puta el csm tonto...¿leíste los fallos?¿puedes compartir los roles de los fallos? está demás decir que no lo hiciste, y de todas maneras da lo mismo, porque no tienes idea del tema. Por cierto, es la Corte Suprema la que básicamente determina el derecho aplicable, así que lo que sea que diga va a estar siempre ajustado a derecho, son el máximo órgano jurisdiccional del país.
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Dejando de lado al super-berto anterior, explicaré los motivos por los cuales no estamos abarrotando aviones llenos de negros qls para devolverlos a sus shitholes, como cualquier país decente debería.
Hace unos años atrás trabajé en el tema
"trabajo con masisis, ellos saben"
MOTIVO 1: La CS estima que un argumento importante para rechazar la legalidad de las ordenes de expulsión es el "germen de arraigo", lo cual significa que si la cucaracha tiene un trabajo, acredita ingresos o tiene familia aquí, se tienden a rechazar las órdenes. Este criterio hace unos 4 años atrás no estaba presente en la CS, y proviene de principios generales de la Constitución y Tratados de DD.HH, que si bien son importantes, no regulan de manera específica esta materia. Es un criterio absolutamente "pro-cucaracha", ya que si bien, e insisto, estos criterios son importantes, pasan por alto principios igual de importantes tales como la seguridad nacional y la soberanía. Más encima, al respecto existe jurisprudencia de la Corte Interamericana de DD.HH que reconoce que los estados tienen el derecho de regular la entrada y permanencia de inmigrantes respetando los principios del debido proceso y la no discriminación de carácter arbitraria, pero no significa que los estados estén obligados a recibir a cualquier mandril.
La CS tiene un criterio
pro-jigaboo, así de simple. La corrección política hace rato que permeó a los tribunales.
Sin embargo, esto no es lo clave, sino lo que a continuación explicaré.
MOTIVO 2: Por lejos el criterio más relevante para anular órdenes de expulsión de mandriles y simios que ingresaron por paso no habilitado es el del
debido proceso. La ley de inmigraciones exige lo siguiente para poder expulsar a un mandril, y lo copiaré textual.
Decreto Ley 1094: ESTABLECE NORMAS SOBRE EXTRANJEROS EN CHILE
La norma establece un delito:
Sin embargo, al respecto, la misma normativa establece una obligación muy importante para el gobierno de turno, específicamente para el ministerio del interior:
Estas querellas o denuncias
NUNCA SON EJERCIDAS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR. Sólo se limitan a dictar el decreto de expulsión si detectan que el simio no registra ingreso por paso habilitado, pero jamás se inicia una investigación penal al respecto, tal y como lo señala la ley. ¿Ustedes creen que esto es casualidad? el gobierno sabe cómo funciona, pero no ejerce las querellas o denuncia a propósito, por lo que pasaré a explicar ahora. Gracias Lorena Fríes y la ctm....perdónalos señor, pero ellos si saben lo que hacen.
La CS estima que el decreto de expulsión tiene las características de una pena corporal (tomar detenido al simio, engrillarlo y llevarlo a la frontera), por lo que se deben seguir las normativas penales al respecto para que el decreto en cuestión sea válido. Por lo tanto, si no existe una condena de tipo penal respecto de este delito dictada por un juez de garantía o un tribunal oral en lo penal, el decreto de expulsión no tiene legitimidad legal, por no haberse apegado al debido proceso. Y para que esto sea posible,
debe presentarse si o si querella o denuncia, cosa que el gobierno jamás hace.
Este criterio, si bien es demasiado pro-inmigrante, es formalmente correcto, aunque a mi humilde confunde los efectos penales con los demás efectos (laborales, civiles, administrativos, etc). Lo considero correcto en cuanto al ámbito del debido proceso penal, pero debería seguir absolutamente vigente en cuanto a los demás efectos, lo que significaría por ejemplo que el simio jamás podría regularizarse. La CS anula el decreto en todos sus aspectos, lo cual tiene que ver con su tendencia pro-nigga.
Pero de todas manera, en conclusión,
el gobierno es el principal responsable de esta situación. Si hicieran su pega como es debido, el 90% de los decretos serían ajustados a derecho.
Solo cabe esperar que la próxima ley de migraciones
obligue sin excepciones de ningún tipo al gobierno a presentar querella/denuncia, y que no lo deje al arbitrio de un funcionario o ministro progre.