Hace varios días que el ministro de Seguridad, Martín Arrau (Republicano), y su equipo legislativo que lidera el abogado Cristóbal García manejan con sigilo el borrador del mensaje presidencial con el que el gobierno reformará la Constitución para avanzar en su agenda de seguridad.
Ese borrador se esperaba que fuera ingresado al Senado durante estos días, pero una serie de tensiones internas y detalles no resueltos obligaron a Arrau a tener que postergar el ingreso para este viernes o el lunes de la próxima semana.
Para convencer a las voces más escépticas del oficialismo de la conveniencia de esta reforma constitucional, el gobierno ha compartido el texto del mensaje presidencial. La Tercera accedió a dicho borrador que, al menos hasta este martes, consistía en un mensaje de 15 páginas.
Al inicio de la iniciativa, el gobierno hace una explicación de por qué tomó la decisión de reabrir la discusión constitucional impulsando cambios a la Carta Fundamental.
Un punto interesante en los primeros párrafos del mensaje es que, al menos en el borrador que tuvo a la vista este medio, se hace una referencia explícita a que la reforma está motivada por fallos recientes del Tribunal Constitucional (TC). Pese a que no lo dice de forma directa, todo apunta a que fue la sentencia del proyecto Escuelas Protegidas lo que desencadenó esta reforma.
“Cuando la jurisprudencia constitucional, interpretando extensivamente las garantías individuales e ignorando los deberes positivos de protección, reduce sistemáticamente el espacio del legislador en materias de seguridad pública hasta el punto de impedir políticas que el mundo democrático occidental aplica sin controversia, la respuesta republicana correcta no es la denuncia política del órgano de control, sino la reforma constitucional. Ajustar el texto de la Constitución para que exprese con mayor precisión los equilibrios que la soberanía popular exige es el mecanismo que el propio sistema constitucional prevé para resolver esa tensión. Es la vía que esta reforma toma”, se lee en el texto del gobierno.
En esa misma línea se agrega que la reforma constitucional pretende “dotar al legislador democrático del espacio constitucional necesario para adoptar las medidas que la ciudadanía ha demandado de manera reiterada y que el Estado tiene el deber de implementar”.
Los cambios propuestos
Luego de esa introducción, se detallan cada una de las 11 modificaciones constitucionales. Lo primero es que se estipula que se agregará al inciso quinto del artículo primero la palabra “seguridad pública”.
Después viene uno de los cambios más relevantes: el eventual nuevo artículo 9 bis. Esa norma, por ahora, iría con esta redacción:
“El deber del Estado de resguardar la seguridad pública se ejerce con el objeto de preservar el orden público, dar protección y seguridad a la población y a la familia, así como a las personas y sus bienes.
Una ley orgánica constitucional determinará las penas y medidas especiales que podrán adoptarse en cumplimiento del deber señalado en el inciso anterior respecto de quienes hayan sido condenados por delitos referidos a crimen organizado, conductas terroristas y narcotráfico, pudiendo establecerse regímenes penitenciarios diferenciados, en los que se contemplen restricciones de comunicaciones, visitas, traslados y acceso a beneficios penitenciarios, especialmente cuando dichas medidas resulten necesarias para impedir que el condenado continúe realizando, dirigiendo o coordinando actividades ilícitas desde el recinto penal. Dichos regímenes serán aplicados por Gendarmería de Chile.
Los responsables de los delitos señalados en el inciso anterior, durante el cumplimiento de su condena y por el plazo de 15 años luego de su cumplimiento, quedarán inhabilitados para acceder a cualquier prestación financiada con recursos estatales respecto de los derechos y garantías establecidos en los números 9°, 10°, 16° y 18° del artículo 19. Si a la fecha de la respectiva condena las personas recién referidas estuvieren recibiendo alguna de las prestaciones indicadas, las perderán de pleno derecho. Asimismo, quedarán inhabilitados por 15 años para acceder a medidas alternativas a la privación de libertad, a la libertad condicional y a cualquier otro beneficio penitenciario”.
Más abajo se especificará que “las inhabilidades y restricciones establecidas no afectan los derechos en su esencia ni imponen condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio”.
Otro de los cambios es que se quiere agregar en el numeral 2° del artículo 19, el siguiente párrafo: “En ningún caso se considerarán arbitrarias las diferencias de trato que resulten, directa o indirectamente, de las inhabilidades y restricciones establecidas en conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° bis”.
Respecto del registro de organizaciones criminales, la norma, hasta el momento, iría de esta forma: “La ley establecerá registros de organizaciones criminales cuya inclusión producirá efectos en la determinación de la responsabilidad penal de sus integrantes. La incorporación a dichos registros no eximirá al órgano persecutor de acreditar la participación individual del imputado conforme a las reglas generales del proceso penal”.
Quedará en manos de la ley, eso si, definir el órgano competente para este registro, el procedimiento, estándar, efectos, vigencia y formas de impugnación.
El mensaje del Ejecutivo también pretende crear un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública. La norma se está pensando de esta forma: “El estado de excepción constitucional de seguridad pública, en caso de grave alteración de la seguridad pública originada en la acción de organizaciones criminales, lo declarará el Presidente de la República, determinando las zonas afectadas por dichas circunstancias.
El estado de excepción de seguridad pública no podrá extenderse por más de treinta días, sin perjuicio de que el Presidente de la República pueda prorrogarlo por igual período. Para sucesivas prórrogas, el Presidente requerirá siempre del acuerdo del Congreso Nacional. El referido acuerdo se tramitará en la forma establecida en el inciso segundo del artículo 40.
Declarado el estado de excepción de seguridad pública, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata de la autoridad de Orden y Seguridad Pública que designe el Presidente de la República. El Presidente de la República estará obligado a informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud de este estado de excepción.
Una ley orgánica constitucional determinará las atribuciones y deberes de la autoridad a cargo de las zonas afectadas, las facultades de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y la colaboración que deberán prestarles las Fuerzas Armadas durante la vigencia de este estado de excepción, así como los mecanismos de control y rendición de cuentas aplicables”.
El gobierno pretende, al menos de forma preliminar, que bajo este nuevo estado de excepción el Presidente de la República pueda “restringir las libertades de locomoción y de reunión, disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento del orden y seguridad pública en la zona afectada”.
Además se incluye que “el Ministerio Público podrá solicitar al juez de garantía, sin comunicación previa al afectado, antes de la formalización de la investigación, como medida cautelar, que se decrete la prohibición de salir del país respecto de quienes, a lo menos, existan sospechas fundadas que forman parte de una asociación delictiva o criminal, por un período máximo de sesenta días, así como cualquier medida cautelar real que sea necesaria para evitar el uso, aprovechamiento, beneficio o destino de cualquier clase de bienes, valores o dineros presumiblemente provenientes asociaciones delictivas o criminales. Para tales efectos, y sin perjuicio de las demás facultades conferidas por la ley, el juez podrá decretar, entre otras, la prohibición de celebrar determinados actos y contratos y su inscripción en toda clase de registros; retener en bancos o entidades financieras depósitos de cualquiera naturaleza que sean; impedir transacciones de acciones, bonos o debentures; y, en general, toda aquella medida que conduzca a evitar la conversión del provecho ilícito en actividades que oculten o disimulen su origen delictual. La ley orgánica constitucional a que se refiere el artículo 44 determinará, además, las formas de colaboración de las Fuerzas Armadas con las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública durante la vigencia de este estado de excepción”.
