Octubreazul
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Cocaína, pasta base, marihuana y éxtasis lideran el consumo nacional y aumentan cada año las toneladas, los imputados y sobre todo el dinero y bienes incautados. Ya no hay que comprar en las esquinas, para eso está el delivery. A la terrestre se suma la vía marítima y los traficantes de éxtasis compran empastilladoras por AliExpress, ligándose a mafias europeas difíciles de rastrear.
El “gran narco” chileno que tiene los contactos con los proveedores en Perú, Bolivia y Colombia es el empresario que no toca la droga, que funciona compartimentado, terceriza los servicios de vigilancia, transporte y es difícil de detectar. Cambia de barrio y desdeña los narco funerales y la ostentación. Crea sociedades, contrata asesores legales para lavar el dinero y se diversifica con el contrabando de cigarrillos procedentes de Bolivia.
En conjunto es el crimen organizado, que según la Fiscalía Nacional, está ad portas de penetrar la estructura del Estado. Para este reportaje hablan el director de la Unidad de Análisis Financiero, la PDI, Carabineros, el Ministerio Público, expertos en antiblanqueo de capitales que revelan un fenómeno donde el gato es más lento que el ratón.
Los partidos políticos no quedan fuera de ser infiltrados por la mafia. Así opera hoy el narco en Chile en que ningún alto capo ha sido detenido, pero a cambio 220 mil personas han sido formalizadas por Ley de Drogas y más de 70 mil condenadas. La historia es de la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.
La violencia narco se ha vuelto un fenómeno habitual en los sectores de menos recursos en distintas regiones de Chile, en particular la Metropolitana, seguida por el Norte Grande, Concepción y Valparaíso. Enfrentamientos armados a cualquier hora, proyectiles que perforan los techos de las viviendas, pistolas Glock modificadas para cambiar la cadencia de tiro, secuestro, quitadas de droga, sicariato y narco funerales, son palabras que se han vuelto costumbre y normalizado las reglas del juego que imponen los traficantes en su control territorial. Allí quienes no trafican callan por temor o bien aprovechan los recursos o alimentos que aporta el traficante comprando silencio y lealtad.
Solo en los últimos dos años, el OS7 de Carabineros ha realizado 62.931 operaciones antinarco, más de 11 mil entradas y registros a domicilios y desactivado 159 organizaciones criminales y 1.660 bandas.
Entre las mismas anualidades, la policía uniformada requisó más de 3.500 millones de pesos en dinero efectivo, mientras que el decomiso de cocaína supera los 4.700 kilos y la pasta base suma casi 22 toneladas. Eso sin contar autos y propiedades, producto del lavado de activos.
En 2020 la PDI ha requisado 11.500 kilos de distintos tipos de drogas que suman 116 mil millones de pesos.
El Observatorio del Narcotráfico de la Fiscalía Nacional estableció que los imputados por tráfico en los últimos diez años superan las 220 mil personas. Y desde 2015 a este año se han dictado más de 72.500 condenas por Ley de Drogas. Estas últimas están centradas en las regiones de Tarapacá, de Valparaíso y las zonas sur y centro de la Metropolitana, que se ubican en los primeros lugares.
La ciudadanía se queja porque es común que tras la detención de un grupo de traficantes -el transportista o distribuidor- el jefe de la operación rara vez enfrenta la justicia.
Tanto la fiscalía como las policías reconocen el hecho, pero indican que el “gran traficante” no toca la droga, actúa compartimentado y el resto de los participantes rara vez lo conoce.
El hecho implica que las técnicas investigativas están cambiando con los tiempos.
Difícilmente el “gran narco” entrega información por celular, usan aplicaciones imposibles de intervenir y no viven en las poblaciones. Han cambiado de barrio, evitando los enfrentamientos entre bandas rivales, narcosepelios, bienes que llamen la atención y cualquier situación que afecte el negocio.
Sucede que el tráfico de drogas es una empresa y funciona como tal. Por eso, la segunda parte de la cadena implica que las organizaciones criminales están obligadas a lavar el dinero. Tratan de ingresarlo al sistema formal bajo apariencia de legalidad. Usan testaferros y están contratando asesoría legal, contable y crean sociedades de fachada, pero aún están lejos de las organizaciones extranjeras.
Los invisibles
Desde la Unidad de Análisis Financiero (UAF), dependiente del Ministerio de Hacienda, aseguran que la situación puede escalar. Desde 2007 a 2019 se han dictado 175 condenas por blanqueo de capitales que implicó la recuperación de $31.730 millones. De esos dictámenes judiciales, 20 están asociados al tráfico de drogas.
La misma UAF estima que la crisis económica provocada por el Covid-19, es un caldo de cultivo para el narco y otro tipo de crimen organizado, ya que las necesidades financieras de empresas y personas, podrían abrirse a blanquear activos, pero manteniendo sus niveles de vida sin despertar sospechas.
Les llaman “inversionistas ángeles” que pueden trabajar con “los invisibles”; abogados, contadores, ingenieros comerciales que llevando una vida normal, trabajan para criminales que producen dinero sucio.
La pandemia y el estallido social cambiaron el escenario de la narcoactividad. Hoy venden la mercancía vía delivery y están usando con mayor frecuencia rutas marítimas. De hecho el pasado miércoles la fiscalía de San Antonio, en conjunto con Aduanas, la PDI y la Armada, incautaron un cargamento de 3.505 kilos de marihuana, avaluada en más de 17 mil millones de pesos. A diferencia de otros cargamentos de origen colombiano, en esta oportunidad provenía de Manzanillo, una localidad del Estado de Colima, México. Allí opera el sangriento cartel conocido como la Nueva Familia Michoacana.
En Chile las armas en manos del narco aumentan. Los vendedores de droga no las trafican, sino que las compran a quienes se dedican al rubro. El catálogo es amplio: robadas a sus dueños, importadas desde Argentina o Estados Unidos, entre otros mecanismos.
Carabineros reconoce el aumento, porque en el último tiempo ha requisado 999 armas de distinto tipo y calibre solo en causas por tráfico de drogas.
Los pertrechos de nada sirven si no hay munición. En el mercado negro una caja de balas cuesta 60 mil pesos, cuando su precio original son 10 mil en cualquier tienda del ramo.
El Estado en peligro
Cocaína, pasta base, marihuana y drogas de diseño lideran el mercado nacional.
El éxtasis ha tenido un aumento “explosivo” reconocen en el Ministerio Público porque es cada vez más común encontrar laboratorios. Y en ellos tableteras que adquieren por AliExpress por pocos dólares.
Las empresas que han implementado el mecanismo de prevención del delito miran al crimen organizado de forma lejana y no como un grupo que podría infiltrarse fácilmente, reconocen los expertos antilavado.
Paulatinamente, el narco está buscando nuevos nichos de negocios. En el último tiempo se ha diversificado dependiendo de las condiciones del mercado ilegal.
Por esta razón, cambian de rubro y se dedican al contrabando desde Bolivia -principalmente de cigarrillos- que se comercializan en el Norte Grande, Santiago y en algunas regiones a solo $1.000 la cajetilla.
Pese a ser el hermano menor de los traficantes, menos violento y con penas más bajas, el contrabando lava más dinero que el narcotráfico.
Así lo demuestran las estadísticas de la PDI. Al primero le incautaron -entre 2018 y lo que va de 2020 más de $8.500 millones, mientras que al segundo 3.500.
El jefe de la Unidad de Drogas de la Fiscalía Nacional, Luis Toledo, asegura que el crimen organizado está a las puertas del Estado. Eso sin contar -insiste- que el sistema judicial está fallando en la aplicación de la ley y otorga rebajas de penas que permiten a los traficantes salir en poco tiempo de la cárcel, y reinventarse rápidamente.
“Si no reaccionamos (…) se nos puede ir el Estado de las manos. La penetración del narcotráfico y sus redes de corrupción (…) en el servicio público, en el financiamiento de la política, es un tema que no está tan lejos (…) perder el Estado en esto no es tan difícil. En méxico no se demoró tanto. Unos quince años”, advierte Toledo.
Desde la UAF consideran que es primordial quitarles la droga, pero también dejarlos sin plata para evitar que se reinventen.
El mapa del neo narco y lavador que emergió de la pandemia, lo revela la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.
Droga y celulares
Dos jóvenes colombianos llegaron a vivir a Iquique, hace un par de años. Para ganarse la vida eligieron el robo de celulares. Como el negocio resultó mejor de lo que esperaban reunieron capital, iniciaron contactos con su país de origen y en cosa de meses internaron su primer cargamento de marihuana creepy. El emprendimiento tuvo tan buenos réditos, que a poco andar transportaban droga a La Serena y dieron el salto a Santiago. Cuando fueron detenidos, su patrimonio ascendía a casi $400 millones. Para juntarlo tardaron poco más de un año.
Sus identidades sobran, como también si los detuvo Carabineros o la PDI. Como ellos hay chilenos, peruanos, bolivianos y colombianos que engrosan las estadísticas del Ministerio Público y las policías. Cada año aumentan no solo en imputados y condenados, sino también los kilos y kilos que se transforman en toneladas, divididas principalmente en marihuana creepy, cocaína, pasta base y drogas de diseño.
Por esta razón, jerarquizar cuál es la operación policial más importante en la lucha contra el narco resulta inoficioso.
La normalización del fenómeno permite que nadie recuerde que el mayor decomiso de la historia chilena -hasta ahora- ocurrió en octubre de 2019 cuando la PDI, junto a la Armada, detuvieron en alta mar frente a las costas chilenas, un barco con 4.200 kilos de marihuana creepy, avaluada en más de 20 mil millones de pesos. ¿Su origen? El Valle del Cauca, Colombia. ¿El destino? El llamativo mercado nacional, donde abundan consumidores.
Las estadísticas del OS7 de Carabineros revelan que entre 2018 hasta noviembre de 2020 han realizado 62.931 “intervenciones” antinarco; 11.107 ingresos a domicilios, desactivado 159 organizaciones criminales y 1.660 bandas.
Esta es solo una muestra mínima respecto de las 269 millones de personas que consumen algún tipo de droga a nivel mundial, de acuerdo al último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de junio de 2020. La cifra supuso el aumento de un 30% en relación a 2009. La marihuana lleva la delantera.
El viaje
El narco no usa mapas. Lo guía el dinero. Es una empresa. Y como tal, su producto se distribuye en Santiago, Arica, Iquique, Concepción, Temuco, Puerto Montt, Osorno, Talca, Valparaíso, La Serena, Rancagua, Talca y el resto del país de manera cotidiana gracias a una cadena logística que funciona como reloj.
Las estadísticas del Observatorio del Narcotráfico preparadas por la Fiscalía Nacional son reveladoras. Entre 2010 y 2019 los imputados por tráfico superan las 220 mil personas. En tanto, para quienes lo están por delitos asociados a la Ley de Armas, la cifra se eleva por sobre las 163 mil.
www.biobiochile.cl
Parte II
Los números de la PDI son igual de alarmantes. Hasta mediados de 2020 se han incautado 11 mil 500 kilos de drogas divididos entre marihuana, cocaína y pasta base. Convertidos a moneda nacional ascienden a $116 mil millones. Es decir, poco menos de la mitad de los recursos que vía Ley de Presupuesto recibe el Ministerio Público.
Entre enero y junio de 2019 la incautación sumó 9.174 kilos que se transforman en más de $96 mil millones. En relación al presente año, hubo un alza de 19%.
Parte del aumento ocurrió en abril de este año, cuando arreciaba el Covid-19, cuarentena incluida. Allí el decomiso aumentó 81,5%, desgranado así: al mismo mes de 2019, la PDI sacó de circulación 1.861 kilos y en esta anualidad, 3.300
En la misma línea, según el OS7 de Carabineros, solo la incautación de dinero en efectivo supera los 3.300 millones de pesos. Y entre 2018 a noviembre de 2020 la cocaína decomisada supera los 4.700 kilos; la pasta base 6.594 y la marihuana elaborada casi 22 toneladas.
Los guarismos de la Fiscalía Nacional auscultan una realidad más profunda. Entre 2015 a 2019 se han dictado en total 72.508 condenas por Ley de Drogas.
Lideran las regiones de Tarapacá, Valparaíso y las jurisdicciones de las fiscalías Centro Norte y Sur.
Narcoestética
Los porcentajes revelan tendencias, pero también realidades. De unos años a esta parte las drogas han aumentado la violencia, el sicariato, el secuestro, el control territorial en los barrios más pobres en distintas regiones del país. El fenómeno se convirtió en regla, que de tanto repetirse dio paso a una norma: quienes no trafican callan por temor.
Quienes están detrás de los tiros a pleno día, tarde o noche, los narco funerales, la ostentación en las redes, las joyas, autos de alta gama, residencias narcoestéticas en medio de la población, son el primer destino de la mercancía. Y más abajo el narcomenudeo donde la cocaína, a veces aumentada con antinflamatorios para animales, llega al consumidor.
Pero el “gran narco”, el que maneja millones y millones, que tiene los contactos en los países vecinos y productores como Perú, Bolivia y Colombia es difícil de encontrar. No toca la droga y compartimenta la información en distintos niveles para no ser detectado en caso de que un envío caiga en manos de la autoridad.
“Es difícil detectarlo. Los medios habituales de investigación no sirven (…) el teléfono celular es un tema en franca decadencia y tenemos que ir olvidándonos que nos va a entregar la información que nosotros queremos. Entonces, hay que usar otro tipo de técnicas en el terreno, como son vigilancias; y esas vigilancias por sí solas tampoco demuestran nada, porque solamente vamos a encontrar a dos personas que se reúnen. Entonces, hay que ir modificando las técnicas investigativas y las formas de hacerlo, pero en cuanto a que no se detiene a los líderes yo creo que es más difícil, pero sí se les detiene”, reconoce el fiscal jefe de Antinarcóticos y Crimen Organizado de la Fiscalía Sur, Alex Cortéz.
Es común que la ciudadanía se queje, porque muchas veces el jefe de la red se libra del brazo de la ley.
Así lo reconoce el jefe de la Unidad de Drogas de la Fiscalía Nacional, Luis Toledo.
“ (…) estoy hablando de una autocrítica de capacidad investigativa. Son escasas las oportunidades en que hemos podido llegar al jefe de la operación. Y eso es un tremendo desafío para la persecución penal, porque tiene relación con dónde cortas la cadena. Es decir en el trayecto, en la entrega controlada internacional, pues muchas veces nos quedamos con el camionero y el que la recibe. Eso es lo más habitual”, explica Toledo.
El traficante de las grandes ligas ya no vive en la población, ha mejorado su situación socioeconómica y se preocupa de lavar el dinero y contrata asesoría legal. Es un profesional del rubro, reconocen las policías. Por eso la ostentación, la representación de fuerza con pistolas modificadas para que su cadencia de tiro la convierta en una subametralladora es la peor publicidad.
El jefe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana (Briant), Harold Mackay, perfila: “Es ese narco que aprovecha ese poderío económico para tener movilidad social y salir del territorio de origen, es el que va a surtir. Y al hacerlo se aleja de los problemas y todo lo que representa (…) la violencia, el enfrentamiento entre bandas rivales. Se inserta en otro lugar donde su patrimonio, su fachada es más acorde. Su auto no va a ser el único de la población. La casa no será la mejor del pasaje, sino que estará más acorde a su vida empresarial”.
Unido a lo anterior, Toledo critica al sistema judicial, en relación a cómo se aplica la ley en contra de los traficantes.
“En Chile quien trafica tiene una pena mínima de 5 años y un día. Pero eso es falso, porque no va a pasar en la cárcel si no tiene antecedentes prontuariales. Es decir, ese narco que detiene la policía va a ir preso (…) pero a los pocos meses va a estar en libertad porque tendrá beneficios. Entonces hay una suerte de desazón, de desaliento no solo en la ciudadanía, sino también en la persecución penal, porque no hay certeza del rango de condenas”, dice Toledo.
Inquirido si el delito asociado al tráfico de drogas debiera carecer de beneficios procesales, contestó: “Es un despropósito que no exista certeza de la pena en crímenes, en violaciones, en homicidios. Es decir, en un país desarrollado como Estados Unidos, Europa, tú sabes que vas a estar preso. Es decir, en Chile hay un rango de pena legal que suele ser inefectivo, falso. Lo que dice la ley no se cumple. Y esto ocurre por las comisiones de rebaja de pena, por la concurrencia de atenuantes que rebajan la pena en un grado, por dificultad de prueba. Entonces, claro, la gente que denuncia eso, finalmente termina callándose. Porque la lógica les indica: este narco me ofreció seguridad, me dio alimento. ¡Más que el Estado!”.
Javier Cruz Tamburrino, director de la UAF, explica que más allá de quitarle las drogas a los traficantes, existe un elemento crucial: dejarlos sin plata.
“Esa es la única manera de terminar con el real poder de los narcos. Quitarles la droga es fundamental, pero si no le quitas la plata el dinero va a seguir mucho más rápido de lo que te imaginas. Es increíble cómo logran reconstruir el negocio, ya sea la misma banda u otra, porque tienen la plata ahí. Entonces, afectándoles su dinero, los sacas del negocio y se les hace mucho más difícil partir otra vez”, dice Cruz.
Narcocrédito
El traficante avezado es astuto. Es posible que pase años en la cárcel, pero puede que no. A veces el crimen no paga.
Comprar y trasladar la droga desde el extranjero a Chile es un arte. El narco que comienza en el rubro debe tener un padrino que lo apañe para llegar al proveedor y crear lazos de confianza y acceder así al narcocrédito.
“La droga se paga después que se vende. O sea, acá tenemos relaciones de confianza extrema. Yo pido 100 kilos y no voy a pagar de inmediato. Lo que hacen es que se vende los 100 kilos y posteriormente remiten el dinero de distintas formas: personas que viajan con mochilas llenas de plata (…) la dejan en la casa de cambio en Santiago y en la sucursal de Iquique se la entregan en dólares. Hay muchas formas, pero la droga casi en el 100% de los casos se paga después”, asegura el fiscal Cortéz.
Pero la cocaína, la pasta y la marihuana no son las únicas drogas que han elevado su consumo y producción. El éxtasis ha creado su propio nicho con un aumento “explosivo”, asegura Toledo.
Al mismo tiempo, también reconoce la existencia de nexos con mafias europeas altamente compartimentadas en su actuar.
“Hemos visto un crecimiento exponencial en los últimos cuatro años en Chile. Al punto que estamos encontrando en forma regular laboratorios de producción de éxtasis (…) con máquinas tableteras compradas a través de Aliexpress. Así de sencillo”, asegura.
“Eso te da cuenta de un neo narco, de un fenómeno nuevo. En los últimos dos o tres años muy masivo, que todavía no vemos sus implicancias globales, pero que vinculan a grupos organizados de España, Argentina, Holanda y Bogotá. Hemos hallado múltiples conexiones entre estos narcotraficantes. Son grupos muy cerrados relacionados con chilenos”, agrega.
Los números de la policía uniformada le dan la razón. En los últimos dos años no llegaron al consumidor final más de 187 mil dosis, seguido por la Dimetiltriptamina (DMT) con más de 170 mil unidades. Le llaman “la molécula de Dios”.
Toledo asevera no ser un agorero, pero cree firmemente que el crimen organizado está a las puertas de la estructura estatal.
“Si no reaccionamos oportunamente, se nos puede ir el Estado de las manos. La penetración del narcotráfico y sus redes de corrupción (…) en el servicio público, en el financiamiento de la política, es un tema que no está tan lejos. De lo contrario el cambio de era se nos va a venir encima. Perder el Estado en esto no es difícil. En México no se demoró tanto. Unos quince años”, advierte.
Para muestra un botón. En agosto pasado fue detenido Javier Challapa, concejal de Camiña, Región de Tarapacá, con 79 kilos de drogas y armamento. Era conocido como “el rey del norte”.
Para evitar los controles durante la pandemia utilizaba su credencial y enviaba la droga a Santiago. El negocio lo realizó durantes años, aprovechando 27 millones de pesos en viáticos del erario público cuando viajaba a Bolivia a comprar la coca, en cada una de las 8 camionetas inscritas a su nombre.
Challapa se presentaría como candidato a jefe comunal en 2021.
Aún cuando no está probado judicialmente, la Fiscalía Sur mantiene abierta una investigación en contra del jefe comunal de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera (exmilitante del PS), sin que hasta ahora haya sido formalizado.
Informaciones de prensa dan cuenta de sus vínculos con sujetos condenados por tráfico y otros ligados a él que trabajaron en su última campaña, de acuerdo a un reportaje publicado por Ciper Chile.
Entre otros hechos, también se descubrió que el actual candidato por el Partido Radical a la alcaldía de Paine, Ramón Sandoval, fue condenado por tráfico de municiones que habrían ido a parar a un narcotraficante de la zona sur.
Según Patricio Caro, experto antilavado y vicepresidente de la World Compliance Association, la corrupción en la política tiene prontuario en Sudamérica y el resto del mundo.
A su juicio, hoy los partidos políticos pueden ser un vehículo interesante para el narcotráfico y así lavar el dinero.
“Si revisamos lo atractivo que puede significar fragmentar grandes cantidades de dinero (de origen ilícito) en múltiples aportes, y disfrazarlo para ingresarlos al financiamiento de un determinado candidato o partido, se podría generar un sistema para solicitar reembolsos y excelente forma lavar y ocultar bienes de dudosa procedencia”, explica Caro.
“Mientras no exista en la normativa actual la exigencia de verificar por parte de los candidatos y de los partidos políticos la legalidad u origen de los fondos; y que los mismos sean los responsables ante la ley de reportar aquellas contribuciones que presenten un grado de duda razonable, los esfuerzos de transparentar dichos aportes seguirán siendo débiles, y no se tendrán un resultado positivo”, recalca.
El “gran narco” chileno que tiene los contactos con los proveedores en Perú, Bolivia y Colombia es el empresario que no toca la droga, que funciona compartimentado, terceriza los servicios de vigilancia, transporte y es difícil de detectar. Cambia de barrio y desdeña los narco funerales y la ostentación. Crea sociedades, contrata asesores legales para lavar el dinero y se diversifica con el contrabando de cigarrillos procedentes de Bolivia.
En conjunto es el crimen organizado, que según la Fiscalía Nacional, está ad portas de penetrar la estructura del Estado. Para este reportaje hablan el director de la Unidad de Análisis Financiero, la PDI, Carabineros, el Ministerio Público, expertos en antiblanqueo de capitales que revelan un fenómeno donde el gato es más lento que el ratón.
Los partidos políticos no quedan fuera de ser infiltrados por la mafia. Así opera hoy el narco en Chile en que ningún alto capo ha sido detenido, pero a cambio 220 mil personas han sido formalizadas por Ley de Drogas y más de 70 mil condenadas. La historia es de la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.
La violencia narco se ha vuelto un fenómeno habitual en los sectores de menos recursos en distintas regiones de Chile, en particular la Metropolitana, seguida por el Norte Grande, Concepción y Valparaíso. Enfrentamientos armados a cualquier hora, proyectiles que perforan los techos de las viviendas, pistolas Glock modificadas para cambiar la cadencia de tiro, secuestro, quitadas de droga, sicariato y narco funerales, son palabras que se han vuelto costumbre y normalizado las reglas del juego que imponen los traficantes en su control territorial. Allí quienes no trafican callan por temor o bien aprovechan los recursos o alimentos que aporta el traficante comprando silencio y lealtad.
Solo en los últimos dos años, el OS7 de Carabineros ha realizado 62.931 operaciones antinarco, más de 11 mil entradas y registros a domicilios y desactivado 159 organizaciones criminales y 1.660 bandas.
Entre las mismas anualidades, la policía uniformada requisó más de 3.500 millones de pesos en dinero efectivo, mientras que el decomiso de cocaína supera los 4.700 kilos y la pasta base suma casi 22 toneladas. Eso sin contar autos y propiedades, producto del lavado de activos.
En 2020 la PDI ha requisado 11.500 kilos de distintos tipos de drogas que suman 116 mil millones de pesos.
El Observatorio del Narcotráfico de la Fiscalía Nacional estableció que los imputados por tráfico en los últimos diez años superan las 220 mil personas. Y desde 2015 a este año se han dictado más de 72.500 condenas por Ley de Drogas. Estas últimas están centradas en las regiones de Tarapacá, de Valparaíso y las zonas sur y centro de la Metropolitana, que se ubican en los primeros lugares.
La ciudadanía se queja porque es común que tras la detención de un grupo de traficantes -el transportista o distribuidor- el jefe de la operación rara vez enfrenta la justicia.
Tanto la fiscalía como las policías reconocen el hecho, pero indican que el “gran traficante” no toca la droga, actúa compartimentado y el resto de los participantes rara vez lo conoce.
El hecho implica que las técnicas investigativas están cambiando con los tiempos.
Difícilmente el “gran narco” entrega información por celular, usan aplicaciones imposibles de intervenir y no viven en las poblaciones. Han cambiado de barrio, evitando los enfrentamientos entre bandas rivales, narcosepelios, bienes que llamen la atención y cualquier situación que afecte el negocio.
Sucede que el tráfico de drogas es una empresa y funciona como tal. Por eso, la segunda parte de la cadena implica que las organizaciones criminales están obligadas a lavar el dinero. Tratan de ingresarlo al sistema formal bajo apariencia de legalidad. Usan testaferros y están contratando asesoría legal, contable y crean sociedades de fachada, pero aún están lejos de las organizaciones extranjeras.
Los invisibles
Desde la Unidad de Análisis Financiero (UAF), dependiente del Ministerio de Hacienda, aseguran que la situación puede escalar. Desde 2007 a 2019 se han dictado 175 condenas por blanqueo de capitales que implicó la recuperación de $31.730 millones. De esos dictámenes judiciales, 20 están asociados al tráfico de drogas.
La misma UAF estima que la crisis económica provocada por el Covid-19, es un caldo de cultivo para el narco y otro tipo de crimen organizado, ya que las necesidades financieras de empresas y personas, podrían abrirse a blanquear activos, pero manteniendo sus niveles de vida sin despertar sospechas.
Les llaman “inversionistas ángeles” que pueden trabajar con “los invisibles”; abogados, contadores, ingenieros comerciales que llevando una vida normal, trabajan para criminales que producen dinero sucio.
La pandemia y el estallido social cambiaron el escenario de la narcoactividad. Hoy venden la mercancía vía delivery y están usando con mayor frecuencia rutas marítimas. De hecho el pasado miércoles la fiscalía de San Antonio, en conjunto con Aduanas, la PDI y la Armada, incautaron un cargamento de 3.505 kilos de marihuana, avaluada en más de 17 mil millones de pesos. A diferencia de otros cargamentos de origen colombiano, en esta oportunidad provenía de Manzanillo, una localidad del Estado de Colima, México. Allí opera el sangriento cartel conocido como la Nueva Familia Michoacana.
En Chile las armas en manos del narco aumentan. Los vendedores de droga no las trafican, sino que las compran a quienes se dedican al rubro. El catálogo es amplio: robadas a sus dueños, importadas desde Argentina o Estados Unidos, entre otros mecanismos.
Carabineros reconoce el aumento, porque en el último tiempo ha requisado 999 armas de distinto tipo y calibre solo en causas por tráfico de drogas.
Los pertrechos de nada sirven si no hay munición. En el mercado negro una caja de balas cuesta 60 mil pesos, cuando su precio original son 10 mil en cualquier tienda del ramo.
El Estado en peligro
Cocaína, pasta base, marihuana y drogas de diseño lideran el mercado nacional.
El éxtasis ha tenido un aumento “explosivo” reconocen en el Ministerio Público porque es cada vez más común encontrar laboratorios. Y en ellos tableteras que adquieren por AliExpress por pocos dólares.
Las empresas que han implementado el mecanismo de prevención del delito miran al crimen organizado de forma lejana y no como un grupo que podría infiltrarse fácilmente, reconocen los expertos antilavado.
Paulatinamente, el narco está buscando nuevos nichos de negocios. En el último tiempo se ha diversificado dependiendo de las condiciones del mercado ilegal.
Por esta razón, cambian de rubro y se dedican al contrabando desde Bolivia -principalmente de cigarrillos- que se comercializan en el Norte Grande, Santiago y en algunas regiones a solo $1.000 la cajetilla.
Pese a ser el hermano menor de los traficantes, menos violento y con penas más bajas, el contrabando lava más dinero que el narcotráfico.
Así lo demuestran las estadísticas de la PDI. Al primero le incautaron -entre 2018 y lo que va de 2020 más de $8.500 millones, mientras que al segundo 3.500.
El jefe de la Unidad de Drogas de la Fiscalía Nacional, Luis Toledo, asegura que el crimen organizado está a las puertas del Estado. Eso sin contar -insiste- que el sistema judicial está fallando en la aplicación de la ley y otorga rebajas de penas que permiten a los traficantes salir en poco tiempo de la cárcel, y reinventarse rápidamente.
“Si no reaccionamos (…) se nos puede ir el Estado de las manos. La penetración del narcotráfico y sus redes de corrupción (…) en el servicio público, en el financiamiento de la política, es un tema que no está tan lejos (…) perder el Estado en esto no es tan difícil. En méxico no se demoró tanto. Unos quince años”, advierte Toledo.
Desde la UAF consideran que es primordial quitarles la droga, pero también dejarlos sin plata para evitar que se reinventen.
El mapa del neo narco y lavador que emergió de la pandemia, lo revela la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.
Droga y celulares
Dos jóvenes colombianos llegaron a vivir a Iquique, hace un par de años. Para ganarse la vida eligieron el robo de celulares. Como el negocio resultó mejor de lo que esperaban reunieron capital, iniciaron contactos con su país de origen y en cosa de meses internaron su primer cargamento de marihuana creepy. El emprendimiento tuvo tan buenos réditos, que a poco andar transportaban droga a La Serena y dieron el salto a Santiago. Cuando fueron detenidos, su patrimonio ascendía a casi $400 millones. Para juntarlo tardaron poco más de un año.
Sus identidades sobran, como también si los detuvo Carabineros o la PDI. Como ellos hay chilenos, peruanos, bolivianos y colombianos que engrosan las estadísticas del Ministerio Público y las policías. Cada año aumentan no solo en imputados y condenados, sino también los kilos y kilos que se transforman en toneladas, divididas principalmente en marihuana creepy, cocaína, pasta base y drogas de diseño.
Por esta razón, jerarquizar cuál es la operación policial más importante en la lucha contra el narco resulta inoficioso.
La normalización del fenómeno permite que nadie recuerde que el mayor decomiso de la historia chilena -hasta ahora- ocurrió en octubre de 2019 cuando la PDI, junto a la Armada, detuvieron en alta mar frente a las costas chilenas, un barco con 4.200 kilos de marihuana creepy, avaluada en más de 20 mil millones de pesos. ¿Su origen? El Valle del Cauca, Colombia. ¿El destino? El llamativo mercado nacional, donde abundan consumidores.
Las estadísticas del OS7 de Carabineros revelan que entre 2018 hasta noviembre de 2020 han realizado 62.931 “intervenciones” antinarco; 11.107 ingresos a domicilios, desactivado 159 organizaciones criminales y 1.660 bandas.
Esta es solo una muestra mínima respecto de las 269 millones de personas que consumen algún tipo de droga a nivel mundial, de acuerdo al último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de junio de 2020. La cifra supuso el aumento de un 30% en relación a 2009. La marihuana lleva la delantera.
El viaje
El narco no usa mapas. Lo guía el dinero. Es una empresa. Y como tal, su producto se distribuye en Santiago, Arica, Iquique, Concepción, Temuco, Puerto Montt, Osorno, Talca, Valparaíso, La Serena, Rancagua, Talca y el resto del país de manera cotidiana gracias a una cadena logística que funciona como reloj.
Las estadísticas del Observatorio del Narcotráfico preparadas por la Fiscalía Nacional son reveladoras. Entre 2010 y 2019 los imputados por tráfico superan las 220 mil personas. En tanto, para quienes lo están por delitos asociados a la Ley de Armas, la cifra se eleva por sobre las 163 mil.
El neo-narco que emergió de la pandemia: armas, sicariato y a punto de infiltrar al Estado
La violencia narco se ha vuelto un fenómeno habitual en los sectores de menos recursos en distintas regiones de Chile,...
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Los números de la PDI son igual de alarmantes. Hasta mediados de 2020 se han incautado 11 mil 500 kilos de drogas divididos entre marihuana, cocaína y pasta base. Convertidos a moneda nacional ascienden a $116 mil millones. Es decir, poco menos de la mitad de los recursos que vía Ley de Presupuesto recibe el Ministerio Público.
Entre enero y junio de 2019 la incautación sumó 9.174 kilos que se transforman en más de $96 mil millones. En relación al presente año, hubo un alza de 19%.
Parte del aumento ocurrió en abril de este año, cuando arreciaba el Covid-19, cuarentena incluida. Allí el decomiso aumentó 81,5%, desgranado así: al mismo mes de 2019, la PDI sacó de circulación 1.861 kilos y en esta anualidad, 3.300
En la misma línea, según el OS7 de Carabineros, solo la incautación de dinero en efectivo supera los 3.300 millones de pesos. Y entre 2018 a noviembre de 2020 la cocaína decomisada supera los 4.700 kilos; la pasta base 6.594 y la marihuana elaborada casi 22 toneladas.
Los guarismos de la Fiscalía Nacional auscultan una realidad más profunda. Entre 2015 a 2019 se han dictado en total 72.508 condenas por Ley de Drogas.
Lideran las regiones de Tarapacá, Valparaíso y las jurisdicciones de las fiscalías Centro Norte y Sur.
Narcoestética
Los porcentajes revelan tendencias, pero también realidades. De unos años a esta parte las drogas han aumentado la violencia, el sicariato, el secuestro, el control territorial en los barrios más pobres en distintas regiones del país. El fenómeno se convirtió en regla, que de tanto repetirse dio paso a una norma: quienes no trafican callan por temor.
Quienes están detrás de los tiros a pleno día, tarde o noche, los narco funerales, la ostentación en las redes, las joyas, autos de alta gama, residencias narcoestéticas en medio de la población, son el primer destino de la mercancía. Y más abajo el narcomenudeo donde la cocaína, a veces aumentada con antinflamatorios para animales, llega al consumidor.
Pero el “gran narco”, el que maneja millones y millones, que tiene los contactos en los países vecinos y productores como Perú, Bolivia y Colombia es difícil de encontrar. No toca la droga y compartimenta la información en distintos niveles para no ser detectado en caso de que un envío caiga en manos de la autoridad.
“Es difícil detectarlo. Los medios habituales de investigación no sirven (…) el teléfono celular es un tema en franca decadencia y tenemos que ir olvidándonos que nos va a entregar la información que nosotros queremos. Entonces, hay que usar otro tipo de técnicas en el terreno, como son vigilancias; y esas vigilancias por sí solas tampoco demuestran nada, porque solamente vamos a encontrar a dos personas que se reúnen. Entonces, hay que ir modificando las técnicas investigativas y las formas de hacerlo, pero en cuanto a que no se detiene a los líderes yo creo que es más difícil, pero sí se les detiene”, reconoce el fiscal jefe de Antinarcóticos y Crimen Organizado de la Fiscalía Sur, Alex Cortéz.
Es común que la ciudadanía se queje, porque muchas veces el jefe de la red se libra del brazo de la ley.
Así lo reconoce el jefe de la Unidad de Drogas de la Fiscalía Nacional, Luis Toledo.
“ (…) estoy hablando de una autocrítica de capacidad investigativa. Son escasas las oportunidades en que hemos podido llegar al jefe de la operación. Y eso es un tremendo desafío para la persecución penal, porque tiene relación con dónde cortas la cadena. Es decir en el trayecto, en la entrega controlada internacional, pues muchas veces nos quedamos con el camionero y el que la recibe. Eso es lo más habitual”, explica Toledo.
El traficante de las grandes ligas ya no vive en la población, ha mejorado su situación socioeconómica y se preocupa de lavar el dinero y contrata asesoría legal. Es un profesional del rubro, reconocen las policías. Por eso la ostentación, la representación de fuerza con pistolas modificadas para que su cadencia de tiro la convierta en una subametralladora es la peor publicidad.
El jefe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana (Briant), Harold Mackay, perfila: “Es ese narco que aprovecha ese poderío económico para tener movilidad social y salir del territorio de origen, es el que va a surtir. Y al hacerlo se aleja de los problemas y todo lo que representa (…) la violencia, el enfrentamiento entre bandas rivales. Se inserta en otro lugar donde su patrimonio, su fachada es más acorde. Su auto no va a ser el único de la población. La casa no será la mejor del pasaje, sino que estará más acorde a su vida empresarial”.
Unido a lo anterior, Toledo critica al sistema judicial, en relación a cómo se aplica la ley en contra de los traficantes.
“En Chile quien trafica tiene una pena mínima de 5 años y un día. Pero eso es falso, porque no va a pasar en la cárcel si no tiene antecedentes prontuariales. Es decir, ese narco que detiene la policía va a ir preso (…) pero a los pocos meses va a estar en libertad porque tendrá beneficios. Entonces hay una suerte de desazón, de desaliento no solo en la ciudadanía, sino también en la persecución penal, porque no hay certeza del rango de condenas”, dice Toledo.
Inquirido si el delito asociado al tráfico de drogas debiera carecer de beneficios procesales, contestó: “Es un despropósito que no exista certeza de la pena en crímenes, en violaciones, en homicidios. Es decir, en un país desarrollado como Estados Unidos, Europa, tú sabes que vas a estar preso. Es decir, en Chile hay un rango de pena legal que suele ser inefectivo, falso. Lo que dice la ley no se cumple. Y esto ocurre por las comisiones de rebaja de pena, por la concurrencia de atenuantes que rebajan la pena en un grado, por dificultad de prueba. Entonces, claro, la gente que denuncia eso, finalmente termina callándose. Porque la lógica les indica: este narco me ofreció seguridad, me dio alimento. ¡Más que el Estado!”.
Javier Cruz Tamburrino, director de la UAF, explica que más allá de quitarle las drogas a los traficantes, existe un elemento crucial: dejarlos sin plata.
“Esa es la única manera de terminar con el real poder de los narcos. Quitarles la droga es fundamental, pero si no le quitas la plata el dinero va a seguir mucho más rápido de lo que te imaginas. Es increíble cómo logran reconstruir el negocio, ya sea la misma banda u otra, porque tienen la plata ahí. Entonces, afectándoles su dinero, los sacas del negocio y se les hace mucho más difícil partir otra vez”, dice Cruz.
Narcocrédito
El traficante avezado es astuto. Es posible que pase años en la cárcel, pero puede que no. A veces el crimen no paga.
Comprar y trasladar la droga desde el extranjero a Chile es un arte. El narco que comienza en el rubro debe tener un padrino que lo apañe para llegar al proveedor y crear lazos de confianza y acceder así al narcocrédito.
“La droga se paga después que se vende. O sea, acá tenemos relaciones de confianza extrema. Yo pido 100 kilos y no voy a pagar de inmediato. Lo que hacen es que se vende los 100 kilos y posteriormente remiten el dinero de distintas formas: personas que viajan con mochilas llenas de plata (…) la dejan en la casa de cambio en Santiago y en la sucursal de Iquique se la entregan en dólares. Hay muchas formas, pero la droga casi en el 100% de los casos se paga después”, asegura el fiscal Cortéz.
Pero la cocaína, la pasta y la marihuana no son las únicas drogas que han elevado su consumo y producción. El éxtasis ha creado su propio nicho con un aumento “explosivo”, asegura Toledo.
Al mismo tiempo, también reconoce la existencia de nexos con mafias europeas altamente compartimentadas en su actuar.
“Hemos visto un crecimiento exponencial en los últimos cuatro años en Chile. Al punto que estamos encontrando en forma regular laboratorios de producción de éxtasis (…) con máquinas tableteras compradas a través de Aliexpress. Así de sencillo”, asegura.
“Eso te da cuenta de un neo narco, de un fenómeno nuevo. En los últimos dos o tres años muy masivo, que todavía no vemos sus implicancias globales, pero que vinculan a grupos organizados de España, Argentina, Holanda y Bogotá. Hemos hallado múltiples conexiones entre estos narcotraficantes. Son grupos muy cerrados relacionados con chilenos”, agrega.
Los números de la policía uniformada le dan la razón. En los últimos dos años no llegaron al consumidor final más de 187 mil dosis, seguido por la Dimetiltriptamina (DMT) con más de 170 mil unidades. Le llaman “la molécula de Dios”.
Toledo asevera no ser un agorero, pero cree firmemente que el crimen organizado está a las puertas de la estructura estatal.
“Si no reaccionamos oportunamente, se nos puede ir el Estado de las manos. La penetración del narcotráfico y sus redes de corrupción (…) en el servicio público, en el financiamiento de la política, es un tema que no está tan lejos. De lo contrario el cambio de era se nos va a venir encima. Perder el Estado en esto no es difícil. En México no se demoró tanto. Unos quince años”, advierte.
Para muestra un botón. En agosto pasado fue detenido Javier Challapa, concejal de Camiña, Región de Tarapacá, con 79 kilos de drogas y armamento. Era conocido como “el rey del norte”.
Para evitar los controles durante la pandemia utilizaba su credencial y enviaba la droga a Santiago. El negocio lo realizó durantes años, aprovechando 27 millones de pesos en viáticos del erario público cuando viajaba a Bolivia a comprar la coca, en cada una de las 8 camionetas inscritas a su nombre.
Challapa se presentaría como candidato a jefe comunal en 2021.
Aún cuando no está probado judicialmente, la Fiscalía Sur mantiene abierta una investigación en contra del jefe comunal de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera (exmilitante del PS), sin que hasta ahora haya sido formalizado.
Informaciones de prensa dan cuenta de sus vínculos con sujetos condenados por tráfico y otros ligados a él que trabajaron en su última campaña, de acuerdo a un reportaje publicado por Ciper Chile.
Entre otros hechos, también se descubrió que el actual candidato por el Partido Radical a la alcaldía de Paine, Ramón Sandoval, fue condenado por tráfico de municiones que habrían ido a parar a un narcotraficante de la zona sur.
Según Patricio Caro, experto antilavado y vicepresidente de la World Compliance Association, la corrupción en la política tiene prontuario en Sudamérica y el resto del mundo.
A su juicio, hoy los partidos políticos pueden ser un vehículo interesante para el narcotráfico y así lavar el dinero.
“Si revisamos lo atractivo que puede significar fragmentar grandes cantidades de dinero (de origen ilícito) en múltiples aportes, y disfrazarlo para ingresarlos al financiamiento de un determinado candidato o partido, se podría generar un sistema para solicitar reembolsos y excelente forma lavar y ocultar bienes de dudosa procedencia”, explica Caro.
“Mientras no exista en la normativa actual la exigencia de verificar por parte de los candidatos y de los partidos políticos la legalidad u origen de los fondos; y que los mismos sean los responsables ante la ley de reportar aquellas contribuciones que presenten un grado de duda razonable, los esfuerzos de transparentar dichos aportes seguirán siendo débiles, y no se tendrán un resultado positivo”, recalca.
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