Walter Nelson
Berto 2022
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Óscar Araya (29) recibe $445 mil mensuales de forma vitalicia por los disparos de perdigones que recibió en uno de sus muslos en noviembre de 2019. Sin embargo, desde marzo de 2023 enfrenta una causa por presunta venta de marihuana. Fue candidato a alcalde en la lista del Partido Humanista, Igualdad y otras organizaciones.
Revocar o no revocar las pensiones de gracia a quienes hayan cometido delitos y cómo hacerlo. Esa es una de las materias que ocupa al gobierno en estos días, y mientras explora opciones, El Líbero pudo constatar un nuevo caso polémico de entrega de este beneficio. En esta oportunidad, se trata de una persona que cometió el delito después de haber recibido la pensión.
Se trata de Óscar Araya Campos, egresado de Sociología de 29 años, ex candidato a alcalde de Copiapó y ex candidato a consejero regional por la lista del Partido Igualdad, quien fue formalizado en marzo de 2023 por tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, razón por la que estuvo en prisión preventiva y cuya preparación de juicio está fijado para marzo de este año.
Campos recibió dos impactos de perdigones de Carabineros en la parte posterior de un muslo el 12 de noviembre de 2019 frente a la catedral de Copiapó, razón por la que la Comisión Especial Asesora del Presidente le otorgó una pensión de gracia el 14 de junio de 2022. Luego, el 27 de octubre, le aumentaron la pensión de gracia a 1,5 ingresos mínimos no remuneracionales de por vida, es decir, $445.000 cada mes.
Dos días después, se allanaron todas las casas en que se constató tráfico y Araya fue detenido junto a su novia y su amigo. El año anterior el sociólogo había sido multado por portar 0,3 gramos de marihuana, pero en esta oportunidad él entregó voluntariamente una caja con 265 gramos de marihuana y en la bodega de la pareja se encontró una bolsa de nylon con 1 kilo 300 gramos de marihuana y balanzas.
A su polola se le incautó un frasco con 142 gramos de resina de marihuana y 10 alfajores con marihuana, consigna la acusación del fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Atacama. El amigo, en tanto, tenía un frasco con 18 gramos y en su pieza guardaba 25 bolsitas de nylon con 40 gramos de cannabis sativa.
Se les formalizó y estuvieron en prisión preventiva. En agosto la defensa del ex candidato a alcalde solicitó su sobreseimiento, pero se le negó. Araya apeló diciendo que su consumo era estrictamente médico -incluso tenía un certificado médico vencido de la Fundación Daya en el momento de la detención- y aseguró que quien realmente vendió drogas al agente fue su compañero de casa.
De todas formas, el Ministerio Público solicitó cinco años y un día de presidio en grado mínimo para cada uno de los involucrados y una multa de 40 UTM. La próxima audiencia de continuación de preparación de juicio oral será el 22 de marzo.
Araya nació en Copiapó y estudió Sociología en la Universidad de Chile. Su tesis la aprobó en diciembre del año pasado y lo celebró en su Facebook: “Aprobé mi tesis con un 6,0. No saben lo difícil que ha sido este año. Luego de caer preso, he sido juzgado y re juzgado por muchas personas y espacios, he trabajado el triple para poder salir del hoyo en que nos metieron y entremedio he realizado esta tesis y mi práctica profesional. Me mandaron al mismo infierno, pero contra todo, junto a la compañera más apañadora @ivaniafranshesca_ hoy seguimos en pie y seguiremos avanzando”.
Con ella lo detuvieron y con ella se trasladaría a Santiago desde el 1 de enero a buscar nuevos horizontes laborales, después de vender todas sus cosas en su natal Copiapó, donde en los últimos meses se dedicaron a vender pollos rellenos y pasteles. Antes, en esa misma ciudad, Araya se desempeñó como gestor cultural, cuidador durante la emergencia sanitaria y, según su LinkedIn, como coordinador de la Región de Atacama de Cadem.
Como gestor, fue parte de ollas comunes, festivales y talleres populares en materias de medioambiente y educación cívica. Luego, en 2019 apoyó activamente el estallido social, en el marco del cual recibió los disparos, y se evidenció como crítico de las policías y FF.AA.
En mayo pasado escribió una declaración pública descartando rumores locales que lo sindicaban como el líder de un grupo que estaría planeando un “estallido social 2.0” en Atacama.
Pero no fue hasta el 2021 cuando comenzó su carrera política de verdad. Fue candidato a alcalde de Copiapó por “Dignidad Ahora” (PH, Igualdad y organizaciones como “No + AFP”, “Deudores Populares” y agrupaciones feministas) y seis meses después se postuló a consejero regional. Allí se presentó como independiente en la lista “Por un Chile Digno” (PC, Igualdad e independientes).
Su candidatura fue fruto de una consulta ciudadana que organizó el sector al cual representaba. Participó en la organización de la Cumbre por las Cuencas de Atacama, además de estar presente en la Asamblea Ambiental de Copiapó y en variadas luchas sociales desde el 2006, especialmente en materias de educación y la recuperación de recursos naturales como el agua.
Pero su exposición al mundo político no tuvo mayor éxito. Perdió ambas votaciones con 8.847 votos (20,13%) en la carrera a la alcaldía y 1.225 votos, (2%) para la consejería regional.
En concreto, se trata de cinco artículos. Los dos primeros plantean que la Comisión Especial Asesora deberá tener en consideración los antecedentes penales del solicitante para plasmarlo en un informe que se le entregará al Presidente, mientras que los siguientes proponen que el Mandatario pueda revocar las pensiones de gracia si el beneficiario delinque posterior a su entrega. También propone crear un reglamento para el otorgamiento de estas pensiones.
A raíz de esto, senadores de la UDI presentaron un proyecto de reforma constitucional para que la Cámara de Diputados pueda revocar las pensiones de gracia a requerimiento de una cuarta parte de los diputados. Esto, tanto para quienes ya tenían antecedentes o para quienes cometieron un delito después de recibir el beneficio.
Por el momento, además del caso de Araya, se conocen ocho personas con antecedentes penales -no sólo condenas- que reciben pensiones de gracia vitalicias:
1- Jesús Véjar Vega: condenado por el homicidio de un recolector de basura en Alto Hospicio en 2014. Se trata del pensionado que cometió el delito más gravoso. Recibe dos ingresos mínimos no remuneracionales al mes de pensión de gracia. Es decir, casi $600 mil.
2- Juan Francisco Villalobos: lo detuvieron el miércoles 10 porque estaba prófugo desde 2022 acusado por estafa. En 2019 fue aprehendido por desórdenes y robo en supermercado. Recibía casi $ 600 mil mensuales.
3- Andrés Fuica: detenido tras robar un supermercado saqueado en Viña del Mar en octubre de 2019. Tenía una sentencia por agredir a su pareja en 2017. Habría sido herido por perdigones. Una primera investigación lo dejó fuera de la lista de víctimas, mientras que existe una segunda, pero desformalizada. Recibe $504.069 al mes.
4- Jonathan Parra Rebolledo: atacó una caseta de Carabineros con un cono de tránsito en llamas. Lo condenaron por el delito de incendio y desórdenes públicos, cumpliendo cinco años de pena en libertad vigilada. Recibió un impacto de perdigón en el tórax y recibe una pensión de gracia de $444.766.
5- Eliseo Carrera Espinoza: con un historial de robos y hurtos, fue detenido por lanzar piedras a vehículos policiales. Sufrió una fractura expuesta por el impacto de una bomba lacrimógena. Antes tenía ocho condenas por robo en lugar no habitado, dos por hurto y una por desórdenes, consigna Ex Ante. Recibe $444.766 al mes.
6- Sandro Jerez Salas: tiene una pensión de $444.766 por haber recibido un disparo en 2019, mismo año en que se le condenó por dos saqueos en medio de manifestaciones.
7- Gabriel Allende Torres: detenido y sentenciado por lanzar molotovs y hacer barricadas. Tuvo nueve heridas contusas por perdigones en las protestas. Recibe una pensión de $444.766.
8.- Adán Castro Cifuentes: fue detenido en 2019 por golpear a dos carabineros. A uno lo pateó en la cabeza. También tiene una pena por porte ilegal de arma de fuego. La pensión se la entregan porque sufrió “erosiones y contusiones en zona maxilo-mandibular derecha y erosiones en dorso de las manos”. Percibe $296.511 de forma vitalicia.
ellibero.cl
Revocar o no revocar las pensiones de gracia a quienes hayan cometido delitos y cómo hacerlo. Esa es una de las materias que ocupa al gobierno en estos días, y mientras explora opciones, El Líbero pudo constatar un nuevo caso polémico de entrega de este beneficio. En esta oportunidad, se trata de una persona que cometió el delito después de haber recibido la pensión.
Se trata de Óscar Araya Campos, egresado de Sociología de 29 años, ex candidato a alcalde de Copiapó y ex candidato a consejero regional por la lista del Partido Igualdad, quien fue formalizado en marzo de 2023 por tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, razón por la que estuvo en prisión preventiva y cuya preparación de juicio está fijado para marzo de este año.
Campos recibió dos impactos de perdigones de Carabineros en la parte posterior de un muslo el 12 de noviembre de 2019 frente a la catedral de Copiapó, razón por la que la Comisión Especial Asesora del Presidente le otorgó una pensión de gracia el 14 de junio de 2022. Luego, el 27 de octubre, le aumentaron la pensión de gracia a 1,5 ingresos mínimos no remuneracionales de por vida, es decir, $445.000 cada mes.
El caso que lo llevó a la justicia
En marzo de 2023, vecinos de la población Cartavio de Copiapó denunciaron la venta de droga en ocho casas del sector y Carabineros decidió investigar. Así, un agente revelador pudo comprar un gramo de marihuana por $5.000 en una vivienda de la calle Fernando de Aguirre, que era donde vivía Araya, su polola y un amigo.Dos días después, se allanaron todas las casas en que se constató tráfico y Araya fue detenido junto a su novia y su amigo. El año anterior el sociólogo había sido multado por portar 0,3 gramos de marihuana, pero en esta oportunidad él entregó voluntariamente una caja con 265 gramos de marihuana y en la bodega de la pareja se encontró una bolsa de nylon con 1 kilo 300 gramos de marihuana y balanzas.
A su polola se le incautó un frasco con 142 gramos de resina de marihuana y 10 alfajores con marihuana, consigna la acusación del fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Atacama. El amigo, en tanto, tenía un frasco con 18 gramos y en su pieza guardaba 25 bolsitas de nylon con 40 gramos de cannabis sativa.
Se les formalizó y estuvieron en prisión preventiva. En agosto la defensa del ex candidato a alcalde solicitó su sobreseimiento, pero se le negó. Araya apeló diciendo que su consumo era estrictamente médico -incluso tenía un certificado médico vencido de la Fundación Daya en el momento de la detención- y aseguró que quien realmente vendió drogas al agente fue su compañero de casa.
De todas formas, el Ministerio Público solicitó cinco años y un día de presidio en grado mínimo para cada uno de los involucrados y una multa de 40 UTM. La próxima audiencia de continuación de preparación de juicio oral será el 22 de marzo.
Quién es Óscar Araya
Araya nació en Copiapó y estudió Sociología en la Universidad de Chile. Su tesis la aprobó en diciembre del año pasado y lo celebró en su Facebook: “Aprobé mi tesis con un 6,0. No saben lo difícil que ha sido este año. Luego de caer preso, he sido juzgado y re juzgado por muchas personas y espacios, he trabajado el triple para poder salir del hoyo en que nos metieron y entremedio he realizado esta tesis y mi práctica profesional. Me mandaron al mismo infierno, pero contra todo, junto a la compañera más apañadora @ivaniafranshesca_ hoy seguimos en pie y seguiremos avanzando”.
Con ella lo detuvieron y con ella se trasladaría a Santiago desde el 1 de enero a buscar nuevos horizontes laborales, después de vender todas sus cosas en su natal Copiapó, donde en los últimos meses se dedicaron a vender pollos rellenos y pasteles. Antes, en esa misma ciudad, Araya se desempeñó como gestor cultural, cuidador durante la emergencia sanitaria y, según su LinkedIn, como coordinador de la Región de Atacama de Cadem.
Como gestor, fue parte de ollas comunes, festivales y talleres populares en materias de medioambiente y educación cívica. Luego, en 2019 apoyó activamente el estallido social, en el marco del cual recibió los disparos, y se evidenció como crítico de las policías y FF.AA.
En mayo pasado escribió una declaración pública descartando rumores locales que lo sindicaban como el líder de un grupo que estaría planeando un “estallido social 2.0” en Atacama.
Pero no fue hasta el 2021 cuando comenzó su carrera política de verdad. Fue candidato a alcalde de Copiapó por “Dignidad Ahora” (PH, Igualdad y organizaciones como “No + AFP”, “Deudores Populares” y agrupaciones feministas) y seis meses después se postuló a consejero regional. Allí se presentó como independiente en la lista “Por un Chile Digno” (PC, Igualdad e independientes).
Su candidatura fue fruto de una consulta ciudadana que organizó el sector al cual representaba. Participó en la organización de la Cumbre por las Cuencas de Atacama, además de estar presente en la Asamblea Ambiental de Copiapó y en variadas luchas sociales desde el 2006, especialmente en materias de educación y la recuperación de recursos naturales como el agua.
Pero su exposición al mundo político no tuvo mayor éxito. Perdió ambas votaciones con 8.847 votos (20,13%) en la carrera a la alcaldía y 1.225 votos, (2%) para la consejería regional.
Las indicaciones del gobierno no permiten revocar una pensión de gracia ya entregada
El lunes pasado hubo molestia en la comisión de Desarrollo Social de la Cámara, luego que el gobierno advirtiera que sus indicaciones son sustitutivas a los proyectos que presentaron los diputados con el fin de regular y revocar las pensiones de gracia. Esto, porque implicaba dejar de lado las propuestas de los parlamentarios y, además, las indicaciones no contemplaban el remover el beneficio a personas que ya lo recibieron. Tampoco para aquellos que lo obtuvieron pese a tener condenas, por ejemplo, criminales.En concreto, se trata de cinco artículos. Los dos primeros plantean que la Comisión Especial Asesora deberá tener en consideración los antecedentes penales del solicitante para plasmarlo en un informe que se le entregará al Presidente, mientras que los siguientes proponen que el Mandatario pueda revocar las pensiones de gracia si el beneficiario delinque posterior a su entrega. También propone crear un reglamento para el otorgamiento de estas pensiones.
A raíz de esto, senadores de la UDI presentaron un proyecto de reforma constitucional para que la Cámara de Diputados pueda revocar las pensiones de gracia a requerimiento de una cuarta parte de los diputados. Esto, tanto para quienes ya tenían antecedentes o para quienes cometieron un delito después de recibir el beneficio.
Los otros pensionados con antecedentes
Aunque el 13 de septiembre pasado el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dio a conocer en la comisión investigadora de pensiones de gracia en el contexto del estallido social, que 40 de los 418 beneficiados tenían antecedentes penales, recién este martes 9 de enero la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que encargó levantar una información detallada de todas las personas que tienen condenas. Eso sí, lo solicitó respecto de todas las pensiones, no solo las del estallido.Por el momento, además del caso de Araya, se conocen ocho personas con antecedentes penales -no sólo condenas- que reciben pensiones de gracia vitalicias:
1- Jesús Véjar Vega: condenado por el homicidio de un recolector de basura en Alto Hospicio en 2014. Se trata del pensionado que cometió el delito más gravoso. Recibe dos ingresos mínimos no remuneracionales al mes de pensión de gracia. Es decir, casi $600 mil.
2- Juan Francisco Villalobos: lo detuvieron el miércoles 10 porque estaba prófugo desde 2022 acusado por estafa. En 2019 fue aprehendido por desórdenes y robo en supermercado. Recibía casi $ 600 mil mensuales.
3- Andrés Fuica: detenido tras robar un supermercado saqueado en Viña del Mar en octubre de 2019. Tenía una sentencia por agredir a su pareja en 2017. Habría sido herido por perdigones. Una primera investigación lo dejó fuera de la lista de víctimas, mientras que existe una segunda, pero desformalizada. Recibe $504.069 al mes.
4- Jonathan Parra Rebolledo: atacó una caseta de Carabineros con un cono de tránsito en llamas. Lo condenaron por el delito de incendio y desórdenes públicos, cumpliendo cinco años de pena en libertad vigilada. Recibió un impacto de perdigón en el tórax y recibe una pensión de gracia de $444.766.
5- Eliseo Carrera Espinoza: con un historial de robos y hurtos, fue detenido por lanzar piedras a vehículos policiales. Sufrió una fractura expuesta por el impacto de una bomba lacrimógena. Antes tenía ocho condenas por robo en lugar no habitado, dos por hurto y una por desórdenes, consigna Ex Ante. Recibe $444.766 al mes.
6- Sandro Jerez Salas: tiene una pensión de $444.766 por haber recibido un disparo en 2019, mismo año en que se le condenó por dos saqueos en medio de manifestaciones.
7- Gabriel Allende Torres: detenido y sentenciado por lanzar molotovs y hacer barricadas. Tuvo nueve heridas contusas por perdigones en las protestas. Recibe una pensión de $444.766.
8.- Adán Castro Cifuentes: fue detenido en 2019 por golpear a dos carabineros. A uno lo pateó en la cabeza. También tiene una pena por porte ilegal de arma de fuego. La pensión se la entregan porque sufrió “erosiones y contusiones en zona maxilo-mandibular derecha y erosiones en dorso de las manos”. Percibe $296.511 de forma vitalicia.
Ex candidato a alcalde de Copiapó recibió pensión de gracia por el estallido y después fue formalizado por tráfico de drogas - El Líbero
Oscar Araya (29) recibe $445 mil de pensión tras ser herido con perdigones. Hoy enfrenta una causa por presunta venta de marihuana.
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