Los Vacíos del Proyecto para Mejorar la Libre Competencia

Las prácticas anti competitivas van mucho más allá de la colusión. La abrumadora concentración del poder económico exige tipificar un conjunto de malas prácticas de común ocurrencia que dañan gravemente el sistema de libre competencia.

El proyecto de Ley de Defensa del Sistema de la Libre Competencia fue firmado hace una semana por la Presidenta e ingresó con urgencia simple al Congreso. Aunque se entiende que busca sancionar con firmeza las conductas anticompetitivas, el texto pretende mejorar dos grandes aspectos: el delito de colusión y el control de fusiones.
No hay duda que atacar y castigar los carteles, definidos como “un cáncer para cualquier economía” por el ministro Luis Felipe Céspedes, es de alta prioridad para proteger a las personas que consumen, las empresas que compiten y al propio sistema social de mercado. Por lo mismo, es razonable reponer la pena de cárcel como también ofrecer todas las garantías para que la delación compensada opere en la práctica. También es elemental que el delito no sea rentable, como lo es hoy, por lo que el establecimiento de multas en función a las ventas o del beneficio económico obtenido por la infracción, suena coherente.

El control preventivo y obligatorio ante la FNE de fusiones que superen ciertos umbrales de ventas, también era una deuda de la institucionalidad, que debió resolverse hace un par de décadas. Se llega tarde. Según el titular de Economía, desde 2003 ha habido 14 notificaciones, pero podrían haber sido 50 operaciones de fusión si se hubiesen aplicado los umbrales que se están planteando en el proyecto.

Este vacío tuvo un pernicioso efecto que hoy se resume en una abrumadora concentración de los mercados, donde los abusos de posición dominante son cotidianos. Sería un cinismo desconocer que muchas compañías que gozan de mayor tamaño usan esa capacidad para afectar a los competidores de menor envergadura con total impunidad.

Otra práctica perversa y reñida con la probidad es la puerta giratoria, donde autoridades de gobierno, al término de su mandato, pasan al sector privado justamente a la industria que estuvo bajo su tutela. ¿Acaso sacar provecho de los vínculos de esa ex autoridad en detrimento de los competidores, no es una forma de tráfico de influencias? ¿No debiera estar prohibido hacer lobby con el poder político para obtener ventajas, afectando la competencia? ¿Cómo es posible que una práctica incompatible con la transparencia y competencia leal como es el interloking se ejerza con total libertad y sea aceptada por los organismos reguladores? ¿Quién controla que las asociaciones gremiales no adopten medidas contra actores de la industria que se mantienen al margen de éstas?

Todo esto deriva en ganancias ilegítimas y un enriquecimiento cuyo origen es indebido, dañando gravemente el sistema de competencia y a los actores de menor poder.

Y son estos casos concretos los que se echan de menos en el proyecto recién ingresado: la descripción detallada de conductas anticompetitivas que merezcan fuertes sanciones y un mecanismo fácil de denuncia para las empresas de menor tamaño. Defender la libre competencia persiguiendo básicamente colusión y fusiones, es una mirada muy acotada y ajena a las prácticas diarias con que tienen que convivir los agentes económicos.

Ciertamente, este proyecto podría mejorarse en el Congreso. Sin embargo, no es claro que las influencias de los grandes conglomerados en el poder político lo permitan.

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Van a tener que pedir permiso si quieren pasar esto.

¿Es idea mía o la guatona se aplaude a ella misma cuando firma algo?

El problema no es el poder económico sino el político.