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Los jefes de Pediatría y Pabellones tienen sociedades que fueron contratadas para asesorar las unidades que ellos mismos dirigen. Uno de ellos debe devolver $52,5 millones y el otro, $22 millones. La Contraloría fiscalizó al hospital y detectó serias irregularidades, como la compra de medicamentos por trato directo con importante sobreprecio, escaso control de los servicios prestados por sociedades médicas y graves errores en el registro estadístico de las cirugías: hay una diferencia de casi 3.000 operaciones entre las cifras que maneja el hospital y las informadas al Ministerio de Salud (Actualizado).
Dos médicos que ejercen como jefes de las áreas de Pediatría y Pabellones del Hospital de La Florida están obligados a devolver $74,5 millones, en conjunto, a ese centro asistencial. Así lo determinó la Contraloría General de la República (CGR) al constatar que las sociedades profesionales que integran ambos doctores fueron contratadas para prestar asesoría en las unidades que ellos mismos dirigen. Los informes entregados por las dos empresas, con el detalle de los trabajos que debían cobrar, eran firmados por estos médicos como representantes de sus sociedades. La Contraloría indicó que no pueden hacer asesorías para mejorar las mismas unidades que encabezan, pues es propio de su cargo hacer esa labor con la remuneración que ya reciben. Además, estimó que resulta imposible establecer si hicieron ese trabajo fuera de los horarios que deben cumplir como funcionarios (vea el informe).
El 16 de noviembre pasado, pocos días antes de que se cumpliera el cuarto aniversario del Hospital de La Florida (HLF), la Contraloría publicó un informe que determinó a cuánto asciende y cómo se desglosa la deuda de ese centro asistencial. Las obligaciones pendientes y exigibles fueron calculadas por la CGR en más de $2.400 millones.
Dentro de las irregularidades detectadas por la fiscalización se cuenta la falta de control sobre las contrataciones de sociedades médicas y fallas de supervisión para acreditar que efectivamente prestaron los servicios que se les pagaron; la compra de medicamentos por trato directo con 400% de sobreprecio –y en un caso hasta 600%–, respecto del valor ofrecido por el sistema público de la Central Nacional de Abastecimiento; diferencias de casi 3.000 cirugías entre las cifras que maneja el hospital y las informadas al Ministerio de Salud, y 1.381 casos en que no se registró ni el equipo profesional ni la duración de las intervenciones quirúrgicas.
La observación de la CGR que generó más controversia al interior del hospital fue la que se refiere a los contratos firmados por su directora, Midori Sawada, y los jefes de Pediatría y de Pabellones, Blanca MaldonadoValenzuela y Matías Guajardo Beroíza, respectivamente. Estos últimos los suscribieron como representantes legales de sus sociedades profesionales, para prestar asesoría a las mismas unidades hospitalarias que ambos dirigen. Así, los médicos Maldonado y Guajardo quedaron a ambos lados del mesón: como prestadores del servicio y como receptores del mismo.
La CGR estableció que los dos médicos deben devolver el dinero que ganaron sus sociedades por estos servicios: Maldonado debe reintegrar $52,5 millones y Guajardo, $22 millones. Para ello, cuentan con un plazo de 60 días desde la recepción del informe por parte del hospital. En el mismo lapso, las autoridades del HLF pueden presentar sus descargos.
CIPER pidió una entrevista con la dirección del HLF y con los dos médicos involucrados, pero solo recibió una escueta respuesta por escrito, despachada por la unidad de Comunicaciones del hospital:
“Esta investigación (de la CGR) no se encuentra terminada; contamos con un plazo de 60 días para entregar toda la documentación de respaldo y ya se tomaron todas las medidas estipuladas en dicho informe y todos los respaldos de éstos fueron enviados a Contraloría en el plazo estipulado.
“Dichas observaciones y todos los documentos ya se encuentran en proceso de revisión de Contraloría.
“Tomaremos todas las medidas que el Organismo Contralor dictamine y sean pertinentes al finalizar el proceso, el cual se encuentra en curso”.
En las fases previas de esta fiscalización, la Contraloría ha desestimado los descargos presentados por el hospital en relación a las asesorías prestadas por las sociedades de Guajardo y Maldonado.
CONCURSOS CON SOLO UN OFERENTE
El 19 de abril de 2016 el Hospital de La Florida publicó una licitación para contratar un servicio de “consultoría en gestión” para su Centro de Responsabilidad de Pabellones. El plazo para recibir ofertas se inició el 2 de mayo. Se presentó solo una empresa: Servicios Médicos GS Limitada, representada por el doctor Matías Guajardo Beroíza, jefe del Centro de Responsabilidad de Pabellones. Ese mismo 2 de mayo la sociedad del doctor Guajardo se ganó la licitación (vea aquí el historial de la licitación y aquí la adjudicación).
Según el decreto de adjudicación disponible en el sitio de Mercado Público, la sociedad médica de Guajardo recibiría $24 millones divididos en 12 cuotas mensuales. Las bases del concurso establecen que deberá entregar “una opinión experta que permita de mejor manera organizar, controlar y asegurar el oportuno, correcto y coordinado funcionamiento de los pabellones”.
Pocos meses antes, el 26 de octubre de 2015, el HLF había publicado una licitación para contratar un servicio de “consultoría en gestión” para su Centro de Responsabilidad del Niño (CR Pediátrico). El plazo para recibir propuestas se inició el 11 de noviembre. A este concurso también llegó solo una oferta: la de la empresa Servicios Médicos Pediuci SpA, representada por la doctora Blanca Maldonado Valenzuela, jefa del Centro de Responsabilidad Pediátrica del HLF.
Solo 15 días después de abierto el plazo para recibir las postulaciones, el hospital adjudicó a la empresa de la doctora Maldonado un contrato de dos años por un total de $84 millones para asesorar “constante, continua y permanentemente” a la misma unidad que ella dirige. El objetivo de la asesoría era “responder adecuadamente a la demanda asistencial de todos los pacientes pediátricos beneficiarios”.
Ambas adjudicaciones, según la información disponible en el sitio web de Mercado Público, están firmadas por la directora Sawada y tienen una particularidad: como son por menos de 2.000 UTM (entonces equivalentes casi a $90 millones), no requerían pasar por la revisión de la Contraloría.
En el informe de su investigación, la entidad fiscalizadora impugnó estas contrataciones. Un punto es lapidario: no se pudo acreditar que los trabajos “hayan sido efectuadas por la empresa contratada” y no por los doctores Blanca Maldonado y Matías Guajardo en su rol de jefes de sus respectivas áreas. Por esto, ordenó a ambos profesionales reintegrar $52,5 millones y $22 millones al hospital, respectivamente.
Además, determinó que el hospital estaba contratando a empresas externas para hacer el trabajo que deberían hacer los doctores Maldonado y Guajardo en sus roles como jefes de Pediatría y Pabellones. Según la CGR, no se debe contratar a un tercero para que haga las tareas que “corresponden al ejercicio de sus funciones permanentes, las cuales, por su naturaleza, no pueden ser desempeñadas por personas naturales o jurídicas ajenas al respectivo servicio público”.
Los convenios firmados por el HLF con las empresas Servicios Médicos Pediuci y Servicios Médicos GS fueron impugnados por la Contraloría, además, por violar la ley que establece que las instituciones del Estado no pueden contratar sociedades relacionadas a sus directivos. La CGR los objetó porque “dichas empresas tienen entre sus socios a funcionarios directivos del HLF”. Y argumentó que “los contratos celebrados con infracción a la enunciada prohibición serán nulos y los funcionarios que hayan participado en su celebración incurrirán en la contravención al principio de probidad administrativa (…), sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que les corresponda”.
En su respuesta a la Contraloría, la directora Midori Sawada argumentó que el hospital que dirige “no es un órgano de la Administración del Estado”, sino que un establecimiento asistencial dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente (SSMSO), y que “el impedimento legal se referiría solo a los funcionarios directivos de dicho servicio de salud”. Sawada indicó, además, que los jefes de los Centros de Responsabilidad del HLF no son “funcionarios directivos”.
La Contraloría refutó los argumentos de Sawada indicando que el Hospital de La Florida, al pertenecer a la red asistencial del SSMSO, sí es un órgano de la Administración del Estado, indicando que “las personas que se desempeñan en el HLF tienen el carácter de funcionarios públicos y se encuentran sujetos” a la ley que prohíbe la contratación de empresas relacionadas. Además, la CGR detalló que “las labores que deben ejercer los funcionarios que sean designados como encargados de los centros de responsabilidad, implican el ejercicio de tareas de gestión, control, supervisión y decisión que corresponden, en su conjunto, al desarrollo de labores de jefatura, por lo que debe aplicarse a los respectivos servidores la prohibición indicada”.
En su investigación, la CGR encontró un detalle revelador: la falta de supervisión a los contratos suscritos con sociedades médicas que prestan servicios en el HLF. Esto genera, según el informe, “la ocurrencia de incorporaciones de profesionales sin notificar al establecimiento asistencial, superposición de horarios, la falta de documentación para aprobación de pagos, entre otros”.
MEDICAMENTOS CON SOBREPRECIO
En 2016 el Hospital de La Florida compró 64 medicamentos que eran parte de su plan anual de adquisiciones a través de tratos directos. Eso significa que esos insumos, cuya adquisición debió estar programada y su necesidad es básica dentro del hospital, no se consiguieron a través de una licitación –como se debía–, ni a través de la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), que unifica las compras de insumos médicos para el sistema público, ofreciendo precios más convenientes. Lo hicieron a través de un medio de compra que se reserva para casos excepcionales, como, por ejemplo, que solo una empresa lo tenga disponible. En esos 64 medicamentos el HLF gastó $225,6 millones.
Varias de estas compras se hicieron además sin presentar argumentos ni documentación que respaldaran la decisión del HLF. Peor aún, en algunas de ellas, al comprar directamente a empresas privadas y no a través de la Cenabast, se pagó un importante sobreprecio: solo en la muestra analizada, la CGR encontró “diferencias de precios unitarios para un mismo fármaco e igual periodo de compra, las que en algunos casos superaron el 400%”.
La Contraloría revisó solo un 5% de los medicamentos adquiridos durante 2016 por el HLF, esto es, 20 órdenes de compra de un total de 435. Solo en esa muestra la CGR detectó nueve fármacos obtenidos por trato directo, indicando que –de haberlos comprado a Cenabast– el HLF se habría ahorrado $15,7 millones.
El hospital compró inmunoglobulina humana (usada en pacientes con VIH y bebés prematuros) con un 673% de diferencia entre el precio pagado y el que ofrecía la central. En el caso de los anticoagulantes acenocunnarol y acebrón, el sobreprecio alcanzó a 417%. Y en la adquisición de levotiroxina (para el tratamiento de la tiroides) el gasto en exceso fue de 189%.
La directora Midori Sawada explicó en su respuesta a la Contraloría que desde su inauguración en 2013 el HLF ha tenido una “apertura gradual” al público, lo que ha generado la compra de medicamentos no programados, impidiendo informar oportunamente a Cenabast para que los adquiriera. Agregó que la situación se agravó con el “traspaso de pacientes de programas asistenciales de otros centros de salud de la Red Sur Oriente, sin coordinación previa”, lo que causa un sobreconsumo e incremento en el uso de “ciertos medicamentos”.
Sawada justificó las compras directas de acenocunnarol y acebrón, porque la versión que estaba disponible en Cenabast “presentó una alerta de retiro por parte de la Agencia Nacional de Medicamentos y por parte del Instituto de Salud Pública”. Además, dijo quelos comprimidos ofrecidos por Cenabast no tenían la ranura que permite fraccionarlos, “siendo incompatible con un tratamiento adecuado en el manejo de la anticoagulación”.
Sobre la adquisición de hidroxicloroquina a una empresa privada, Sawada explicó que fue porque “el Laboratorio Chile lo descontinuó”. Y, finalmente, sostuvo que la inmunoglobulina no la compran a Cenabast porque “el grupo de especialistas clínicos del hospital estableció que el medicamento intermediado por esa central no cumple con las condiciones mínimas especificadas”.
La respuesta de la Contraloría fue tajante: “La Cenabast ha informado que para las fechas de cada contratación directa efectuada por el HLF, los respectivos medicamentos se encontraban disponibles en sus bodegas”.
ERRORES ESTADÍSTICOS
La planilla que registra las intervenciones quirúrgicas practicadas en el HLF es confeccionada por la Unidad de Gestión del Paciente (UGP) con información extraída de la tabla quirúrgica diaria (que indica la programación de cirugías de cada jornada) y de los datos que se ingresan al sistema en línea de Fonasa, entre otras fuentes. Según la Contraloría, esto “genera el riesgo de incurrir en errores en el proceso de traspaso de los respectivos antecedentes”. Y de hecho así ocurre: la CGR constató que hay 1.381 casos en que no se registró la duración de las cirugías, y que no existe información íntegra sobre el equipo médico que participó en cada intervención. La misma planilla identifica 75 pabellones quirúrgicos en el HLF, cuando en realidad el hospital cuenta con 17.
La CGR también descubrió serias discrepancias entre las cifras de cirugías que maneja el hospital y las que son enviadas al Minsal. Mientras la base de datos del HLF dice que durante 2016 se hicieron 14.517 intervenciones, la información enviada al Minsal indica que solo fueron 11.558. Lo mismo ocurre con el registro de las operaciones suspendidas: el hospital cuenta 1.490, pero al Minsal le informaron 1.377.
Estas diferencias, indica la CGR, le quitan fiabilidad a la información que el hospital maneja sobre sus operaciones, dificultando la programación de las cirugías. Además, estos errores estadísticos afectan la correcta planificación y definición del presupuesto para los periodos futuros.
NOTA DE LA REDACCIÓN:
El miércoles 21 de febrero, al día siguiente de la publicación de este reportaje, el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente cesó en sus funciones como directora del Hospital Clínico Metropolitano de La Florida a la doctora Midori Sawada.
http://ciperchile.cl/2018/02/20/con...ige-a-dos-medicos-que-devuelvan-745-millones/
Dos médicos que ejercen como jefes de las áreas de Pediatría y Pabellones del Hospital de La Florida están obligados a devolver $74,5 millones, en conjunto, a ese centro asistencial. Así lo determinó la Contraloría General de la República (CGR) al constatar que las sociedades profesionales que integran ambos doctores fueron contratadas para prestar asesoría en las unidades que ellos mismos dirigen. Los informes entregados por las dos empresas, con el detalle de los trabajos que debían cobrar, eran firmados por estos médicos como representantes de sus sociedades. La Contraloría indicó que no pueden hacer asesorías para mejorar las mismas unidades que encabezan, pues es propio de su cargo hacer esa labor con la remuneración que ya reciben. Además, estimó que resulta imposible establecer si hicieron ese trabajo fuera de los horarios que deben cumplir como funcionarios (vea el informe).
El 16 de noviembre pasado, pocos días antes de que se cumpliera el cuarto aniversario del Hospital de La Florida (HLF), la Contraloría publicó un informe que determinó a cuánto asciende y cómo se desglosa la deuda de ese centro asistencial. Las obligaciones pendientes y exigibles fueron calculadas por la CGR en más de $2.400 millones.
Dentro de las irregularidades detectadas por la fiscalización se cuenta la falta de control sobre las contrataciones de sociedades médicas y fallas de supervisión para acreditar que efectivamente prestaron los servicios que se les pagaron; la compra de medicamentos por trato directo con 400% de sobreprecio –y en un caso hasta 600%–, respecto del valor ofrecido por el sistema público de la Central Nacional de Abastecimiento; diferencias de casi 3.000 cirugías entre las cifras que maneja el hospital y las informadas al Ministerio de Salud, y 1.381 casos en que no se registró ni el equipo profesional ni la duración de las intervenciones quirúrgicas.
La observación de la CGR que generó más controversia al interior del hospital fue la que se refiere a los contratos firmados por su directora, Midori Sawada, y los jefes de Pediatría y de Pabellones, Blanca MaldonadoValenzuela y Matías Guajardo Beroíza, respectivamente. Estos últimos los suscribieron como representantes legales de sus sociedades profesionales, para prestar asesoría a las mismas unidades hospitalarias que ambos dirigen. Así, los médicos Maldonado y Guajardo quedaron a ambos lados del mesón: como prestadores del servicio y como receptores del mismo.
La CGR estableció que los dos médicos deben devolver el dinero que ganaron sus sociedades por estos servicios: Maldonado debe reintegrar $52,5 millones y Guajardo, $22 millones. Para ello, cuentan con un plazo de 60 días desde la recepción del informe por parte del hospital. En el mismo lapso, las autoridades del HLF pueden presentar sus descargos.
CIPER pidió una entrevista con la dirección del HLF y con los dos médicos involucrados, pero solo recibió una escueta respuesta por escrito, despachada por la unidad de Comunicaciones del hospital:
“Esta investigación (de la CGR) no se encuentra terminada; contamos con un plazo de 60 días para entregar toda la documentación de respaldo y ya se tomaron todas las medidas estipuladas en dicho informe y todos los respaldos de éstos fueron enviados a Contraloría en el plazo estipulado.
“Dichas observaciones y todos los documentos ya se encuentran en proceso de revisión de Contraloría.
“Tomaremos todas las medidas que el Organismo Contralor dictamine y sean pertinentes al finalizar el proceso, el cual se encuentra en curso”.
En las fases previas de esta fiscalización, la Contraloría ha desestimado los descargos presentados por el hospital en relación a las asesorías prestadas por las sociedades de Guajardo y Maldonado.
CONCURSOS CON SOLO UN OFERENTE
El 19 de abril de 2016 el Hospital de La Florida publicó una licitación para contratar un servicio de “consultoría en gestión” para su Centro de Responsabilidad de Pabellones. El plazo para recibir ofertas se inició el 2 de mayo. Se presentó solo una empresa: Servicios Médicos GS Limitada, representada por el doctor Matías Guajardo Beroíza, jefe del Centro de Responsabilidad de Pabellones. Ese mismo 2 de mayo la sociedad del doctor Guajardo se ganó la licitación (vea aquí el historial de la licitación y aquí la adjudicación).
Según el decreto de adjudicación disponible en el sitio de Mercado Público, la sociedad médica de Guajardo recibiría $24 millones divididos en 12 cuotas mensuales. Las bases del concurso establecen que deberá entregar “una opinión experta que permita de mejor manera organizar, controlar y asegurar el oportuno, correcto y coordinado funcionamiento de los pabellones”.
Pocos meses antes, el 26 de octubre de 2015, el HLF había publicado una licitación para contratar un servicio de “consultoría en gestión” para su Centro de Responsabilidad del Niño (CR Pediátrico). El plazo para recibir propuestas se inició el 11 de noviembre. A este concurso también llegó solo una oferta: la de la empresa Servicios Médicos Pediuci SpA, representada por la doctora Blanca Maldonado Valenzuela, jefa del Centro de Responsabilidad Pediátrica del HLF.
Solo 15 días después de abierto el plazo para recibir las postulaciones, el hospital adjudicó a la empresa de la doctora Maldonado un contrato de dos años por un total de $84 millones para asesorar “constante, continua y permanentemente” a la misma unidad que ella dirige. El objetivo de la asesoría era “responder adecuadamente a la demanda asistencial de todos los pacientes pediátricos beneficiarios”.
Ambas adjudicaciones, según la información disponible en el sitio web de Mercado Público, están firmadas por la directora Sawada y tienen una particularidad: como son por menos de 2.000 UTM (entonces equivalentes casi a $90 millones), no requerían pasar por la revisión de la Contraloría.
En el informe de su investigación, la entidad fiscalizadora impugnó estas contrataciones. Un punto es lapidario: no se pudo acreditar que los trabajos “hayan sido efectuadas por la empresa contratada” y no por los doctores Blanca Maldonado y Matías Guajardo en su rol de jefes de sus respectivas áreas. Por esto, ordenó a ambos profesionales reintegrar $52,5 millones y $22 millones al hospital, respectivamente.
Además, determinó que el hospital estaba contratando a empresas externas para hacer el trabajo que deberían hacer los doctores Maldonado y Guajardo en sus roles como jefes de Pediatría y Pabellones. Según la CGR, no se debe contratar a un tercero para que haga las tareas que “corresponden al ejercicio de sus funciones permanentes, las cuales, por su naturaleza, no pueden ser desempeñadas por personas naturales o jurídicas ajenas al respectivo servicio público”.
Los convenios firmados por el HLF con las empresas Servicios Médicos Pediuci y Servicios Médicos GS fueron impugnados por la Contraloría, además, por violar la ley que establece que las instituciones del Estado no pueden contratar sociedades relacionadas a sus directivos. La CGR los objetó porque “dichas empresas tienen entre sus socios a funcionarios directivos del HLF”. Y argumentó que “los contratos celebrados con infracción a la enunciada prohibición serán nulos y los funcionarios que hayan participado en su celebración incurrirán en la contravención al principio de probidad administrativa (…), sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que les corresponda”.
En su respuesta a la Contraloría, la directora Midori Sawada argumentó que el hospital que dirige “no es un órgano de la Administración del Estado”, sino que un establecimiento asistencial dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente (SSMSO), y que “el impedimento legal se referiría solo a los funcionarios directivos de dicho servicio de salud”. Sawada indicó, además, que los jefes de los Centros de Responsabilidad del HLF no son “funcionarios directivos”.
La Contraloría refutó los argumentos de Sawada indicando que el Hospital de La Florida, al pertenecer a la red asistencial del SSMSO, sí es un órgano de la Administración del Estado, indicando que “las personas que se desempeñan en el HLF tienen el carácter de funcionarios públicos y se encuentran sujetos” a la ley que prohíbe la contratación de empresas relacionadas. Además, la CGR detalló que “las labores que deben ejercer los funcionarios que sean designados como encargados de los centros de responsabilidad, implican el ejercicio de tareas de gestión, control, supervisión y decisión que corresponden, en su conjunto, al desarrollo de labores de jefatura, por lo que debe aplicarse a los respectivos servidores la prohibición indicada”.
En su investigación, la CGR encontró un detalle revelador: la falta de supervisión a los contratos suscritos con sociedades médicas que prestan servicios en el HLF. Esto genera, según el informe, “la ocurrencia de incorporaciones de profesionales sin notificar al establecimiento asistencial, superposición de horarios, la falta de documentación para aprobación de pagos, entre otros”.
MEDICAMENTOS CON SOBREPRECIO
En 2016 el Hospital de La Florida compró 64 medicamentos que eran parte de su plan anual de adquisiciones a través de tratos directos. Eso significa que esos insumos, cuya adquisición debió estar programada y su necesidad es básica dentro del hospital, no se consiguieron a través de una licitación –como se debía–, ni a través de la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), que unifica las compras de insumos médicos para el sistema público, ofreciendo precios más convenientes. Lo hicieron a través de un medio de compra que se reserva para casos excepcionales, como, por ejemplo, que solo una empresa lo tenga disponible. En esos 64 medicamentos el HLF gastó $225,6 millones.
Varias de estas compras se hicieron además sin presentar argumentos ni documentación que respaldaran la decisión del HLF. Peor aún, en algunas de ellas, al comprar directamente a empresas privadas y no a través de la Cenabast, se pagó un importante sobreprecio: solo en la muestra analizada, la CGR encontró “diferencias de precios unitarios para un mismo fármaco e igual periodo de compra, las que en algunos casos superaron el 400%”.
La Contraloría revisó solo un 5% de los medicamentos adquiridos durante 2016 por el HLF, esto es, 20 órdenes de compra de un total de 435. Solo en esa muestra la CGR detectó nueve fármacos obtenidos por trato directo, indicando que –de haberlos comprado a Cenabast– el HLF se habría ahorrado $15,7 millones.
El hospital compró inmunoglobulina humana (usada en pacientes con VIH y bebés prematuros) con un 673% de diferencia entre el precio pagado y el que ofrecía la central. En el caso de los anticoagulantes acenocunnarol y acebrón, el sobreprecio alcanzó a 417%. Y en la adquisición de levotiroxina (para el tratamiento de la tiroides) el gasto en exceso fue de 189%.
La directora Midori Sawada explicó en su respuesta a la Contraloría que desde su inauguración en 2013 el HLF ha tenido una “apertura gradual” al público, lo que ha generado la compra de medicamentos no programados, impidiendo informar oportunamente a Cenabast para que los adquiriera. Agregó que la situación se agravó con el “traspaso de pacientes de programas asistenciales de otros centros de salud de la Red Sur Oriente, sin coordinación previa”, lo que causa un sobreconsumo e incremento en el uso de “ciertos medicamentos”.
Sawada justificó las compras directas de acenocunnarol y acebrón, porque la versión que estaba disponible en Cenabast “presentó una alerta de retiro por parte de la Agencia Nacional de Medicamentos y por parte del Instituto de Salud Pública”. Además, dijo quelos comprimidos ofrecidos por Cenabast no tenían la ranura que permite fraccionarlos, “siendo incompatible con un tratamiento adecuado en el manejo de la anticoagulación”.
Sobre la adquisición de hidroxicloroquina a una empresa privada, Sawada explicó que fue porque “el Laboratorio Chile lo descontinuó”. Y, finalmente, sostuvo que la inmunoglobulina no la compran a Cenabast porque “el grupo de especialistas clínicos del hospital estableció que el medicamento intermediado por esa central no cumple con las condiciones mínimas especificadas”.
La respuesta de la Contraloría fue tajante: “La Cenabast ha informado que para las fechas de cada contratación directa efectuada por el HLF, los respectivos medicamentos se encontraban disponibles en sus bodegas”.
ERRORES ESTADÍSTICOS
La planilla que registra las intervenciones quirúrgicas practicadas en el HLF es confeccionada por la Unidad de Gestión del Paciente (UGP) con información extraída de la tabla quirúrgica diaria (que indica la programación de cirugías de cada jornada) y de los datos que se ingresan al sistema en línea de Fonasa, entre otras fuentes. Según la Contraloría, esto “genera el riesgo de incurrir en errores en el proceso de traspaso de los respectivos antecedentes”. Y de hecho así ocurre: la CGR constató que hay 1.381 casos en que no se registró la duración de las cirugías, y que no existe información íntegra sobre el equipo médico que participó en cada intervención. La misma planilla identifica 75 pabellones quirúrgicos en el HLF, cuando en realidad el hospital cuenta con 17.
La CGR también descubrió serias discrepancias entre las cifras de cirugías que maneja el hospital y las que son enviadas al Minsal. Mientras la base de datos del HLF dice que durante 2016 se hicieron 14.517 intervenciones, la información enviada al Minsal indica que solo fueron 11.558. Lo mismo ocurre con el registro de las operaciones suspendidas: el hospital cuenta 1.490, pero al Minsal le informaron 1.377.
Estas diferencias, indica la CGR, le quitan fiabilidad a la información que el hospital maneja sobre sus operaciones, dificultando la programación de las cirugías. Además, estos errores estadísticos afectan la correcta planificación y definición del presupuesto para los periodos futuros.
NOTA DE LA REDACCIÓN:
El miércoles 21 de febrero, al día siguiente de la publicación de este reportaje, el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente cesó en sus funciones como directora del Hospital Clínico Metropolitano de La Florida a la doctora Midori Sawada.
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