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MIGRACIÓN Y POLÍTICA MIGRATORIA
Nuestra política migratoria está basada en 8 definiciones fundamentales:
- Primero la comprensión de la migración como proceso constitutivo de la sociedad chilena. Se asume así, que la migración forma parte del proceso histórico que vive nuestra sociedad, y que la presencia de colectivos migrantes ha contribuido a constituirla y proyectarla. (asume postura Jesuíta, Chile es un país de migrantes, no de mestizos)
- Segundo, asumimos un enfoque territorial y descentralizado, pues entendemos que las singularidades territoriales son centrales en materia migratoria.
- Como tercera cuestión, fundamentamos esta política en un enfoque feminista, lo que implica que los programas, reformas legales, políticas de emergencia y cambios institucionales en este ámbito buscan contribuir a la superación superar el régimen patriarcal y heteronormado.
- En cuarto lugar el enfoque intercultural será una condición transversal a las políticas públicas. Ello implica sentar las bases para impulsar programas en este ámbito e incluirlo como eje en programas generales.
- Como quinto aspecto asumimos un compromiso con la internacionalización de la política migratoria, orientándola a la cooperación entre el Estado chileno y los Estados de origen de migrantes y refugiados residentes en Chile, así como con los de destino de los chilenos y chilenas residentes en el exterior.
- En sexto lugar adoptamos como base el enfoque de derechos humanos, lo que implica un compromiso firme con la ratificación y seguimiento de acuerdos internacionales garantes de los derechos de personas migrantes y refugiadas, y al mismo tiempo establecer este enfoque como un eje transversal de programas y políticas generales.
- En séptimo lugar definimos la política de migración y refugio desde un enfoque de seguridad migratoria, ello implica que las políticas de visados y gestión de frontera tendrán como objetivo garantizar la seguridad y protección a las personas migrantes y refugiadas.
- Finalmente enlazamos a nuestra política migratoria las garantías de derechos de chilenas y chilenos residentes en el extranjero. Asumiendo el compromiso de garantizar y ampliar sus derechos políticos, resguardando la protección frente a vulneraciones de sus derechos sociales y civiles, fortaleciendo su vinculación con consulados y otros servicios del Estado y creando condiciones para que puedan retornar al país, cuando así lo deseen.
Proponemos:
1. Creación de un plan integral para la inclusión y el reconocimiento de las personas migrantes y refugiadas compuesto de los siguientes programas
a. Crear un programa nacional para la “primera acogida” de las personas migrantes, refugiadas y retornadas que entregue acceso a información en la primera etapa de su asentamiento. Se crearán en el marco de este programa protocolos orientados a garantizar el acceso universal a los derechos y servicios sociales, independiente de la situación administrativa. Este programa promoverá con prioridad la acogida de mujeres migrantes y de NNA y se construirá con un enfoque de género.
b. Programa para personas refugiadas: Se propone la implementación de una política de acogida que fortalezca el enfoque de derechos humanos y la integración efectiva, centrada en tres ejes:
(i) agilizar los procedimientos de reconocimiento, garantizando el derecho al debido proceso de los solicitantes y velando por una correcta aplicación del concepto amplio de persona refugiada de la Ley N°20.430;
(ii) incorporar principios de sustentabilidad e integración efectiva para la acogida de personas refugiadas y sus familias; y,
(iii) reforzar las capacidades de gobiernos locales e instituciones para el desarrollo de programas de acogida y ampliar los recursos para programas de inserción laboral y social de personas refugiadas, en alianza con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
c. Programa papeles al día: Modernizar el sistema de gestión de visas y residencias definitivas para dotar al Servicio Nacional de Migraciones (SNM) de capacidades para agilizar la entrega de documentos, y garantizar el acceso a cédulas de identidad a las personas que se encuentren en procesos de tramitación. Se creará un sistema de visas simplificado que descargue al Estado de procedimientos y trámites, y desburocratice las vidas de las personas migrantes.
d. Política de salud para personas migrantes. Se establecerá un equipo de coordinación encargado de implementar la política de salud para migrantes vigente hoy en Chile, de manera descentralizada y priorizando las dimensiones de género, salud mental y protección de NNA. Se garantizará la cobertura de atención secundaria y especializada para personas no regulares. Se asegurará la aplicación del decreto N°67 de Fonasa.
e. Escuelas para el reconocimiento: Se desarrollará un trabajo articulado entre el SNM y el Ministerio de Educación para el diseño e implementación de acciones orientadas a que en el sistema escolar se habilite una adecuación curricular de acuerdo a la realidad de la población escolar migrante de cada región. (18 DE SEPTIEMBRE MULTICULTURAL)
f. Programa para trabajadores y trabajadoras: Tiene por objetivo combatir la discriminación laboral y la explotación y favorecer la empleabilidad de los migrantes en igualdad de condiciones e independiente de su situación administrativa y género. Se destinarán mayores recursos para la fiscalización en sectores de actividad prioritarios y a la entrega de información para empleadores. No se perseguirá ni sancionará a trabajadores y trabajadoras extranjeros sin autorización de trabajo al día y se incentivará su regularización con mecanismos permanentes. (efecto llamada importante y altas tasas de cesantía para nosotros=
g. Programa vivienda, barrio y mediación. Se garantizará el acceso de las personas migrantes independiente de su situación administrativa, al Banco de Vivienda Protegida y a los programas de vivienda humanitaria para la primera acogida, (CASAS PARA TODES) con prioridad en mujeres migrantes, víctimas de violencia de género y personas cuidadoras. Al mismo tiempo se desarrollará un programa de mediación de conflictos en los territorios en alianza con gobiernos locales y regionales. (RECONOCEN QUE HAY Y QUE SE AMPLIFICARAN LAS TOMAS DE TERRENOS POR PARTE DE LOS MIGRANTES)
h. Programa organizarnos para encontrarnos: Se desarrollará un programa para incentivar la organización y participación política de la población inmigrante, refugiada, chilena residente en el exterior y retornada y se promoverá su incorporación en espacios de decisión del Estado, no solo referidos a la política migratoria si no en todas las áreas. Se promoverá especialmente organizaciones lideradas por mujeres migrantes.
i. Política de capacitación y sensibilización en el Estado: Los servicios públicos serán espacios seguros para personas migrantes y refugiadas, libres de racismo y discriminación. Además de desarrollar protocolos para evitar y sancionar prácticas de este tipo, se crearán programas en los servicios estratégicos para el proceso de inclusión, orientados a la capacitación y sensibilización de funcionarios en interculturalidad y DDHH. (Violación de la seguridad nacional del Estado, pretenden permearlo para que agentes de inteligencia de otros países trabajen en áreas críticas del Estado)
En la implementación del plan se fortalecerá en el diseño de la institucionalidad la articulación del gobierno central con los gobiernos locales y regionales institucionalizando la coordinación y garantizando la sustentabilidad de los programas de integración.
1. Reformas legales y ratificación de tratados internacionales:
i. Se establecerá la suma urgencia en la tramitación del proyecto de ley presentado por el Frente Amplio en junio de 2021 que crea el distrito internacional para chilenas y chilenos residiendo en el extranjero y habilita su participación en elecciones parlamentarias.
ii. Se reformará la ley de migraciones N°21.235 en los artículos que establecen el sistema de visados para garantizar que el permiso transitorio pueda derivar en una visa temporal; (SE VIENE LA VISA LABORAL PARA QUE ENTREN LOS WEONES QUE QUIERAN A QUITAR PEGA) acortar el tiempo necesario para obtener la residencia definitiva a un año; establecer la regularización por arraigo al primer año de permanencia irregular; establecer la posibilidad de obtener una visa transitoria o de residencia temporal en la frontera territorial del país; y finalmente, se realizará una reforma en función de eximir a las personas migrantes que cometan simples faltas para que no sean objeto de la sanción de expulsión. Se establecerán las garantías del debido proceso y se reducirá la discrecionalidad y la atribución administrativa en materia de plazos y autorizaciones. Se suprimirá la moratoria de 24 meses para acceder a derechos en materia de seguridad social.
iii. Se garantizará legalmente la regularización migratoria y protección a víctimas de violencia de género, incluyendo a disidencias sexuales. Además, la política migratoria que se definirá por la vía administrativa, considerará entre sus ejes principales la protección y regularización de víctimas de violencia de género
iv. Se ampliará este estatuto de protección para NNA no acompañados que lleguen al país. Y se incorporarán en el Plan Nacional de Cuidados garantizando que personas al cuidado de NNA migrantes cuenten con acceso a la regularidad evitando que las personas a cargo del cuidado se encuentren en situación irregular.
v. Se propone reformar la Ley N° 20.609 para dotarla de elementos para su concreción efectiva, orientándola a sancionar la incitación al odio en contra de las personas extranjeras y el racismo. Al mismo tiempo se ampliarán las situaciones que son objeto de protección por parte de esta ley incluyendo la situación administrativa.
vi. En materia de regulación internacional: se ratificará el Convenio 097 y las disposiciones complementarias recogidas en el Convenio 143 de la OIT, referidas a la Convención Internacional Sobre la protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Se promoverá su aplicación y se dará seguimiento a las observaciones realizadas por el Comité para Trabajadores Migrantes. Se implementará con todos los países miembros y asociados el acuerdo de residencia del Mercosur. Se firmará el pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular. (QUIEREN FIRMAR EL NEGOCIO A TODA COSTA, ADIÓS DESARROLLO CHILENO)
2. Medidas para la emergencia humanitaria y la crisis post-covid.
i. Se abrirá un proceso de regularización extraordinario, que incluya a todas las personas sin documentos, independiente de la forma en que hayan ingresado al país. Quienes lleven avecindadas más de un año obtendrán un documento de residencia definitiva. (REGALANDO RESIDENCIAS COMO LOCOS LOS ENFERMOS CULIAOS)
ii. Se pondrá fin a las expulsiones ilegales. En alianza con instituciones de protección de DD.HH., se revisará la legalidad de los decretos de expulsión administrativa no ejecutados a la fecha y se permitirá el acceso de estas personas a la regularidad. Se condonarán las deudas de arrastre vigentes, generadas por vencimiento de plazos y multas para detener la espiral de precarización en la que se encuentran estas personas. Se impulsará la reforma legal de las sanciones que establece la actual ley, eliminando la expulsión como sanción por faltas administrativas y se aplicarán criterios de proporcionalidad y de “última ratio” para la aplicación de las sanciones vigentes, priorizando la adopción de medidas que favorezcan la regularización e inclusión.
Nuestra política migratoria está basada en 8 definiciones fundamentales:
- Primero la comprensión de la migración como proceso constitutivo de la sociedad chilena. Se asume así, que la migración forma parte del proceso histórico que vive nuestra sociedad, y que la presencia de colectivos migrantes ha contribuido a constituirla y proyectarla. (asume postura Jesuíta, Chile es un país de migrantes, no de mestizos)
- Segundo, asumimos un enfoque territorial y descentralizado, pues entendemos que las singularidades territoriales son centrales en materia migratoria.
- Como tercera cuestión, fundamentamos esta política en un enfoque feminista, lo que implica que los programas, reformas legales, políticas de emergencia y cambios institucionales en este ámbito buscan contribuir a la superación superar el régimen patriarcal y heteronormado.
- En cuarto lugar el enfoque intercultural será una condición transversal a las políticas públicas. Ello implica sentar las bases para impulsar programas en este ámbito e incluirlo como eje en programas generales.
- Como quinto aspecto asumimos un compromiso con la internacionalización de la política migratoria, orientándola a la cooperación entre el Estado chileno y los Estados de origen de migrantes y refugiados residentes en Chile, así como con los de destino de los chilenos y chilenas residentes en el exterior.
- En sexto lugar adoptamos como base el enfoque de derechos humanos, lo que implica un compromiso firme con la ratificación y seguimiento de acuerdos internacionales garantes de los derechos de personas migrantes y refugiadas, y al mismo tiempo establecer este enfoque como un eje transversal de programas y políticas generales.
- En séptimo lugar definimos la política de migración y refugio desde un enfoque de seguridad migratoria, ello implica que las políticas de visados y gestión de frontera tendrán como objetivo garantizar la seguridad y protección a las personas migrantes y refugiadas.
- Finalmente enlazamos a nuestra política migratoria las garantías de derechos de chilenas y chilenos residentes en el extranjero. Asumiendo el compromiso de garantizar y ampliar sus derechos políticos, resguardando la protección frente a vulneraciones de sus derechos sociales y civiles, fortaleciendo su vinculación con consulados y otros servicios del Estado y creando condiciones para que puedan retornar al país, cuando así lo deseen.
Proponemos:
1. Creación de un plan integral para la inclusión y el reconocimiento de las personas migrantes y refugiadas compuesto de los siguientes programas
a. Crear un programa nacional para la “primera acogida” de las personas migrantes, refugiadas y retornadas que entregue acceso a información en la primera etapa de su asentamiento. Se crearán en el marco de este programa protocolos orientados a garantizar el acceso universal a los derechos y servicios sociales, independiente de la situación administrativa. Este programa promoverá con prioridad la acogida de mujeres migrantes y de NNA y se construirá con un enfoque de género.
b. Programa para personas refugiadas: Se propone la implementación de una política de acogida que fortalezca el enfoque de derechos humanos y la integración efectiva, centrada en tres ejes:
(i) agilizar los procedimientos de reconocimiento, garantizando el derecho al debido proceso de los solicitantes y velando por una correcta aplicación del concepto amplio de persona refugiada de la Ley N°20.430;
(ii) incorporar principios de sustentabilidad e integración efectiva para la acogida de personas refugiadas y sus familias; y,
(iii) reforzar las capacidades de gobiernos locales e instituciones para el desarrollo de programas de acogida y ampliar los recursos para programas de inserción laboral y social de personas refugiadas, en alianza con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
c. Programa papeles al día: Modernizar el sistema de gestión de visas y residencias definitivas para dotar al Servicio Nacional de Migraciones (SNM) de capacidades para agilizar la entrega de documentos, y garantizar el acceso a cédulas de identidad a las personas que se encuentren en procesos de tramitación. Se creará un sistema de visas simplificado que descargue al Estado de procedimientos y trámites, y desburocratice las vidas de las personas migrantes.
d. Política de salud para personas migrantes. Se establecerá un equipo de coordinación encargado de implementar la política de salud para migrantes vigente hoy en Chile, de manera descentralizada y priorizando las dimensiones de género, salud mental y protección de NNA. Se garantizará la cobertura de atención secundaria y especializada para personas no regulares. Se asegurará la aplicación del decreto N°67 de Fonasa.
e. Escuelas para el reconocimiento: Se desarrollará un trabajo articulado entre el SNM y el Ministerio de Educación para el diseño e implementación de acciones orientadas a que en el sistema escolar se habilite una adecuación curricular de acuerdo a la realidad de la población escolar migrante de cada región. (18 DE SEPTIEMBRE MULTICULTURAL)
f. Programa para trabajadores y trabajadoras: Tiene por objetivo combatir la discriminación laboral y la explotación y favorecer la empleabilidad de los migrantes en igualdad de condiciones e independiente de su situación administrativa y género. Se destinarán mayores recursos para la fiscalización en sectores de actividad prioritarios y a la entrega de información para empleadores. No se perseguirá ni sancionará a trabajadores y trabajadoras extranjeros sin autorización de trabajo al día y se incentivará su regularización con mecanismos permanentes. (efecto llamada importante y altas tasas de cesantía para nosotros=
g. Programa vivienda, barrio y mediación. Se garantizará el acceso de las personas migrantes independiente de su situación administrativa, al Banco de Vivienda Protegida y a los programas de vivienda humanitaria para la primera acogida, (CASAS PARA TODES) con prioridad en mujeres migrantes, víctimas de violencia de género y personas cuidadoras. Al mismo tiempo se desarrollará un programa de mediación de conflictos en los territorios en alianza con gobiernos locales y regionales. (RECONOCEN QUE HAY Y QUE SE AMPLIFICARAN LAS TOMAS DE TERRENOS POR PARTE DE LOS MIGRANTES)
h. Programa organizarnos para encontrarnos: Se desarrollará un programa para incentivar la organización y participación política de la población inmigrante, refugiada, chilena residente en el exterior y retornada y se promoverá su incorporación en espacios de decisión del Estado, no solo referidos a la política migratoria si no en todas las áreas. Se promoverá especialmente organizaciones lideradas por mujeres migrantes.
i. Política de capacitación y sensibilización en el Estado: Los servicios públicos serán espacios seguros para personas migrantes y refugiadas, libres de racismo y discriminación. Además de desarrollar protocolos para evitar y sancionar prácticas de este tipo, se crearán programas en los servicios estratégicos para el proceso de inclusión, orientados a la capacitación y sensibilización de funcionarios en interculturalidad y DDHH. (Violación de la seguridad nacional del Estado, pretenden permearlo para que agentes de inteligencia de otros países trabajen en áreas críticas del Estado)
En la implementación del plan se fortalecerá en el diseño de la institucionalidad la articulación del gobierno central con los gobiernos locales y regionales institucionalizando la coordinación y garantizando la sustentabilidad de los programas de integración.
1. Reformas legales y ratificación de tratados internacionales:
i. Se establecerá la suma urgencia en la tramitación del proyecto de ley presentado por el Frente Amplio en junio de 2021 que crea el distrito internacional para chilenas y chilenos residiendo en el extranjero y habilita su participación en elecciones parlamentarias.
ii. Se reformará la ley de migraciones N°21.235 en los artículos que establecen el sistema de visados para garantizar que el permiso transitorio pueda derivar en una visa temporal; (SE VIENE LA VISA LABORAL PARA QUE ENTREN LOS WEONES QUE QUIERAN A QUITAR PEGA) acortar el tiempo necesario para obtener la residencia definitiva a un año; establecer la regularización por arraigo al primer año de permanencia irregular; establecer la posibilidad de obtener una visa transitoria o de residencia temporal en la frontera territorial del país; y finalmente, se realizará una reforma en función de eximir a las personas migrantes que cometan simples faltas para que no sean objeto de la sanción de expulsión. Se establecerán las garantías del debido proceso y se reducirá la discrecionalidad y la atribución administrativa en materia de plazos y autorizaciones. Se suprimirá la moratoria de 24 meses para acceder a derechos en materia de seguridad social.
iii. Se garantizará legalmente la regularización migratoria y protección a víctimas de violencia de género, incluyendo a disidencias sexuales. Además, la política migratoria que se definirá por la vía administrativa, considerará entre sus ejes principales la protección y regularización de víctimas de violencia de género
iv. Se ampliará este estatuto de protección para NNA no acompañados que lleguen al país. Y se incorporarán en el Plan Nacional de Cuidados garantizando que personas al cuidado de NNA migrantes cuenten con acceso a la regularidad evitando que las personas a cargo del cuidado se encuentren en situación irregular.
v. Se propone reformar la Ley N° 20.609 para dotarla de elementos para su concreción efectiva, orientándola a sancionar la incitación al odio en contra de las personas extranjeras y el racismo. Al mismo tiempo se ampliarán las situaciones que son objeto de protección por parte de esta ley incluyendo la situación administrativa.
vi. En materia de regulación internacional: se ratificará el Convenio 097 y las disposiciones complementarias recogidas en el Convenio 143 de la OIT, referidas a la Convención Internacional Sobre la protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Se promoverá su aplicación y se dará seguimiento a las observaciones realizadas por el Comité para Trabajadores Migrantes. Se implementará con todos los países miembros y asociados el acuerdo de residencia del Mercosur. Se firmará el pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular. (QUIEREN FIRMAR EL NEGOCIO A TODA COSTA, ADIÓS DESARROLLO CHILENO)
2. Medidas para la emergencia humanitaria y la crisis post-covid.
i. Se abrirá un proceso de regularización extraordinario, que incluya a todas las personas sin documentos, independiente de la forma en que hayan ingresado al país. Quienes lleven avecindadas más de un año obtendrán un documento de residencia definitiva. (REGALANDO RESIDENCIAS COMO LOCOS LOS ENFERMOS CULIAOS)
ii. Se pondrá fin a las expulsiones ilegales. En alianza con instituciones de protección de DD.HH., se revisará la legalidad de los decretos de expulsión administrativa no ejecutados a la fecha y se permitirá el acceso de estas personas a la regularidad. Se condonarán las deudas de arrastre vigentes, generadas por vencimiento de plazos y multas para detener la espiral de precarización en la que se encuentran estas personas. Se impulsará la reforma legal de las sanciones que establece la actual ley, eliminando la expulsión como sanción por faltas administrativas y se aplicarán criterios de proporcionalidad y de “última ratio” para la aplicación de las sanciones vigentes, priorizando la adopción de medidas que favorezcan la regularización e inclusión.
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