulares a detectives de la Policía de Investigaciones (PDI).

Las diligencias solicitadas por Castro están centradas en dos líneas prioritarias: la que tiene que ver con la cúpula de la fundación y la relacionada con el convenio firmado entre ProCultura y el Gobierno Regional de Antofagasta para la limpieza y pintura de fachadas.

Fue en ese contexto, de acuerdo a fuentes consultadas por La Tercera, que Castro junto al fiscal Eduardo Ríos, reactivaron la toma de declaraciones durante la primera semana de julio. Así fue como durante las jornadas del miércoles 2 y el jueves 3 del presente mes se tomó declaración a cuatro personas vinculadas al caso. Estas diligencias se llevaron a cabo en dependencias de la Fiscalía Nacional.

Los pasos de Castro no solo se han quedadó ahí. Esta semana además se agendó una cita clave entre el equipo liderado por el persecutor regional de Antofagasta y representantes del Consejo de Defensa del Estado (CDE) con el objetivo de coordinar gestiones y analizar antecedentes.

La reunión entre la Fiscalía y el CDE se da en un momento clave para el organismo que preside el consejero Raúl Letelier. Fuentes conocedoras de la indagatoria confirman que el próximo jueves 17 de julio el Comité Penal del CDE analizará la ampliación de la querella que ya habían presentado en febrero de 2024.

Esa vez el CDE tomó una decisión cauta ya que solo se querelló en contra de la representante legal de Procultura, María Constanza Gómez, en calidad de autora del delito de“apropiación indebida”.

Ahora el CDE pretende agregar más imputados y para eso se concentrará en incorproar en su querella a directivos y algunos jefes de proyectos de la fundación creada por Alberto Larraín, Ilonka Csillag y Dolores Casanova en 2010.

Así, la reunión entre los persecutores y el CDE se realizará el miércoles 23 de julio. En el encuentro se espera que ambas instituciones aborden las inminentes solicitudes para formalizar la investigación.
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Fiscalía y CDE vuelven a la carga por ProCultura: agendan reunión clave ante inminente ampliación de querella - La Tercera

La cita tendrá lugar el próximo miércoles 23 de julio, luego de que los persecutores reactivaran las jornadas de toma de declaración. La idea es unificar criterios ante una inminente imputación de cargos.
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El Frente Amplio está enfermo por la plata y el poder. Enhorabuena un psiquiatra avala que en Chile todo es un negocio, inclusive la cultura.
 
Suprema rechaza por unanimidad el requerimiento de remoción de Patricio Cooper

El persecutor de Coquimbo fue el cuarto fiscal regional en enfrentar una solicitud de remoción en el máximo tribunal en cinco años. "La República puede quedar tranquila de que este es un tribunal de derecho, donde la política no ingresa", destacó el abogado Matías Insunza.​


De qué se acusó a Cooper​

Antes de ser designado en Coquimbo, a inicios del 2023, cumpliendo labores en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el persecutor comenzó a indagar eventuales delitos en la Municipalidad de Santiago por la compra de la propiedad en que funcionó la clínica Sierra Bella.

Ese es el caso que originó la incautación del teléfono de la diputada Karol Cariola el 3 de marzo de este año, en el mismo día en que la legisladora dio a luz a su primer hijo.
Comunicaciones entre la exalcaldesa Irací Hassler y la diputada Cariola llevaron a Cooper a abrir una investigación por un eventual delito de “tráfico de influencias” anexo a la fallida compra de la clínica.
El episodio de la incautación del celular de la diputada fue el que motivó el requerimiento que ingresaron 10 diputados -del PC, PS y FA- para remover al fiscal regional.
En su exposición ante el Pleno de la Suprema, la abogada Karinna Fernández acusó “negligencia” de Cooper por “entrega de información reservada a terceros ajenos a la investigación”, aludiendo la entrega a la Municipalidad de Santiago de datos de la causa Chinamart respecto a Cariola y el empresario chino Bo “Emilio” Yang.

“Estamos ante un fiscal regional que se comporta como litigante”, sostuvo Fernández.

Los casos políticos de Cooper​

Cooper también es el fiscal a cargo de la investigación por otro caso de una compraventa fallida que complicó al oficialismo: la de la casa de la familia Allende en calle Guardia Vieja.

Otro caso vinculado a la política que indagó Cooper se relaciona a los convenios de la fundación ProCultura.

La actuación de Cooper en esa investigación quedó en entrevero cuando la Corte de Apelaciones de Antofagasta declaró ilegales las escuchas telefónicas que ordenó respecto a Josefina Hunneus. Entonces, el fiscal nacional, Ángel Valencia, apartó a Cooper de ese caso.
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Suprema rechaza por unanimidad el requerimiento de remoción de Patricio Cooper - La Tercera

El persecutor de Coquimbo fue el cuarto fiscal regional en enfrentar una solicitud de remoción en el máximo tribunal en cinco años. "La República puede quedar tranquila de que este es un tribunal de derecho, donde la política no ingresa", destacó el abogado Matías Insunza.
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Cooper afirma que estaba a punto de formalizar a 14 imputados cuando lo apartaron del caso ProCultura​

"Me parece correcta la decisión del fiscal nacional de reasignar la causa en ese momento", afirmó y contó que "la arista de financiamiento ilegal de la política no estaba desarrollada". El persecutor dijo que "había atisbos" y "faltaba mucho por investigar" en esa línea.​

En entrevista con radio Duna la mañana de este miércoles, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, aseguró que no se tomó como “personal” la decisión de Ángel Valencia de traspasar el caso ProCultura a Antofagasta y calificó de “correcta” la medida que tomó su superior.

La investigación quedó en manos de Juan Castro Bekios, tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que declaró ilegales las escuchas telefónicas a Josefina Hunneus.

“Entiendo perfectamente la decisión tomada por el fiscal nacional, porque efectivamente lo más importante aquí es el éxito de la causa”, señaló el fiscal Cooper.

“A mí me preguntaron una vez en la calle: ¿usted qué opina? Yo no opino. Una acción jerárquica como esta, yo acato, y me quedo con él, porque me sentí respaldado por el fiscal nacional", agregó.

El persecutor detalló que al traspasar la causa hace dos meses hizo entrega a Castro Bekios de todos los antecedentes: 34 aristas, 174 tomos y más de 75 mil fojas de investigación.

En esa línea, evitó hacer una evaluación de los tiempos de trabajo del equipo que lleva ahora la causa.

“Tiene que analizar las 75 mil fojas y los 174 tomos y tiene que tomar decisiones. Y eso obviamente que hay un periodo de transición entre una fiscalía regional y la otra y eso es lo que creo que ha ocurrido”, opinó.

Tras esto, reveló que él pretendía formalizar “en el cortísimo plazo”.

“Se había tomado la decisión de formalizar a las 14 personas de ProCultura”, señaló, indicando que desconocía si el propio fiscal nacional estaba al tanto.

Igualmente, dijo que la unidad especializada de la Fiscalía Nacional sí lo sabía.

“Era la cúpula de ProCultura, eran 14 personas y efectivamente la Fiscalía Nacional estaba al tanto del tema. Y quizás por eso también se tomó la decisión, porque justamente se tomó la determinación de que no era conveniente que quizás el equipo Coquimbo se presentara en Antofagasta después de ese fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Entonces, desde ese punto de vista, me parece correcta la decisión del fiscal nacional de tomar una decisión en ese momento, para que otro equipo asumiera”, reflexionó.

Finalmente, Cooper dio por cerrado al tema al ser consultado si pudo llegar a determinar que hubo platas de ProCultura que se utilizaron para la campaña del Presidente Gabriel Boric. Castro Bekios ha seguido trabajando respecto a esa posibilidad.

“Voy a terminar con esto respecto a ProCultura. La arista de financiamiento ilegal de la política no estaba desarrollada. Había atisbos, pero eso no estaba desarrollado. Cuando yo hablo de formalizaciones, estoy hablando de Alberto Larraín para abajo, de 14 personas que había de distintos niveles jerárquicos y operativos de distintas regiones, que eran de la fundación propiamente tal, por fraude al fisco. A eso me estoy refiriendo. Respecto al financiamiento ilegal de la política, eso todavía faltaba mucho por investigar aún. Así que ahí lo descarto completamente. Y eso es todo lo que me gustaría decir respecto a ProCultura, porque ya es una causa que yo no tengo y lo otro sería aventurar", cerró el persecutor regional de Coquimbo.

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Cooper afirma que estaba a punto de formalizar a 14 imputados cuando lo apartaron del caso ProCultura - La Tercera

"Me parece correcta la decisión del fiscal nacional de reasignar la causa en ese momento", afirmó y contó que "la arista de financiamiento ilegal de la política no estaba desarrollada". El persecutor dijo que "había atisbos" y "faltaba mucho por investigar" en esa línea.
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PaoPao888 dijo:
Suprema rechaza por unanimidad el requerimiento de remoción de Patricio Cooper

El persecutor de Coquimbo fue el cuarto fiscal regional en enfrentar una solicitud de remoción en el máximo tribunal en cinco años. "La República puede quedar tranquila de que este es un tribunal de derecho, donde la política no ingresa", destacó el abogado Matías Insunza.​


De qué se acusó a Cooper​

Antes de ser designado en Coquimbo, a inicios del 2023, cumpliendo labores en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el persecutor comenzó a indagar eventuales delitos en la Municipalidad de Santiago por la compra de la propiedad en que funcionó la clínica Sierra Bella.

Ese es el caso que originó la incautación del teléfono de la diputada Karol Cariola el 3 de marzo de este año, en el mismo día en que la legisladora dio a luz a su primer hijo.
Comunicaciones entre la exalcaldesa Irací Hassler y la diputada Cariola llevaron a Cooper a abrir una investigación por un eventual delito de “tráfico de influencias” anexo a la fallida compra de la clínica.
El episodio de la incautación del celular de la diputada fue el que motivó el requerimiento que ingresaron 10 diputados -del PC, PS y FA- para remover al fiscal regional.
En su exposición ante el Pleno de la Suprema, la abogada Karinna Fernández acusó “negligencia” de Cooper por “entrega de información reservada a terceros ajenos a la investigación”, aludiendo la entrega a la Municipalidad de Santiago de datos de la causa Chinamart respecto a Cariola y el empresario chino Bo “Emilio” Yang.

“Estamos ante un fiscal regional que se comporta como litigante”, sostuvo Fernández.

Los casos políticos de Cooper​

Cooper también es el fiscal a cargo de la investigación por otro caso de una compraventa fallida que complicó al oficialismo: la de la casa de la familia Allende en calle Guardia Vieja.

Otro caso vinculado a la política que indagó Cooper se relaciona a los convenios de la fundación ProCultura.

La actuación de Cooper en esa investigación quedó en entrevero cuando la Corte de Apelaciones de Antofagasta declaró ilegales las escuchas telefónicas que ordenó respecto a Josefina Hunneus. Entonces, el fiscal nacional, Ángel Valencia, apartó a Cooper de ese caso.
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Suprema rechaza por unanimidad el requerimiento de remoción de Patricio Cooper - La Tercera

El persecutor de Coquimbo fue el cuarto fiscal regional en enfrentar una solicitud de remoción en el máximo tribunal en cinco años. "La República puede quedar tranquila de que este es un tribunal de derecho, donde la política no ingresa", destacó el abogado Matías Insunza.
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yastis!
 
El chapo le pidió a su compadre Valencia enfriar las aguas y poner a un fiscal pajero para dilatar

El porqué? Alberto Larrain debe tener de los cocos al presidente y podría soltar todo si lo meten preso

:sisi3:
 
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