Justo lo que voté
Entre los primeros proyectos que se ingresarán está el que rebaja el impuesto a las empresas y el que elimina las contribuciones para las primeras viviendas. Se suman nuevas guías e instructivos para mayor certeza en temas ambientales y modificaciones reglamentarias en la Dirección del Trabajo.
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Resumen de Grok:
El plan de Kast para los primeros 3 meses: cuatro proyectos de ley, medidas administrativas e instructivos de austeridad fiscal"
El artículo de La Tercera detalla el "
plan desafío 90", el programa que José Antonio Kast implementaría en los primeros tres meses de su eventual gobierno, a partir del 11 de marzo de 2026 (tras una supuesta victoria en la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre de 2025). Este plan, liderado por el economista Bernardo Fontaine, busca ejecutar medidas rápidas para cumplir promesas de campaña, generar cambios visibles en el segundo semestre de 2026 y enfocarse en impulsar la inversión, la certeza jurídica y la reducción del gasto público. Se divide en cuatro ejes principales: proyectos de ley, aceleración de permisos mediante decretos, cambios laborales a través de la Dirección del Trabajo (DT) y austeridad fiscal.
1. Cuatro proyectos de ley prioritarios
Se ingresarían al Congreso en marzo de 2026 cuatro proyectos "cortos" y de fácil tramitación, con urgencia para su aprobación rápida:
- Rebaja del impuesto a las empresas: Reduciría la tasa de primera categoría del 27% actual al 23% para empresas medianas y grandes. Además, ofrecería una rebaja adicional al 20% para aquellas que contraten trabajadores en riesgo de informalidad, mediante un crédito tributario ligado a cotizaciones. Para las pymes, se mantendría una tasa fija del 12,5%.
- Eliminación gradual de contribuciones para primeras viviendas: Eximiría progresivamente el pago de contribuciones en propiedades habitacionales que sean la primera vivienda del propietario (no aplica a inmuebles en arriendo o uso comercial). Comenzaría por adultos mayores de 65 años, con el objetivo de reconocer el esfuerzo familiar y evitar que las familias paguen al Estado por su vivienda propia. Se busca que sea ley en el primer semestre de 2026, para eximir a los mayores en el segundo semestre.
- Eliminación del impuesto a las ganancias de capital: Suprimiría este impuesto en la venta de acciones de baja presencia bursátil y establecería la plena integración del sistema tributario.
- Nuevo estatuto de inversión: Crearía un marco de seguridad jurídica y tributaria para atraer grandes inversiones locales y extranjeras, especialmente aquellas con transferencia tecnológica y desarrollo de capital humano en Chile.
2. Aceleración de permisos mediante decretos y medidas administrativas
Se emitirían decretos para derogar o simplificar regulaciones innecesarias en áreas como guías medioambientales (Dirección de Aguas), monumentos nacionales, normas del mercado de capitales y circulares del Servicio de Impuestos Internos (SII). Se emitirían nuevas guías para dar certeza jurídica en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), equilibrando medio ambiente, desarrollo social y económico. Además, se eliminarían trabas regulatorias locales, se modernizaría la aplicación de normas, se mejoraría el uso del suelo para viabilizar acceso a viviendas y se reforzaría técnicamente la toma de decisiones regionales para procesar un aumento en la inversión.
3. Cambios laborales mediante decretos en la Dirección del Trabajo (DT)
Se modificarían funciones de la DT para evitar que actúe como "colegislador", simplificando y aclarando normas laborales para dar certeza a empleadores y trabajadores. Ejemplo: resolver ambigüedades en leyes como la de 40 horas, que generan incertidumbre económica. Se revisarían procedimientos en Juzgados del Trabajo y Tribunales de Cobranza Laboral, en coordinación con el Poder Judicial, para agilizar procesos y reducir conflictos. También se digitalizarían trámites en el Ministerio del Trabajo y la DT, eliminando duplicidades, reduciendo plazos y rediseñando subsidios a la capacitación.
4. Instructivos de austeridad fiscal
Desde el primer día, se emitirían instructivos para reducir el gasto público, con una meta de recortar US$6.000 millones en 18 meses. Se fortalecería el control presupuestario de la Dirección de Presupuestos y se apoyarían medidas para mejorar la fiscalización de la Contraloría (acceso a cuentas municipales, control ex-ante). Incluiría despidos de "operadores políticos", avances en reformas al empleo público (promoviendo carrera funcionaria por mérito, limitando contrataciones de confianza y permitiendo movilidad basada en resultados).
En resumen, el plan busca generar un impacto rápido en economía, inversión y gasto público, priorizando acciones ejecutivas y legislativas de corto plazo para mostrar resultados concretos y restaurar confianza.
) , estamos hasta el verdadero pico y nadie se quiere dar cuenta
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