Denuncia desvío de dineros desde el SLEP de Colchagua para pagar sueldos de profesores despedidos

La suma ascendería a 2.253 millones de pesos, para indemnizar a 378 docentes y asistentes educativos despedidos de manera injustificada según Contraloría.​

Un nuevo reportaje de CIPER Chile revela un escándalo en el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Colchagua, en la región de O’Higgins, donde más de $2.253 millones fueron desviados ilegalmente para indemnizar a 378 docentes y asistentes educativos despedidos.

Estos despidos, luego objetados por la Contraloría regional de O’Higgins, se financiaron a través de recursos provenientes de distintas subvenciones escolares, una práctica contraria a la normativa, ya que requiere una modificación presupuestaria previa.

La Contraloría dictaminó la reincorporación de los trabajadores despedidos y el pago de las remuneraciones que no habían recibido durante su desempleo. El director ejecutivo del SLEP, Óscar Fuentes Román, y su equipo cercano, figuran como los principales responsables de esta operación irregular.

Fuentes y su equipo, con antecedentes en la Corporación Municipal de Rancagua, habrían tomado esta decisión a pesar de estar informados de su potencial ilegalidad.



El medio investigativo señala en su reportaje que “El 30 de enero de 2023, la Contraloría respondió a una denuncia anónima que afirmaba que los fondos de la Subvención Pro-Retención no estaban siendo usados. Ese dinero se otorga a los estudiantes que hayan asistido regularmente a clases y cuyas familias se encuentren en condición de extrema pobreza y vulnerabilidad. De los 12 mil estudiantes bajo la administración del SLEP de Colchagua, alrededor del 75% pertenece a familias vulnerables, según indicaron a CIPER funcionarios del mismo servicio que tienen conocimiento de los recursos de las subvenciones.”

Explicando que “La Contraloría concluyó que los $177 millones de esa subvención no habían sido ocupados en los estudiantes como establece la normativa, a pesar de que figuraban rendidos en 2021. En el saldo final de caja 2021 también se encontraban esos $177 millones, dinero que se desvió al pago de las indemnizaciones”.

Además de estos despidos, el SLEP también enfrenta acusaciones de incumplimiento en el pago de cotizaciones previsionales, lo que ha generado multas e intereses adicionales, elevando el déficit del servicio. La Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins y la PDI han iniciado una investigación para esclarecer estos hechos.

El reportaje detalla cómo Fuentes Román habría utilizado el saldo final de caja de 2021 para cubrir las indemnizaciones, ignorando los procedimientos legales y estándares de transparencia. Esta situación ha generado un amplio debate sobre las prácticas administrativas en los servicios educativos públicos y ha llamado la atención sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización para evitar el mal uso de fondos públicos.

Finalmente, Ciper dice que “Fuentes Román fue suspendido de su cargo en marzo de 2023. Desde esa fecha la Dirección de Educación Pública mantiene una investigación sumaria para determinar si debe ser removido. Eso sí, Fuentes continúa gozando de su remuneración. Su último sueldo registrado en Transparencia es de diciembre de 2023 y superó los $8 millones líquidos”.

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