Chile pasó de ser un país con superávits fiscales del orden de 6–7% del PIB en la época del cobre a USD 4/lb, a tener hoy un déficit estructural cercano a -3,6% del PIB. A valores de cierre de 2025, eso equivale a aproximadamente USD 12.600–12.900 millones anuales de brecha estructural.
Ni siquiera un ajuste del gasto público de USD 6.000 millones , que es lo que la maligna mega turbo derecha prometió, alcanza para cerrar ese gap. Es decir, el problema no es de ajuste fino: es estructural.
Y aquí aparece uno de los argumentos más curiosos (por no decir francamente weones) del ex ministro Grau, quien ha señalado que esto no sería un problema de gasto, sino de sobreestimación de ingresos. Como si armar un presupuesto serio no implicara justamente proyectar bien ambas cosas. Es como si alguien planificara su gasto mensual sin tener claridad de su sueldo. Infantil.
Chile no siempre fue así. En 2007, con una clase política bastante más seria en materia fiscal, se crearon el FRP y el FEES. Este último llegó a acumular más de USD 20.000 millones hacia 2008, permitiendo enfrentar la crisis subprime con una política fiscal contracíclica efectiva.
Hoy, en cambio, el FEES pasó de cerca de USD 8.800 millones a inicios de 2021 a menos de USD 4.000 millones al cierre de 2025. Es decir, en cuatro años se consumió prácticamente la mitad del principal colchón fiscal del país. Y no en medio de una crisis global, sino con el precio del cobre en niveles históricamente altos.
A eso se suman maniobras como el manotazo de aproximadamente USD 3.500 millones desde CORFO al Tesoro. Cuando necesitas vaciar fondos soberanos y además recurrir a activos extraordinarios, la discusión ya no es ideológica: es de caja.
Y como la caja no alcanzó, porque claramente no alcanzaba, el financiamiento se trasladó a deuda. En palabras de Grau, quisimos hacer una presupuesto y nos fue mal.
Entre 2021 y el cierre de 2025, la deuda pública pasó de niveles cercanos a USD 100.000 millones (36% del PIB) a del orden de USD 150.000 millones (≈42% del PIB). Ese salto de más de USD 40.000–50.000 millones no es gratis. Lo vamos a pagar nosotros, y también nuestros hijos.
De hecho, el costo financiero ya es evidente: el pago de intereses pasó de alrededor de USD 2.000 millones a cerca de USD 4.500–5.000 millones anuales. Para ponerlo en perspectiva: estamos hablando de montos comparables, o superiores, a programas sociales completos, de hecho es el doble de kos que el estado gasta en gratuidad universitaria.
Pero claro, como la deuda se emite a 15 o 20 años, no se siente de inmediato. Se paga en silencio, vía impuestos futuros.
Y por si fuera poco, la liquidez de corto plazo también se tensionó. La cuenta de Otros Activos del Tesoro, la cuenta corriente del estado, llegó a niveles tan bajos como USD 46 millones a fines de 2025. Es decir, menos de un día de gasto público. Cuando se dieron cuenta, hubo que salir a emitir más deuda a inicios de 2026 para recomponer caja por USD 4.600 millones, de los cuales solo quedan USD 800 a marzo 2025.
Ese es el contexto real.
Y en ese contexto, seguir usando el MEPCO como si estuviéramos en 2008 es, simplemente, irresponsable.
Porque usar el MEPCO hoy implica:
- endeudarse para retrasar un precio
- gastar ahorro que ya no existe
- o dejar de financiar otras prioridades
Y aquí entra la pregunta incómoda:
¿Tiene sentido gastar USD 200 millones semanales para suavizar el precio de la bencina, cuando tienes 400 mil personas en lista de espera para una operación de los cuales entre 30.000 a 40.000 fallecen sin ser atendidos?
Gobernar es priorizar y tomar decisiones que no son simples, ni populares.
Y aunque tenga costo político, traspasar el precio real del combustible es la decisión correcta. Lo contrario , seguir escondiendo el ajuste, es exactamente lo que haría un gobierno que prefiere evitar el costo hoy… a costa de empeorar el problema mañana.
hay que defender la memoria de los pedófilos que violaron niños ahí
