Desde el 11 de marzo, el Ministerio de Justicia ha firmado -en promedio- un decreto exento de esta índole cada tres días, y sólo ha rechazado una solicitud.
"Lo que se hizo fue recoger la doctrina de la Corte Suprema", defendió en el Congreso el titular de la cartera, Fernando Rabat, contra quien ya se anuncia una interpelación.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, confirmó esta jornada que el Gobierno ha otorgado 56 rebajas de condena a delincuentes sentenciados por abuso sexual y violación de menores desde el inicio de mandato el 11 de marzo.
La información fue revelada previamente por el medio Interferencia, que contabilizó las rebajas hasta el 13 de septiembre. Entre ellas, figuran 27 condenas por abuso sexual y 29 por violación, mientras que una solicitud -relativa a un caso de abuso- fue rechazada.
En promedio, durante el período referido se emitió un decreto de rebaja cada tres días, por lo que ninguna disminución respondió a un recurso de amparo u otra vía judicial. Todas fueron ingresadas al Ministerio, que las acogió.
Cabe destacar que cada decreto se dicta "por orden del Presidente de la República", después de que la Comisión de Reducción de Condenas califica la conducta del condenado, la Seremi verifica los requisitos y la División de Reinserción Social revisa los antecedentes.
La rebaja de condena se regula por la Ley N°19.856 y su calificación se realiza una vez al año. Gendarmería elabora el listado de internos que cumplen los requisitos y los remite al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que resuelva.
Para el Ministerio, si se cumplen los requerimientos y no concurre una causal de exclusión, no podría negar la rebaja. Sin embargo, la mentada ley fue modificada en 2022 para excluir del beneficio a autores de delitos sexuales contra menores, aunque en la cartera hay una discusión judicial sobre su retroactividad.
Rabat: "Se aplicó la doctrina de la Corte Suprema"
Al ser consultado al respecto, el ministro Rabat explicó que "lo que se hizo fue precisamente recoger la doctrina de la Corte Suprema en decenas de recursos de amparo".
"Es la Corte Suprema la que estableció que las personas a quienes ese beneficio se le otorgaba antes del año 2022 eran merecedoras de ellos", sostuvo el titular de Justicia y Derechos Humanos.
Cuestionado sobre si esta decisión ministerial facilita el trabajo de los defensores sabiendo que no respondieron a recursos judiciales, Rabat repitió que el criterio "ya lo estableció la Corte Suprema por la vía de recursos de amparo".
Por último, consultado respecto a por qué no se transparentaron estas decisiones a la ciudadanía, el ministro contestó: "¿Cómo se va a informar al país si los actos administrativos son todos públicos? Lea la Constitución".
Presidenta de la Suprema: "No he tenido información" de lo sucedido
En tanto, la presidenta de la Suprema, Gloria Ana Chevesich, señaló "no tener información" de lo sucedido: "Para la rebaja de condenas, (el Ministerio) tendrá facultades y está ejerciendo las de su respecto. (Aunque) no sé; en realidad, me gustaría tener más información, porque al respecto no he tenido", expresó.
Desde el oficialismo, el diputado Evópoli Jorge Guzmán dijo que, "hasta antes del cambio de Gobierno, las personas pedían la rebaja de condena, (y cuando) se les negaba recurrían a través de recursos de amparo o protección a una Corte de Apelaciones, que ordenaba al Ministerio de Justicia aplicar la reducción de sentencia".
Dicho eso, Guzmán cuestionó que "cuando (este proceso) se hace más eficiente en la práctica, se está beneficiando a una persona condenada por delitos gravísimos, lo que no debió haber ocurrido".
Por su parte, el diputado republicano Luis Sánchez atribuyó la responsabilidad a la doctrina de la Justicia y su "mirada garantista a los delincuentes".
"Nosotros hemos criticado muchas veces esta mirada que permite que personas con delitos graves salgan antes de tiempo de la cárcel. Si aquí existe un criterio de los tribunales al que el Ejecutivo tiene que allanarse, yo creo que es algo que tiene que abordarse", exhortó.
Desde la oposición, las críticas fueron más duras: los diputados de la bancada del Partido Comunista (PC) evalúan una ofensiva fiscalizadora para interpelar al ministro Rabat.
"El Gobierno ha traspasado un límite inaceptable. Es el Presidente de la República el que debe dar explicaciones y justificar una medida tan lesiva, dañina y aversiva contra la dignidad de los niños y las niñas", dijo el parlamentario Marcos Barraza.
"En consecuencia, estamos estudiando una interpelación al ministro de Justicia, que es la cartera responsable de estas rebajas de pena", anticipó. Ya se inició la recopilación de firmas.
Su colega y compañera de partido Irací Hassler también fustigó la medida de la Administración Kast, aplicada pese a "lo que cuesta además para obtener condenas por abuso a menores de edad en nuestro país".
"Esto implica que hay una familia atrás que sufrió estos hechos, que llevó adelante las denuncias, consiguió la sentencia y que, finalmente, el Gobierno se burla de ellas", lamentó.
El diputado PC Bernardo Salinas se sumó al debate haciendo énfasis "en la señal que (el Gobierno) le está dando al país. Tiene que explicar por qué tomó esta decisión, que es política: estos casos no pasaron a revisión por parte de la Corte de Apelaciones ni la Suprema, sino que fue una directa acción administrativa de una facultad que no la vamos a discutir".
El diputado FRVS y presidente de la Comisión de Constitución, Jaime Mulet, también fustigó que "indultar rebajando condenas por parte del Ministerio de Justicia, sin la actuación de ningún juez, es extremadamente grave".
Por su parte, través de un comunicado de prensa, la Defensoría de la Niñez solicitó al Ministerio dar a conocer en detalle los antecedentes técnicos y jurídicos considerados para modificar el lineamiento habitual de la cartera, el cual denegaba la concesión de beneficios en esta clase de crímenes de máxima gravedad.
Desde el organismo hicieron hincapié en que el marco normativo nacional experimentó un endurecimiento fundamental en el 2022 con la promulgación de la Ley Nº 21.421, cuerpo legal que consagra de manera explícita la exclusión de toda rebaja o beneficio para determinados ilícitos de carácter sexual contra personas menores de edad.
Si bien la institución reconoció la existencia de discusiones jurídicas vinculadas a causas perpetradas antes de la entrada en vigor de dicha normativa, advirtió que "la aplicación de un estándar general que otorga beneficios implica una inobservancia de derechos de niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de una de las peores formas de violencia".
"Estos antecedentes son preocupantes y requieren una explicación clara del Ministerio de Justicia. Desde 2022 rige una ley que excluye de este beneficio a personas condenadas por determinados delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Detrás de estas condenas hay víctimas que tienen derecho a la justicia, a la protección y a la reparación", advirtió el titular de la Defensoría, Anuar Quesille.
En esta línea, indicó que "el Estado tiene un deber reforzado de resguardar esos derechos y debe actuar con especial rigurosidad cuando adopta decisiones que pueden reducir el tiempo efectivo de privación de libertad de quienes fueron condenados por estos graves delitos".
"La protección de las víctimas debe estar en el centro de las decisiones del Estado", puntualizó el defensor, que remarcó que el país venía transitando una senda consistente en materia de combate y sanción a la violencia sexual infanto-juvenil, por lo que determinaciones de esta índole suponen un retroceso sustancial.
Frente a este escenario, la Defensoría de la Niñez adelantó que mantendrá un monitoreo continuo de cada caso y no descartó iniciar las acciones administrativas o judiciales que correspondan en el marco de sus atribuciones legales vigentes.
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Datos:
"Lo que se hizo fue recoger la doctrina de la Corte Suprema", defendió en el Congreso el titular de la cartera, Fernando Rabat, contra quien ya se anuncia una interpelación.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, confirmó esta jornada que el Gobierno ha otorgado 56 rebajas de condena a delincuentes sentenciados por abuso sexual y violación de menores desde el inicio de mandato el 11 de marzo.
La información fue revelada previamente por el medio Interferencia, que contabilizó las rebajas hasta el 13 de septiembre. Entre ellas, figuran 27 condenas por abuso sexual y 29 por violación, mientras que una solicitud -relativa a un caso de abuso- fue rechazada.
En promedio, durante el período referido se emitió un decreto de rebaja cada tres días, por lo que ninguna disminución respondió a un recurso de amparo u otra vía judicial. Todas fueron ingresadas al Ministerio, que las acogió.
Cabe destacar que cada decreto se dicta "por orden del Presidente de la República", después de que la Comisión de Reducción de Condenas califica la conducta del condenado, la Seremi verifica los requisitos y la División de Reinserción Social revisa los antecedentes.
Norma que regula reducción fue modificada en 2022, pero se discute su retroactividad
La rebaja de condena se regula por la Ley N°19.856 y su calificación se realiza una vez al año. Gendarmería elabora el listado de internos que cumplen los requisitos y los remite al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que resuelva.
Para el Ministerio, si se cumplen los requerimientos y no concurre una causal de exclusión, no podría negar la rebaja. Sin embargo, la mentada ley fue modificada en 2022 para excluir del beneficio a autores de delitos sexuales contra menores, aunque en la cartera hay una discusión judicial sobre su retroactividad.
Rabat: "Se aplicó la doctrina de la Corte Suprema"
Al ser consultado al respecto, el ministro Rabat explicó que "lo que se hizo fue precisamente recoger la doctrina de la Corte Suprema en decenas de recursos de amparo".
"Es la Corte Suprema la que estableció que las personas a quienes ese beneficio se le otorgaba antes del año 2022 eran merecedoras de ellos", sostuvo el titular de Justicia y Derechos Humanos.
Cuestionado sobre si esta decisión ministerial facilita el trabajo de los defensores sabiendo que no respondieron a recursos judiciales, Rabat repitió que el criterio "ya lo estableció la Corte Suprema por la vía de recursos de amparo".
Por último, consultado respecto a por qué no se transparentaron estas decisiones a la ciudadanía, el ministro contestó: "¿Cómo se va a informar al país si los actos administrativos son todos públicos? Lea la Constitución".
Presidenta de la Suprema: "No he tenido información" de lo sucedido
En tanto, la presidenta de la Suprema, Gloria Ana Chevesich, señaló "no tener información" de lo sucedido: "Para la rebaja de condenas, (el Ministerio) tendrá facultades y está ejerciendo las de su respecto. (Aunque) no sé; en realidad, me gustaría tener más información, porque al respecto no he tenido", expresó.
Desde el oficialismo, el diputado Evópoli Jorge Guzmán dijo que, "hasta antes del cambio de Gobierno, las personas pedían la rebaja de condena, (y cuando) se les negaba recurrían a través de recursos de amparo o protección a una Corte de Apelaciones, que ordenaba al Ministerio de Justicia aplicar la reducción de sentencia".
Dicho eso, Guzmán cuestionó que "cuando (este proceso) se hace más eficiente en la práctica, se está beneficiando a una persona condenada por delitos gravísimos, lo que no debió haber ocurrido".
Por su parte, el diputado republicano Luis Sánchez atribuyó la responsabilidad a la doctrina de la Justicia y su "mirada garantista a los delincuentes".
"Nosotros hemos criticado muchas veces esta mirada que permite que personas con delitos graves salgan antes de tiempo de la cárcel. Si aquí existe un criterio de los tribunales al que el Ejecutivo tiene que allanarse, yo creo que es algo que tiene que abordarse", exhortó.
Bancada PC estudia interpelar a ministro Rabat
Desde la oposición, las críticas fueron más duras: los diputados de la bancada del Partido Comunista (PC) evalúan una ofensiva fiscalizadora para interpelar al ministro Rabat.
"El Gobierno ha traspasado un límite inaceptable. Es el Presidente de la República el que debe dar explicaciones y justificar una medida tan lesiva, dañina y aversiva contra la dignidad de los niños y las niñas", dijo el parlamentario Marcos Barraza.
"En consecuencia, estamos estudiando una interpelación al ministro de Justicia, que es la cartera responsable de estas rebajas de pena", anticipó. Ya se inició la recopilación de firmas.
Su colega y compañera de partido Irací Hassler también fustigó la medida de la Administración Kast, aplicada pese a "lo que cuesta además para obtener condenas por abuso a menores de edad en nuestro país".
"Esto implica que hay una familia atrás que sufrió estos hechos, que llevó adelante las denuncias, consiguió la sentencia y que, finalmente, el Gobierno se burla de ellas", lamentó.
El diputado PC Bernardo Salinas se sumó al debate haciendo énfasis "en la señal que (el Gobierno) le está dando al país. Tiene que explicar por qué tomó esta decisión, que es política: estos casos no pasaron a revisión por parte de la Corte de Apelaciones ni la Suprema, sino que fue una directa acción administrativa de una facultad que no la vamos a discutir".
El diputado FRVS y presidente de la Comisión de Constitución, Jaime Mulet, también fustigó que "indultar rebajando condenas por parte del Ministerio de Justicia, sin la actuación de ningún juez, es extremadamente grave".
Defensoría de la Niñez exige explicaciones a Justicia
Por su parte, través de un comunicado de prensa, la Defensoría de la Niñez solicitó al Ministerio dar a conocer en detalle los antecedentes técnicos y jurídicos considerados para modificar el lineamiento habitual de la cartera, el cual denegaba la concesión de beneficios en esta clase de crímenes de máxima gravedad.
Desde el organismo hicieron hincapié en que el marco normativo nacional experimentó un endurecimiento fundamental en el 2022 con la promulgación de la Ley Nº 21.421, cuerpo legal que consagra de manera explícita la exclusión de toda rebaja o beneficio para determinados ilícitos de carácter sexual contra personas menores de edad.
Si bien la institución reconoció la existencia de discusiones jurídicas vinculadas a causas perpetradas antes de la entrada en vigor de dicha normativa, advirtió que "la aplicación de un estándar general que otorga beneficios implica una inobservancia de derechos de niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de una de las peores formas de violencia".
"Estos antecedentes son preocupantes y requieren una explicación clara del Ministerio de Justicia. Desde 2022 rige una ley que excluye de este beneficio a personas condenadas por determinados delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Detrás de estas condenas hay víctimas que tienen derecho a la justicia, a la protección y a la reparación", advirtió el titular de la Defensoría, Anuar Quesille.
En esta línea, indicó que "el Estado tiene un deber reforzado de resguardar esos derechos y debe actuar con especial rigurosidad cuando adopta decisiones que pueden reducir el tiempo efectivo de privación de libertad de quienes fueron condenados por estos graves delitos".
"La protección de las víctimas debe estar en el centro de las decisiones del Estado", puntualizó el defensor, que remarcó que el país venía transitando una senda consistente en materia de combate y sanción a la violencia sexual infanto-juvenil, por lo que determinaciones de esta índole suponen un retroceso sustancial.
Frente a este escenario, la Defensoría de la Niñez adelantó que mantendrá un monitoreo continuo de cada caso y no descartó iniciar las acciones administrativas o judiciales que correspondan en el marco de sus atribuciones legales vigentes.
El Gobierno ha rebajado condenas a 56 abusadores sexuales y violadores de menores
Desde el 11 de marzo, el Ministerio de Justicia ha firmado -en promedio- un decreto exento de esta índole cada tres días, y sólo ha rechazado una solicitud. "Lo que se hizo fue recoger la doctrina de la Corte Suprema", defendió en el Congreso el titular de la cartera, Fernando Rabat, contra...
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siempre han hecho esa wea, de soltar a los weoncitos que "se portan bien", mira el caso Hugo Bustamante.
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