Derechos establecidos
Con el aumento y la diversificación de migrantes que llegan al país, uno de los focos de preocupación ha sido el campo laboral.
Antes de dejar La Moneda, el gobierno de Sebastián Piñera ingresó un proyecto de nueva ley migratoria que fue retirado por la actual administración. Uno de los aspectos cuestionados era la creación de un nuevo estatus migratorio temporal. Ese estatus contemplaba que extranjeros podrían venir al país para hacer “trabajos de temporada” por períodos únicos o interanuales, pero les quitaba la posibilidad de postular a una residencia definitiva en Chile. Una columna de Ciudadano Global, en Ciper, decía en 2013: “Esto pasa por alto cualquier vínculo que puedan entablar en nuestro país durante su estadía, legalizando de esta forma una suerte de importación temporal de mano de obra, de bajo costo y fácil devolución”.
Antes, en 2011, Ronald Bown, presidente de la Asociación de Exportadores de Chile, le decía al mismo Ciper: “El inmigrante tiene que estar atado a alguien o a una empresa que diga ‘necesito 55 personas que vengan a trabajar por tres meses y que tengan las siguientes características’. Esa persona tiene que responsabilizarse por esa gente. No solamente desde el punto de vista de traerlos, sino que también de devolverlos. No queremos que se nos utilice para que lleguen al país en forma poco clara, o que se queden acá”. Y agregaba: “Uno no puede decir con esto traigo 100% de peruanos a Copiapó y me ahorro plata. Si el valle de Copiapó requiere 120 personas, nosotros creemos que deben ser 120 personas las que deben entrar, no 180”.
Al proyecto de Piñera se le cuestionaba que se alineaba con una petición de algunos grupos empresariales que también pedían subir la cuota de trabajadores extranjeros en el sector agrícola, desde un 15% a un 25%.
La actual iniciativa es más amplia y flexible en temas laborales. De partida, se elimina la antigua práctica de dar visas de trabajo a quienes tengan contrato vigente, lo que a veces terminaba por generar una relación de dependencia entre empleado y empleador, quien podía usar la existencia de ese contrato para obtener ventajas con sus dependientes. En el proyecto de ley se entregará un permiso de visitante de larga duración, que puede ir de 90 días hasta dos años, independiente de la existencia de un contrato. Es decir, durante ese lapso de tiempo un migrante puede buscar fuente laboral sin tener la presión de ser expulsado si no encuentra un puesto. Además, en esta nueva ley se establecen multas a las empresas que contraten trabajadores en situación irregular. Antes, la responsabilidad recaía solo en el migrante.