MarquesVrolok
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La maniobra estaba escrita con letras mayúsculas. No obstante tiene el mérito de ser reveladora del tipo de demagogia concertacionista. El equipo político de la Concertación le entregará pronto un documento a su candidata Michelle Bachelet en el cual se señala que “es el Congreso quien tiene la potestad constituyente”. Esto quiere decir que un Gobierno de Bachelet no enviará al Congreso un Decreto Supremo proponiendo la elección de una Asamblea Constituyente para modificarla. Era una posibilidad real y prometedora, que apoyada con movilización ciudadana, podía lograr imponer un escenario de facto favorable a la convocatoria y elección de una Asamblea Constituyente transitoria.
La llamada “vía institucional” adoptada por los expertos bacheletistas para introducir “cambios” a la Constitución es la misma prevista por el equipo del ideólogo Jaime Guzmán en 1980 con la anuencia de Pinochet y la venia de los Chicago boys. Es decir, para impedir en la práctica todo cambio sustancial que cuestione el orden dominante que consagra la actual Constitución. Y no harán lo que el pueblo ciudadano exige no porque no puedan ni sea posible sino porque no tienen la voluntad política ni la inteligencia estratégica para hacerlo. Porque no están dispuestos, ni consideran urgente iniciar los pasos necesarios para cambiar el modelo y las estructuras heredadas de la dictadura cívico-militar. Pese a que es el momento oportuno. Pues como nunca antes los partidos de la derecha y sus líderes habían estado tan desprestigiados, debilitados y a la defensiva como ahora.Son tantos los vínculos, mimetismos, habitus, ethos, prácticas discursivas e intereses ideológicos, empresariales, políticos y simbólicos que la Concertación asimiló de la derecha y tantos los compromisos que contrajo con el modelo de concentración de la riqueza y en el juego del poder político que acabó por integrar en su ADN cultural el conservadurismo conformista. Hay en las elites políticas una reacción primaria de miedo y rechazo a la democracia y al proceso constituyente que pese a ellos ya está en marcha. Va contra el sentir ciudadano y de amplias capas juveniles medias el optar por que sea el deslegitimado Congreso binominal del régimen postdictadura el que decida con sus votos, negociaciones, pactos, enmiendas, quórums y bloqueos el tipo de reformas por hacer a la Carta Magna actual y el cómo hacerlo.
Una vez más queda claro en qué consiste el método concertacionista de “en la medida de lo posible”: no hacer nada que pueda provocar susceptibilidades en la derecha y generar un estado de debate democrático amplio en la sociedad. Son los mismos concertacionistas los que se “entrampan” en el juego diseñado por Jaime Guzmán, pero que lo denuncian de manera demagógica para embolinar la perdiz al pueblo ciudadano. Son incapaces de extraer lecciones de su comportamiento pasado que consolidó el modelo actual y contra el cual se rebelan cada vez más amplios sectores de la ciudadanía. Hasta generar un malestar subjetivo ciudadano que se expresa en la lúcida y crítica carta pública al bacheletismo del joven actor Mario Horton Fleck.
Los propagandistas y opinólogos concertacionistas olvidan un acontecimiento político clave que cambia toda la perspectiva si se asume como ángulo de mirada histórica (3). La que los concertacionistas quieren borrar. El que el agotamiento de la dictadura y el advenimiento de formas semi-democráticas de elección de las autoridades fue una conquista popular: de pobladores, trabajadores, jóvenes y profesionales movilizados. Donde muchos entregaron sus vidas en combativas jornadas de protestas callejeras desde 1981 a 1988. En otros términos, que los dirigentes, Gobiernos y parlamentarios concertacionistas fueron investidos de una legitimidad popular para realizar cambios prometidos y nunca realizados en veinte años. Y entre las promesas, una de ellas era convocar una Asamblea Constituyente para restituirle al pueblo soberano su poder constituyente. Es esa legitimidad otorgada en 1989 que desde el 2011 pierden cada día con sus ninguneos y renuncios.
En el fondo, los concertacionistas, le temen a un valor esencial de toda democracia auténtica: la capacidad de los ciudadanos de autogobernarse y de ejercer la más fundamental de todas las libertades desde Aristóteles y las revoluciones francesas y norteamericanas: la Libertad Constituyente. Es la paradoja de la democracia liberal: reclamarse nacida de la libertad política para una vez consolidadas sus instituciones y acaparadas éstas por elites políticas (en este caso el duopolio binominal), transformarse luego en regímenes oligárquicos (el poder en manos de unos pocos), tecnocráticos (veneración de los medios y olvido de los fines democráticamente determinados) y plutocráticos (el poder en manos de lo dueños del dinero).
Estamos hablando de la libertad de dotarse de las leyes que en un momento histórico de una nación o sociedad se consideran justas y legítimas para vivir juntos y decidir cuáles son las mejores instituciones y bienes públicos y sociales que son los más preciados. Incluso el derecho de poder debatir para fijar los límites que hay que imponerle al acaparamiento capitalista privado de lo que es la riqueza socialmente producida y su redistribución a través de mecanismos transparentes. Es el temor a la democracia sin apellidos. Al entregar la potestad al Congreso para maquillar la actual Constitución, el personal directivo de la Concertación persiste y firma en su tradicional postura de distorsionar la voluntad popular que expresada en activos movimientos sociales desde hace algunos años exige una Asamblea Constituyente como garantía de un proceso democrático informado y deliberante. Es en estos movimientos que reside la potencia o fuerza social y la acción colectiva para imponerlo. Y desde afuera de una institucionalidad viciada. Desde los territorios sociales y con movilización social de trabajadores, pobladores, estudiantes y ciudadanos. http://tinyurl.com/mm4wo4c
Desmond Claude Presidente !
