Los puntos importantes del Mop-U. de Chile
Esquema Gate
Los documentos guardados por Daniel Figueroa, fechados entre 1996 y 1997, muestran una clara similitud en la ejecución de los convenios entre el MOP y esa casa de estudios, con la forma en que operó ese ministerio con la empresa Gate desde 1998 hasta el 2001.
Se trata de contratos de outsourcing para pagar honorarios y gastos generales, pero a través de los cuales también se cancelan sobresueldos a funcionarios de planta del MOP por proyectos que, al menos en algunos casos, no efectúan. Es decir, se repite el "ardid" detectado por la jueza Gloria Ana Chevesich en el caso Gate -por el que ha procesado a 29 personas- y por el juez Alejandro Rivera en el caso MOP-Ciade, quien procesó a 28 personas.
En los documentos hay detalles de un contrato por $ 1.008 millones y otros convenios por sumas menores, que -al igual que en Gate- se sellan con Concesiones. Además, queda claro que es el MOP el que ordena cómo gastar el dinero a la U. de Chile: hay memorándums de Guillermo Díaz o Sergio Cortés a Figueroa, pues este último era la contraparte del MOP en el Instituto de Economía. En el caso de Gate, las instrucciones las recibía el dueño de la empresa, Héctor Peña Véliz.
Sistema institucional
Los primeros días de abril, cuando la jueza Chevesich procesó a 22 personas en el caso MOP-Gate, el vocero de gobierno, Francisco Vidal, dijo: "A decisiones personales, responsabilidades personales".
Sin embargo, los memorándums guardados por Figueroa reflejan que entre el MOP y la Universidad de Chile se puso en marcha un sistema institucional para permitir el pago de sobresueldos.
Esto comprueba lo dicho por el ex ministro Carlos Cruz (PS) y otros de sus colabores, en el sentido de que la fórmula utilizada en el contrato entre el MOP y Gate es heredada. Y los papeles de Figueroa esclarecen que el sistema funcionó, al menos, cuando Ricardo Lagos encabezó el MOP, en 1996 y 1997.
En los registros aparecen personeros del entorno de Lagos, como el ex ministro Cruz, quien recibió pagos, o Sergio Cortés, quien dio instrucciones sobre cómo gastar el dinero. Ambos están procesados.
Además, aparecen nombres nuevos, como el del subsecretario de Transportes, Guillermo Díaz, quien autoriza y recibe pagos. Hay cheques para Matías de la Fuente, primo de la señora del Presidente, Luisa Durán, y ex jefe de gabinete del Primer Mandatario.
El rol de la U. de Chile
En el archivo de Figueroa queda claro el rol jugado por la Universidad de Chile y algunos personeros del entorno del actual rector, Luis Riveros, quien en esa época era decano de la Facultad de Economía.
Su amigo personal, Ricardo Paredes -procesado actualmente por negociación incompatible, fraude al Fisco y estafa- era en esa época director del Departamento de Economía y presidente del Instituto de Economía (este último cargo lo ocupó hasta mediados de 1997). En los documentos de Figueroa figuran pagos en favor de Paredes. Además, hay memorándums dirigidos a él sobre la ejecución del contrato. En septiembre de 1998, Paredes reemplazó a Riveros en el decanato de la Facultad de Economía.
Por otro lado, Armando Alvarez -colaborador del actual rector- era entonces director económico de la Facultad de Economía y, por ende, el superior de Figueroa. Hace dos semanas, la Contraloríalo suspendió de sus funciones como director económico de la rectoría, a raíz de un sumario sobre un contrato suscrito el 2001 entre el MOP y el Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de la Empresa (Ciade), de la U. de Chile.
Hoyos negros
En el registro de la ejecución del contrato que Figueroa va construyendo mes a mes no hay claridad sobre el destino de algunos montos.
Uno de los detalles que llama la atención es una serie de pagos de asesorías. Son tres pagos catalogados como "traspaso a asesores", efectuados en 1996, cada uno por $ 4 millones 500 mil. Figueroa cumple con anotar ese movimiento de fondos. Pero no hay detalles respecto de quiénes ejecutaron la función y específicamente en qué ámbito.
Por otro lado, hay sumas que se entregan reiteradamente a algunos funcionarios de confianza, como Brunilda Gallardo, secretaria de Concesiones. Esta última recibe honorarios y, además, recibe 22 cheques por diversos conceptos ("caja chica", viáticos, fondos a rendir) por diversos montos, que fluctúan entre $ 30 mil y $ 696 mil.
Hay decenas de millones cancelados como gastos a rendir y no existe detalle sobre si se cumplió este último punto.
Además, al igual que en el caso Gate, el Instituto de Economía recibe pagos de consultoras que trabajan para el MOP, como CCP.
Fiscalización nula
El detalle de la ejecución del contrato -que Figueroa realiza cada mes- y los memos que este último envía o recibe desde el MOP evidencian la discrecionalidad existente para definir el uso de los fondos cancelados por el ministerio a la Universidad de Chile. Sobre todo, porque las decisiones son resorte de sólo dos personas: el jefe de Operaciones de Concesiones -Guillermo Díaz o Sergio Cortés, según el caso- y Figueroa.
Aunque existe un contrato por más de mil millones de pesos y otros convenios menores -estos últimos sin obligación de ser fiscalizados en su ejecución por la Contraloría-, este último organismo al menos tuvo que liquidar todos los convenios. Y no detectó las irregularidades cometidas.
En 1995, sin embargo, el organismo hizo un sumario donde cuestionó el pago de sobresueldos para 22 funcionarios, entre ellos Carlos Cruz, entonces encargado de Concesiones. Al informar sobre el resultado de la investigación a Lagos, el entonces ministro se comprometió a regularizar la situación. Sin embargo, los documentos reflejan que en los convenios con la U. de Chile se perpetuó la cuestionada práctica.
El 90% restante
El 1 de abril, cuando la ministra Chevesich procesó a 22 personas en el caso MOP-Gate y nombró a Lagos en el fallo -como el firmante de uno los convenios cuestionados en 1997-, dijo que sólo había avanzado en una décima parte de la investigación.
Hasta entonces, la jueza había investigado los contratos entre el MOP y Gate, suscritos entre 1999 y mediados del 2001.
Poco después se conoció el sumario efectuado por la Contraloría en 1995, donde se cuestionó el pago de sobresueldos a 22 funcionarios. Actualmente, la magistrada tiene esos antecedentes en su poder. Y los antecedentes sobre la Universidad de Chile -recopilados por el juez Rivera, quien le entregó el caso el viernes pasado a Chevesich- corresponden al año 2001.
Sin embargo, la ministra en visita no había logrado reconstruir lo ocurrido entre 1995 y 1999. En ese sentido, los documentos guardados por Figueroa son clave, pues cubren el período 1996 y 1997. De hecho, de no estar desaparecido, el ex coordinador de proyectos del Instituto de Economía sería un testigo clave para Chevesich. La nueva información es un eslabón que le faltaba a la jueza.
Implicancias legales
La ministra Chevesich tiene planeadas diversas diligencias futuras. Una de ellas es tomarle declaración al Presidente Lagos en calidad de testigo, pues dirigió el MOP entre marzo de 1994 y el 4 de agosto de 1998. Hasta ahora, en lo referente a ese período, la jueza sólo había cuestionado un convenio de 1997 y un contrato firmado con Gate en julio de 1998. Ahora, sin embargo, podría agregar estos nuevos antecedentes.
Además, la ministra sigue investigando si se cometieron otros delitos como enriquecimiento ilícito, pues en ninguno de los convenios ha logrado "cuadrar" las platas. Lo mismo ocurre en este caso, donde hay dudas sobre el destino de algunos fondos.
Estos antecedentes, además, podrían ampliar los procesamientos por fraude o estafa, pues existen nuevas personas que recibieron sobresueldos. Lo mismo ocurre en el caso de la negociación incompatible. Otra puerta que se abre tiene que ver con los "préstamos" realizados desde el Instituto de Economía al Ministerio de Educación, según consta en los documentos de Figueroa.
La jueza ya tiene planeado volver a interrogar a personas que aún no han colaborado con la investigación.
Registro explosivo
Los documentos que Daniel Figueroa guardó por seis años y a los que La Tercera tuvo acceso corresponden a:
Un libro de movimientos financieros del primer semestre de 1996.
Tres listas de pagos a funcionarios del MOP.
Más de 10 memos entre autoridades del Instituto de Economía y el MOP.
10 registros de la libreta general de banco de las dos cuentas corrientes del Instituto entre 1996 y 1998. Son la N° 3900350-3 del Banco de Santiago, y la N° 39000628 del Banco O'Higgins.
Cartolas de la cuenta del Banco de Santiago.
Decenas de copias de cheques del Instituto de Economía.
Boletas de honorarios de académicos de la Universidad de Chile.
Registros completos del pago de sueldos, sobresueldos, viáticos y gastos generales de Concesiones.
12 facturas de la U. de Chile por trabajos prestados al MOP por más de $ 185 millones y dos facturas a Educación por $ 25 millones.
