Un verdadero terremoto judicial y político se ha registrado al interior de la Policía de Investigaciones, luego de que la Fiscalía Oriente ordenara allanar y formalizar al Director General de la PDI por delitos en el marco del caso audios.
Según información recabada por Radio Bío Bío de Santiago, durante la mañana de este viernes se llevaron a cabo allanamientos simultáneos en el domicilio y en la oficina de
Sergio Muñoz Yáñez, Director General de la PDI.
Las órdenes de entrada y registro, fueron solicitadas ayer jueves por la Fiscalía Oriente, y se enmarcan en la investigación conocida como caso audios, uno de los mayores escándalos políticos de los últimos años.
Esta indagatoria se inició tras el peritaje al celular de Luis Hermosilla, desde el cual se obtuvo información que da cuenta de delitos que involucran directamente al Director General de la PDI.
Por lo anterior, la fiscalía solicitó fecha y hora para formalizar a Sergio Muñoz, por el delito de Infracción artículo 31 de la Ley 19.913 e Infracción artículo 246 del Código Penal.
La audiencia se realizará el próximo martes 19 y los detalles de esta deberán confirmarse durante las próximas horas.
¿Qué significa la infracción al artículo 31 y al artículo 246?
En simple, ambas disposiciones legales castigan a quienes entreguen o difundan antecedentes secretos.
La primera sanciona a los funcionarios que hubieren participado en la investigación y a todo aquel que, de cualquier modo, informe, difunda o divulgue información relativa a una indagatoria por lavado de activos.
La segunda, en tanto, penaliza al empleado público que revelare los secretos de que tenga conocimiento por razón de su oficio o entregare indebidamente papeles o copia de papeles que tenga a su cargo y no deban ser publicados.
“Si de la revelación o entrega resultare grave daño para la causa pública, las penas serán reclusión mayor en cualquiera de sus grados y multa de veintiuno a treinta unidades tributarias mensuales”, establece la ley.
Reacciones de la PDI
Desde la Policía de Investigaciones se refirieron al operativo, señalando que “la institución y el Director General, respeta y acata el Estado de Derecho, por lo que cooperará con la indagación con la finalidad que se esclarezcan judicialmente los hechos.”
Además indicaron que “como institución permanente del Estado de Chile, reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad pública y el país”.
