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Caso ProCultura: el tsunami judicial que se le viene al oficialismo

Las otras decisiones polémicas que han tomado los jueces de la Corte de Apelaciones que declararon ilegales las escuchas del caso ProCultura​


Virginia Soublette y Jaime Rojas están entre los jueces que decidieron declarar la ilegalidad de la decisión judicial que ordenó las escuchas telefónicas a la exmujer del director de ProCultura, Alberto Larraín. Tras esta decisión el fiscal Patricio Cooper fue removido del caso. Este dictamen no es el único en el que han participado que ha generado controversia en la opinión pública.

 

El mural de la discordia que mantiene vivo el caso ProCultura en La Moneda

En octubre de 2021 el entonces candidato Boric grabó parte de su franja en Limache, en una escenografía planificada por ProCultura y pintada por el "Mono" González. La presencia de este último motivó la actividad de esa jornada, que hoy está bajo revisión en el Servel tras un oficio de diputados de Renovación Nacional.

El 13 de octubre de 2021, el entonces candidato presidencial Gabriel Boric encabezó una visita a Limache que 1.317 días después sigue en la palestra.

En medio de su cruzada electoral, el ahora Mandatario llegó hasta la villa Queronque, donde grabó parte de su franja con un mural de fondo. Dicha escenografía fue planificada por ProCultura, organización que hoy está en el ojo del huracán por la investigación en el marco del lío de platas entre fundaciones y reparticiones del Estado.

El mural, según dio cuenta The Clinic, comenzó a ser planificado por Alberto Larraín, fundador de ProCultura y amigo de Boric, y Alejandro “Mono” González desde septiembre de ese año. El 6 de octubre de 2021, el primero le dijo a este último que hablaran, ya que “Gabriel lo que menos quiere es que sea algo personalista. Es decir no quiere que se centre en él, ni en los logos ni nada”.

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La situación generó que este miércoles la oposición concretara una nueva ofensiva por el caso ProCultura y mantuviera la polémica dentro de La Moneda, donde hoy buscan tomar distancia del tema para así centrarse en la última cuenta pública que dará el Presidente Boric.

En ese sentido, diputados de Renovación Nacional anunciaron un oficio este martes al Servicio Electoral (Servel), para solicitar que se aclare el financiamiento de dicho mural, que semanas después de la visita de Boric se usó como parte de su campaña presidencial.

Desde Chile Vamos solicitaron al Servel que informe si el gasto vinculado al mural se registró debidamente en la contabilidad de la campaña presidencial, pues advierten que no haber sido rendido habría una infracción en la cruzada de Boric.

“De no constar rendición alguna, revisar de manera exhaustiva los antecedentes, ejerciendo si correspondiere la acción penal en su caso y remitiendo los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado”, dice parte del oficio enviado al Servel.

La Moneda evita el tema

El gobierno no abordará públicamente la polémica por el mural de Limache.

Esa es la postura adoptada por Palacio, que se enmarca en su cruzada por desprenderse del caso ProCultura. Por estos días en La Moneda, de hecho, se han concentrado en planificar la última cuenta pública de Boric como Presidente.

En ese sentido, personeros del gobierno coinciden en que quienes deben responder sobre estas dudas son los partidos, en particular el Frente Amplio, la colectividad en la que milita Boric y que se encargó de la planificación de estas actividades.

Dirigentes que estaban en el entorno del entonces candidato Boric en 2021 recuerdan que el principal activo de la -ahora- polémica actividad era la presencia del “Mono” González, a quien el hoy Mandatario admira personalmente.

De hecho, el mismo día en que Boric visitó Limache publicó en su cuenta de X que “hoy tuve el honor de estar con el gran Mono González (fundador de la brigada Ramona Parra en los ’60s) pintando un mural en la Villa Queronque de Limache. Que lindo que en una campaña podamos dejar muestras de cariño y esperanza en los barrios. Seguimos!”.

Boric llegó esa jornada junto al equipo que se hizo parte de su franja, entre los que se encontraban figuras que hoy integran el Ejecutivo, como el director de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), Pablo Paredes.


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El mural -de 7 por 6 metros- coordinado por Larraín fue erigido en Limache, comuna en la que su pareja, Sebastián Balbontín, intentó ser alcalde. El político, que renunció hace unos días al Frente Amplio, figura en fotografías con la escenografía pintada por el “Mono” González.



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Esto no es baladí, de hecho, la agrupación “Barrio Limache”, ligada a Balbontín, también figura como uno de los grupos que impulsaron el polémico mural, cuestionado esta jornada por la oposición.

 
A mi me preocupa el alto nivel de estupidez que tenemos en nuestro país.

Es muy preocupante que exista gente que aún defiende a esta cagá de gobierno y creen que Boric, y la izquierda en todos sus sabores, trabaja para el pueblo y por el pueblo con una real vocación de servicio desinteresada, con una superioridad moral que nadie más que ellos tienen.

En serio hay gente que se cree todo eso.
 
A mi me preocupa el alto nivel de estupidez que tenemos en nuestro país.

Es muy preocupante que exista gente que aún defiende a esta cagá de gobierno y creen que Boric, y la izquierda en todos sus sabores, trabaja para el pueblo y por el pueblo con una real vocación de servicio desinteresada, con una superioridad moral que nadie más que ellos tienen.

En serio hay gente que se cree todo eso.

De qué hay gente imbécil, la hay y en todos los sectores. Pero esos que defienden tanto al gobierno es porque de seguro encontrar un trabajo en el Estado. El frente amplio es la nueva democracia cristiana. Apernados hasta el fin de los tiempos.
 


El tribunal consideró que “Pablo Toloza Fernández, abogado por don Juan Antonio Coloma, tiene la calidad de querellante, (...) resulta procedente el que se haga parte y eventualmente apele de la resolución en aquella parte que le causa agravio".​

Este sábado, la Corte de Antofagasta rechazó la petición de defensa de Josefina Huneeus y decidió visar la revisión de la apelación de la Unión Demócrata Independiente (UDI) ante la Corte Suprema, por el recurso de amparo impulsado por la defensa de la psiquiatra.

La UDI presentó el pasado miércoles un recurso de apelación ante la Corte Suprema para lograr dejar sin efecto el fallo que declaró ilegal el “pinchazo” a Huneeus, en el marco de la investigación por presunto fraude al fisco en el Caso ProCultura.

Esto. tras la declaración de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que indicó la ilegalidad de las diligencias llevadas a cabo por el fiscal Patricio Cooper. Tras su veredicto, la Corte ordenó eliminar los registros obtenidos, lo que desencadenó la remoción del persecutor de la investigación. Todo, impulsado por un recurso de amparo de parte de la defensa de Huneeus.

Fue así que el abogado Pablo Toloza, en representación diputado Juan Antonio Coloma (UDI), presentó un recurso en el que impugna esta resolución del tribunal. De acuerdo a la apelación, se indicó que las interceptaciones no se dirigieron a una persona específica, sino al número telefónico de un imputado formal en la causa, lo que, para la UDI, se ajusta plenamente a derecho.

Ahora bien, este domingo la Corte de Apelaciones decretó que la apelación de la UDI deberá ser revisada por la Corte Suprema.

De acuerdo al folio N°27, el Juzgado de Garantía indicó que “en la cual don Pablo Toloza Fernández, abogado por don Juan Antonio Coloma Álamos, tiene la calidad de querellante, quien no fuera oportunamente emplazado en esta causa, no obstante que lo resuelto le afecta directamente, resulta procedente el que se haga parte y eventualmente apele de la resolución en aquella parte que le causa agravio".

Con ello, se acogió el trámite del recurso de la UDI para que se rechace el amparo presentado por el abogado de Huneeus, Alejandro Awad Cherit.
 

Caso ProCultura: Corte Suprema fija fecha para revisar apelación al recurso de amparo de Josefina Huneeus

Tanto la Fiscalía como el diputado Juan Antonio Coloma –querellante en la causa– buscan que se declare legal la interceptación telefónica del celular de la exesposa de Alberto Larraín.​

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Fue el pasado jueves cuando el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro, y el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) –representado por el abogado Pablo Toloza– apelaron a la Corte Suprema para revertir el fallo que declaró ilegal el “pinchazo” a Josefina Huneeus.
Esto, luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogiera el recurso de amparo que interpuso la psiquiatra, ordenando eliminar los registros obtenidos, en el marco de la investigación del caso ProCultura.

En su apelación, el fiscal Castro acusó que la resolución del tribunal de alzada contiene manifestaciones “que encuentran sintonía con opiniones personales o consideraciones de orden político”.

Es así que tanto el persecutor como el diputado –querellante en la causa– buscan que revertir el fallo y que se declaren legales las diligencias en torno a Josefina Huneeus, y las “resoluciones que de ellas derivaron“.

Finalmente, la sala penal de la Corte Suprema fijó para el próximo 2 de junio la revisión de los alegatos de las apelaciones al recurso de amparo de la psiquiatra.

 

ProCultura: Las reuniones por lobby de Alberto Larraín con ministros en los primeros años del gobierno de Boric

Según la plataforma InfoLobby, Alberto Larraín registra 18 reuniones con autoridades durante la actual administración, en la que los aportes públicos a ProCultura aumentaron más de 10 veces. Entre los funcionarios con quienes se juntó por Infolobby estuvieron Antonia Urrejola, Marco Ávila, Julieta Brodsky y Carlos Montes. También hay subsecretarios y funcionarios de varias reparticiones de Gobierno.




Las redes de Larraín. El 19 de noviembre, el fiscal Eduardo Yáñez tomó declaración en calidad de imputada a la exdirectora de estudios de ProCultura, María Teresa Abusleme. Durante el interrogatorio, el persecutor preguntó cómo la fundación lograba obtener convenios con reparticiones públicas.

  • Abusleme respondió que fue “producto de las gestiones que realizaba Alberto Larraín”, fundador de ProCultura y figura más visible de la ONG investigada desde julio de 2023 por los delitos de posible fraude al fisco y eventual financiamiento irregular de la política.
  • “Alberto se reunió con todos los gobernadores, principalmente con Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Valparaíso, Ñuble, Biobío, Aysén y Magallanes”, relató.
  • “Alberto siempre se ha jactado de sus reuniones con ministros de Estado, entre ellos Ministerio de las Culturas, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Vivienda, el director de la Subdere, Miguel Crispi“.
Qué dice InfoLobby. Según consta en la plataforma InfoLobby, entre 2018 y 2024, Alberto Larraín sostuvo 79 reuniones de lobby con autoridades, entre las que se cuentan ministros, subsecretarios, seremis, alcaldes y gobernadores.

  • De ellas, 18 ocurrieron después del inicio de la actual administración, durante la cual los ingresos de ProCultura desde reparticiones públicas aumentaron más de 10 veces, pasando de $316.849.723 en 2021 a $3.282.841.556 en 2022.
  • El Presidente Boric tenía una relación muy cercana con Larraín, quien era psiquiatra de uno de sus hermanos, lo asesoró en temas de salud mental en el Congreso, escribieron columnas en conjunto y pensó nombrarlo ministro de Desarrollo Social. Su ex pareja, Irina Karamanos, trabajó en ProCultura.
  • Las 61 audiencias restantes tuvieron lugar durante el segundo gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera.
La reunión con Urrejola. El 22 de marzo de 2022, a 11 días de iniciado el actual mandato, Larraín se reunió con la entonces ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola. A la cita, el psiquiatra llegó acompañado de la exdirectora regional de ProCultura en Magallanes, Macarena Fernández, y la representante legal de la fundación, María Constanza Gómez.

  • Según InfoLobby, la reunión se realizó a las 11:30 horas en el piso 5 de la Cancillería y se extendió por 60 minutos. El tema tratado fue la “declaratoria patrimonial humanidad Torres del Paine”.
  • En días previos, Alberto Larraín comentó de esta reunión al gobernador de Magallanes, Jorge Flies, por WhatsApp.
  • El 21 de marzo, el líder de ProCultura le escribió: “Ayer hablé con el Presidente. Está muy entusiasmado con el anuncio de lo de Torres del Paine. Mañana conversaré con la ministra de relaciones exteriores. Y empezamos a avanzar y ver la reunión con ustedes”. “Excelente”, le respondió Flies.
  • Tras la reunión, Larraín le envió una foto con Urrejola con el mensaje “todo ok para lo de Torres del Paine”, a lo que el gobernador contestó: “Felicitaciones”.
  • El psiquiatra detalló: “Convocará a la mesa con la ministra de cultura, Conaf, Subdere y medio ambiente y uds. Y la muni. Para que avancemos y el anuncio se haga en 50 días” y Flies dijo: “A disposición”.
Encuentros con ministros del FA. A las 14:00 horas del 8 de abril de 2022, Larraín llegó hasta el edificio del Mineduc, en la Alameda, para reunirse con el entonces titular de Educación, Marco Antonio Ávila, acompañado por la directora de Educación e Identidad de ProCultura, Daniela Guerrero.

  • La cita se extendió por 60 minutos y, según InfoLobby, el tema tratado fue “Educación, identidad y salud mental”.
  • La misma plataforma registra una reunión de media hora con la exministra de las Culturas, Julieta Brodsky, el 2 de marzo de 2023, en la que se abordó el “Trabajo por Sitios de Patrimonio Mundial Unesco desde Fundación ProCultura”. A esta cita, Larraín asistió solo, representándose a sí mismo.
  • Ávila y Brodsky, que ya no están en el gabinete, pertenecen al Frente Amplio, al igual que Larraín.
Con Montes. El 28 de junio de 2023, a 12 días de que estallara el caso Democracia Viva, el ministro Carlos Montes convocó a una reunión a representantes de 18 fundaciones relacionadas al trabajo con campamentos, como la Fundación para la Superación de la Pobreza y Techo Chile. Alberto Larraín y Constanza Gómez asistieron al encuentro representando a ProCultura. Gómez era su gerenta general.

  • La reunión duró una hora y se realizó en el cuarto piso del Minvu. La materia tratada fue “conocer aspectos relevantes en relación a las tareas que las organizaciones cumplen en el marco de intervención en campamentos”, tras el escándalo detectado en Antofagasta por los convenios por $426 millones con Democracia Viva.
  • En su declaración ante la Fiscalía, Gómez relató el encuentro y afirmó: “El ministro Montes nos señala que siguiéramos con los proyectos, asegurándonos que no nos íbamos a encontrar con contingencia. No obstante, mi conclusión fue que el ministro no cumpliría su compromiso”.
  • “Le planteé a Alberto que teníamos que empezar a ver la quiebra de la fundación, contestándome Alberto que no, diciéndome ‘te pasaste 18 pueblos, cómo se te ocurre que vamos a dejar 200 familias tiradas y botar 15 años de trabajo a la basura por 2 titulares que sabemos que son mentira'”.
Dos reuniones en el Minvu. Larraín sostuvo dos reuniones con el jefe de la División de Política Habitacional del Minvu, Carlos Araya. La primera fue 14 de abril de 2022 y en ella se hizo una revisión de los proyectos realizados entre ProCultura y el ministerio, y se analizaron iniciativas para retomar.

  • La segunda fue por videoconferencia el 14 de abril de 2023 y se abordó la posibilidad de “poder trabajar en subsidios para re-acondicionar viviendas o remodelar para disponibilisar (sic) nuevas unidades de arriendo”.
Con subsecretarios. También se juntó con el exsubsecretario de Energía, Julio Maturana, para referirse a materias de luz; y con la exsubsecretaria de Patrimonio Cultural, María Paulina Soto, con quien habló sobre “1. Patrimonio de la humanidad Chiloé: 2. nuevos patrimonios de la humanidad lota / Torres del Paine. 3. Museo Cielo Abierto de Limache de Mono González”.

  • Asimismo, tuvo una reunión con la exsubsecretaria del Deporte, Antonia Illanes, para abordar la “Presentación propuesta espacios comunitarios deportivos para las comunas de Pisagua, Tierra Amarilla, Limache, Til Til, Lota y Porvenir”.
  • InfoLobby registra, asimismo, encuentros con funcionarios de otros ministerios y seremías, siendo las entidades más recurrentes las ligadas al Ministerio de las Culturas —como el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural (Serpat) y el Consejo de Monumentos Nacionales— y el Ministerio de Vivienda.
La última reunión. Pese a que ProCultura cerró oficialmente el 17 de noviembre de 2023, el 8 de enero de 2024 Larraín y Constanza Gómez se reunieron en forma telemática —por una hora— con Paz Carmona, jefa de gabinete del Serpat e hija del presidente del PC, Lautaro Carmona.

  • El objetivo del encuentro fue conversar sobre la Estación de Trenes de Bienes Nacionales de Tierra Amarilla.
  • La concesión de esa centenaria estación ferroviaria ubicada en el sector de Punta del Cobre, Región de Atacama, estaba a cargo de ProCultura desde diciembre de 2019, luego de que Bienes Nacionales se la traspasara con el fin de resguardarla.
  • Alberto Larraín no registra más audiencias por Ley de Lobby en 2024 y 2025.

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Por qué bajaron el sitio web de ProCultura y qué decía

En el sitio, la fundación de Alberto Larraín mostraba el detalle de los proyectos que se adjudicó con financiamiento público y privado y que hoy son indagados por Fiscalía por eventual fraude al fisco. En la categoría “nuestros partners”, señalaban que “hemos recibido financiamiento de otras entidades del Estado como la Subsecretaría de Desarrollo Regional dependiente del Ministerio del Interior”.


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Esta semana dejó de funcionar el sitio web de la Fundación ProCultura www.procultura.cl, la ONG fundada por el psiquiatra Alberto Larraín e investigada por eventual fraude al fisco y otros delitos en transferencias por $6 mil millones que recibió del Estado. Actualmente en la página aparece el mensaje “sitio no disponible”.

El dominio del sitio fue inscrito en 2010 por la fotógrafa Patricia Ilonka Csillag, cofundadora de ProCultura junto a Larraín, y tenía vigencia hasta julio de 2026 con posibilidad de renovación.

Según un informe elaborado por la PDI, el servidor del sitio estaba inicialmente a cargo de la empresa Hostito Chile S.A., sin embargo tras el estallido del caso Convenios, en octubre de 2023, dejaron de pagarle los servicios de almacenamiento por lo que se interrumpió el contrato. El nuevo servidor quedó a cargo de la empresa Hostname, que prestaba servicios informáticos a ProCultura, incluyendo el respaldo del sitio web y la creación de los correos electrónicos corporativos de los funcionarios.

Sin embargo, el 19 de mayo ProCultura dejó de pagar la administración del servidor y la página se bajó definitivamente.

El sitio web tenía el detalle de todos los proyectos desarrollados por la fundación con sus aportes públicos y privados, el equipo de trabajo, así como fotografías y videos de las distintas iniciativas. Además contaba con un buscador de proyectos por año, zona y área temática, y de una categoría llamada “territorios” con los convenios adjudicados por región.

Varios de esos proyectos hoy están siendo investigados por Fiscalía como el Programa Quédate de prevención del suicidio que Larraín firmó con el gobernador de la Región Metropolitana por $1.600 millones, de los cuales la fundación sólo rindió $600 millones.

En el sitio web de la fundación había numeroso registro de la actividad de muralismo en la Región de Valparaíso.

Un dato llamativo es que en la sección “nuestros partners” del sitio web, señalaban junto a diversos aportes del sector público y privado que “hemos recibido financiamiento de otras entidades del Estado como la Subsecretaría de Desarrollo Regional dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Corfo, entre otros”.

Esto pese a que Subdere no entrega recursos directamente a fundaciones privadas sino que canaliza las inversiones de los gobiernos regionales. El rol de Subdere ha sido indagado por Fiscalía, ya que el ex subsecretario Miguel Crispi validó a ProCultura para suscribir un convenio cuestionado con el Gobierno Regional de Antofagasta y además autorizó modificaciones presupuestarias en otros gobiernos regionales para financiar convenios.

En su sitio web ProCultura se definía como “una fundación sin fines de lucro, cuya principal misión es velar por el bienestar de las personas a partir del fortalecimiento de su identidad y su arraigo territorial. Con 14 años de experiencia y más de 300 proyectos ejecutados, aborda a las comunidades tanto en sus dimensiones naturales, culturales, de habitabilidad, fomento productivo, educación y salud mental”.

“Gracias al apoyo de instituciones públicas y privadas, Fundación ProCultura puede ejecutar proyectos de restauración, puesta en valor del patrimonio, difusión cultural y desarrollo social que tienen como eje conductor la identidad territorial en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Biobío, Los Lagos, Aysén y Magallanes”.

La Fundación anunció su cese de funciones a fines de 2023, tras estallar el escándalo.

 

Por qué Fiscalía indaga el primer contrato de ProCultura con la Gobernación Metropolitana y la respuesta de Orrego

En febrero de 2022, pocos meses antes del convenio Quédate de prevención del suicidio, el Gobierno Regional Metropolitano contrató una consultoría de ProCultura para temas de salud mental. Aunque es un monto menor ($6,6 millones) Fiscalía ha interrogado a funcionarios del Gore sobre esta transferencia que da cuenta de los primeros vínculos con la fundación de Alberto Larraín y que, según testimonios, fue un mecanismo para pagar los servicios de la jefa de estudios de ProCultura, María Teresa Abusleme.

Declaración. En su declaración como imputado del 17 de diciembre de 2024, el gobernador Claudio Orrego fue consultado por Fiscalía respecto a otro contrato que había suscrito el Gobierno Regional Metropolitano con la Fundación ProCultura, previo al convenio para el programa Quédate de Prevención del Suicidio indagado por eventual fraude al fisco.

  • Orrego dijo que desconocía ese primer contrato.
  • “A su consulta, desconozco todo antecedente respecto a la contratación de la fundación “Procultura” a través de un trato directo por “servicio especializado”. Dicho contrato lo supe ayer lo que fue informado por Manuel Gallardo (administrador regional) a instancia de que se estaban recopilando antecedentes para la presente declaración. En ese punto, quiero indicar que los contratos de menor cuantía los delego en las jefaturas pertinentes a cada caso”, señaló.
Los detalles. El contrato al que apuntaba Fiscalía se trata de una orden de compra emanada por el Gobierno Regional Metropolitano el 22 de febrero de 2022, cuatro meses antes que el Consejo Regional aprobara el convenio con ProCultura para el programa Quédate.

  • Según información disponible en Mercado Público, se trata de una consultoría que realizaría la fundación denominada “Servicio Especializado para formulación de perfil de un estudio y de un programa de Inversión para la División de Desarrollo Social y Humano del GORE RMS” bajo el ítem “programas de salud pública”.
  • El monto pagado fue de $6.600.000. Una cifra sustancialmente menor a los $1.600 millones pagados por el convenio de prevención del suicidio, pero que da cuenta de los primeros vínculos financieros entre el Gobierno Regional y la fundación de Alberto Larraín.
Extensión de plazo. Aunque ProCultura tenía un plazo para elaborar el informe de 63 días, pidió una prorroga y el 25 de mayo de 2022 la división de administración y finanzas del Gore, emitió otra resolución exenta que les extendió el plazo en 30 días.


Qué indaga Fiscalía. Según consta en la carpeta de investigación del caso ProCultura, donde se indaga la pérdida de $1.000 millones que la fundación no rindió a la gobernación por el programa Quédate, Fiscalía ha realizado diversas consultas sobre el primer contrato previo al convenio.

  • Fiscalía preguntó por dicha consultoría a varios funcionarios del Gore y a empleados de ProCultura.
  • “No obstante, desde el departamento jurídico, nos informaron que para contratar servicios especializados no era posible realizarlo a través de una persona natural. Proponiendo María Teresa que podríamos hacerlo a través de fundación “Procultura” ya que ella trabajaba en esta”, señaló.
  • Los empleados con dobles funciones que son pagados por fundaciones privadas mientras trabajan en el servicio público, es una de las situaciones irregulares que se investigan en las diversas aristas del Caso Convenios.


 
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