Para buscar irregularidades políticas o administrativas de quienes gestionaron de manera directa estos servicios se realizó una sesión especial en la comisión de Salud de la Cámara Baja, convertida en investigadora, a la que asistió a exponer el Contralor General, Ramiro Mendoza.
El personero valoró el tono de la investigación, considerando el sostenido incremento de recursos que ha experimentado el sector, y destacó la cantidad de información que entregó el órgano fiscalizador, que da cuenta de 12 años de denuncias.
En este sentido, Mendoza dijo que “es un buen síntoma hacer un balance de cuánto estamos invirtiendo en el sector de salud y cuánto se condicen los resultados con la inversión desde el punto de vista de materialización de las políticas. Nosotros tenemos esa inversión que es financiera, que es contable, que es presupuestaria, respecto del devengado, y tenemos informes de auditoría desde el 2000. Una cantidad relevante de sumarios administrativos, de juicios de cuenta y denuncias”.
El diputado PPD Juan Luis Castro solicitó al Contralor que aluda o envíe información sobre los servicios de salud que han sido objetos de denuncia, como por ejemplo, el de Antofagasta, Coquimbo, Metropolitano y O’Higgins, entre otros.
El debate se tensionó cuando el Contralor fue consultado por los alcances de un informe preliminar donde se señala un conjunto de irregularidades por montos cercanos a los seis mil millones de pesos, en torno a dos empresas asesoras y consultoras, Caribbean Services y Medwave Capacitaciones, que prestaron servicios al ministerio de Salud y estarían vinculadas con familiares y cercanos a la ex Presidenta Michelle Bachelet.
Ramiro Mendoza se mostró molesto por la filtración del pre informe desde el ministerio y anunció que pedirá un sumario. Mientras, en el oficialismo acusaron “una triangulación evidente de recursos” con el objeto de obtener “sobresueldos”.
Por otro lado, desde la oposición señalaron que mencionar el hecho es una maniobra que sólo busca enlodar la imagen de la ex mandataria.
El trabajo de la comisión siguió con la exposición del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien se refirió al estado actual de la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast).
Respecto de la situación financiera del organismo, el titular de Salud señaló que “dimos cuenta de nuestra estimación a través de un informe que realizaron dos empresas de auditoría externa. Nosotros estimamos que la pérdida para el Estado, que ha ocurrido en Cenabast, es de 40 millones de dólares. Vale decir, lo único que puede ocurrir en el futuro es que aumente, porque lo que nosotros estamos haciendo es reconocer por primera vez que cuando se decía que en una bodega había cinco mil millones de pesos en existencia, en realidad habían 3.500 millones de pesos”.
Mañalich afirmó que la voluntad del Gobierno es sanear y mejorar la Cenabast conforme a un nuevo modelo de gestión que se ha venido implementando. Sin embargo, los funcionarios del organismo criticaron con fuerza el modelo ya que, según afirmaron, no fue consultado.
Para los trabajadores profesionales universitarios de Cenabast, la externalización de funciones y las operaciones directas entre los Servicios de Salud u hospitales con los proveedores, traería problemas en la seguridad del abastecimiento y podría significar costos más altos, por el pago extra por la distribución de los productos y la imposibilidad de lograr precios más convenientes al tratarse de montos más reducidos.
Esto se suma a una serie de críticas al nuevo modelo, ya que prevén un real efecto dominó a toda la red de distribución, por lo que llamaron a fortalecer la propia Cenabast, en su calidad de institución pública a través de una modernización del servicio sin instalar a terceros.
