niggatzu
Plasta
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Carabineros, detectó a unos 400 metros de Villa Frontera, a un grupo de personas a pie en caravana pasando en forma ilegal al país.
Todos ellos eran guiados por una pareja, de extranjeros, quienes fueron identificados por las víctimas, como los encargados de ingresarlos al territorio nacional, por un cobro individual cercano a los 100 mil pesos, que podía variar según la edad y sexo del inmigrante, a quienes además, se les cobraba extra por sus maletas y hasta perros (2).
El fiscal Eltit detalló que hay dos condiciones que agravan y aumentan la pena en este caso de delito de tráfico ilícito de migrantes, ley 20.507.
El persecutor afirmó que los extranjeros eran llevados por un sector donde todavía hay señalizaciones por peligro de minas y además en condiciones climáticas inadecuadas para adultos y menores.
Asimismo, dijo que por la inspección de los celulares voluntariamente entregados por los "guías" se puede comprobar el cobro o fines de lucro en esta operación.
Por todo esto, solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para ambos ciudadanos venezolanos.
Los defensores penales públicos, Gabriel Apaza y Claudio Olivares, se opusieron a tal medida, señalando que el Tribunal de Garantía de Arica "no es competente para conocer esta causa" argumentando que el origen del caso fue en Perú.
El juez Juan Araya no acogió la tesis de la defensoría y decretó la medida de prisión preventiva fijándose un plazo de 90 días para la investigación.
http://www.estrellaarica.cl/impresa/2019/09/07/full/cuerpo-principal/4/texto/
Todos ellos eran guiados por una pareja, de extranjeros, quienes fueron identificados por las víctimas, como los encargados de ingresarlos al territorio nacional, por un cobro individual cercano a los 100 mil pesos, que podía variar según la edad y sexo del inmigrante, a quienes además, se les cobraba extra por sus maletas y hasta perros (2).
El fiscal Eltit detalló que hay dos condiciones que agravan y aumentan la pena en este caso de delito de tráfico ilícito de migrantes, ley 20.507.
El persecutor afirmó que los extranjeros eran llevados por un sector donde todavía hay señalizaciones por peligro de minas y además en condiciones climáticas inadecuadas para adultos y menores.
Asimismo, dijo que por la inspección de los celulares voluntariamente entregados por los "guías" se puede comprobar el cobro o fines de lucro en esta operación.
Por todo esto, solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para ambos ciudadanos venezolanos.
Los defensores penales públicos, Gabriel Apaza y Claudio Olivares, se opusieron a tal medida, señalando que el Tribunal de Garantía de Arica "no es competente para conocer esta causa" argumentando que el origen del caso fue en Perú.
El juez Juan Araya no acogió la tesis de la defensoría y decretó la medida de prisión preventiva fijándose un plazo de 90 días para la investigación.
http://www.estrellaarica.cl/impresa/2019/09/07/full/cuerpo-principal/4/texto/
