EL ANUNCIO del Presidente de la República de que propondrá al Congreso la aprobación de un proyecto que entrega un bono en dinero y el aceleramiento del aumento del salario mínimo, refleja el propósito de La Moneda de dar prioridad a las medidas que le permitan recuperar apoyo ciudadano antes del término de este mandato, aun cuando lamentablemente en ambos casos eso se hace a costa de validar medidas que se apartan de la sana administración de las políticas sociales y con fundamentos difíciles de sostener seriamente.
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Para justificar la transferencia, se señaló que marzo “es un mes difícil para la familia chilena”, lo que sugiere que éste debería ser un beneficio de carácter permanente, al convertirlo en una suerte de “derecho adquirido” de la población que será difícil no entregar, cualquiera sea la situación objetiva que exista en el futuro. Se trata de un argumento que no alcanza para justificar un gasto de esta magnitud (se estima en US$ 200 millones). Otro de los motivos mencionados es que el buen estado de la economía lo permite. Ello no hace sino hacer más evidente la intención política del bono, pues, si todas las variables relevantes -inflación, empleo, salarios y consumo- apuntan a una bonanza económica pocas veces vista, ¿para qué otorgar un beneficio de esta naturaleza, reservado en otras ocasiones a momentos de crisis?
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El gobierno pretende mostrar la misma cara amable que el otorgamiento de estos bonos le permitió exhibir a administraciones anteriores, probablemente con la expectativa de lograr antes de su término una valoración política mayor y también contribuir a mejorar las posibilidades de que un candidato de su sector lo reemplace en La Moneda. Es una herramienta que, al ser usada por todos los sectores, no generará hacia futuro ventaja electoral, pero dejará al país un escalón más abajo en el nivel de seriedad de su política económica y social.
