Señor director: Gracias a una reciente divulgación en su medio de prensa [ver nota en CIPER 14.02.2024], hemos sabido que el ex alcalde de Estación Central, Gustavo Hasbún (UDI), ha convocado para que trabajen en su empresa Crisis Management a sus amigos Hugo Gutiérrez (PC), exconcejal de la misma municipalidad, y al exdiputado, Felipe Ward (UDI), exministro de Vivienda y Urbanismo en el gobierno de Sebastián Piñera. Asimismo, en el artículo se menciona que excontralor general de la república, Jorge Bermúdez, sin militancia política, fue invitado a participar en este muy de moda negocio, aunque lo desmintió, lo mismo que hizo Delgado.
Aunque lo nieguen, estos célebres prohombres de la república ahora son lobbistas, desenvolviéndose en el sector privado para asistir profesionalmente con sus vastos y heterogéneos conocimientos a las empresas que son víctimas inocentes de, como lo pregona la prensa tradicional, la perversa «permisología», que le pone infundadas trabas a la indispensable inversión de proyectos que generan crecimiento económico.
Como Rodrigo Delgado nunca se ha referido públicamente e in extenso a su responsabilidad en la emisión de, al menos, ochenta permisos de edificación ilegales que originaron los llamados guetos verticales en la comuna de Estación Central, le propusimos previamente en esta sección que confrontáramos posiciones, de cara a la opinión pública. Estamos hablando de negocios del orden de los US$2.000 millones. Le reiteramos la invitación a un debate público, para que así, en un ejercicio democrático de transparencia, se conozcan las explicaciones de dicho ex alcalde sobre el incorrecto comportamiento de sus dos dependientes funcionarios quienes, como directores de obras municipales (DOM), procedieron al margen de la ley, y más encima desobedecieron los dictámenes vinculantes de la Contraloría General de la República. La Contraloría, en diversos dictámenes, le expresó a Delgado que el DOM en funciones tenía que paralizar las faenas de los edificios en construcción, no entregar recepciones finales e invalidar los permisos conforme al artículo 53° de la Ley N° 19.880. Sus funcionarios, creyéndose autónomos, incumplieron las órdenes impartidas por el ente fiscalizador, y con esta «tranquilidad» las inmobiliarias interpusieron recursos en la Justicia para que se dejara sin efecto lo resuelto por la Contraloría: invariablemente la Corte Suprema confirmó la validez de tales dictámenes.
Sabemos que el actual alcalde, Felipe Muñoz, (ex PS, hoy Frente Amplio) interpuso hace más de un año acciones judiciales en contra de los responsables en este episodio de corrupción, la que se unió a la querella criminal por el delito de prevaricación administrativa, presentada hace tres años por algunos particulares, uno de los cuales es quien firma la presente. Ante lo sucedido, y como en Chile no se demuelen los edificios ilegales, se le propuso al gobierno un plan de compensaciones para que las constructoras resarcieran a la comunidad, lo que curiosamente no fue aceptado. En el período alcaldicio de Muñoz no se han otorgado recepciones finales para unos cuantos de estos edificios, lo cual es un contrasentido con el proceder inicuo de su antecesor Delgado, lo que requiere una pronta aclaración de Carlos Montes, titular del Minvu, pues un conocido principio jurídico dice que «donde hay una misma razón, se aplica la misma disposición».
Volviendo a las aludidas querellas, por motivos inexplicables, la Fiscalía Centro Norte no desea citarnos a declarar, a pesar de que oportunamente ya lo hicimos en la Policía de Investigaciones. Tenemos la certeza de que finalmente todos los guetos verticales serán recibidos y, por lo tanto, que los pocos empresarios cuyas torres habitacionales están terminadas (pero hasta ahora sin recepción final) podrán entregar los miles de departamentos de sus edificios a aquellos particulares que han suscrito promesas de compraventa. Pero lo que no puede suceder, bajo ninguna circunstancia, es que «pasen piola» las prácticas impúdicas de aquellos agentes públicos que violaron la ley y se mofaron de la Contraloría, pues eso se llama impunidad y ausencia de Estado de Derecho. Así las cosas, para que la ciudadanía conozca todo lo acontecido desde el año 2013, fecha en que se cursaron los primeros permisos de edificación contrarios a Derecho, esperamos que Rodrigo Delgado esté de acuerdo con el debate que se le propone, el cual idealmente debería llevarse a cabo en un canal de televisión o en un medio de prensa audiovisual. Si ello no ocurre, por los motivos que sean, debiéramos entender que un periodista que conozca en detalle esta truculenta historia lo entreviste, preguntándole todo lo indispensable para saber porqué sus funcionarios municipales cursaron esos permisos y desacataron los diversos dictámenes de la Contraloría.
Finalmente, pase lo que pase, este columnista lo pensará dos veces, si se refiere nuevamente a este indecente asunto, tan propio de la falta de fiscalización y control por parte del Estado, ya que si Delgado insiste en mantenerse en silencio, quiere decir que nunca se sabrá exactamente lo acontecido con los permisos que originaron los guetos verticales, mientras él ejercía como alcalde de Estación Central.
https://www.ciperchile.cl/2024/02/19/cartas-guetos-verticales/
