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Plasta
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El diario La Estrella de Chiloé publicó este domingo 20 de septiembre un extenso reportaje en que el Geografo Álvaro Montaña, del Centro de Estudios y Conservación del Patrimonio de Chiloé, informó acerca de las más de 100 concesiones de oro, platino, carbón, turba y hierro que empresas y particulares han solicitado en el Archipiélago.
Estas concesiones mineras podrían estar relacionadas a la proyección de construir 15 puertos en la comuna de Quellón, al sur de la isla grande.
En el archipiélago la minería “estaría entrando en conflicto con la producción de machas, el turismo, la pesca de orilla, o la recolección de cochayuyo, que son usos ancestrales de este territorio, o en isla Guafo, que es un lugar con un valor ambiental enorme. Es un conflicto social y ambiental latente”, afirmó el especialista.
La más austral de las concesiones está en isla Guafo, es de carbón y es de propiedad de South World Business S.A., una consultora chilena cuyos dueños son Paul Fontaine y Rodrigo Danús. El primero es ex asesor económico del ex candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, y posteriormente asesoró al ex Presidente Sebastián Piñera. El segundo, fue gerente de desarrollo internacional de Endesa y otros cargos ejecutivos ligados a la minería y el negocio energético.
Montaña relaciona esta concesión de exploración con la proyección de instalación de 15 puertos marítimos en la ciudad de Quellón, señalando y preguntando que “uno puede especular, aunque puede no estar relacionado, pero por qué tantos puertos para Quellón”.
DETALLE
De las concesiones mineras más preocupantes -advierte el geógrafo-, están las de las playas del lado Pacífico de la Isla Grande, donde el dueño es uno solo, Juan José Quijano Fernández, un conocido especulador minero, propietario de la minera “Princesa Caballo”, que ha saltado a la fama por el conflicto con la comunidad de Colliguay, enmarcado en una exploración minera en búsqueda de cobre. En el caso de las concesiones de este empresario en Chiloé, estás son del tipo perpetuas.
Es complejo cuando la minería entra en conflicto con zonas que tienen otra vocación territorial. No es lo mismo pensar en el derecho minero en el norte, que en algunos casos son zonas de baja fragilidad ambiental, donde una concesión minera puede estar bien. Pero no es lo mismo cuando la minería entra en conflicto con zonas de alto valor ambiental, como los glaciares, o Chiloé, donde es más particular y estaría entrando en conflicto con la producción de machas, el turismo, la pesca de orilla, o la recolección de cochayuyo, que son usos ancestrales de este territorio, o en isla Guafo, que es un lugar con un valor ambiental enorme. Es un conflicto social y ambiental latente.
-La diferencia es que estas concesiones son de explotación, que son a perpetuidad y que caducan solamente si se dejan de pagar las contribuciones u otras causales de este tipo.
-Son fáciles de tramitar y cualquiera puede hacerlo, a través del Servicio Nacional de Geología y Minería, que más que nada llevan el catastro, pero principalmente se hace a través de los Juzgados de Policía Local, donde los tribunales locales de justicia son los que dan los permisos.
En el fondo es llegar y pedir y lo que exigen es hacer alguna geo mensura de los deslindes y otros aspectos, pero no hay mayores regulaciones. Por eso es que a raíz de esta simplicidad es que el año pasado la bancada de diputados del Partido Socialista llamó a una sesión especial en el Congreso, para ver el tema del conflicto que hay entre comunidades indígenas y concesiones mineras, sobre todo en la zona costera de Osorno.
-No se puede, a no ser que se haga un cambio constitucional, porque el derecho minero está asegurado por la Ley Orgánica de Minería, a través del Código Minero, pero también por la Constitución. Entonces, jurídicamente se tiene el mayor rango posible.
-Hay sólo un par de casos, en Choroihué (Ancud) y en Romazal (Chonchi), a escala semi industrial, que para Chiloé es harto, por el rol ambiental que cumplen estos lugares. La turba es una sustancia fósil, de materia orgánica en descomposición. Son como los glaciares chilotes, en cuanto a la reserva de agua dulce y además es un material fósil no renovable con un tremendo valor ambiental.
-Ellos piden las concesiones y les sirven para acreditar patrimonio ante la banca, entonces cuando, por ejemplo, va a pedir un préstamo para construir un parque eólico, dicen ‘tengo un bien que es una concesión minera’.
Si lo analizamos, el Parque Pichihué tiene, el San Pedro también, el Catiao tiene. Esto también les asegura las líneas de transmisión.
Hay estas concesiones que uno ve en la rutas de Huicha, Caulín, Pugueñún, Recta Chacao, Butamanga; todas en Ancud. Con concesiones de la empresa Branex, que es una constructora y cuyas demarcaciones son esos monolitos de color blanco que uno ve a orilla de camino. En este caso la concesión es de ripios, que es común en todo Chiloé, producto de depósitos glaciares.
Ahora, para qué tanto ripio, podemos especular muchas razones que probablemente tienen que ver con el tema del puente o de la doble vía, ya que están ubicadas principalmente en zonas cercanas a Chacao.
Yo creo que puede ser un tema especulativo, tal como puede serlo también las concesiones de la costa oeste, ya que no se sabe de ningún proyecto de explotación minera.
Totalmente, porque las playas, por ejemplo, son bienes nacionales de uso público o, en otros casos, lugares que son patrimonio comunitario y ambiental, porque la Constitución también habla de la función social de la propiedad y en este caso esta puede ser belleza paisajística, producción de machas, producción de aguas (en el caso de una turbera). O sea, la Constitución asegura la función social de la propiedad, pero a la vez pone la exploración y la explotación minera al mismo nivel.
Este es un tema legislativo, que es herencia del modelo dictatorial de Augusto Pinochet, donde la Constitución de la República hoy es la que sustenta este tipo de cosas, ya que cuando uno ve los 11 pilares que subsisten del modelo dictatorial, tienes el Código Minero, el Decreto Ley 701 que favorece las plantaciones forestales, el sistema de Salud y un montón de cosas.
Pero en este caso concreto, hay una constitución política que es del año 1980, que eleva los derechos del minero por sobre los derechos del dueño de la tierra.
Entonces cuando se dice que la dictadura pasó, tenemos que sigue vigente con estos pilares, independiente de la postura política que uno tenga.
fuente
EL SILENCIOSO AVANCE DE LA MINERA EN CHILOÉ
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