Caso ProCultura: el tsunami judicial que se le viene al oficialismo

Si destituyen a Orrego, será tremendo poroto para Republicanos.

Le allanaron la casa al parecer al carita de oso.

PaoPao888 dijo:

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la pinta de vagos y conchesumadres los 4
-gordo que se tapa la papada con barba= saco wea
-wn de 30 40 años con barba candado= conchesumadre sinverguenza culiao

ironman_3_16 dijo:

Si destituyen a Orrego, será tremendo poroto para Republicanos.

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Y si no lo logran destituir por culpa de Chile fuimos, es el fin de la carrera presidencial de la Soa Eve.

Lazos de amor y fondos públicos: la red de parejas en ProCultura​

Al menos cuatro “pololos” de directivos de ProCultura se habrían visto beneficiadas de alguna u otra manera con fondos de la fundación. El caso más emblemático es el de la pareja de Alberto Larraín, Sebastián Balbontín.

El espíritu de la fundación ProCultura se lo fue dando su propio fundador, el psiquiatra Alberto Larraín. “ProCultura es un gran carrete”, dijo en el chat del directorio en 2018, y no sólo era una sensación personal, pues los mandamases de la organización efectivamente tenían lazos de amistad desde antes de integrarla. Pero los vínculos se extendieron más allá, y así como Larraín gestionó -ProCultura de por medio- un mural, también un auto y posiblemente una casa en Limache para la campaña a alcalde y consejero regional de su pareja, Sebastián Balbontín; las duplas sentimentales de otros integrantes del grupo también tuvieron un rol en ProCultura.

Una pasó de ser community manager a encargada de un área del proyecto más cuantioso de la fundación en Biobío, otra se situó como la arquitecta más relevante del sector sur de ProCultura, mientras que un tercero, fue recomendado por su propia pareja para que -presuntamente- trabajara para el Gobierno Regional Metropolitano, pero con aportes de ProCultura para su sueldo.

Las pololas de ProCultura Biobío​

En la Región del Biobío trabajaba gran parte de la cúpula de ProCultura y desde allí surgieron al menos un par de parejas.

Camila Aguirre era polola del subdirector ejecutivo y director de Ciudad y Vivienda Identitaria de ProCultura, Pablo Marinao, uno de los directivos de la fundación que tenía su teléfono “pinchado” por el Ministerio Público.

Quienes la conocieron en ese cargo relatan que además de subir en su posición dentro de ProCultura, también llamaba la atención los gastos en que incurría en actividades sociales, deslizando que podrían haber sido a cargo de la fundación.
En la carpeta investigativa se consignan al menos 547 gastos que rindió la diseñadora a ProCultura. Van desde peajes, bencina, hoteles y asuntos propios de la labor, hasta sushi, comida china, pizzas y restaurantes, incluso hasta altas horas de la noche. Aunque no era la única.


La arquitecta Camila Martorell, en tanto, es pareja del abogado Francisco Fuentes Araya, entonces director del Área de Medioambiente de ProCultura y responsable también del Circuito Turístico y Patrimonial de Lota. Fuentes conocía a Alberto Larraín desde su paso por la DC y fue quien creó la Agencia de Turismo Patrimonial Spa, empresa que le brindaba servicios a ProCultura en los proyectos que se ganaba con fondos públicos.

La arquitecta, que tuvo que elaborar los expedientes para la postulación de Lota como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco y supervisó la restauración del Parque Isidora Cousiño, comenzó su relación con Fuentes en el año 2021 y para el momento en que este prestó declaración ante la PDI (el 4 de marzo de este año), estaban comprometidos.

Uno de los asuntos de interés durante el interrogatorio fueron las transferencias entre ambos, incluyendo unas efectuadas en agosto de 2023 por $5.000.000 y otra por $3.000.000 que, según Fuentes, correspondían a recursos propios que él le transfirió “para el pago del pie de un departamento que estaba comprando Camila”. No obstante, ese no necesariamente sería el domicilio familiar pues ya en julio de ese año Fuentes había comprado un inmueble por un valor de 2.500 UF. “Quiero agregar que el motivo de la compra de mi departamento y el de mi pareja Camila, se deben a que como sabíamos que nos quedaríamos sin trabajo, no podíamos postergar más la negociación del crédito hipotecario porque nos quedaríamos sin sueldo”, declaró Fuentes.

En enero de 2025, Martorell entró a trabajar a contrata en el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat) en Santiago, aunque en paralelo, el mismo mes se ganó un Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart) en la línea de investigación con el proyecto “Paisaje funerario del Gran Concepción: Arquitectura, patrimonio y territorio”. Se le asignaron poco más de $16 millones.

Pero no fue su expertise la que le hizo cobrar relevancia en el Caso Convenios, sino sus vínculos familiares. La arquitecta es hija de Daniel Martorell, consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE), y según declaró su pareja, la posición de su suegro interesó a Alberto Larraín: “Fue tema de conversación con Alberto Larraín y María Constanza Gómez la situación de Daniel Martorell, ya que éstos sabían quién era el padre de Camila, quienes me preguntaban si mantenía información respecto a ProCultura en su rol de jefe de la unidad penal del Consejo de Defensa del Estado. A lo que yo les respondí que no había ninguna posibilidad en la vida que yo pudiera preguntarle algo a mi suegro sobre ProCultura, descartando de plano alguna gestión al respecto”.

Durante su paso por ProCultura tanto ella como su pareja fueron invitados al extranjero. Fuentes a Polonia -dijo que convidado por el Ministerio de Culturas de ese país- y Martorell a Francia, invitada por esa nación.

Una recomendación que venía demasiado de cerca
Otra pareja sentimental que se vio cruzada por la polémica de ProCultura fue la de la socióloga María Teresa Abusleme y del psicólogo Gabriel Prado. Ella era la directora de Estudios de la fundación cuando, en plena instalación del programa “Quédate”, financiado por el Gobierno Regional (Gore) Metropolitano para la prevención del suicidio, recomendó la contratación de su pareja, presuntamente, para realizar trabajos más allá del programa, pero siendo su sueldo financiado por ProCultura, cuestión que se investiga.


Larraín confirmó también que Abusleme y Prado viajaron a Costa Rica. Prado lo hizo por medio de una invitación gestionada por el Gore, pero ProCultura le pagó un viático. “El propósito era visibilizar internacionalmente a la fundación”, reconoció otra extrabajadora de ProCultura. En una conversación entre Prado y Larraín, este le dice que “lo manda” al extranjero porque le servirá mucho, a lo que el psicólogo responde: “Siento que no es parte de las funciones que estoy desarrollando”, y el psiquiatra replica: “Nosotros te tenemos en préstamo allá”. Dentro de la fundación decían que lo tenían en «comisión de servicio», figura que se usa en el mundo público, pero no con privados.

El gobernador Claudio Orrego ha insistido en que él no conocía a Prado ni menos pidió que una persona contratada por ProCultura desempeñara otras labores en el Gore. Sin embargo, hay mails internos de Abusleme, como el del 20 de febrero de 2023, donde señala que “este contrato es una petición directa del gobernador Claudio Orrego en reunión que sostuvo con Alberto, a quien copio”.

El Gore, en tanto, ha insistido en que la labor de Prado fue la de enlace entre lo programado por ProCultura y lo que se debía hacer en el Gobierno Regional.

Un amor dadivoso
La compra de una casa para que sirviera de sede para su campaña, un auto con el mismo objetivo, la realización de un mural inaugurado con la presencia del entonces candidato presidencial Gabriel Boric, y viajes a Isla de Pascua en clase business. Alberto Larraín no tenía reparos en realizar gestos hacia su pareja, Sebastián Balbontín, con quien ha estado durante más de cinco años.

La relación entre el exmilitante frenteamplista y el fundador de ProCultura también ha sido objeto de interés en la investigación, especialmente para determinar el origen de los fondos que le permitieron a Larraín ser tan generoso.

Y es que, por ejemplo, Josefina Huneeus, quien estuvo casada con Larraín desde enero de 2007 hasta septiembre de 2021 (14 años), aseguró en una conversación con su madre, Marta Lagos, que nunca en su vida ha pisado la isla. En cambio, en el mismo diálogo afirma estar “segura” de que Larraín pagó los pasajes a Rapa Nui “con plata de ProCultura”, fundación que en muchos casos lograba financiamiento con recursos del Estado. No obstante, Huneeus señaló que con ese dinero “invitó a la nana, al pololo, a mis niños. Todo con plata de ProCultura y un año se fueron en primera porque no habían asientos en económico”.

La psiquiatra reiteró sus sospechas al ser interrogada por la PDI. Ahí contó que los viajes los hicieron en el mes de enero del 2022 y 2023. “De este segundo viaje fue el que Alberto Larraín me comentó que devolvió los fondos”, ya que es el que habría hecho en business.

Otro aspecto que la exesposa de Larraín destacó fue la compra realizada por su exsuegro, Alberto Larraín Lohmayer, de una casa en Limache, la cual posteriormente fue arrendada a la Fundación ProCultura. En resumen, la compra de la propiedad fue realizada con el propósito de que la fundación la arrendara.

Pero el asunto se complica porque según declaraciones contenidas en la carpeta investigativa esta casa habría sido utilizada por Balbontín para hacer campaña cuando este aspiraba a la Alcaldía de Limache, un asunto del que estaban al tanto otros de los funcionarios de ProCultura.

Por ejemplo, Francisco Fuentes declaró que era sabido que “la fundación abrió la sede en Limache exclusivamente por Sebastián Balbontín, incluyendo el arriendo de la casa utilizada, la que había sido comprada por el padre de Alberto Larraín. Desconozco la imputación de los fondos utilizados por la fundación para dicho arriendo y mantención. Este ‘proyecto’ en Limache, en mi opinión, no guardaba relación con lo que venía realizando en otros territorios”.

En un tono similar alude al tema María Teresa Abusleme: “Yo sé que Alberto (Larraín) le compra un auto a Sebastián (Balbontín) para que realice su campaña de manera más fácil y además Alberto gestiona con su padre la compra de una casa en Limache, la cual remodela y queda a disposición de la campaña política y que funcionaba el equipo de ProCultura”.

En una conversación que fue pinchada por la PDI, Abusleme ahonda en el tema y se refiere a Balbontín como “expololo”.

Abusleme: “Bueno, para que tú sepas, porque yo me enteré de esto en las 10 horas y media que estuve declarando. El papá de Alberto Larraín compró una casa en Limache. Casa que era para que este expololo hiciera campaña. Y Alberto Larraín desde la fundación ProCultura le pagaba un arriendo a su papá”.

Interlocutor: “O sea, compró una casa y le pagaba el arriendo”.

Abusleme: “Justo, justo”.

Interlocutor: “Y la casa es de él”.

Abusleme: “Claro, y junto con eso, contrataron a todo el Frente Amplio de Limache, entonces esta casa donde le pagaban arriendo al papá de Alberto, porque en el fondo la compró… Alberto le pide a su padre que la compre y luego Alberto le paga arriendo”.

Interlocutor: “Para…”.

Abusleme: “Y esa era la casa donde operaba para, para que este gallo saliera alcalde”.

Además, existen transferencias bancarias “sospechosas” de Larraín a Balbontín por un monto total de $53.442.000 entre julio de 2021 y enero de 2024 que están siendo investigadas.

Antes de criticar a Claudio Orrego, miren lo que logro hacer:

Nadie antes de el habia logrado tener la Alameda limpia, incluso le decian que era imposible. No creo que los Republicanos logren algo asi.

spyrox dijo:

No va a pasar nada.

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Vengo a dejar mi cita semanal.

María Constanza Gómez, representante legal de la ONG, presentó una cautela de garantías que podría reactivar el caso, que se ha visto paralizado con el cambio de fiscales.​

En buen chileno, la actriz María Constanza Gómez -exrepresentante legal de ProCultura-, tomó la sartén por el mango y solicitó a tribunales que la Fiscalía de Antofagasta explicite por qué delitos la está investigando y -de esa forma- acelerar la formalización de investigación en su contra y de la cúpula de la ONG fundada por el siquiatra Alberto Larraín.

En un escrito, al que accedió La Tercera, ingresado por sus abogados Alejandro Alegría y Sebastián Soto, la otrora brazo derecho de Larraín presentó una cautela de garantías, cuya audiencia quedó fijada para el 21 de julio. Ahí expone que se estaría vulnerando el debido proceso y su derecho a defensa técnica, ya que en audiencias que se han desarrollado en el caso se han sostenido otros delitos distintos por los cuales ella fue citada a declarar.

Cabe recordar que el caso ProCultura sufrió el cambio del equipo investigador, tras el duro revés que el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, tuvo en la Corte de Apelaciones de Antofagasta cuando acogió un amparo presentado por la defensa de Josefina Huneeus, exesposa de Larraín, por la interceptación ilegal de sus conversaciones telefónicas. De ahí el caso se traspasó al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro, quien hasta el día de hoy no ha tomado decisiones judiciales de -por ejemplo- una formalización.

Acceso al expediente
Gómez parte sus alegaciones sosteniendo que sus abogados no han podido acceder al expediente del caso en el que posee calidad de imputada.

“Los días 27 y 30 de mayo, y 2 de junio, todos del 2025, directamente y a través de mis abogados defensores, se le solicitó al fiscal regional de Antofagasta, Sr. Juan Castro Bekios (a través de correos electrónicos), entrega de: (i) copia de la información que contienen los dispositivos electrónicos que entregué de manera voluntaria el día 9 de octubre de 2024; (ii) copia de los correos institucionales de la fundación PROCULTURA; (iii) copia de la información contenida en los dispositivos electrónicos incautados a los imputados don Francisco Fuentes Araya y a don Alberto Larraín Salas; y (iv) copia actualizada de la carpeta de investigación”, se lee en el documento.

Asociación ilícita
Junto con esto expone que el 2 de junio pasado, el fiscal Eduardo Ríos, “junto con desconocer la designación que hice de mis defensores particulares, aprovechó de informar que la única forma de obtener copias actualizadas de la carpeta de investigación era concurriendo personalmente a la ciudad de Antofagasta, y no se pronunció respecto de las otras peticiones”.

En esa misma línea, Gómez refiere a que en la tramitación del amparo de su amiga, Josefina Huneeus, fue la propia Fiscalía que explicitó ante tribunales que no solo indaga el delito de fraude al Fisco y lavado de dinero, sino también una asociación ilícita y que es deber del Ministerio Público transparentar dichos cargos.

“El persecutor ha informado a la Corte de Apelaciones de Antofagasta que se me está investigando por delitos distintos a los que se me informó cuando presté declaración. En lo particular, durante los alegatos de la vista de la causa del día 15 de mayo, don Eduardo Yáñez, en lo que fue una verdadera primicia profusamente cubierta por la prensa ⎯hasta entonces no había ningún indicio de esta imputación en la carpeta de investigación⎯ afirmó que: “(...) a la fecha investigábamos los delitos de fraude al Fisco, lavado de activos y hoy día, yo me atrevería inclusive a agregar el delito de asociación ilícita y el de administración fraudulenta”.

Con todo, el Juzgado de Garantía de Antofagasta ya agendó una fecha para que se discuta esto mismo pero en audiencia.

Lo que viene​

Lo importante, señalan fuentes conocedoras del caso, es si el fiscal Castro va a tomar la posta que le entregó su par de Coquimbo que -junto a la Fiscalía Nacional- poco antes que lo sacaran del caso tenía lista la formalización de 16 integrantes de la ONG y la solicitud de prisión preventiva para varios de ellos, incluida la de Gómez y Larraín.

En camión escoltado por Carabineros llevaron las evidencias del caso ProCultura a Antofagasta​

Causa vinculada a la fundación del psiquiatra Alberto Larraín fue trasladada desde La Serena con custodia policial. Hasta el momento la investigación desformalizada acumula ya 70 mil fojas.

A bordo de un camión ¾, que durante todo el viaje fue escoltado por patrullas de Carabineros, en medio de un completo sigilo, fueron transferidas hace más de una semana todas las evidencias del caso ProCultura, desde la Fiscalía de La Serena hasta la de Antofagasta.

La causa, como se recordará, fue transferida desde la Fiscalía Regional de Coquimbo hasta la de Antofagasta, a mediados de mayo, después que así lo decidiera el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, una vez que la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogiera un recurso de amparo interpuesto por la defensa de la psiquiatra Josefina Huneeus.

Luego de que un equipo de fiscales de Antofagasta, liderados por el Fiscal Regional Juan Castro Bekios, revisara las evidencias y documentación levantadas en la causa, se decidió –sin perjuicio de los respaldos digitales de la misma– el traslado de toda la evidencia física y las cerca de 70 mil páginas que ya acumula la investigación hacia Antofagasta.

Para ello, y dado el volumen de los tomos, fue necesario disponer de un camión, determinándose además que este fuera acompañado por la policía uniformada en todo el trayecto (de casi 900 kilómetros), a fin de que no quedaran dudas acerca de la cadena de custodia de los mismos, así como de los elementos electrónicos que se han incautado.

Ahora, los tomos son revisados por un equipo de tres fiscales, encabezado por Castro, al cual probablemente se una un cuarto persecutor.

Campaña de Orrego en 2021 pagó más de $200 millones a sociedades de su colaborador Jaime Pilowsky y de su esposa​

Como que desde que sacaron a Cooper de todos los casos pues se siente que se empantanaron y se están apagando/cerrando.

spyrox dijo:

No va a pasar nada.

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Citandome.. otra vez.

Al final se salieron con la suya, ahora casi nadie habla de esto ni los medios de comunicación.

DashRendar dijo:

Al final se salieron con la suya, ahora casi nadie habla de esto ni los medios de comunicación.

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Esa era la idea , pero acuérdate que eventualmente habrá un gobierno de derecha y le.hincara el diente a esta wea


Segun que son 1,5 billones de dólares los despilfarrados por los comunistas en estos 4 años

Creo que nunca hubo un robo a mano armada más grande que este

Como de esperarse no pasó ni una wea, el chileno perdió el espíritu de lucha

Gobierno pone la lápida a ProCultura: Justicia pide disolución de la ONG y apunta a enriquecimiento ilícito de Alberto Larraín​

Tras una amplia revisión la cartera comandada por Jaime Gajardo estableció que la ONG habría desviado fondos para la ejecución de programas y proyectos a pagos de remuneraciones y honorarios. Alrededor del 70% de los gastos se destinaban a ese ítem y solo el 30% al cumplimiento del "objeto social".​

La fundación ProCultura y sus exfuncionarios enfrentan complejos escenarios no tan sólo en sede penal. Si bien, el principal desafío que tienen es la indagatoria criminal que lleva adelante el Ministerio Público, con miras a esclarecer la ocurrencia de distintos ilícitos, existe también una instancia que está a manos del Gobierno y que se activó hace algunos días por parte del departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia.

De acuerdo con antecedentes recabados por La Tercera, la cartera comandada por Jaime Gajardo (PC), ya envió al Consejo de Defensa del Estado (CDE) las conclusiones del análisis administrativo de la ONG, tras lo cual le solicitó iniciar las acciones para disolver de manera definitiva la entidad.

Lo anterior, luego de advertir que la fundación creada en 2010 por Alberto Larraín, Ilonka Csillag y Dolores Casanova, no respondió de forma íntegra los requerimientos realizados en el marco del procedimiento instruido por el organismo, el 29 de junio de 2023, y que tampoco se atendiera a los funcionarios que visitaron con insistencia los domicilios que habían registrado.

Pero, aunque dicho incumplimiento es considerado grave y hubiese sido suficiente para avanzar en la disolución de la entidad, no fue lo único que advirtieron los profesionales de Justicia.

La ONG desvió fondos públicos​

De hecho, en medio de la solicitud que remitió el subsecretario del ramo, Ernesto Muñoz, al presidente del CDE, Raúl Letelier, se enfatizó en que la fundación habría desviado fondos percibidos para la ejecución de programas y proyectos a pagos de remuneraciones y honorarios.

Conforme al detalle, entre los años 2018 y 2022, en promedio, el 70,35% de los gastos de ProCultura correspondían a remuneraciones y honorarios, mientras que sólo el 29,65% al cumplimiento de su objeto social.

Se ejemplifica, en el mismo sentido, con lo ocurrido en 2022, cuando los gastos por salarios ascendieron a $ 1.980.841.722, mientras que sólo $ 641.561.349 estaban vinculados a los proyectos.



Así las cosas se hace presente que, en base a los antecedentes recopilados durante el proceso, la ONG infringió gravemente sus estatutos, “desnaturalizando el fin propio de la fundación, entendida esta como un patrimonio puesto al servicio de un objeto, distinto del enriquecimiento de los partícipes de la misma, existiendo además un falta de coherencia entre los fines propios de la entidad y sus actividades en cumplimiento a dichos fines”.



Alzas periódicas
En medio de las observaciones destacadas por Justicia, también se mencionó la existencia de alzas periódicas y sin justificación en las remuneraciones pagadas a ciertas jefaturas de los proyectos adjudicados a la fundación, al igual que en los ingresos que obtenían directivos y los mencionados fundadores, salvo Casanova.

En el caso de Alberto Larraín, se precisó que su renta, entre 2018 y 2022, pasó de $ 29.700.000 a $ 94.445.764. En suma, se indicó que en cinco años se hizo de $ 267.779.612.

Ilonka Csillag, por su parte, recibió $ 149.661.333 entre 2017 y 2022, pese a que durante un periodo estuvo fuera de la entidad.

Respecto de María Constanza Gómez, otrora representante legal de la fundación, se mencionó que pasó de recibir $ 950 mil en enero de 2017 a ganar $ 4.500.000 hacia fines de 2022. O sea, su ingreso aumentó cinco veces respecto de la remuneración inicial.

El director de proyectos José Gatica pasó de $ 1.2 millones en 2017 a $ 3.5 millones en diciembre de 2022. La directora de Estudios María Teresa Abusleme, igualmente, vio aumentado su salario de $ 1.2 millones a $ 3.5 millones en sólo dos años, entre julio de 2020 y julio de 2022.

En el caso de Carla Piazzoli, se detalló que su remuneración comenzó en $ 1.1 millones en 2019 y que en septiembre de 2022 se elevó a $ 2 millones. Sobre Lorena Pérez, directora de Arquitectura, se mencionó que pasó de ganar $ 2 millones entre junio de 2019 y febrero de 2021, a obtener $ 3.5 millones a contar de julio de 2022.

Otros aumentos:

• Fernanda González Undurraga: De $ 1.2 millones en 2017 a $3.5 millones a contar de octubre 2022.
• María Camila Quinteros Reillán: De $ 1.650.000 en abril de 2022 a $3 millones a contar de octubre 2022.
• Daniela Guerrero González: De $ 1.2 millones en 2020 a $3.5 millones a contar de julio de 2022.
• Camila Aguirre Concha: De $ 1.2 millones en abril de 2021 a $ 2 millones a contar de octubre 2022.
• Francisco Fuentes Araya: De $ 700 mil en 2019 a $3.5 millones a contar de julio 2022.
• Bárbara Lucía Peña Osorio: De $ 1.2 millones en septiembre de 2022 a $2.4 millones a contar de diciembre del mismo año. En tres meses su sueldo se duplica.
• Emilio Marinao Fuentes: De $ 800 mil en 2019 a $3.5 millones a contar de julio 2022.

Por lo mismo, el escrito remitido por el subsecretario Muñoz subraya que “analizados todos los antecedentes aportados por la fundación, en especial lo indicado precedentemente, permite inferir a este Ministerio, que la misma ha destinado sus esfuerzos y patrimonio a actividades distintas a aquellas para las cuales fue creada, descuidando por tanto su objeto social, existiendo una desproporción de los gastos en personal y honorarios respectos de actividades vinculadas directamente con el objeto social de esta".

Y, además, agregaron que: “No obstante esta Subsecretaría de Justicia carece de las atribuciones para conocer y determinar la existencia de un abuso del derecho, cuyo conocimiento le correspondería a instancias jurisdiccionales, es posible determinar, fundado en los antecedentes que obran en el expediente, que su actuar, específicamente el uso de su patrimonio en un porcentaje importante al pago periódico realizado a personas vinculadas con esa entidad, como lo son sus fundadores y ex directores, y el alza sostenida en estos montos, más la orientación constante de estos fondos para el pago de honorarios y remuneraciones, no se ajusta a la naturaleza jurídica de una Fundación, por cuanto su actuar no concuerda con el ethos de una fundación de beneficencia pública".