Ineptos: Anulan fallo que absolvió a acusado por bombazo terrorista: Habrá nuevo juicio

CASO VÍCTOR MONTOYA: PALOS DE CIEGO TRAS LA ESQUIVA LEY ANTITERRORISTA

El pasado viernes 8 de febrero, poco antes de la medianoche, el relacionador público
Víctor Hugo Montoya Encina (23) sale de su casa en La Florida a bordo de la camioneta de su padre. De acuerdo a lo relatado posteriormente por el joven a su madre, Lidia Encina, tras una frustrada reunión con un amigo, se dirige hacia donde una amiga que vive en Pirque. Intenta dar con la dirección, no lo consigue, por lo que decide regresar a su casa. Cuando entra a su pasaje, se encuentra con un cinematográfico operativo policial. Están ahí para detenerlo, está sindicado como sospechoso de haber participado en la explosión de una bomba ocurrida esa noche en el retén de Carabineros de Las Vizcachas.

Según detalló el fiscal Claudio Álvarez en el control de detención, el artefacto -fabricado con un extintor, dos kilos de pólvora y un reloj detonador- habría sido instalado al costado de un muro que colinda con los dormitorios del retén, en donde dormían dos uniformados. El estallido dejó a uno de ellos con trauma acústico, contusión de espalda y un pie herido, todas lesiones leves. Tres días después el joven es formalizado por colocación de artefacto explosivo en el contexto de la Ley Antiterrorista, permaneciendo desde entonces en prisión preventiva en el Cárcel de Puente Alto, a la espera de un juicio.

“Su hijo es anarquista”

“Su hijo es anarquista”, recuerda Lidia que le dijo uno de los policías que esa misma madrugada regresó a allanar su casa. “Mi hijo es vegano”, le aclaró ella. “Pero es lo mismo po”, remató el hombre. Un adelanto de lo que ocurriría luego cuando, tras dar vuelta la pieza de Víctor, los agentes se llevan -entre varios otros artículos personales- el libro “La moral anarquista”, folletos de tocatas, documentos alusivos al “Caso Bombas”, una bufanda con un bordado que dice vegan straight edge y un disco de la banda punk Coche Bomba. Además, requisan su computador, en donde –entre muchos documentales- reparan en uno sobre la ETA y otros instructivos sobre cómo armar bombas y armas.


“Esa fue una gran pesquisa que han hecho los sabuesos de la policía”, ironiza el abogado de Montoya, Rodrigo Román, agregando que “eso da cuenta del delirio de la inteligencia policial”.

De hecho, un antecedente ignorado abiertamente por el Ministerio Público, es la declaración que dio a conocer el 22 de febrero un grupo denominado “Amigos de la Pólvora”, quienes en 2012 había publicado en sitios anarquistas una reivindicación del ataque explosivo contra el Tribunal de Puente Alto, adjudicándose este hecho. Esta vez,aseguraron ser responsables de la colocación del artefacto que estalló en el retén de Las Vizcachas, afirmando que el joven detenido como responsable “no pertenece a nuestro grupo de afinidad”.

Testigos sin rostro

Sin embargo, la imputación que pesa sobre el joven se sostiene sobretodo en la declaración de dos supuestos testigos secretos que dicen haber visto a dos personas subir corriendo a una camioneta Hyundai gris luego de la explosión, a la que aseguran haber seguido y de la que anotan la patente, para entregársela posteriormente a la policía. Es decir, según el relato, Víctor habría trasladado en el vehículo de su padre a quienes esa noche habrían puesto la bomba.

Algo que para su madre es casi irrisorio, pensando en la dinámica familiar que caracteriza el uso de la camioneta en esa casa. “Víctor Hugo no tiene auto, el auto es nuestro. Su papá se los pasa (a él y su hermano), pero si es que nosotros no tenemos nada que hacer”, cuenta Lidia. “Entonces no es que él pueda llegar y decir oye, juntémonos y vamos a colocar una bomba, yo salgo con el auto, porque si el papá le dice hijo no te paso el auto porque voy a ir al cine con la mamá o voy a ir a buscar a tu hermana a una fiesta, él no tiene auto. O sea, no cuenta con ningún vehículo más”, agrega.

“Basta leer –y no solo con el ojo de un abogado, sino de una persona común y corriente que sepa simplemente leer y tenga una mínima comprensión lectora- para advertir que esos relatos tienen sendas contradicciones en lo que dice relación con la participación que Montoya Encina tendría en el hecho que se le imputa”, dice Román, restándole legitimidad a una de las principales pruebas del Ministerio Público. Con estos antecedentes –cree el abogado- “ningún tribunal de derecho serio de la República debiera fundar una sentencia condenatoria”.

Las inconsistencias de los relatos tienen que ver principalmente con las diferencias de hora en que los testigos dicen haber visto el vehículo; las descripciones que se hacen del chofer de este –las que responden al perfil de cualquier chileno común y corriente, además de pasar por alto que esa noche Montoya usaba gorro-; y la acusación de que en su supuesta huida este se habría pasado numerosos semáforos, siendo que en el recorrido descrito sólo se contaría uno.

Para la madre de Víctor Hugo, “todo lo que pasó esa noche fue raro”. Intentando explicarse lo ocurrido, a la mujer no le deja de dar vueltas lo que sucedió en el Cajón del Maipo horas antes, donde un segundo alud en menos de un mes obligó a un nuevo corte del suministro de agua para Santiago. Contrario a la versión oficial que atribuía a razones naturales estos peligrosos desplazamientos de agua y barro, organizaciones sociales del sector lo vincularon con los trabajos del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, destapando de paso un contrato secretoentre la empresa AES Gener y Aguas Andinas en torno al uso del agua en la zona. Para Lidia definitivamente no resulta raro pensar que el bombazo en el retén de Las Vizcachas fue “una de las formas de tapar todo lo de Alto Maipo”.

Vegano

Desde los 15 años que Víctor Hugo Montoya es vegano. Una condición que, si bien en teoría no tiene ningún peso jurídico –salvo cuando se ha tratado de vincular formas de vida con actos como el que se le imputa-, es para su madre quizás una de las pruebas más genuinas de su inocencia. “Como buen vegano, él protege todo lo que es vida animal y humana, por lo tanto es imposible que él vaya a querer poner una bomba para matar personas, no va con él”, asegura Lidia.

Algo que, sin embargo, para el propio Víctor ha sido una de las razones de la persecución que ha vivido. “Existe otro pilar fundamental en todo este proceso y su discriminativo funcionamiento, y es nada menos que mi estilo de vida, el que intentan hacer calzar con lo que ellos necesitan, no siendo para nada la de un individuo modelo (…) el solo hecho de poseer una conciencia social y de clases, rechazar el consumo, uso y abuso de animales humanos y no humanos para el beneficios de unos pocos y finalmente poseer una postura seria frente a la realidad”, escribió en una carta pública el joven cuando llevaba cuatro meses en prisión.

Ninguna traza de pólvora

Una vez que se inicie el juicio, la defensa irá por la absolución de Víctor Hugo. Para Rodrigo Román no existirían, por una parte, los antecedentes que permitan concluir que se está en presencia de un delito de carácter terrorista y, por otra, que hagan presumir la participación fundada del joven en el hecho. El abogado apunta a que “no hay ninguna prueba científica” que lo vincule, recordando que tanto el vehículo como la ropa y el cuerpo de Montoya fueron periciados, no encontrándose absolutamente ninguna traza de pólvora en ellos.

Por otra parte, recuerda Lidia Encina, tampoco se halló en la camioneta humedad o restos de barro o pasto, algo que a su parecer echaría por tierra la tesis del Ministerio Público de que para llegar a la Hyundai gris las personas cruzaron previamente por un canal. “Lo que encontraron fue una araña, chiquitita, muerta, y para ellos eso bastó para decir que se habían subido”, agrega Lidia.

No obstante todo ello, en tres ocasiones se ha negado el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva por la de arresto domiciliario por considerar a Montoya Encina “un peligro para la sociedad”. Para Román es clave el argumento “extralegal” esgrimido por la Fiscalía Sur, con Raúl Guzmán a la cabeza, y que consiste en plantear que el bombazo imputado al joven sería de similares características a otro ocurrido en las cercanías de ese lugar el 4 de julio de 2012, específicamente en el Juzgado de Garantía de Puente Alto, causa en la que sin embargo ni Montoya ni nadie se encuentra formalizado. “Es pirotecnia para darle espectacularidad al caso y así contaminar al tribunal con una decisión que debería ser más pausada, más objetiva”, dispara el abogado, agregando que “se debiera, como en todo proceso penal, juzgar conforme al mérito del proceso”.

El otro Víctor: Cinco meses en prisión injustamente

A cargo de perseguir la supuesta responsabilidad de Montoya en la explosión están Raúl Guzmán -Fiscal Regional Metropolitano Sur, conocido por su rol en la etapa final del bochornoso “Caso Bombas”-, y el fiscal de Puente Alto, Claudio Álvarez. Es respecto al desempeño de este último que la familia de Víctor Hugo ha mantenido su mayor recelo, el que de hecho hicieron saber a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que los recibió el pasado 2 de octubre. En la ocasión también expusieron la necesidad de que se cierre el periodo de investigación, para así dar paso al juicio oral en donde pretenden demostrar su inocencia.

Y para argumentar sus temores respecto de Álvarez, los familiares llevaron consigo al Congreso una particular prueba: Un DVD que contenía la emisión de un capítulo del matinal Mucho Gusto de MEGA, en el que curiosamente el mencionado fiscal era uno de los lamentables protagonistas. El joven Víctor González alcanzó a pasar 5 meses en prisión acusado de robo con intimidación por el fiscal Claudio Álvarez, generando una verdadera pesadilla en su humilde familia.

Eso hasta que la víctima del atraco, Manuel Vargas, consiguió que en una nueva audiencia una jueza escuchara aquello que, aseguró, en dos ocasiones le había hecho saber a la fiscalía: La persona acusada no era quien lo había atacado. “Vi las fotos y no me coincidía el nombre. Le dije (al fiscal) y él me paró y me dijo: pasémoslo a este no más, esta es la persona”, recuerda el afectado respecto a una de las ocasiones en que intentó colaborar para esclarecer lo ocurrido. “Al menos el fiscal (Álvarez) señaló que tenía algunas dudas. Nos cabe preguntar entonces: si tiene algunas dudas, por qué no pide una medida cautelar menos gravosa. O sea, si yo tengo algunas dudas ¡cómo puedo tener a una persona cinco meses presa!”, dijo el abogado del joven acusado una vez que este consiguió su libertad.

Diligencias tardías

A los antecedentes expuestos por el abogado Román, se suman otros dos que para el caso resultan relevantes. Por una parte, está el hecho de que solo después de casi 8 meses la defensa consiguió que se permitiera el ingreso al retén de Las Vizcachas donde detonó el artefacto explosivo a un equipo de peritos de criminalística, no obstante la objeción de la fiscalía que argumentó una supuesta falta de idoneidad de los profesionales. Una diligencia que tuvo igualmente resistencia, pues los funcionarios del mencionado retén se opusieron en una primera instancia, pasando por sobre una orden emanada de un tribunal. Por otra, fue solo cuando ya habían transcurrido siete meses del hecho que la fiscalía solicitó 60 días para ver el registro de las cámaras por donde pudo haber pasado Víctor Hugo aquella noche.

“Criminalización de la disidencia”

Víctor Hugo Montoya Encina lleva ya 8 meses en prisión esperando el cierre de la investigación. Tanto él como su familia no están dispuestos a aceptar un juicio abreviado que, si bien le significaría disminuir considerablemente la pena, se traduciría en negar su inocencia y declararse culpable de un delito que -asegura- no cometió.

Junto con los particulares objetos personales con los que se intenta vincular a Montoya con la explosión y los testigos secretos sin rostro, claramente se repiten en esta historia elementos de otras mediáticas causas que tuvieron tras las rejas por meses a personas que finalmente resultaron absueltas, como fue por ejemplo el “Caso Bombas”. El abogado Rodrigo Román recuerda que desde el año 2010 ha habido al menos cuatro juzgamientos -el mencionado “Caso Bombas”, el de Luciano Pitronello, el de Carla Verdugo e Iván Silva y el de Hans Niemeyer- donde si bien se les formuló acusación por delito terrorista, ninguno fue juzgado bajo esa tipificación. El de Víctor Hugo, dice, “es el quinto intento del Ministerio Público por invocar la Ley Antiterrorista, en la Región Metropolitana al menos”.

Para el defensor esto tiene que ver con lo que llama “criminalización de la disidencia”.“Es parte de la política criminal que tiene el Estado dentro de sus políticas públicas, en donde invocan lo más agudo que tienen como derecho penal especial, como es la Ley Antiterrorista”, plantea Román.