kronk
Hij@'e Puta
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El lunes, la comisión de Probidad y Transparencia del Senado debe votar las indicaciones que fueron ingresadas al proyecto de Fortalecimiento de la Democracia. Una de ellas, presentada por el gobierno, busca modificar el artículo 3 de la Ley de Gasto Electoral, estableciendo que para la determinación de los gastos electorales, se entenderá por período de campaña aquél comprendido “entre los 200 días anteriores a la elección definitiva y el día de ésta”.
La ley actual establece dicho período “entre el día que venza el plazo para declarar candidaturas y el día de la elección respectiva”, es decir, 90 días.
Según el Servel, durante este período se podrán aplicar los gastos electorales, contratar servicios y arrendar bienes muebles e inmuebles, aunque no realizar propaganda electoral.
Estas modificaciones ocurren en momentos en que se investigan eventuales aportes irregulares a distintas campañas y se ha cuestionado la posible existencia de un período denominado como precampaña, en la que también se habría recurrido a mecanismos irregulares para financiar, por ejemplo, la contratación de colaboradores.
Esta es justamenete una de las aristas que la fiscalía investiga a partir de boletas de servicios prestadas por ex colaboradores de la campaña de Michelle Bachelet a la empresa Asesorías y Negocios, del ex recaudador de campañas Giorgio Martelli.
En opinión del presidente de la comisión, senador Ignacio Walker (DC), la eventual modificación promovida por el Ejecutivo “es realista”, e incluso -según señala- existe la posibilidad de que, en caso de campañas presidenciales, este período pueda extenderse aún más durante la discusión legislativa.
“Hay distintos tipos de campaña electoral: las de alcaldes y concejales bien pueden ser dentro de los 90 días anteriores a la elección, las de diputados y senadores, y consejeros regionales, 200 días -por decir algo- y la de Presidente de la República, un año, en la medida que tiene que desplegarse por todo el territorio nacional”, comentó Walker.
En todo caso, el ex timonel DC precisó que en el caso de la propaganda electoral propiamente tal, se plantea mantener los 30 días establecidos para la vía pública, y los 60 días para prensa y televisión que contempla el proyecto de ley.
Enmienda parlamentaria
Además de la enmienda del gobierno, el lunes pasado ingresó una indicación similar y convergente, de autoría del propio Walker junto al senador Felipe Harboe (PPD), que busca insertar un nuevo artículo en el proyecto, para establecer que “cualquier persona podrá constituir un comité exploratorio con el único objeto de indagar la viabilidad de una eventual candidatura al cargo de Presidente de la República o alcalde hasta dos años y un año antes del inicio del periodo de campaña, respectivamente”.
De aprobarse, esto permitiría legalizar las denominadas precampañas.
La enmienda de los senadores oficialistas busca permitir esta posibilidad pero con regulaciones, por lo que se especifica que en el período propuesto “se podrán recibir aportes de personas naturales, los que no podrán exceder el equivalente en pesos a 40 unidades de fomento por aportante, y sólo podrán destinarse a asesoría comunicacional, elaboración programática y despliegue territorial, sin que se pueda realizar propaganda electoral durante ese período”, según la indicación.
De la misma forma, se plantea que la constitución del “comité exploratorio” deberá efectuarse por escrito ante el director del Servicio Electoral (Servel) o el respectivo director regional del servicio. “Y será acompañada de una declaración jurada de quien constituye el comité exploratorio, a través de la cual manifestará su intención de explorar una posible candidatura a Presidente de la República o a alcalde”.
La mencionada declaración deberá realizarse ante un notario público o ante un oficial del registro civil.
Sobre el momento en que se presenta la indicación, el senador Walker aseguró que “esto tiene que ver con la dinámica de las elecciones presidenciales en los últimos 25 años, más que con lo ocurrido en la última elección”
“¿Alguien puede creer que una campaña presidencial se hace en 90 dias? Hay que actuar con realismo”, comentó.
Por su parte, el senador Harboe explicó que “es una fórmula que permitirá transparentar y fiscalizar los recursos que los candidato(a)s presidenciales utilicen en su diseño de programa y recorrido nacional, pero no le permiten propaganda electoral”.
f. la3
EH DE LOH POBRE
La ley actual establece dicho período “entre el día que venza el plazo para declarar candidaturas y el día de la elección respectiva”, es decir, 90 días.
Según el Servel, durante este período se podrán aplicar los gastos electorales, contratar servicios y arrendar bienes muebles e inmuebles, aunque no realizar propaganda electoral.
Estas modificaciones ocurren en momentos en que se investigan eventuales aportes irregulares a distintas campañas y se ha cuestionado la posible existencia de un período denominado como precampaña, en la que también se habría recurrido a mecanismos irregulares para financiar, por ejemplo, la contratación de colaboradores.
Esta es justamenete una de las aristas que la fiscalía investiga a partir de boletas de servicios prestadas por ex colaboradores de la campaña de Michelle Bachelet a la empresa Asesorías y Negocios, del ex recaudador de campañas Giorgio Martelli.
En opinión del presidente de la comisión, senador Ignacio Walker (DC), la eventual modificación promovida por el Ejecutivo “es realista”, e incluso -según señala- existe la posibilidad de que, en caso de campañas presidenciales, este período pueda extenderse aún más durante la discusión legislativa.
“Hay distintos tipos de campaña electoral: las de alcaldes y concejales bien pueden ser dentro de los 90 días anteriores a la elección, las de diputados y senadores, y consejeros regionales, 200 días -por decir algo- y la de Presidente de la República, un año, en la medida que tiene que desplegarse por todo el territorio nacional”, comentó Walker.
En todo caso, el ex timonel DC precisó que en el caso de la propaganda electoral propiamente tal, se plantea mantener los 30 días establecidos para la vía pública, y los 60 días para prensa y televisión que contempla el proyecto de ley.
Enmienda parlamentaria
Además de la enmienda del gobierno, el lunes pasado ingresó una indicación similar y convergente, de autoría del propio Walker junto al senador Felipe Harboe (PPD), que busca insertar un nuevo artículo en el proyecto, para establecer que “cualquier persona podrá constituir un comité exploratorio con el único objeto de indagar la viabilidad de una eventual candidatura al cargo de Presidente de la República o alcalde hasta dos años y un año antes del inicio del periodo de campaña, respectivamente”.
De aprobarse, esto permitiría legalizar las denominadas precampañas.
La enmienda de los senadores oficialistas busca permitir esta posibilidad pero con regulaciones, por lo que se especifica que en el período propuesto “se podrán recibir aportes de personas naturales, los que no podrán exceder el equivalente en pesos a 40 unidades de fomento por aportante, y sólo podrán destinarse a asesoría comunicacional, elaboración programática y despliegue territorial, sin que se pueda realizar propaganda electoral durante ese período”, según la indicación.
De la misma forma, se plantea que la constitución del “comité exploratorio” deberá efectuarse por escrito ante el director del Servicio Electoral (Servel) o el respectivo director regional del servicio. “Y será acompañada de una declaración jurada de quien constituye el comité exploratorio, a través de la cual manifestará su intención de explorar una posible candidatura a Presidente de la República o a alcalde”.
La mencionada declaración deberá realizarse ante un notario público o ante un oficial del registro civil.
Sobre el momento en que se presenta la indicación, el senador Walker aseguró que “esto tiene que ver con la dinámica de las elecciones presidenciales en los últimos 25 años, más que con lo ocurrido en la última elección”
“¿Alguien puede creer que una campaña presidencial se hace en 90 dias? Hay que actuar con realismo”, comentó.
Por su parte, el senador Harboe explicó que “es una fórmula que permitirá transparentar y fiscalizar los recursos que los candidato(a)s presidenciales utilicen en su diseño de programa y recorrido nacional, pero no le permiten propaganda electoral”.
f. la3
EH DE LOH POBRE