Walter Nelson
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De los 205 parlamentarios que integran el Congreso, al menos cuatro omitieron propiedades inmuebles y otros diez subvaloraron la tasación fiscal de bienes raíces. Dos de ellos integran la Comisión de Ética de la Cámara, que sanciona eventuales incumplimientos. Tras revelar que el senador Fidel Espinoza (PS) subdeclaró por años un valioso predio familiar en Puerto Montt, CIPER analizó todas las declaraciones de patrimonio de los parlamentarios. En la revisión se constató que, además de Espinoza, al menos seis legisladores mantenían deudas millonarias por contribuciones. Uno de ellos, el diputado Jorge Durán (RN), pagó $15 millones apenas 20 minutos después de que CIPER le consultó por su deuda. Otros ocho congresistas rectificaron sus declaraciones tras las preguntas para este artículo.
Al menos cuatro parlamentarios omitieron información respecto a inmuebles de propiedad y diez subvaloraron la tasación fiscal de bienes raíces que les pertenecen. Así lo detectó CIPER luego de revisar las Declaraciones de Interés y Patrimonio (DIP) de los 50 senadores y 155 diputados. En total, los parlamentarios registraron 614 inmuebles, 467 de los cuales pudieron ser comparados con registros públicos de conservadores de bienes raíces y del Servicio de Impuestos Internos (SII). Pero hay otras 147 propiedades que no pudieron ser revisadas, principalmente porque fueron declaradas por los parlamentarios con el rol de avalúo o la dirección bajo reserva por razones de seguridad, lo que es permitido por la ley, ya que corresponden a sus domicilios personales o de parientes cercanos.
El pasado 27 de marzo, CIPER reveló que el senador Fidel Espinoza (PS) no transparentó la venta de un predio familiar en el sector de Chinquihue, Puerto Montt, que se selló por $4.200 millones. Además, el senador subvaloró en su DIP la tasación fiscal de 62 hectáreas que aún continúan en manos de su familia en la misma zona. Según el certificado del SII, el avalúo fiscal vigente del terreno supera los $30 mil millones, pero el senador señaló en su declaración de 2023 que era de sólo $945 millones. En su última declaración, luego de la publicación de ese artículo, el parlamentario corrigió el valor (lea aquí: El desconocido negocio inmobiliario que reportó $4.200 millones a la familia del senador Fidel Espinoza y su nexo con constructora).
Tras la publicación de ese reportaje, CIPER revisó los antecedentes de los bienes raíces entregados por senadores y diputados en sus DIP. Al ser contactados por este medio, los parlamentarios apuntaron a errores al llenar el formulario y a la falta de actualización de la información respecto a los avalúos vigentes. El diputado Enrique Lee (independiente), que está entre los legisladores con errores en sus declaraciones, explicó que el sistema para confeccionar las DIP es “engorroso”. “En el caso de las propiedades”, dijo, “lo que hace, es que todo lo que tú declaraste el año pasado, lo vuelve como a resetear para que lo declares de nuevo”. En todo caso, CIPER detectó que algunas de las anomalías en las declaraciones se repiten año a año, sin que nadie repare en esos errores ni fiscalice la veracidad de los datos.
Algunos diputados solicitaron no ser incluidos en el artículo, luego de que rectificaron los datos tras recibir las consultas de CIPER. Al menos ocho congresistas corrigieron sus DIP tras las preguntas de este medio.
En la revisión también se comprobó que, además de Fidel Espinoza, son seis los parlamentarios que mantenían deudas por no pago de contribuciones. De ellos, cuatro acreditaron que tienen convenios vigentes con la Tesorería General de la República para regularizar esa situación. Un quinto parlamentario, Jorge Durán (RN), despachó un certificado de pago de contribuciones vencidas por casi $16 millones. De acuerdo a ese documento, la deuda -que arrastraba cuotas impagas desde 2021- fue finiquitada por el parlamentario sólo 20 minutos después de ser consultado por CIPER (vea ese documento).
La ley estipula que la Contraloría General de la República debe revisar la veracidad de los datos que registran los funcionarios públicos en sus DIP. Pero, en virtud de la separación de los poderes del Estado, los parlamentarios no son fiscalizados por ese organismo. En el caso de los legisladores, la Unidad de Acceso a la Información y Transparencia, dependiente de la Oficina de Informaciones del Congreso Nacional, recibe las DIP de los parlamentarios y remite a la comisión un listado de los diputados que realizaron la declaración fuera de plazo o incompleta. Para esa función, la Oficina de Informaciones cuenta con dos funcionarios. Así lo explicó la diputada Ana María Bravo (PS) presidenta de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara. La parlamentaria agregó que la Comisión de Ética aplica sanciones en caso de que las declaraciones se presenten fuera de plazo o estén incompletas.
De acuerdo con la informado por la diputada Bravo no hay un procedimiento formal de revisión de la veracidad de los datos que los parlamentarios registran en sus DIP: “No hay proceso de control de veracidad. Es solo de cumplimiento de plazos. Y en caso de denuncia se revisa y, si existe infracción, se inicia el procedimiento sancionatorio”, señaló la parlamentaria. En este sentido, la fiscalización y posibles denuncias quedan en manos de los ciudadanos.
De hecho, hay dos diputados que integran la Comisión de Ética de la Cámara que están entre los legisladores que presentaron información incorrecta en sus DIP: Helia Molina (PPD), quien subvaloró la tasación fiscal de un inmueble que posee en la Región de O’Higgins, y Renzo Trisotti (independiente exUDI), quien no declaró un departamento en Las Condes y solo registró su estacionamiento.
En el caso de Helia Molina, exministra de Salud en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, la parlamentaria subvaloró el avalúo fiscal del único inmueble que declaró en su DIP: un terreno frente al Lago Rapel, en la comuna de Litueche. El certificado del SII cifra su avalúo fiscal vigente en $193 millones, pero la diputada señaló en su última declaración que era de $27 millones.
–No tengo idea quien puso el avalúo, le pregunté al jefe del condominio, porque yo no tengo idea. Hace como 40 años compramos ese sitio, nos construimos unas cabañas, somos cinco médicos amigos (…). Le dije a mi secretaria que le preguntara a uno de los que administra, pero no creo que valga $193 millones, si es un pedazo de cerro no más–, dijo la diputada a CIPER. En su DIP, señaló tener el 20% de la propiedad. El avalúo que declaró es menor, incluso, al porcentaje que posee de la propiedad. La diputada señaló a CIPER que modificaría el valor acorde a lo señalado por el SII (vea esa declaración).
Al ser consultada sobre cómo es el proceso de revisión de DIP en la Comisión de Ética que ella integra, la parlamentaria señaló que:
–No tengo idea. Como yo soy nueva, primera vez que soy diputada, estoy aprendiendo todo.
Los parlamentarios Helia Molina, Renzo Trisotti, Ana María Gazmuri, Catalina del Real y Enrique Lee (Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional)
En el caso del diputado Renzo Trisotti, que también integra la Comisión de Ética de la Cámara Baja, en su declaración informó cuatro propiedades, pero omitió una quinta: un departamento en Las Condes, aunque sí incluyó el estacionamiento del inmueble.
Trisotti posee el 50% de esa propiedad y la adquirió en agosto de 2020, junto a su esposa, con un crédito hipotecario. En ese tiempo el valor fiscal del inmueble ascendía a $71 millones y actualmente se cifra en $96 millones, monto que no había sido transparentado por el diputado. Desde esa fecha y hasta las consultas de CIPER, no se había declarado correctamente la propiedad.
El congresista explicó que en su DIP “se declaró la propiedad y se indicó el rol que aparecía a mi nombre (en el SII)”. Pero, en los registros del SII ese rol corresponde al estacionamiento -que tiene un avalúo de poco más de $9 millones- y es su esposa quien figura como dueña del departamento en la plataforma del servicio tributario.
El diputado insistió en que: “Si lo declaré por el porcentaje que tengo, pero por no estar enrolado a mi nombre se produjo la diferencia en el monto. La declaración de la propiedad se realizó en tiempo y forma de acuerdo a la información entregada por el SII. Tendré que preguntar si puedo cambiar el rol cuando es copropiedad y yo no soy el titular del crédito, que, por cierto, también fue declarado en los pasivos en tiempo y forma”. Poco después, Trisotti indicó que sí puede informar una copropiedad que en el servicio no aparece a su nombre. La rectificación de su declaración ya está disponible en la página web de la Cámara.
El 28 de diciembre de 2019, Ana María Gazmuri, diputada por Acción Humanista desde 2022, adquirió la nuda propiedad de una parcela en el sector de Santa Sofía de Lo Caña en La Florida. El terreno lo compró, junto a tres de sus hermanas, a su madre, por $60 millones. Fue esta última, según la escritura pública de esa transacción, quien conservó el usufructo vitalicio.
Ese terreno no fue declarado por la diputada en la actualización anual de la DIP que se debe presentar todos los años antes del último día de marzo. Gazmuri afirmó a CIPER que se trata de una propiedad que su madre adquirió hace más de 60 años. Según la parlamentaría, el predio no habría sido incorporado a su DIP por error: “Cuando le envié todos los documentos (a su abogado, para hacer la DIP) se me traspapeló ese. Van a rectificar ahora mismo”. Más tarde, junto con subsanar su declaración, la parlamentaria explicó a CIPER que no habría podido declarar ese predio porque el rol de avalúo detallado en el registro de propiedad no arrojaba resultados en la plataforma del SII. En todo caso, no es un error de este año, pues la diputada ya había omitido la propiedad en declaraciones anteriores.
De acuerdo a información del SII, el avalúo vigente de ese terreno supera los $175 millones. Pero, lo que la diputada sí declaró fueron los derechos de aprovechamiento de aguas que se compraron por otros $4 millones -un millón de pesos por cada hermana- junto a la propiedad.
La diputada independiente Catalina del Real (exRN) no incorporó en su DIP el estacionamiento de un departamento en Reñaca, Viña del Mar. La tasación fiscal vigente del inmueble es de poco más de $10 millones. La parlamentaria no respondió las consultas de CIPER y sólo hizo llegar la rectificación de su DIP.
CIPER también le había consultado a la congresista por qué no transparentó su participación en la Sociedad Comercial e Inmobiliaria Malvec Limitada, la que desde 2021 es propietaria de un inmueble ubicado en Vitacura, el que posee un avalúo fiscal de $216 millones. La diputada se integró a la Cámara en 2018 y hasta ahora no había declarado esa sociedad, a pesar de que la constituyó en 2011. Aunque la sociedad presentó término de giro en Impuestos Internos en abril de 2022, igual debía ser declarada. Por su eventual injerencia en potenciales conflictos de interés, los derechos y acciones en sociedades deben ser declarados por los parlamentarios con independencia de si estas tienen giro vigente en el SII o inicio de actividades.
Según una escritura pública del 18 de junio de 2019, la diputada Del Real tenía a esa fecha el 33,3% de la sociedad Malvec. La diputada no explicó a CIPER porque había omitido esta sociedad y el inmueble que esta posee, sólo envió la rectificación de su DIP con la sociedad ya incorporada.
En la información sobre los 13 inmuebles declarados por el diputado Enrique Lee Flores (independiente elegido en cupo del PRI), hay dos falencias: subvaloró la tasación fiscal de un departamento en Las Condes y no informó que, junto a ese inmueble, también posee un estacionamiento en el mismo edificio.
De acuerdo con el certificado del SII, la propiedad subvalorada por Enrique Lee tiene un avalúo fiscal de $170 millones, pero el diputado lo cifró en $114 millones. Según indicó Lee a CIPER, habría cometido un error e ingresado el avalúo exento a impuesto y no el avalúo fiscal total. También señaló que enmendó su DIP y agregó el estacionamiento, que tiene una tasación fiscal de más de $8 millones.
Además de Enrique Lee y Helia Molina, hay otros nueve parlamentarios que subvaloraron las tasaciones fiscales de al menos uno de los inmuebles que declaran:
Jorge Alessandri, Benjamín Moreno, Ximena Ossandón y José Miguel Durana (Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional)
De izquierda a derecha, los parlamentarios Gustavo Benavente, Erika Olivera, Rubén Oyarzo, Carlos Bianchi y René Alinco (Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional)
A la fecha, de acuerdo con los registros del SII, la deuda por cuotas de contribuciones vencidas del predio de la familia del senador Fidel Espinoza supera los $1.281 millones. El parlamentario dijo a CIPER, para el reportaje publicado a fines de marzo, que su familia no está de acuerdo con la tasación fiscal de $30 mil millones calculada por el SII para su terreno en Chinquihue, Puerto Montt, por lo que presentaron una solicitud de reconsideración. Según mencionó en esa ocasión, deben pagar cuotas trimestrales de $172 millones en contribuciones.
Además de Espinoza, hasta el cierre de ese artículo otros seis parlamentarios adeudaban contribuciones por más de un millón de pesos. Para este reportaje sólo se contempló a parlamentarios que mantenían más de dos cuotas vencidas que sumaran un monto mayor al millón de pesos. Otros 30 parlamentarios presentaban contribuciones vencidas, pero por cifras menores.
El diputado Jorge Durán (RN) decidió saldar su deuda de más de $15 millones apenas 20 minutos después de ser consultado por CIPER. De esa forma, según el documento enviado por el parlamentario a este medio, pagó 31 cuotas de distintos inmuebles. El parlamentario no respondió la pregunta formulada por CIPER.
Hay otros cuatro que mantienen convenios con Tesorería General de la República (TGR) para regularizar esa obligación. El senador Jorge Soria (PPD), es uno de ellos. Soria es propietario de un predio en Iquique que posee un avalúo fiscal de $3.600 millones. Por esa propiedad, el parlamentario mantiene una deuda total por más de $177 millones en contribuciones. Son ocho las cuotas que se encuentran vencidas. Desde marzo de este año, el senador mantiene un convenio con TGR: repactó la deuda en 24 cuotas mensuales que deben ser pagadas hasta marzo de 2026.
Consultado por CIPER, Soria señaló: “Como todos los emprendedores de clase media, dedicados a la pequeña empresa y al comercio, sufrió mi familia el embate de las restricciones impuestas por la pandemia. Ante esta situación, se tomó la decisión de repactar mediante convenios de pago los impuestos devengados y no pagados” (vea respuesta completa).
Jorge Durán, Jorge Soria, Loreto Carvajal y Cristian Tapia (Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional)
El senador José Miguel Durana (UDI), de acuerdo con los registros del SII, debe casi $10 millones de contribuciones por una propiedad en Valparaíso. Según explicó su asesor legislativo, César Quiroga, mantiene un convenio de pago con la TGR para regularizar la situación. El abogado explicó que la deuda se originó luego de que se terminó de regularizar el dominio de la propiedad el año pasado: “Cuando se termina eso, Impuestos Internos hace la liquidación, pero a nombre del propietario anterior, una inmobiliaria que lo vendió el año 70 y algo. Entonces, recién aparece esa deuda cuando se hacen las últimas inscripciones”.
De los 17 inmuebles transparentados por la senadora Loreto Carvajal (PPD), en 14 de ellos se adeudan contribuciones por un total de $7,2 millones. La parlamentaria aseguró que mantiene una “propuesta de pago parcializada (con TGR) y la estamos pagando”.
La diputada Ana María Gazmuri debe casi $2,5 millones por 15 cuotas no pagadas desde septiembre de 2021, por una propiedad en Peñalolén. A esa cifra, se suma $1,9 millones por otra propiedad en El Quisco.
“Justamente, estábamos en ese proceso, como cualquier ciudadano, repactando para ver cómo pagar esas contribuciones”, aseguró Gazmuri a CIPER. “Efectivamente, es una propiedad que está a mi nombre, pero que usa otro miembro de mi familia, entonces ha tenido ese atraso. Pero, que estamos en proceso de regularización. Justamente ayer estuvimos hablando con la Tesorería”.
Según la plataforma de Impuestos Internos, una propiedad del diputado independiente Cristian Tapia Ramos en La Serena, mantiene contribuciones vencidas desde junio de 2018 por un total de $2,7 millones. El parlamentario señaló que también mantiene un convenio con la TGR, pero que su deuda es menor a los indicados en los registros de Impuestos Internos. Se le solicitó una copia del comprobante de ese convenio para verificar su versión, pero hasta el cierre de este artículo no la había enviado.
Al menos cuatro parlamentarios omitieron información respecto a inmuebles de propiedad y diez subvaloraron la tasación fiscal de bienes raíces que les pertenecen. Así lo detectó CIPER luego de revisar las Declaraciones de Interés y Patrimonio (DIP) de los 50 senadores y 155 diputados. En total, los parlamentarios registraron 614 inmuebles, 467 de los cuales pudieron ser comparados con registros públicos de conservadores de bienes raíces y del Servicio de Impuestos Internos (SII). Pero hay otras 147 propiedades que no pudieron ser revisadas, principalmente porque fueron declaradas por los parlamentarios con el rol de avalúo o la dirección bajo reserva por razones de seguridad, lo que es permitido por la ley, ya que corresponden a sus domicilios personales o de parientes cercanos.
El pasado 27 de marzo, CIPER reveló que el senador Fidel Espinoza (PS) no transparentó la venta de un predio familiar en el sector de Chinquihue, Puerto Montt, que se selló por $4.200 millones. Además, el senador subvaloró en su DIP la tasación fiscal de 62 hectáreas que aún continúan en manos de su familia en la misma zona. Según el certificado del SII, el avalúo fiscal vigente del terreno supera los $30 mil millones, pero el senador señaló en su declaración de 2023 que era de sólo $945 millones. En su última declaración, luego de la publicación de ese artículo, el parlamentario corrigió el valor (lea aquí: El desconocido negocio inmobiliario que reportó $4.200 millones a la familia del senador Fidel Espinoza y su nexo con constructora).
Tras la publicación de ese reportaje, CIPER revisó los antecedentes de los bienes raíces entregados por senadores y diputados en sus DIP. Al ser contactados por este medio, los parlamentarios apuntaron a errores al llenar el formulario y a la falta de actualización de la información respecto a los avalúos vigentes. El diputado Enrique Lee (independiente), que está entre los legisladores con errores en sus declaraciones, explicó que el sistema para confeccionar las DIP es “engorroso”. “En el caso de las propiedades”, dijo, “lo que hace, es que todo lo que tú declaraste el año pasado, lo vuelve como a resetear para que lo declares de nuevo”. En todo caso, CIPER detectó que algunas de las anomalías en las declaraciones se repiten año a año, sin que nadie repare en esos errores ni fiscalice la veracidad de los datos.
Algunos diputados solicitaron no ser incluidos en el artículo, luego de que rectificaron los datos tras recibir las consultas de CIPER. Al menos ocho congresistas corrigieron sus DIP tras las preguntas de este medio.
En la revisión también se comprobó que, además de Fidel Espinoza, son seis los parlamentarios que mantenían deudas por no pago de contribuciones. De ellos, cuatro acreditaron que tienen convenios vigentes con la Tesorería General de la República para regularizar esa situación. Un quinto parlamentario, Jorge Durán (RN), despachó un certificado de pago de contribuciones vencidas por casi $16 millones. De acuerdo a ese documento, la deuda -que arrastraba cuotas impagas desde 2021- fue finiquitada por el parlamentario sólo 20 minutos después de ser consultado por CIPER (vea ese documento).
La ley estipula que la Contraloría General de la República debe revisar la veracidad de los datos que registran los funcionarios públicos en sus DIP. Pero, en virtud de la separación de los poderes del Estado, los parlamentarios no son fiscalizados por ese organismo. En el caso de los legisladores, la Unidad de Acceso a la Información y Transparencia, dependiente de la Oficina de Informaciones del Congreso Nacional, recibe las DIP de los parlamentarios y remite a la comisión un listado de los diputados que realizaron la declaración fuera de plazo o incompleta. Para esa función, la Oficina de Informaciones cuenta con dos funcionarios. Así lo explicó la diputada Ana María Bravo (PS) presidenta de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara. La parlamentaria agregó que la Comisión de Ética aplica sanciones en caso de que las declaraciones se presenten fuera de plazo o estén incompletas.
De acuerdo con la informado por la diputada Bravo no hay un procedimiento formal de revisión de la veracidad de los datos que los parlamentarios registran en sus DIP: “No hay proceso de control de veracidad. Es solo de cumplimiento de plazos. Y en caso de denuncia se revisa y, si existe infracción, se inicia el procedimiento sancionatorio”, señaló la parlamentaria. En este sentido, la fiscalización y posibles denuncias quedan en manos de los ciudadanos.
De hecho, hay dos diputados que integran la Comisión de Ética de la Cámara que están entre los legisladores que presentaron información incorrecta en sus DIP: Helia Molina (PPD), quien subvaloró la tasación fiscal de un inmueble que posee en la Región de O’Higgins, y Renzo Trisotti (independiente exUDI), quien no declaró un departamento en Las Condes y solo registró su estacionamiento.
En el caso de Helia Molina, exministra de Salud en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, la parlamentaria subvaloró el avalúo fiscal del único inmueble que declaró en su DIP: un terreno frente al Lago Rapel, en la comuna de Litueche. El certificado del SII cifra su avalúo fiscal vigente en $193 millones, pero la diputada señaló en su última declaración que era de $27 millones.
–No tengo idea quien puso el avalúo, le pregunté al jefe del condominio, porque yo no tengo idea. Hace como 40 años compramos ese sitio, nos construimos unas cabañas, somos cinco médicos amigos (…). Le dije a mi secretaria que le preguntara a uno de los que administra, pero no creo que valga $193 millones, si es un pedazo de cerro no más–, dijo la diputada a CIPER. En su DIP, señaló tener el 20% de la propiedad. El avalúo que declaró es menor, incluso, al porcentaje que posee de la propiedad. La diputada señaló a CIPER que modificaría el valor acorde a lo señalado por el SII (vea esa declaración).
Al ser consultada sobre cómo es el proceso de revisión de DIP en la Comisión de Ética que ella integra, la parlamentaria señaló que:
–No tengo idea. Como yo soy nueva, primera vez que soy diputada, estoy aprendiendo todo.
Los parlamentarios Helia Molina, Renzo Trisotti, Ana María Gazmuri, Catalina del Real y Enrique Lee (Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional)
PROPIEDADES NO DECLARADAS
En el caso del diputado Renzo Trisotti, que también integra la Comisión de Ética de la Cámara Baja, en su declaración informó cuatro propiedades, pero omitió una quinta: un departamento en Las Condes, aunque sí incluyó el estacionamiento del inmueble.
Trisotti posee el 50% de esa propiedad y la adquirió en agosto de 2020, junto a su esposa, con un crédito hipotecario. En ese tiempo el valor fiscal del inmueble ascendía a $71 millones y actualmente se cifra en $96 millones, monto que no había sido transparentado por el diputado. Desde esa fecha y hasta las consultas de CIPER, no se había declarado correctamente la propiedad.
El congresista explicó que en su DIP “se declaró la propiedad y se indicó el rol que aparecía a mi nombre (en el SII)”. Pero, en los registros del SII ese rol corresponde al estacionamiento -que tiene un avalúo de poco más de $9 millones- y es su esposa quien figura como dueña del departamento en la plataforma del servicio tributario.
El diputado insistió en que: “Si lo declaré por el porcentaje que tengo, pero por no estar enrolado a mi nombre se produjo la diferencia en el monto. La declaración de la propiedad se realizó en tiempo y forma de acuerdo a la información entregada por el SII. Tendré que preguntar si puedo cambiar el rol cuando es copropiedad y yo no soy el titular del crédito, que, por cierto, también fue declarado en los pasivos en tiempo y forma”. Poco después, Trisotti indicó que sí puede informar una copropiedad que en el servicio no aparece a su nombre. La rectificación de su declaración ya está disponible en la página web de la Cámara.
El 28 de diciembre de 2019, Ana María Gazmuri, diputada por Acción Humanista desde 2022, adquirió la nuda propiedad de una parcela en el sector de Santa Sofía de Lo Caña en La Florida. El terreno lo compró, junto a tres de sus hermanas, a su madre, por $60 millones. Fue esta última, según la escritura pública de esa transacción, quien conservó el usufructo vitalicio.
Ese terreno no fue declarado por la diputada en la actualización anual de la DIP que se debe presentar todos los años antes del último día de marzo. Gazmuri afirmó a CIPER que se trata de una propiedad que su madre adquirió hace más de 60 años. Según la parlamentaría, el predio no habría sido incorporado a su DIP por error: “Cuando le envié todos los documentos (a su abogado, para hacer la DIP) se me traspapeló ese. Van a rectificar ahora mismo”. Más tarde, junto con subsanar su declaración, la parlamentaria explicó a CIPER que no habría podido declarar ese predio porque el rol de avalúo detallado en el registro de propiedad no arrojaba resultados en la plataforma del SII. En todo caso, no es un error de este año, pues la diputada ya había omitido la propiedad en declaraciones anteriores.
De acuerdo a información del SII, el avalúo vigente de ese terreno supera los $175 millones. Pero, lo que la diputada sí declaró fueron los derechos de aprovechamiento de aguas que se compraron por otros $4 millones -un millón de pesos por cada hermana- junto a la propiedad.
La diputada independiente Catalina del Real (exRN) no incorporó en su DIP el estacionamiento de un departamento en Reñaca, Viña del Mar. La tasación fiscal vigente del inmueble es de poco más de $10 millones. La parlamentaria no respondió las consultas de CIPER y sólo hizo llegar la rectificación de su DIP.
CIPER también le había consultado a la congresista por qué no transparentó su participación en la Sociedad Comercial e Inmobiliaria Malvec Limitada, la que desde 2021 es propietaria de un inmueble ubicado en Vitacura, el que posee un avalúo fiscal de $216 millones. La diputada se integró a la Cámara en 2018 y hasta ahora no había declarado esa sociedad, a pesar de que la constituyó en 2011. Aunque la sociedad presentó término de giro en Impuestos Internos en abril de 2022, igual debía ser declarada. Por su eventual injerencia en potenciales conflictos de interés, los derechos y acciones en sociedades deben ser declarados por los parlamentarios con independencia de si estas tienen giro vigente en el SII o inicio de actividades.
Según una escritura pública del 18 de junio de 2019, la diputada Del Real tenía a esa fecha el 33,3% de la sociedad Malvec. La diputada no explicó a CIPER porque había omitido esta sociedad y el inmueble que esta posee, sólo envió la rectificación de su DIP con la sociedad ya incorporada.
En la información sobre los 13 inmuebles declarados por el diputado Enrique Lee Flores (independiente elegido en cupo del PRI), hay dos falencias: subvaloró la tasación fiscal de un departamento en Las Condes y no informó que, junto a ese inmueble, también posee un estacionamiento en el mismo edificio.
De acuerdo con el certificado del SII, la propiedad subvalorada por Enrique Lee tiene un avalúo fiscal de $170 millones, pero el diputado lo cifró en $114 millones. Según indicó Lee a CIPER, habría cometido un error e ingresado el avalúo exento a impuesto y no el avalúo fiscal total. También señaló que enmendó su DIP y agregó el estacionamiento, que tiene una tasación fiscal de más de $8 millones.
AVALÚOS SUBREPRESENTADOS
Además de Enrique Lee y Helia Molina, hay otros nueve parlamentarios que subvaloraron las tasaciones fiscales de al menos uno de los inmuebles que declaran:
- Jorge Alessandri (UDI): De las 11 propiedades inmobiliarias informadas por el diputado, al menos cinco de ellas tiene subrepresentada su avalúo fiscal.
- Aunque Alessandri declaró con datos reservados una propiedad en Lo Barnechea, CIPER corroboró que su avalúo fiscal es de casi $588 millones. Pero, el parlamentario declaró $390 millones.
- En la DIP del diputado figura una parcela en Curicó con un avalúo fiscal de $5 millones. Pero según el certificado del SII el valor vigente supera los $25 millones. El parlamentario aseguró que es un “loteo que no existía hace dos o tres años. Era un pedazo de cerro no más. Ahora le deben haber hecho caminos o postes que subió tanto el avalúo de un año a otro. Pero el año pasado sí lo hice yo (la declaración), recuerdo que valía eso”. Pero, en el primer semestre de 2023 la tasación fiscal ya estaba en los $24 millones. El congresista indicó que este año le pidió a su abogado que hiciera la DIP.
- La situación se repite con dos de sus propiedades en Santiago, aunque las diferencias en los montos son menores: un departamento que en su DIP aparece con una tasación fiscal de $65 millones, pero cuyo avalúo fiscal vigente excede los $69 millones. La otra, es un estacionamiento que fue registrado con un avalúo fiscal de $25 millones, pero que el SII calculó en $28 millones.
- El diputado también subrepresentó un departamento en Las Condes con una diferencia de $20 millones respecto al avalúo fiscal consignado por el SII. Al ser consultado por estas diferencias, el parlamentario indicó que “quizás no actualizaron los del año pasado y los copiaron a los de este año”. Más tarde, informó que su abogado se encontraba rectificando.
- Benjamín Moreno (Republicano): Tres de los cinco inmuebles informados por el diputado en su DIP presentan anomalías. Hasta el cierre de este artículo, el parlamentario no respondió las preguntas de CIPER.
- Moreno declaró dos departamentos en Santo Domingo. Según su DIP, posee el 20% de la nuda propiedad de cada inmueble, los cuales fueron reportados por el parlamentario con un avalúo fiscal de $21 millones y $26 millones. Pero, según certificados del SII, ese valor supera los $136 millones y los $166 millones.
- Una tercera propiedad se ubica en Curicó, aunque en este caso la diferencia en los montos es menor. Moreno registró un avalúo fiscal de $186 millones, mientras que Impuestos Internos lo valora en $194 millones para este semestre.
- Ximena Ossandón (RN): La diputada declaró 16 propiedades y tres de esos inmuebles se encontraban subvalorados. Ella aseguró que utilizó la información de su perfil en la plataforma de Impuestos Internos para rellenar su DIP. Pero, los documentos que envió a CIPER para respaldar su afirmación, corresponden a los avalúos del primer semestre de 2022. Ossandón aseguró que esos certificados se emitieron el día en que fue consultada por CIPER: “Voy a preguntar por qué no estaría actualizado”.
- La parlamentaria tiene un inmueble en Lo Barnechea, que en el SII registra un avalúo fiscal superior a $30 millones, pero que la diputada registró con $25 millones.
- Además, subdeclaró dos propiedades de Panguipulli. La primera fue informada por la diputada con un avalúo de $425 millones, mientras que en el servicio posee un valor vigente de $554 millones. La otra fue subrepresentada por poco más de $8 millones.
- José Miguel Durana (UDI): El senador reportó poseer un inmueble en Arica con un avalúo fiscal de $37 millones. En Impuestos Internos esa propiedad posee una tasación de $93 millones. César Quiroga, asesor legislativo del parlamentario, afirmó que “si hay una diferencia, hay un error. Cómo es un inmueble que se ha declarado desde hace seis gestiones, puede ser que haya copiado un avalúo fiscal anterior”.
Jorge Alessandri, Benjamín Moreno, Ximena Ossandón y José Miguel Durana (Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional)
- Gustavo Benavente (UDI): El parlamentario declaró 11 inmuebles. De estos, tres no fueron informados correctamente.
- Una parcela agrícola en Longaví, que, de acuerdo al informe del parlamentario, posee un avalúo de $19 millones, mientras que en el servicio se cifra por los $29 millones.
- Otra parcela agrícola en la misma comuna, sobre la cual el diputado declaró un valor de $75 millones, pero que, según el certificado del SII, supera los $111 millones.
- Benavente tampoco registró correctamente un departamento que recibió como herencia, aunque en este caso las diferencias son menores. El diputado reportó poseer el 33% de la propiedad. Según su DIP, el avalúo corresponde a $293 millones, pero en la plataforma del servicio esa cifra excede los $298 millones. Al ser consultado, Benavente afirmó: “Lo hice con el certificado de avalúo a la vista. Voy a tener que rectificar si me equivoqué”. El parlamentario finalmente corrigió su declaración.
- Érika Olivera (demócratas): La parlamentaria registró un valor fiscal menor al vigente en las dos propiedades anotadas en su DIP. La primera es un inmueble en Recoleta con un avalúo fiscal de $54 millones, pero que Olivera cifró en $30 millones. El segundo inmueble, en Viña del Mar, presenta diferencias menores: según lo reportado por la diputada posee una tasación fiscal de $120 millones, pero en la base de datos del SII alcanza los $126 millones. La encargada de prensa de la parlamentaria aseguró que “se trata de un error y, como la suma no es tan grande, la corrigieron de inmediato. Cuando actualizaron declaraciones, no actualizaron las cifras”. Pero, en 2023 la parlamentaria también subdeclaró ambos inmuebles.
- Rubén Oyarzo (independiente, exPDG): Informó sólo una propiedad, en la comuna de Lampa. Si bien el SII cifró su avalúo fiscal en $91 millones, Oyarzo registró $70 millones. Su encargado de prensa dijo que era un “error de tipeo, cuando el año pasado había declarado $89 millones”. Luego de eso, la DIP fue rectificada.
- Carlos Bianchi (independiente): Declaró un departamento en Viña del Mar, informando un avalúo de $167 millones, mientras que el SII lo cifra por los $174 millones. Al ser consultado, el parlamentario señaló que “la diferencia se debía a un revalúo hecho por el SII”. Para respaldar su versión, Bianchi adjunto los certificados de avalúo fiscal de esa propiedad.
- René Alinco (independiente, exPPD): El diputado subrepresentó un inmueble en Coyhaique, aunque la diferencia en los montos es menor. Alinco registró un avalúo fiscal de $48 millones, mientras que en el SII ese valor supera los $53 millones. Luego de las consultas de CIPER, el parlamentario rectificó.
De izquierda a derecha, los parlamentarios Gustavo Benavente, Erika Olivera, Rubén Oyarzo, Carlos Bianchi y René Alinco (Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional)
DEUDORES DE CONTRIBUCIONES
A la fecha, de acuerdo con los registros del SII, la deuda por cuotas de contribuciones vencidas del predio de la familia del senador Fidel Espinoza supera los $1.281 millones. El parlamentario dijo a CIPER, para el reportaje publicado a fines de marzo, que su familia no está de acuerdo con la tasación fiscal de $30 mil millones calculada por el SII para su terreno en Chinquihue, Puerto Montt, por lo que presentaron una solicitud de reconsideración. Según mencionó en esa ocasión, deben pagar cuotas trimestrales de $172 millones en contribuciones.
Además de Espinoza, hasta el cierre de ese artículo otros seis parlamentarios adeudaban contribuciones por más de un millón de pesos. Para este reportaje sólo se contempló a parlamentarios que mantenían más de dos cuotas vencidas que sumaran un monto mayor al millón de pesos. Otros 30 parlamentarios presentaban contribuciones vencidas, pero por cifras menores.
El diputado Jorge Durán (RN) decidió saldar su deuda de más de $15 millones apenas 20 minutos después de ser consultado por CIPER. De esa forma, según el documento enviado por el parlamentario a este medio, pagó 31 cuotas de distintos inmuebles. El parlamentario no respondió la pregunta formulada por CIPER.
Hay otros cuatro que mantienen convenios con Tesorería General de la República (TGR) para regularizar esa obligación. El senador Jorge Soria (PPD), es uno de ellos. Soria es propietario de un predio en Iquique que posee un avalúo fiscal de $3.600 millones. Por esa propiedad, el parlamentario mantiene una deuda total por más de $177 millones en contribuciones. Son ocho las cuotas que se encuentran vencidas. Desde marzo de este año, el senador mantiene un convenio con TGR: repactó la deuda en 24 cuotas mensuales que deben ser pagadas hasta marzo de 2026.
Consultado por CIPER, Soria señaló: “Como todos los emprendedores de clase media, dedicados a la pequeña empresa y al comercio, sufrió mi familia el embate de las restricciones impuestas por la pandemia. Ante esta situación, se tomó la decisión de repactar mediante convenios de pago los impuestos devengados y no pagados” (vea respuesta completa).
Jorge Durán, Jorge Soria, Loreto Carvajal y Cristian Tapia (Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional)
El senador José Miguel Durana (UDI), de acuerdo con los registros del SII, debe casi $10 millones de contribuciones por una propiedad en Valparaíso. Según explicó su asesor legislativo, César Quiroga, mantiene un convenio de pago con la TGR para regularizar la situación. El abogado explicó que la deuda se originó luego de que se terminó de regularizar el dominio de la propiedad el año pasado: “Cuando se termina eso, Impuestos Internos hace la liquidación, pero a nombre del propietario anterior, una inmobiliaria que lo vendió el año 70 y algo. Entonces, recién aparece esa deuda cuando se hacen las últimas inscripciones”.
De los 17 inmuebles transparentados por la senadora Loreto Carvajal (PPD), en 14 de ellos se adeudan contribuciones por un total de $7,2 millones. La parlamentaria aseguró que mantiene una “propuesta de pago parcializada (con TGR) y la estamos pagando”.
La diputada Ana María Gazmuri debe casi $2,5 millones por 15 cuotas no pagadas desde septiembre de 2021, por una propiedad en Peñalolén. A esa cifra, se suma $1,9 millones por otra propiedad en El Quisco.
“Justamente, estábamos en ese proceso, como cualquier ciudadano, repactando para ver cómo pagar esas contribuciones”, aseguró Gazmuri a CIPER. “Efectivamente, es una propiedad que está a mi nombre, pero que usa otro miembro de mi familia, entonces ha tenido ese atraso. Pero, que estamos en proceso de regularización. Justamente ayer estuvimos hablando con la Tesorería”.
Según la plataforma de Impuestos Internos, una propiedad del diputado independiente Cristian Tapia Ramos en La Serena, mantiene contribuciones vencidas desde junio de 2018 por un total de $2,7 millones. El parlamentario señaló que también mantiene un convenio con la TGR, pero que su deuda es menor a los indicados en los registros de Impuestos Internos. Se le solicitó una copia del comprobante de ese convenio para verificar su versión, pero hasta el cierre de este artículo no la había enviado.
14 parlamentarios omitieron o subvaloraron inmuebles en sus declaraciones de patrimonio y siete tienen deudas millonarias por contribuciones - CIPER Chile
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