Walter Nelson
Berto 2022
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El Ministerio Público indaga una serie de reuniones entre una asesora del exministro Huepe, con una lobbista de Engie, en medio de la tramitación del proyecto de ley del gobierno del presidente Gabriel Boric, para estabilizar los precios de las cuentas de la luz.
El fiscal metropolitano centro norte, Paulo Ramírez, investiga un posible caso de tráfico de influencias al interior del Ministerio de Energía, por el vínculo que existió entre asesores del ahora exministro Claudio Huepe, con empresas generadoras de electricidad.
Según publica Ciper Chile, se trata de un caso que quedó al descubierto luego que la Brigada Investigadora Anticorrupción de la PDI hiciera llegar un oficio al Ministerio de Energía, tras recibir una denuncia anónima.
En el documento se pedía detallar las reuniones, tanto del propio Huepe, como de una de sus principales asesoras, Gabriela Manríquez Roa, la que se reunió con María José Ariztía Larraín, quien hizo lobby por la empresa Engie.
Esto último, en medio de la tramitación del proyecto de ley del gobierno del presidente Gabriel Boric, para estabilizar los precios de las cuentas de la luz.
Cabe destacar que Manríquez registra pasos por el Ministerio de Energía entre agosto de 2018 y enero de 2020; además de la Comisión Nacional de Energía (2020-2021), Fiscalía Nacional Económica (2021-2022); y actualmente trabaja en Evol Services, una empresa filial de Lipigas.
María José Ariztía, en tanto, también registra un paso por Energía, entre octubre de 2018 y febrero de 2020, coincidiendo con Manríquez.
De acuerdo al sitio de investigación periodística, Huepe, quien dejó su cargo el 6 de septiembre de 2022, ya prestó declaración en la Fiscalía en calidad de testigo, al igual que otros funcionarios que le acompañaron durante su administración.
De hecho, desde Energía señalaron a Ciper que “no tiene información de que alguno de los funcionarios que actualmente trabajan en el ministerio estén siendo investigados”.
“El oficio recibido a fines de septiembre solicita información del exministro y una funcionaria que en ese momento sí desempeñaba funciones en el ministerio, pero que presentó su renuncia el 23 de noviembre de 2022 y que se hizo efectiva el 01 de enero de 2023”, agregan.
No obstante, un día después que la PDI pidiera la información, al interior del Ministerio de Energía se abrió un sumario interno en contra de Gabriela Manríquez, investigación que finalmente se cerró sin sanciones, ya que no se lograron establecer responsabilidades administrativas.
En la oportunidad, Manríquez se defendió descartando haber favorecido a las empresas de generación.
“Mi impresión es que esta denuncia tiene origen en la tramitación de la Ley 21.472 de estabilización de tarifas, porque se creó un cargo a los grandes consumidores eléctricos, para que no subieran las tarifas de los clientes regulados, y eso pudo ser interpretado como un beneficio a las empresas de generación”, explica.
“Sin embargo, eso no es correcto, ya que el objetivo de la ley fue resguardar los pagos correspondientes por los contratos existentes de dichos generadores usando mecanismos de subsidios cruzados, al igual que se hace en la ley de equidad tarifaria, y asegurar los costos financieros del retraso en esos pagos, cuya definición quedó delegada directamente al Ministerio de Hacienda”, replicó.
Desde las Generadoras de Chile, en tanto, respondieron a las consultas de Ciper descartando que alguno de sus ejecutivos haya cometido algún delito, apuntando a que todas las reuniones se realizaron bajo la Ley de Lobby.
“Generadoras participó formalmente en el debate de la ley a través de reuniones solicitadas por Ley del Lobby, así como en las sesiones del Congreso a las que se nos invitó”, sostuvo.
Sin embargo, reconoció que “otro tipo de comunicaciones vía mensajería, que no constituyen instancias formales de trabajo, fue únicamente para comentar correcciones puntuales de términos técnicos y financieros mal empleados o escritos erróneamente en el proyecto, lo que bajo ningún punto de vista alteró el sentido y alcance del proyecto que impulsó el ejecutivo”
www.biobiochile.cl
El fiscal metropolitano centro norte, Paulo Ramírez, investiga un posible caso de tráfico de influencias al interior del Ministerio de Energía, por el vínculo que existió entre asesores del ahora exministro Claudio Huepe, con empresas generadoras de electricidad.
Según publica Ciper Chile, se trata de un caso que quedó al descubierto luego que la Brigada Investigadora Anticorrupción de la PDI hiciera llegar un oficio al Ministerio de Energía, tras recibir una denuncia anónima.
En el documento se pedía detallar las reuniones, tanto del propio Huepe, como de una de sus principales asesoras, Gabriela Manríquez Roa, la que se reunió con María José Ariztía Larraín, quien hizo lobby por la empresa Engie.
Esto último, en medio de la tramitación del proyecto de ley del gobierno del presidente Gabriel Boric, para estabilizar los precios de las cuentas de la luz.
Cabe destacar que Manríquez registra pasos por el Ministerio de Energía entre agosto de 2018 y enero de 2020; además de la Comisión Nacional de Energía (2020-2021), Fiscalía Nacional Económica (2021-2022); y actualmente trabaja en Evol Services, una empresa filial de Lipigas.
María José Ariztía, en tanto, también registra un paso por Energía, entre octubre de 2018 y febrero de 2020, coincidiendo con Manríquez.
De acuerdo al sitio de investigación periodística, Huepe, quien dejó su cargo el 6 de septiembre de 2022, ya prestó declaración en la Fiscalía en calidad de testigo, al igual que otros funcionarios que le acompañaron durante su administración.
De hecho, desde Energía señalaron a Ciper que “no tiene información de que alguno de los funcionarios que actualmente trabajan en el ministerio estén siendo investigados”.
“El oficio recibido a fines de septiembre solicita información del exministro y una funcionaria que en ese momento sí desempeñaba funciones en el ministerio, pero que presentó su renuncia el 23 de noviembre de 2022 y que se hizo efectiva el 01 de enero de 2023”, agregan.
No obstante, un día después que la PDI pidiera la información, al interior del Ministerio de Energía se abrió un sumario interno en contra de Gabriela Manríquez, investigación que finalmente se cerró sin sanciones, ya que no se lograron establecer responsabilidades administrativas.
En la oportunidad, Manríquez se defendió descartando haber favorecido a las empresas de generación.
“Mi impresión es que esta denuncia tiene origen en la tramitación de la Ley 21.472 de estabilización de tarifas, porque se creó un cargo a los grandes consumidores eléctricos, para que no subieran las tarifas de los clientes regulados, y eso pudo ser interpretado como un beneficio a las empresas de generación”, explica.
“Sin embargo, eso no es correcto, ya que el objetivo de la ley fue resguardar los pagos correspondientes por los contratos existentes de dichos generadores usando mecanismos de subsidios cruzados, al igual que se hace en la ley de equidad tarifaria, y asegurar los costos financieros del retraso en esos pagos, cuya definición quedó delegada directamente al Ministerio de Hacienda”, replicó.
Desde las Generadoras de Chile, en tanto, respondieron a las consultas de Ciper descartando que alguno de sus ejecutivos haya cometido algún delito, apuntando a que todas las reuniones se realizaron bajo la Ley de Lobby.
“Generadoras participó formalmente en el debate de la ley a través de reuniones solicitadas por Ley del Lobby, así como en las sesiones del Congreso a las que se nos invitó”, sostuvo.
Sin embargo, reconoció que “otro tipo de comunicaciones vía mensajería, que no constituyen instancias formales de trabajo, fue únicamente para comentar correcciones puntuales de términos técnicos y financieros mal empleados o escritos erróneamente en el proyecto, lo que bajo ningún punto de vista alteró el sentido y alcance del proyecto que impulsó el ejecutivo”
Fiscalía investiga posible tráfico de influencias en Ministerio de Energía por vínculo con eléctricas
El Ministerio Público indaga una serie de reuniones entre una asesora del exministro Huepe, con una lobbista de Engie, en medio de la tramitación del proyecto de ley del gobierno del presidente Gabriel Boric, para estabilizar los precios de las cuentas de la luz.
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