Las negociaciones venían de hace tiempo, pero ayer se le dio un carácter formal. “Y una noticia muy relevante: al finalizar el período presidencial, no habrá trabajadores desempeñando funciones permanentes en el Gobierno central a honorarios. Se propone, en una primera etapa, la implementación de un plan de traspasos de 8.800 trabajadores, que actualmente están contratados a honorarios, a la modalidad de contrata”, dijo Michelle Bachelet, durante su discurso del 21 de mayo.
Y agregó que “adicionalmente, impulsaremos los cambios legales que sean necesarios, de manera de evitar el uso de honorarios para el desempeño de funciones permanentes”.
Uno de los que estuvieron presentes en el Congreso fue el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, máximo representante del poder del Estado que marcó pauta en este sentido el 1 de abril pasado, a través de un fallo de la Cuarta Sala.
En dicha ocasión, la referida Sala indicó que los servicios públicos y municipalidades que tienen en sus filas a personas que trabajan a honorarios en labores permanentes, deben reconocerles a estas sus derechos previsionales, de salud y otros beneficios que estipula el Código del Trabajo.
LAS NEGOCIACIONESA nivel de servicios públicos y municipalidades, los empleados están bajo tres regímenes: de planta, al que se entra por concurso público; a contrata, que suele durar de seis meses a un año; y a honorarios, donde hay un contrato de prestaciones de servicios que se rige por régimen civil.
En general, “a los trabajadores a honorarios siempre se les ha negado la calidad de empleados públicos, tanto en tribunales como en Contraloría, y se rigen exclusivamente por su contrato de prestación de servicios profesionales. No son funcionarios públicos ni son contratados por el Código del Trabajo. No tienen derecho a nada, salvo lo estipulado en su contrato de prestación”, explicó en su oportunidad el abogado laboral Juan Vergara.
Ya antes de este fallo, había indicios de una mayor organización de este tipo de trabajador. En diciembre, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) anunció la constitución de la Unión Nacional de Trabajadores Públicos a Honorarios. Esta entidad estimó que son 250 mil los trabajadores a honorarios que se emplean en el sector público, lo que equivaldría a la mitad de la dotación del Estado. Esta cifra englobaría tanto a aquellos que cumplen labores permanentes y exclusivas como a los que prestan servicios bajo régimen civil.
En un Informe sobre Honorarios del Gobierno Central de noviembre, la Dirección de Presupuestos señalaba que había 36.850 trabajadores a honorarios, de los cuales el 24% cumplía labores calificadas como permanentes. El Gobierno estaba dispuesto a hacerse cargo del problema y, en ese mismo documento, se señalaba que había recursos disponibles para traspasar trabajadores que están a honorarios a régimen a contrata (alrededor de 1.500 personas) durante 2015, dentro de un plan que se prolongará hasta 2018.
Los 8.800 funcionarios anunciados ayer por la Presidenta Bachelet son los que la Dirección de Presupuesto tenía ya contemplados en el informe de noviembre, por lo tanto, lo que hace es formalizar definitivamente el traspaso.
Lo que el anuncio de la Mandataria podría generar es una mayor presión sobre los servicios y municipios, que no conforman el aparato central. Es allí donde radica la mayor cantidad de trabajadores a honorarios en labores permanentes.
Fuente: http://www.elmostrador.cl/pais/2015...-permanentes-se-abrira-presion-en-municipios/