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El gobierno obligará a patrocinadores de residentes a responsabilizarse por cada dólar que estos pidan
La nueva regla se suma al endurecimiento de la política migratoria de tolerancia cero del gobierno y pone nuevas trabas a la inmigración legal a Estados Unidos
El gobierno de Donald Trump anunció este jueves una nueva regla que impactará directamente en patrocinadores (avales) de inmigrantes que buscan la residencia legal permanente, quienes deberán hacerse cargo por cada dólar que el inmigrante que respaldan pida al gobierno.
“La propuesta hará cumplir una ley establecida hace tiempo y que protege a los contribuyentes estadounidenses”, dijo la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) este jueves.
La norma, que será publicada en las próximas horas en el Registro Federal, “aumentará la integridad del sistema de inmigración legal de la nación, hace que los patrocinadores de inmigrantes sean responsabilizados por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos que ellos firmaron con el gobierno federal y alinea la política de la agencia de acuerdo con el memorando presidencial sobre Cumplimiento con las Responsabilidades de los patrocinadores extranjeros firmado por Trump en mayo del año pasado”, indicó la dependencia.
A finales de septiembre del año pasado la USCIS había publicado una lista de requisitos que regula el patrocinio de inmigrantes y las responsabilidades que adquieren los patrocinadores, sobre todo si el extranjero recibe ayudas públicas.
Por medio de un memorando fechado el viernes (27 de septiembre), la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) publicó el documento denominado “Responsabilidades Legales de los Patrocinadores de Extranjeros”.
La agencia señaló en aquella ocasión que el instructivo se basa en el memorando presidencial del 23 de mayo de 2019, donde el presidente exigió que cuando un extranjero reciba ciertas formas de beneficios públicos, se debe solicitar el reembolso por parte del patrocinador.
La regla que ahora publica la USCIS pasa de una simple lista de requisitos a convertirse en norma y asoma a cuatro semanas de la elección presidencial prevista para el 3 de noviembre y forma parte de la agenda migratoria de tolerancia cero del mandatario.
Los argumentos
“Reformar el proceso de patrocinio de inmigrantes protegerá más eficientemente a los contribuyentes estadounidenses, asegurará que los extranjeros que solicitan beneficios permanentes no dependan de beneficios públicos y fortalecerá los mecanismos para responsabilizar a quienes incumplen con patrocinar económicamente a los extranjeros que patrocinan”, dijo Joseph Edlow, subdirector de políticas de la USCIS en un comunicado.
“El Departamento continuará el cumplimiento con la directiva presidencial de hacer cumplir apropiadamente las leyes de inmigración y asegurar que el gobierno federal sea reembolsado si los extranjeros patrocinados reciben beneficios públicos, que fue la intención del Congreso cuando aprobaron la legislación pertinente”, añadió.
En junio del año pasado el director interino de la USCIS, Ken Cuccinelli, ordenó a los empleados de la agencia que recuerden en cada trámite que los patrocinadores deberán “reembolsar a la agencia por cada dólar de beneficios que reciban los inmigrantes”.
El memorando presidencial del 23 de mayo “indica a las agencias federales relevantes que actualicen o emitan procedimientos, guías y regulaciones para hacer cumplir la ley vigente y garantizar que los inmigrantes no elegibles no reciban beneficios federales”, indicó.
Cuccinelli, además, en esa ocasión dijo que “como parte de la implementación del memorando por parte de USCIS, se requerirá que los agentes le recuerden a las personas en las entrevistas durante sus procesos de ajuste de estado migratorio de las responsabilidades de sus patrocinadores según las leyes y regulaciones existentes”
Detalles de la regla
De acuerdo con el anuncio de la USCIS, la nueva regla requerirá que los ciudadanos estadounidenses, nacionales y residentes permanentes legales de Estados Unidos que opten por patrocinar a un inmigrante mediante la presentación de un Formulario I-864 (Declaración Jurada de Patrocinio Económico) o el Formulario I-864EZ (Declaración Jurada de Patrocinio Económico bajo la Sección 213A de la Ley de Inmigración (INA), “proporcionen informes de crédito y puntuaciones crediticias, copias certificadas de las declaraciones de impuestos de los últimos tres años e información bancaria para demostrar efectivamente que pueden mantener el ingreso requerido”.
Agrega que, además, “bajo la regla propuesta cualquier patrocinador peticionario que se determine que ha recibido beneficios públicos basados en recursos económicos verificados dentro de 36 meses previos a presentar el Formulario I-864, o haya incumplido con obligaciones anteriores para patrocinio de un inmigrante, deberá tener un copatrocinador que no haya recibido beneficios públicos durante ese tiempo”.
Otros cambios incluyen la eliminación del requisito de citación antes de que USCIS pueda proporcionar cierta información a las agencias que otorgan beneficios y otras partes, y sea autorizada a tomar acción civil contra los patrocinadores que incumplen y limitar el tipo o cantidad de los miembros del hogar que pueden presentar un Formulario _864A (Contrato entre un patrocinador y un familiar).
La USCIS dijo que el proceso de declaración jurada de patrocinio económico se requiere para que la mayoría de los inmigrantes basados en la familia y algunos posibles inmigrantes basados en el empleo, demuestren que tienen recursos suficientes de patrocinio económico y que no se convertirán en una carga pública.
Medida extrema
Abogados consultados por Univision Noticias dijeron que la nueva regla propuesta por la USCIS se trata de una medida extrema que afectará los procesos de residencia y dificultará aún más la inmigración legal.
“Cada decisión que vayan a tomar cuando se implemente esta norma dificultará el proceso, no solo en cuanto a averiguar si el patrocinador tiene o no recursos para respaldar un pedido de residencia, sino indagar en su pasado si tuvo problemas financieros”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles (California).
“Puede ser que el patrocinador tenga un trabajo estable, buenos ingresos y se convierte en un aval cualificado, pero si el gobierno descubre que hace un par de años tuvo una bancarrota o dificultades económicas, la USCIS en uso de su discrecionalidad podrá rechazar un caso por esos antecedentes”, agregó.
Gálvez dijo además que “con esta nueva regla no se está tomando en cuenta la capacidad financiera actual del patrocinador, sino posibles errores anteriores, pecados financieros viejos. Esto sin lugar a dudas tendrá consecuencias migratorias. Es algo que no se esperaba y es triste que por una bancarrota en el pasado o un período de mal crédito el gobierno niegue un caso de residencia”, apuntó.
Estos son los beneficios que se verán afectados (y los que no) con la regla de carga pública
www.univision.com
Londres plantea enviar a quienes soliciten asilo a la isla de Ascensión
Sería la versión británica de la durísima política antiinmigración de Australia
Cuando el Gobierno conservador británico anunció que adoptaría un sistema de puntos como el australiano en materia de inmigración, nadie pensó que también estudiaba la posibilidad de copiar al país oceánico a la hora de enviar a los solicitantes de asilo político a centros de detención en lugares remotos, como las islas de Ascensión y Santa Helena, en medio del Atlántico.
La ministra de Interior Priti Patel, del ala más ultraderechista de la Administración, se ha planteado esas opciones como respuesta al aumento del número de inmigrantes y demandantes de asilo que llegan a la costa inglesa a través del Canal de la Mancha, en vista de la creciente vigilancia de los camiones y el Eurostar, y más desde que las restricciones de la pandemia han reducido el tráfico entre Francia y el Reino Unido. En lo que va de año, unas siete mil personas han cruzado en pequeñas embarcaciones, y Londres ha llegado a movilizar a la Navy y a los marines para confrontarlas.
A Patel, según fuentes oficiales del Gobierno, le agrada la política australiana de detención obligatoria de los extranjeros que pretenden entrar en el país sin un visado válido o incumplen las condiciones bajo las que se les autorizó a establecerse, hasta que las autoridades consideran su caso y toman una decisión, ya sea abrirles las puertas o (en la mayoría de las ocasiones) deportarlos. Hay quienes pasan hasta diez años en prisiones situadas en lugares tan remotos como Nauru o las islas de Manus y Navidad.
El objetivo australiano de disuadir la llegada de inmigrantes ilegales o solicitantes de asilo político es compartido por el Gobierno de Boris Johnson, que ha pedido consejo a otros países (entre ellos Australia) sobre la manera de combatir el problema. Sobre la posibilidad de enviar a los extranjeros indeseados a Ascensión o Santa Helena (donde murió Napoleón Bonaparte en el exilio), el Ministerio de Interior no ha confirmado ni desmentido que sea una opción seria, más allá de admitir que la ha estudiado. La oposición de los grupos de defensa de los derechos humanos, muy fuertes en Londres, sería enorme.
En un discurso que tiene previsto el sábado dentro del congreso del Partido Conservador, Patel va a proponer más mano dura contra los inmigrantes y más severidad con quienes piden asilo político, a pesar de la vieja tradición británica, ya desaparecida, de ofrecer asistencia a quienes eran objeto de persecución. Tras el Brexit, el Reino Unido no podrá devolver a los ilegales al primer país europeo donde pusieron pie, y la práctica australiana de empujar a las embarcaciones hacia aguas territoriales indonesias no es viable en el Canal de la Mancha.
Un plan más inmediato consiste en encarcelar a los inmigrantes en una prisión del condado de Lincolshire conocida por sus condiciones inhumanas y apodada Angola, como la penitenciaría del estado de Luisiana famosa por su dureza.
www.lavanguardia.com
La nueva regla se suma al endurecimiento de la política migratoria de tolerancia cero del gobierno y pone nuevas trabas a la inmigración legal a Estados Unidos
El gobierno de Donald Trump anunció este jueves una nueva regla que impactará directamente en patrocinadores (avales) de inmigrantes que buscan la residencia legal permanente, quienes deberán hacerse cargo por cada dólar que el inmigrante que respaldan pida al gobierno.
“La propuesta hará cumplir una ley establecida hace tiempo y que protege a los contribuyentes estadounidenses”, dijo la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) este jueves.
La norma, que será publicada en las próximas horas en el Registro Federal, “aumentará la integridad del sistema de inmigración legal de la nación, hace que los patrocinadores de inmigrantes sean responsabilizados por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos que ellos firmaron con el gobierno federal y alinea la política de la agencia de acuerdo con el memorando presidencial sobre Cumplimiento con las Responsabilidades de los patrocinadores extranjeros firmado por Trump en mayo del año pasado”, indicó la dependencia.
A finales de septiembre del año pasado la USCIS había publicado una lista de requisitos que regula el patrocinio de inmigrantes y las responsabilidades que adquieren los patrocinadores, sobre todo si el extranjero recibe ayudas públicas.
Por medio de un memorando fechado el viernes (27 de septiembre), la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) publicó el documento denominado “Responsabilidades Legales de los Patrocinadores de Extranjeros”.
La agencia señaló en aquella ocasión que el instructivo se basa en el memorando presidencial del 23 de mayo de 2019, donde el presidente exigió que cuando un extranjero reciba ciertas formas de beneficios públicos, se debe solicitar el reembolso por parte del patrocinador.
La regla que ahora publica la USCIS pasa de una simple lista de requisitos a convertirse en norma y asoma a cuatro semanas de la elección presidencial prevista para el 3 de noviembre y forma parte de la agenda migratoria de tolerancia cero del mandatario.
Los argumentos
“Reformar el proceso de patrocinio de inmigrantes protegerá más eficientemente a los contribuyentes estadounidenses, asegurará que los extranjeros que solicitan beneficios permanentes no dependan de beneficios públicos y fortalecerá los mecanismos para responsabilizar a quienes incumplen con patrocinar económicamente a los extranjeros que patrocinan”, dijo Joseph Edlow, subdirector de políticas de la USCIS en un comunicado.
“El Departamento continuará el cumplimiento con la directiva presidencial de hacer cumplir apropiadamente las leyes de inmigración y asegurar que el gobierno federal sea reembolsado si los extranjeros patrocinados reciben beneficios públicos, que fue la intención del Congreso cuando aprobaron la legislación pertinente”, añadió.
En junio del año pasado el director interino de la USCIS, Ken Cuccinelli, ordenó a los empleados de la agencia que recuerden en cada trámite que los patrocinadores deberán “reembolsar a la agencia por cada dólar de beneficios que reciban los inmigrantes”.
El memorando presidencial del 23 de mayo “indica a las agencias federales relevantes que actualicen o emitan procedimientos, guías y regulaciones para hacer cumplir la ley vigente y garantizar que los inmigrantes no elegibles no reciban beneficios federales”, indicó.
Cuccinelli, además, en esa ocasión dijo que “como parte de la implementación del memorando por parte de USCIS, se requerirá que los agentes le recuerden a las personas en las entrevistas durante sus procesos de ajuste de estado migratorio de las responsabilidades de sus patrocinadores según las leyes y regulaciones existentes”
Detalles de la regla
De acuerdo con el anuncio de la USCIS, la nueva regla requerirá que los ciudadanos estadounidenses, nacionales y residentes permanentes legales de Estados Unidos que opten por patrocinar a un inmigrante mediante la presentación de un Formulario I-864 (Declaración Jurada de Patrocinio Económico) o el Formulario I-864EZ (Declaración Jurada de Patrocinio Económico bajo la Sección 213A de la Ley de Inmigración (INA), “proporcionen informes de crédito y puntuaciones crediticias, copias certificadas de las declaraciones de impuestos de los últimos tres años e información bancaria para demostrar efectivamente que pueden mantener el ingreso requerido”.
Agrega que, además, “bajo la regla propuesta cualquier patrocinador peticionario que se determine que ha recibido beneficios públicos basados en recursos económicos verificados dentro de 36 meses previos a presentar el Formulario I-864, o haya incumplido con obligaciones anteriores para patrocinio de un inmigrante, deberá tener un copatrocinador que no haya recibido beneficios públicos durante ese tiempo”.
Otros cambios incluyen la eliminación del requisito de citación antes de que USCIS pueda proporcionar cierta información a las agencias que otorgan beneficios y otras partes, y sea autorizada a tomar acción civil contra los patrocinadores que incumplen y limitar el tipo o cantidad de los miembros del hogar que pueden presentar un Formulario _864A (Contrato entre un patrocinador y un familiar).
La USCIS dijo que el proceso de declaración jurada de patrocinio económico se requiere para que la mayoría de los inmigrantes basados en la familia y algunos posibles inmigrantes basados en el empleo, demuestren que tienen recursos suficientes de patrocinio económico y que no se convertirán en una carga pública.
Medida extrema
Abogados consultados por Univision Noticias dijeron que la nueva regla propuesta por la USCIS se trata de una medida extrema que afectará los procesos de residencia y dificultará aún más la inmigración legal.
“Cada decisión que vayan a tomar cuando se implemente esta norma dificultará el proceso, no solo en cuanto a averiguar si el patrocinador tiene o no recursos para respaldar un pedido de residencia, sino indagar en su pasado si tuvo problemas financieros”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles (California).
“Puede ser que el patrocinador tenga un trabajo estable, buenos ingresos y se convierte en un aval cualificado, pero si el gobierno descubre que hace un par de años tuvo una bancarrota o dificultades económicas, la USCIS en uso de su discrecionalidad podrá rechazar un caso por esos antecedentes”, agregó.
Gálvez dijo además que “con esta nueva regla no se está tomando en cuenta la capacidad financiera actual del patrocinador, sino posibles errores anteriores, pecados financieros viejos. Esto sin lugar a dudas tendrá consecuencias migratorias. Es algo que no se esperaba y es triste que por una bancarrota en el pasado o un período de mal crédito el gobierno niegue un caso de residencia”, apuntó.
Estos son los beneficios que se verán afectados (y los que no) con la regla de carga pública
El gobierno obligará a patrocinadores de residentes a responsabilizarse por cada dólar que estos pidan
La nueva regla se suma al endurecimiento de la política migratoria de tolerancia cero del gobierno y pone nuevas trabas a la inmigración legal a Estados Unidos.
www.univision.com
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Sería la versión británica de la durísima política antiinmigración de Australia
Cuando el Gobierno conservador británico anunció que adoptaría un sistema de puntos como el australiano en materia de inmigración, nadie pensó que también estudiaba la posibilidad de copiar al país oceánico a la hora de enviar a los solicitantes de asilo político a centros de detención en lugares remotos, como las islas de Ascensión y Santa Helena, en medio del Atlántico.
La ministra de Interior Priti Patel, del ala más ultraderechista de la Administración, se ha planteado esas opciones como respuesta al aumento del número de inmigrantes y demandantes de asilo que llegan a la costa inglesa a través del Canal de la Mancha, en vista de la creciente vigilancia de los camiones y el Eurostar, y más desde que las restricciones de la pandemia han reducido el tráfico entre Francia y el Reino Unido. En lo que va de año, unas siete mil personas han cruzado en pequeñas embarcaciones, y Londres ha llegado a movilizar a la Navy y a los marines para confrontarlas.
A Patel, según fuentes oficiales del Gobierno, le agrada la política australiana de detención obligatoria de los extranjeros que pretenden entrar en el país sin un visado válido o incumplen las condiciones bajo las que se les autorizó a establecerse, hasta que las autoridades consideran su caso y toman una decisión, ya sea abrirles las puertas o (en la mayoría de las ocasiones) deportarlos. Hay quienes pasan hasta diez años en prisiones situadas en lugares tan remotos como Nauru o las islas de Manus y Navidad.
El objetivo australiano de disuadir la llegada de inmigrantes ilegales o solicitantes de asilo político es compartido por el Gobierno de Boris Johnson, que ha pedido consejo a otros países (entre ellos Australia) sobre la manera de combatir el problema. Sobre la posibilidad de enviar a los extranjeros indeseados a Ascensión o Santa Helena (donde murió Napoleón Bonaparte en el exilio), el Ministerio de Interior no ha confirmado ni desmentido que sea una opción seria, más allá de admitir que la ha estudiado. La oposición de los grupos de defensa de los derechos humanos, muy fuertes en Londres, sería enorme.
En un discurso que tiene previsto el sábado dentro del congreso del Partido Conservador, Patel va a proponer más mano dura contra los inmigrantes y más severidad con quienes piden asilo político, a pesar de la vieja tradición británica, ya desaparecida, de ofrecer asistencia a quienes eran objeto de persecución. Tras el Brexit, el Reino Unido no podrá devolver a los ilegales al primer país europeo donde pusieron pie, y la práctica australiana de empujar a las embarcaciones hacia aguas territoriales indonesias no es viable en el Canal de la Mancha.
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