• ¿Quieres apoyar a nuestro foro haciendo una donación?, entra aquí.

Caso ProCultura: el tsunami judicial que se le viene al oficialismo



El persecutor Eduardo Ríos remitió una carta al fiscal nacional, Ángel Valencia, para dejar la Fiscalía. El investigador denunció, antes de su salida, al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, por maltrato.
A través de una carta de una carilla, el fiscal de Antofagasta, Eduardo Ríos, dejó el Ministerio Público. En el documento ante el fiscal nacional, Ángel Valencia, expuso sus razones para salir del ente persecutor, agradeciendo a la institución, donde le tocó liderar, hasta hace poco, el caso ProCultura, el cual ha sufrido una serie de embates para la institución. El último: el rechazo a la solicitud de desafuero para el gobernador metropolitano, Claudio Orrego.


Sin embargo, a pesar de las palabras de agradecimiento hacia Valencia, la salida del fiscal Ríos tiene un trasfondo mayor. En diciembre del año pasado denunció por maltrato laboral al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, su superior directo. En la denuncia, a la cual accedió Reportajes T13, se señala que "con todo lo ocurrido entre noviembre y diciembre de 2025, hoy concluyo que lo que viví y lo que vivió mi equipo no fue un problema aislado ni una simple diferencia de criterios, sino un patrón que, en los hechos, se parece demasiado a un proceso de mobbing: una forma de hostigamiento que no siempre se expresa con insultos o gritos, sino con aislamiento, desautorización, secretismo y confusión inducida, hasta que uno termina trabajando bajo presión constante y sintiéndose observado, marginado y reemplazable".

Las diferencias sobre cómo llevar el caso ProCultura fue clave.
En la denuncia que Ríos envió a la Fiscalía Nacional se lee que "en la segunda semana de diciembre de 2025 me entero de que, en noviembre, el DER y/o el Fiscal Regional le habrían pedido a la abogada asesora Natalia Cumming un informe del estado de Procultura, con instrucción expresa de mantenerlo en secreto, es decir, deliberadamente a mis espaldas, aun cuando esa abogada trabajaba en un equipo a mi cargo".
Agrega que "no tengo cómo interpretar eso de otra forma que como un control clandestino, una manera de obtener información 'por fuera' y medir o vigilar al equipo sin dar la cara, sin transparencia y sin respeto por la jefatura formal que yo ejercía".


El caso ProCultura se transformó en un problema para el Ministerio Público. El primero en investigar el caso fue Carlos Palma -quien salió luego de ser salpicado por el caso Hermosilla-, posteriormente, la investigación al asumió el fiscal Patricio Cooper, quien fue cuestionado por la interceptación telefónico a la exesposa de Alberto Larraín, y finalmente, recayó en Antofagasta.
En esta última Fiscalía se perdieron dos instancias claves: la solicitud de prisión preventiva para Alberto Larraín, y el desafuero de Orrego.


 


El persecutor Eduardo Ríos remitió una carta al fiscal nacional, Ángel Valencia, para dejar la Fiscalía. El investigador denunció, antes de su salida, al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, por maltrato.
A través de una carta de una carilla, el fiscal de Antofagasta, Eduardo Ríos, dejó el Ministerio Público. En el documento ante el fiscal nacional, Ángel Valencia, expuso sus razones para salir del ente persecutor, agradeciendo a la institución, donde le tocó liderar, hasta hace poco, el caso ProCultura, el cual ha sufrido una serie de embates para la institución. El último: el rechazo a la solicitud de desafuero para el gobernador metropolitano, Claudio Orrego.


Sin embargo, a pesar de las palabras de agradecimiento hacia Valencia, la salida del fiscal Ríos tiene un trasfondo mayor. En diciembre del año pasado denunció por maltrato laboral al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, su superior directo. En la denuncia, a la cual accedió Reportajes T13, se señala que "con todo lo ocurrido entre noviembre y diciembre de 2025, hoy concluyo que lo que viví y lo que vivió mi equipo no fue un problema aislado ni una simple diferencia de criterios, sino un patrón que, en los hechos, se parece demasiado a un proceso de mobbing: una forma de hostigamiento que no siempre se expresa con insultos o gritos, sino con aislamiento, desautorización, secretismo y confusión inducida, hasta que uno termina trabajando bajo presión constante y sintiéndose observado, marginado y reemplazable".

Las diferencias sobre cómo llevar el caso ProCultura fue clave.
En la denuncia que Ríos envió a la Fiscalía Nacional se lee que "en la segunda semana de diciembre de 2025 me entero de que, en noviembre, el DER y/o el Fiscal Regional le habrían pedido a la abogada asesora Natalia Cumming un informe del estado de Procultura, con instrucción expresa de mantenerlo en secreto, es decir, deliberadamente a mis espaldas, aun cuando esa abogada trabajaba en un equipo a mi cargo".
Agrega que "no tengo cómo interpretar eso de otra forma que como un control clandestino, una manera de obtener información 'por fuera' y medir o vigilar al equipo sin dar la cara, sin transparencia y sin respeto por la jefatura formal que yo ejercía".


El caso ProCultura se transformó en un problema para el Ministerio Público. El primero en investigar el caso fue Carlos Palma -quien salió luego de ser salpicado por el caso Hermosilla-, posteriormente, la investigación al asumió el fiscal Patricio Cooper, quien fue cuestionado por la interceptación telefónico a la exesposa de Alberto Larraín, y finalmente, recayó en Antofagasta.
En esta última Fiscalía se perdieron dos instancias claves: la solicitud de prisión preventiva para Alberto Larraín, y el desafuero de Orrego.



Ya la wea no puede ser más turbia
 


El persecutor Eduardo Ríos remitió una carta al fiscal nacional, Ángel Valencia, para dejar la Fiscalía. El investigador denunció, antes de su salida, al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, por maltrato.
A través de una carta de una carilla, el fiscal de Antofagasta, Eduardo Ríos, dejó el Ministerio Público. En el documento ante el fiscal nacional, Ángel Valencia, expuso sus razones para salir del ente persecutor, agradeciendo a la institución, donde le tocó liderar, hasta hace poco, el caso ProCultura, el cual ha sufrido una serie de embates para la institución. El último: el rechazo a la solicitud de desafuero para el gobernador metropolitano, Claudio Orrego.


Sin embargo, a pesar de las palabras de agradecimiento hacia Valencia, la salida del fiscal Ríos tiene un trasfondo mayor. En diciembre del año pasado denunció por maltrato laboral al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, su superior directo. En la denuncia, a la cual accedió Reportajes T13, se señala que "con todo lo ocurrido entre noviembre y diciembre de 2025, hoy concluyo que lo que viví y lo que vivió mi equipo no fue un problema aislado ni una simple diferencia de criterios, sino un patrón que, en los hechos, se parece demasiado a un proceso de mobbing: una forma de hostigamiento que no siempre se expresa con insultos o gritos, sino con aislamiento, desautorización, secretismo y confusión inducida, hasta que uno termina trabajando bajo presión constante y sintiéndose observado, marginado y reemplazable".

Las diferencias sobre cómo llevar el caso ProCultura fue clave.
En la denuncia que Ríos envió a la Fiscalía Nacional se lee que "en la segunda semana de diciembre de 2025 me entero de que, en noviembre, el DER y/o el Fiscal Regional le habrían pedido a la abogada asesora Natalia Cumming un informe del estado de Procultura, con instrucción expresa de mantenerlo en secreto, es decir, deliberadamente a mis espaldas, aun cuando esa abogada trabajaba en un equipo a mi cargo".
Agrega que "no tengo cómo interpretar eso de otra forma que como un control clandestino, una manera de obtener información 'por fuera' y medir o vigilar al equipo sin dar la cara, sin transparencia y sin respeto por la jefatura formal que yo ejercía".


El caso ProCultura se transformó en un problema para el Ministerio Público. El primero en investigar el caso fue Carlos Palma -quien salió luego de ser salpicado por el caso Hermosilla-, posteriormente, la investigación al asumió el fiscal Patricio Cooper, quien fue cuestionado por la interceptación telefónico a la exesposa de Alberto Larraín, y finalmente, recayó en Antofagasta.
En esta última Fiscalía se perdieron dos instancias claves: la solicitud de prisión preventiva para Alberto Larraín, y el desafuero de Orrego.



mW607ip.jpeg



la wea trucha po wn

Todos corruptos
 


Es idea mia o los tetones arreglaron el lag que habia al visualizar bbcode de Twitter?

Tiene razón la abogada en informar a la ciudadania sobre la mierda que esta pasando y como siempre todos miran para el lado.

En algun otro pais medianamente decente el cerdo presidente estaría destituido y preso. El gobernador tambien destituido y preso. El ladrón en este caso la fundación y toda la manga de cuicos/progres/transfugos que forman su plana directiva tambien presos.

Y se llenan la boca hablando de la institucionalidad en el pais, DEJEN QUE FUNCIONEN LOS PODERES DEL ESTADO, PICOOOO.... mientras los carajo abusan del poder encubriendo la mierda por abajo de la alfombra.

Este caso esta hediondo a mierda.

Soa Dorothy haga argooooooo :daleoh:
 

Caso ProCultura: defensa de Alberto Larraín acusa “incompetencia” del tribunal de Antofagasta y busca trasladar la causa

Este marte se conocerá si el juzgado nortino decide retener la causa bajo su jurisdicción o si se declara incompetente.

Una tensa jornada judicial se vivió este lunes en el Juzgado de Garantía de Antofagasta en el marco del denominado Caso ProCultura.

La Fiscalía Regional buscaba dictar cargos por seis delitos consumados de apropiación indebida en contra del psiquiatra y fundador de la ONG, Alberto Larraín, y de la representante legal de la misma, María Constanza Gómez.
Sin embargo, la estrategia de la defensa paralizó la continuidad del debate tras cuestionar la competencia territorial del tribunal nortino.

De acuerdo con la indagatoria liderada por el fiscal adjunto Cristián Aguilar, tanto Larraín como Gómez tendrían responsabilidad directa en una serie de irregularidades detectadas en la ejecución de convenios suscritos por la fundación con el Gobierno Regional (GORE) de Antofagasta y la Seremi de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de la misma zona.

Estos traspasos, que contemplaban el programa de Recuperación de Fachadas de la Zona de Conservación Histórica de Antofagasta y otros cuatro del Minvu, sumaban un total que supera los $1.100 millones de pesos bajo sospecha.

En febrero pasado, el Ministerio Público ya había levantado cargos contra la cúpula de ProCultura por una arista ligada a la Gobernación Metropolitana de Santiago, relacionada con el programa de prevención del suicidio denominado ‘Quédate’.

En aquella oportunidad, y tras un duro revés donde el tribunal desestimó la prisión preventiva solicitada por la fiscalía por no acreditar delitos de alta gravedad o concertación, Larraín y Gómez quedaron únicamente bajo la medida cautelar de arraigo nacional.

Bajo este contexto, durante la audiencia de este lunes se expusieron nuevos hechos; fue en ese momento cuando la defensa de Larraín, encabezada por el abogado Cristián Arias, solicitó la inhabilitación del tribunal de Antofagasta y exigiendo el sobreseimiento o traslado inmediato de la causa.

La postura de la defensa
Arias apuntó a que los nuevos antecedentes descritos por el ente persecutor no habrían tenido lugar en el norte del país, sino en la capital, por lo cual el tribunal antofagastino carecería de competencia legal para seguir revisando la causa.

“Pareciera ser que ese intento que hizo en Santiago y su fracaso le afectó, y ahora sostiene una imputación mucho menor, muy distinta, que también tiene muchos problemas y déficits”, argumentó.

“Dado lo que está imputando, de ser así como él dice, son hechos que ocurrieron en Santiago. Y por lo tanto, nosotros pedimos la incompetencia del Tribunal de Garantía de Antofagasta para que se remita al Cuarto de Garantía de Santiago”, complementó.

Definición clave en el tribunal
Con este escenario, la expectación se traslada a la jornada del martes. El tribunal de la región de Antofagasta informará su resolución respecto a la contienda de competencia.

En la instancia se determinará si el juzgado nortino decide retener la causa bajo su jurisdicción o si se declara incompetente, remitiendo el expediente completo al 4° Juzgado de Garantía de Santiago para continuar la formalización.

7DYGKDAQEZEZRD7NJWYNUA7JG4.jpeg


 


Juzgado de Antofagasta se declara incompetente en caso Procultura y lo deriva a Santiago​

Tras acoger el incidente de incompetencia planteada por las defensas de los imputados Alberto Larrín y María Gómez, el Juzgado de Garantía de Antofagasta se declaró incompetente para seguir con la investigación del caso Procultura.

En la resolución se ordenó la remisión inmediata de la totalidad de los antecedentes al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, en la región Metropolitana.
Esto, argumentando que es el tribunal territorialmente competente en conformidad al artículo 157 del Código Orgánico de Tribunales para conocer de los hechos materia de la investigación, por encontrarse allí el lugar donde se inició la ejecución de los ilícitos imputados.
 
Volver
Arriba