Según cuentan quienes conocen el proceso que en ese momento se desarrolló en el INDH, el avance en el informe sobre las violaciones a los derechos humanos generó alerta en el mundo bacheletista. El tema podría ser visto como una «mancha» en su historial para optar al cargo de Alta Comisionada. Incluso, en una de las sesiones, una consejera habría mencionado que Ana Lya Uriarte, jefa de gabinete de Michelle Bachelet, había manifestado su preocupación por el informe sobre el Sename.
A fines de octubre de 2017, el Comité de Derechos del Niño de la ONU se contactó con el gobierno para anunciar que visitaría 11 centros del Sename. Ante dificultades que encontró la delegación para hacer su trabajo, se comunicaron con Marelic, quien los asesoró para que pudieran llevar a cabo su fiscalización.
Incluso, llegó a tener preparado un equipo jurídico en caso de que las residencias se negarán a abrir sus puertas al equipo de las Naciones Unidas. La visita se realizó durante una semana y, pocos días después el director del INDH fuera destituido.
El 15 de enero, el consejo tenía contemplado que en la reunión de ese día se debía aprobar el informe elaborado por el organismo. No obstante eso no se llevó a cabo, ya que se realizó una sesión extraordinaria en la que se removió a Marelic de su cargo, aduciendo un notable abandono de deberes, con la aprobación de 8 de los 11 miembros del consejo. En su reemplazo fue
elegida Consuelo Contreras.
Debido a la bullada salida de Marelic, los focos se centraron en el trabajo que el INDH había hecho sobre el Sename, de ahí que no se habría podido retrasar más su publicación. Finalmente el documento salió el 24 de enero. Pero ni así, las cosas se calmaron. Dos días después de su destitución, Marelic dijo a The Clinic:
«No tengo duda que mi despido es porque me metí con el Sename».
El texto del Instituto Nacional de Derechos Humanos sirvió de base para el informe que elaboró el Comité de la ONU tras su visita al país en el que señaló que
«el Estado es directamente responsable de las violaciones llevadas a cabo» en los centros de la institución.
El 4 de abril, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección presentado por el ex director del INDH por su destitución. El tribunal señaló que la remoción fue un acto «ilegal y arbitrario, debiéndose dejar sin efecto todo acto posterior que suponga, por su través, la validez del acto de remoción del recurrente». Decisión que fue apelada por el organismo que recurrió a la Corte Suprema, lugar en donde se encuentra actualmente la causa.
Desde algunas organizaciones de derechos humanos la reacción fue inmediata. Un grupo de ellas, encabezadas por la ONG Emprender con Alas presentó
un recurso a la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (Ganhri, por su sigla en inglés), órgano que colabora con las Naciones Unidas en la acreditación de los Institutos de DD.HH. del mundo de acuerdo a los Principios de París, para que se pronunciara sobre la destitución de Marelic.
En la sesión de mayo la entidad internacional decidió iniciar una revisión especial del caso. Y a mediados de agosto, la Ganhri terminó de recopilar los antecedentes que diversas organizaciones de la sociedad civil le hicieron llegar.
Se espera que en octubre, que el organismo defina si la remoción de Marelic violó o no el artículo 16.2 de su estatuto que hace referencia a la independencia del INDH respecto al Ejecutivo. De constatarse que hubo intervención en la destitución del abogado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos podría perder su máxima categoría de acreditación, clase A, que ostenta desde 2013, y descendería a la categoría B, que solamente tienen en Latinoamerica Venezuela y Honduras.
A menos de una semana de que la ex Presidenta Michelle Bachelet asuma como la nueva Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Chile volvió el debate sobre las violaciones a DD.HH. ocurridas en el Servicio Nacional de Menores (Sename). Esta vez los dardos apuntaron a...
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