fpe_alvarez
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Retiro de juez nominado para la Corte Suprema.
La preservación de la autonomía del máximo tribunal exige que los candidatos a él sean evaluados por sus méritos, no de acuerdo a lecturas políticas de sus fallos.
TRAS VARIOS meses de negociaciones fallidas, y ante la imposibilidad de lograr un acuerdo para conseguir la mayoría requerida en el Senado, el gobierno retiró esta semana la postulación a la Corte Suprema del juez Juan Manuel Muñoz, la cual había presentado en diciembre. Se trata de un resultado desafortunado, por la forma en que se dio y los motivos que lo causaron, así como también porque posterga la posibilidad de que un magistrado que ha hecho una muy elogiada carrera judicial de casi 40 años acceda al máximo tribunal para aportar allí sus criterios y experiencia. En su reemplazo, el Ejecutivo ha nominado a Ricardo Blanco, ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel.
La causa principal del fracaso de las tratativas se encuentra en la resistencia que la postulación encontró en las filas concertacionistas, impulsada por el senador Eduardo Frei. Este formuló fuertes críticas contra Muñoz y promovió el rechazo a su candidatura, pues se encuentra disconforme con el hecho de que el juez haya acogido en 2009 un recurso de amparo que dejó sin efecto dos de los seis procesamientos dictados en el marco de las investigaciones acerca del presunto homicidio de su padre, el ex Presidente Eduardo Frei Montalva. Ese cuestionamiento, junto al que provocó en la oposición que el magistrado aplicara la prescripción en dos ocasiones -en 2002 y 2006, aunque cambió de postura en 2009- dio pie a la negativa a respaldar su nominación.
La ley establece que los parlamentarios no pueden “promover ni votar ningún asunto que les interese directa o personalmente”, por lo que no parece pertinente la actuación de un senador involucrado de manera tan estrecha con uno de los fallos del juez. Tampoco resulta conveniente, para preservar la necesaria autonomía que deben tener los jueces, que sus fallos y resoluciones sean analizados desde un punto de vista puramente político. La independencia del Poder Judicial es uno de los fundamentos sobre los que descansa la institucionalidad democrática del país, y es deber de todos los actores políticos preservarla y respetarla, sin ponerla en riesgo debido a cálculos políticos que no tienen a la vista el interés general. El presidente de la Corte Suprema recalcó este punto, a propósito de este tema, en marzo pasado, cuando afirmó que la Constitución señala de forma explícita que no cabe ni al Ejecutivo ni al Legislativo “revisar los fundamentos o contenidos” de las resoluciones de tribunales.
La fallida nominación del juez Muñoz rompió, asimismo, un acuerdo político alcanzado el año pasado entre el oficialismo y la oposición para llenar dos vacantes en la Corte Suprema, cuestión que ya había ocurrido también en 2008. Aunque este tipo de acuerdos puede parecer controversial y hay quienes estiman que no deberían tener lugar, su celebración se hace necesaria debido al elevado quórum de dos tercios de los senadores en ejercicio que se exige para la ratificación de una candidatura. No parece atendible que la oposición incumpla un compromiso aludiendo ahora que al momento de alcanzarlo carecía de información que en ese entonces estaba plenamente disponible. Al faltar a su palabra de esa manera, debilita las confianzas y hace difícil llegar a acuerdos para llenar otras vacantes que existen en el máximo tribunal, lo cual va en detrimento de la convivencia política y de la eficacia legislativa.
FUENTE
La preservación de la autonomía del máximo tribunal exige que los candidatos a él sean evaluados por sus méritos, no de acuerdo a lecturas políticas de sus fallos.
TRAS VARIOS meses de negociaciones fallidas, y ante la imposibilidad de lograr un acuerdo para conseguir la mayoría requerida en el Senado, el gobierno retiró esta semana la postulación a la Corte Suprema del juez Juan Manuel Muñoz, la cual había presentado en diciembre. Se trata de un resultado desafortunado, por la forma en que se dio y los motivos que lo causaron, así como también porque posterga la posibilidad de que un magistrado que ha hecho una muy elogiada carrera judicial de casi 40 años acceda al máximo tribunal para aportar allí sus criterios y experiencia. En su reemplazo, el Ejecutivo ha nominado a Ricardo Blanco, ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel.
La causa principal del fracaso de las tratativas se encuentra en la resistencia que la postulación encontró en las filas concertacionistas, impulsada por el senador Eduardo Frei. Este formuló fuertes críticas contra Muñoz y promovió el rechazo a su candidatura, pues se encuentra disconforme con el hecho de que el juez haya acogido en 2009 un recurso de amparo que dejó sin efecto dos de los seis procesamientos dictados en el marco de las investigaciones acerca del presunto homicidio de su padre, el ex Presidente Eduardo Frei Montalva. Ese cuestionamiento, junto al que provocó en la oposición que el magistrado aplicara la prescripción en dos ocasiones -en 2002 y 2006, aunque cambió de postura en 2009- dio pie a la negativa a respaldar su nominación.
La ley establece que los parlamentarios no pueden “promover ni votar ningún asunto que les interese directa o personalmente”, por lo que no parece pertinente la actuación de un senador involucrado de manera tan estrecha con uno de los fallos del juez. Tampoco resulta conveniente, para preservar la necesaria autonomía que deben tener los jueces, que sus fallos y resoluciones sean analizados desde un punto de vista puramente político. La independencia del Poder Judicial es uno de los fundamentos sobre los que descansa la institucionalidad democrática del país, y es deber de todos los actores políticos preservarla y respetarla, sin ponerla en riesgo debido a cálculos políticos que no tienen a la vista el interés general. El presidente de la Corte Suprema recalcó este punto, a propósito de este tema, en marzo pasado, cuando afirmó que la Constitución señala de forma explícita que no cabe ni al Ejecutivo ni al Legislativo “revisar los fundamentos o contenidos” de las resoluciones de tribunales.
La fallida nominación del juez Muñoz rompió, asimismo, un acuerdo político alcanzado el año pasado entre el oficialismo y la oposición para llenar dos vacantes en la Corte Suprema, cuestión que ya había ocurrido también en 2008. Aunque este tipo de acuerdos puede parecer controversial y hay quienes estiman que no deberían tener lugar, su celebración se hace necesaria debido al elevado quórum de dos tercios de los senadores en ejercicio que se exige para la ratificación de una candidatura. No parece atendible que la oposición incumpla un compromiso aludiendo ahora que al momento de alcanzarlo carecía de información que en ese entonces estaba plenamente disponible. Al faltar a su palabra de esa manera, debilita las confianzas y hace difícil llegar a acuerdos para llenar otras vacantes que existen en el máximo tribunal, lo cual va en detrimento de la convivencia política y de la eficacia legislativa.
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