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Angustiante y desesperante es la realidad que por estos días vive Edita Villegas Llancalahuén, dueña de casa de 54 años, quien el pasado 31 de agosto quedó obligada judicialmente a entregar parte de su menguado sueldo a su ex pareja, de acuerdo a lo dictado por un juez del Juzgado de Familia de Punta Arenas.
Con lo dispuesto por la justicia, ve con temor lo que se le viene encima, más si se considera que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas ratificó lo obrado por la primera instancia, quedando a firme lo resuelto en su contra, obligándola a intentar organizar una vida con 30 mil pesos mensuales.
“No quiero ir a la cárcel y yo sé que eso pasa cuando no se paga la pensión de alimentos, pero es que no sé qué voy a hacer. No tengo más dinero y esto es verdaderamente una injusticia. Si él gana mucho más dinero que yo trabajando en la construcción”, son parte de las palabras que compartió con La Prensa Austral la mujer, quien recibió a este medio en su modesto pero acogedor hogar de la villa Alfredo Lorca.
Una depresión severa, además de diversas enfermedades que acarrea y que, incluso, podrían llevarla a la ceguera, no hacen más que acrecentar las penurias que enfrenta Edita Villegas, luego de que hace unos cinco meses iniciara una acción judicial en el Juzgado de Familia contra su ex pareja, exigiéndole a él una pensión de alimentos.
Pensión a ex mujer
“La hija está estudiando y trabajando, ella vive conmigo, y lo que yo exigía es mi derecho. El decidió irse e iniciar una nueva vida, eso puedo entenderlo, pero ante la ley tiene responsabilidad con nosotras y, no voy a mentir, él le entrega dinero a su hija, pero también tiene un deber con esta casa”, reclamó la mujer, quien se desempeña como trabajadora en quehaceres de limpieza.
Sin embargo, las vueltas de la justicia son a veces incomprensibles. Viviendo ella esto en carne propia, dado que hace poco más de un mes, en una audiencia preparatoria de juicio en materia de alimentos, el juez Oscar Pérez Oyarce tuvo por acreditado que Villegas posee patrimonio más que suficiente, no sólo para subsistir ella, sino que, además, para pagar una pensión a su ex marido de 150 mil pesos, según aseguró la mujer.
“Han transcurrido varias audiencias y se ha podido ofrecer nuevos antecedentes que permiten a este Tribunal evaluar la pertinencia o la mantención de la medida cautelar de alimentos provisorios, en audiencia se han incorporado documentos emanados del Banco de Estado de Chile en que figura doña Edita con operaciones comerciales en una cuenta donde tiene un saldo de más de 12 millones de pesos a su favor”, es el principal sustento que contiene el fallo judicial contrario a las pretensiones de la demandante.
“Yo fui personalmente al Banco Estado y solicité un certificado -asegura entre sollozos mientras agita un papel- y se puede ver claramente que no tengo esa cantidad, y que dichos dineros corresponden a uno de mis hijos. También dicen que tengo propiedades y están hablando de mi casa, una vivienda social y de una parcela que obtuve por ser, orgullosamente, del pueblo mapuche huilliche, pero yo no tengo el dinero que ellos dicen y, muy por el contrario, ofrecí pruebas de los dineros que él recibe mensualmente, y el abogado que me proporcionó el Estado no pudo hacerlos valer ante el Tribunal”, narra Villegas.
En efecto, la resolución hace eco de estas supuestas propiedades y derechos como heredera que tendría de terrenos de sus padres, los cuales asegura no usufructúa, dado que los hermanos son quienes viven ahí, en Chiloé.
Finalmente, el juez dispuso el cese de la medida cautelar de alimentos en favor de la demandante y ordenó la mantención de ella para su ex pareja, fijándose audiencia de juicio para el próximo 11 de octubre. Lo anterior fue apelado ante la Corte local, no obstante, la resolución terminó siendo ratificada.
Clamor de justicia
Incomprensible resultan muchos de los términos judiciales planteados en lo resuelto, pero, en lo concreto, la mujer entendió que será ella quien debe asumir el pago de pensión a favor de su marido.
“Usted no sabe lo que hemos pasado, los últimos meses han sido complicados, consumimos lo menos posible de agua, poca luz y el gas siempre al mínimo, hemos pasado frío con mi hija, para poder salir adelante con lo que ganamos, ella trabaja para poder costearse sus estudios. Entonces, ¿qué más le puedo pedir? Pero, entiéndame, ya estamos así de complicadas, ¿cómo podría yo pagar una mantención de 150 mil pesos?¿Cómo lo hacemos para poder seguir?”, se cuestiona la mujer.
Además, considera que la representación que el Estado le ha proveído ha sido desigual, pero entiende que en su realidad económica no puede optar a contratar un abogado particular como su ex pareja, asumiendo que se le han cerrado las puertas.
“Si pudiera encontrar un profesional abogado que nos asesore y nos permitiera pagar en cuotas, porque ya no sé qué más podemos hacer. Esto ha superado todos los límites que yo imaginé, y puede que dándolo a conocer no consiga nada, pero al menos otras mujeres podrán saber que si pasan por esto pueden hacerlo público, esto es una injusticia, no hay igualdad, y debe saberse”, concluyó Villegas.