Figuraba como destruida, inexistente. Había actas oficiales que acreditaban esa calidad. Pero no: estaba almacenada en el Servicio de Salud de Antofagasta.
Son 890 kilos de droga -260 de cocaína y el resto marihuana- cuya existencia detectó el grupo de fiscales encabezados por el persecutor metropolitano sur, Raúl Guzmán, encargado de indagar en las unidades de decomiso de los servicios de salud de todo el país la posible desaparición de sustancias ilícitas destinadas a ser destruidas.
Según fuentes de la investigación, las irregularidades derechamente configurarían un posible tráfico de drogas.
Las mismas fuentes explicaron que, al efectuar la inspección del Servicio de Antofagasta, se revisaron los documentos oficiales vinculados a la recepción y almacenamiento de droga incautada. En ese proceso fue que, mediante peritajes y pesquisas especializadas, se estableció que la droga cuestionada correspondía efectivamente a la que aparecía en los documentos como ya eliminada.
Trascendió que ante el riesgo de que pudiera ser puesta otra vez en circulación, el fiscal Raúl Guzmán ordenó su decomiso inmediato y traslado a Santiago. Dicha misión se le encomendó a una caravana de seguridad a cargo de la PDI -para evitar quitadas-, la que debía llegar hoy a la capital. Aquí se coordinaría con la policía civil su destrucción.
Las fuentes relataron que los primeros indicios de las irregularidades con la citada droga los reportó el fiscal Juan Pavez, quien trabaja junto a Guzmán, la semana pasada, durante un viaje a Arica, Iquique y Antofagasta en una primera fase de las indagatorias por pérdida de droga en servicios de salud.
Así fue como el persecutor detectó la hebra del caso Antofagasta y le avisó al fiscal Guzmán. Éste viajó a esa ciudad nortina el pasado lunes y encabezó las diligencias que permitieron establecer las irregularidades descritas.
Hasta el momento, de los 29 servicios de salud a nivel nacional, los fiscales han revisado 10. Dentro de estos últimos, cinco han presentado algún tipo de irregularidad.
Relevante para el Ministerio Público, se dijo a este diario, resultó la suspensión de la destrucción de droga en los servicios ordenado por el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Esta medida se generó luego de una solicitud de los fiscales.
Las revisiones efectuadas por los persecutores constan de cotejo de existencia de droga y las actas que la refrendan, pero también de los documentos en que se establecen las fechas o periodos en que se destruyeron sustancias ilícitas decomisadas. Además, se chequean las actas de droga incautada durante los lapsos en que no se realizaron acciones de eliminación.
La indagatoria sobre la droga incautada por los servicios de salud comenzó luego que, a fines del mes pasado, fuera detenido un carabinero antidroga del sector sur de Santiago, quien portaba marihuana robada desde el Servicio de Salud Metropolitano Central.
Destrucción
Hoy quedará zanjado cuándo se eliminará la droga decomisada en Antofagasta y traída a Santiago.
10
de los 29 servicios de salud del país han sido inspeccionados por los fiscales que indagan posibles pérdidas de droga. Cinco han presentado irregularidades.
Siete
funcionarios del Servicio de Salud de Antofagasta han prestado declaración ante el Ministerio Público, a raíz de las anomalías detectadas en ese organismo.
Gobierno exige transparencia en sumario en Servicio de Salud
El Gobierno pidió que se designara a un abogado de la Subsecretaría de Redes Asistenciales para encabezar un sumario administrativo iniciado ayer en el Servicio de Salud de Antofagasta contra seis funcionarios de esa repartición. Esto, por una investigación generada luego de las irregularidades con la droga almacenada para ser destruida en dicho organismo la que había sido incautada por Carabineros y la PDI en la II Región.
En una reunión realizada desde las 8:00 horas de ayer en la Intendencia de Antofagasta, el intendente Pablo Toloza le exigió a Rina Cares, directora del Servicio de Salud local, iniciar un sumario administrativo para establecer la presunta responsabilidad de funcionarios de esa repartición en el caso Decomisos, que investiga Raúl Guzmán, fiscal metropolitano sur.
Este Servicio de Salud es uno de los 29 a nivel nacional indagados por la detección de droga incautada que no fue incinerada dentro del plazo de 15 días que estipula la Ley 20.000 sobre Tráfico de Drogas.
En el encuentro, Toloza señaló que "no iba a permitir ninguna irregularidad de funcionarios públicos". También se acordó que la persona a cargo del sumario debe ser externo al servicio de Salud para "darle mayor transparencia" a la indagatoria.
Los funcionarios sumariados en Antofagasta son seis. Entre ellos químicos, un abogado y funcionarios de la oficina de partes.
En la investigación también se indagarán posibles desórdenes administrativos y de procedimientos en la recepción de la droga, cuantificación de sus cantidades, registros de incineraciones y firma de documentos que acreditaban lo anterior. Esos datos no cuadrarían, según la investigación del fiscal Guzmán.
Cares anunció que instruyó "un sumario administrativo, a objeto de identificar posibles responsabilidades de quienes resulten involucrados. El Servicio de Salud está atento al desarrollo de la investigación y en caso de que se compruebe la existencia de ilícitos, la institución no descarta tomar acciones judiciales".
, la corrupción es un cáncer, y la solución es amputar a la brevedad.
