impedancibolivariano
Bestia
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Quisiera compartir un tema de debate, de carácter más técnico, indicando las razones por las que la gratuidad fue una pésima política pública, ideada por políticos demagogos e incompetentes (dupla Arenas-Bachelet) que, sabiendo que en educación se deben priorizar la primera infancia, hicieron una reforma que destruyó la economía nacional, 11 años de crecimiento económico al 2% que corregidos en términos percápita no son más de 0,8% al año. Pero le dio a la izquierda politica una herramienta de manipulación de estudiantes a los que pueden usar como sus perros bombas en el futuro, evidentemente y electoralmente les servían mucho más los estudiantes universitarios que los niños de kinder, aun cuando estos últimos sean más vulnerables.
Pero más alla de los desastrosos resultados educaciones, la destrucción de los liceos emblematicos, el estancamiento en las pruebas estandarizadas PISA y SIMCE, el estancamiento económico afecto el mercado del trabajo, de los mismo profesionales que usaron la gratuidad ahora no encuentran trabajo. Más allá de temas coyunturales del mercado, esta el hecho de que esta mala política pública no discrimina entre carreras que son un aporte para sus egresados o para el pais, que es quien finalmente pago estos estudios. Hoy pagamos con nuestros impuesto a un weon de 22 añios, que muchas veces mintió en las fechas de protección social para quedar falsamente en el 60% más pobre, y le pagamos 25-30 millones para que estudie periodismo en la Santo Tom,as, carrera que le aporta a el y al pais 0, pero pagada con la nuestra mientras tenemos 400.000 personas en listas de espera para una operaci´pon, de los cuales entre 30.000 a 40.000 mueren sin ser atendidos.
La fiscalía nacional económica publico hace poco un informe demoledor, que extrañamente no ha tenido repercusiones en la prensa, dejo el link aca: https://www.fne.gob.cl/fne-publica-...mula-nueve-recomendaciones-para-enfrentarlas/
La evidencia del informe permite sostener que el financiamiento público a carreras con VAN negativo debe eliminarse gradualmente, o al menos condicionarse de manera estricta. No se trata de negar el valor social de la educación superior, sino de evitar que el Estado subsidie programas que, medidos en términos económicos, destruyen valor para quien los financia. El propio informe señala que el VAN calculado no representa solo la rentabilidad del estudiante, sino la rentabilidad desde la perspectiva de quien paga la carrera, incluyendo al Estado cuando existen gratuidad, becas u otros apoyos públicos.
El problema es relevante porque el financiamiento público en educación superior es masivo. En 2023, 652.108 estudiantes recibieron algún beneficio del MINEDUC: 511.705 accedieron a gratuidad, 114.494 a becas de arancel y 25.909 al Fondo Solidario. Es decir, el Estado no actúa como un observador neutral, sino como un financiador directo de decisiones educacionales que pueden tener retornos muy distintos.
El dato más crítico es que la proporción de estudiantes matriculados en carreras con VAN negativo aumentó desde cerca de 20% en 2012 hasta casi 40% en 2023. Además, los programas con VAN negativo llegaron a 35% en 2023. Esto significa que una parte creciente del sistema está formando estudiantes en programas cuyo retorno económico esperado no cubre sus costos.
Desde una perspectiva de política pública, financiar carreras con VAN negativo genera tres distorsiones. Primero, traslada al contribuyente el costo de programas que no entregan retornos suficientes. Segundo, debilita los incentivos de las instituciones a cerrar, rediseñar o mejorar carreras de baja empleabilidad. Tercero, expone a estudiantes, muchas veces jóvenes y con información incompleta a trayectorias laborales de bajo retorno, frustración y sobrecalificación.
El informe también muestra que la elección de carrera ocurre en un entorno complejo, donde los estudiantes enfrentan información imperfecta y dificultades para comparar alternativas. Por eso, no basta con decir que “el estudiante eligió libremente”; si el Estado financia esa elección, debe exigir que la oferta financiada cumpla estándares mínimos de empleabilidad, ingresos, duración real y retorno económico.
En consecuencia, una política responsable no debería financiar automáticamente cualquier programa acreditado. El financiamiento público debiera concentrarse en carreras con VAN positivo, alta empleabilidad o valor social demostrable. Las carreras con VAN negativo solo debieran recibir apoyo excepcional si acreditan una justificación pública robusta, por ejemplo, necesidad territorial, cultural, científica o social y un plan de evaluacion
En síntesis, mantener financiamiento público irrestricto a carreras con VAN negativo equivale a subsidiar ineficiencia, mala información y baja movilidad social. El Estado debe proteger a los estudiantes y al contribuyente, orientando sus recursos hacia programas que generen valor económico, social y laboral medible. Si un joven quiere estudiar una carreraq con VAN negativo, ningún problema, pero que la haga con su plata o con la de su familia.
Pero más alla de los desastrosos resultados educaciones, la destrucción de los liceos emblematicos, el estancamiento en las pruebas estandarizadas PISA y SIMCE, el estancamiento económico afecto el mercado del trabajo, de los mismo profesionales que usaron la gratuidad ahora no encuentran trabajo. Más allá de temas coyunturales del mercado, esta el hecho de que esta mala política pública no discrimina entre carreras que son un aporte para sus egresados o para el pais, que es quien finalmente pago estos estudios. Hoy pagamos con nuestros impuesto a un weon de 22 añios, que muchas veces mintió en las fechas de protección social para quedar falsamente en el 60% más pobre, y le pagamos 25-30 millones para que estudie periodismo en la Santo Tom,as, carrera que le aporta a el y al pais 0, pero pagada con la nuestra mientras tenemos 400.000 personas en listas de espera para una operaci´pon, de los cuales entre 30.000 a 40.000 mueren sin ser atendidos.
La fiscalía nacional económica publico hace poco un informe demoledor, que extrañamente no ha tenido repercusiones en la prensa, dejo el link aca: https://www.fne.gob.cl/fne-publica-...mula-nueve-recomendaciones-para-enfrentarlas/
La evidencia del informe permite sostener que el financiamiento público a carreras con VAN negativo debe eliminarse gradualmente, o al menos condicionarse de manera estricta. No se trata de negar el valor social de la educación superior, sino de evitar que el Estado subsidie programas que, medidos en términos económicos, destruyen valor para quien los financia. El propio informe señala que el VAN calculado no representa solo la rentabilidad del estudiante, sino la rentabilidad desde la perspectiva de quien paga la carrera, incluyendo al Estado cuando existen gratuidad, becas u otros apoyos públicos.
El problema es relevante porque el financiamiento público en educación superior es masivo. En 2023, 652.108 estudiantes recibieron algún beneficio del MINEDUC: 511.705 accedieron a gratuidad, 114.494 a becas de arancel y 25.909 al Fondo Solidario. Es decir, el Estado no actúa como un observador neutral, sino como un financiador directo de decisiones educacionales que pueden tener retornos muy distintos.
El dato más crítico es que la proporción de estudiantes matriculados en carreras con VAN negativo aumentó desde cerca de 20% en 2012 hasta casi 40% en 2023. Además, los programas con VAN negativo llegaron a 35% en 2023. Esto significa que una parte creciente del sistema está formando estudiantes en programas cuyo retorno económico esperado no cubre sus costos.
Desde una perspectiva de política pública, financiar carreras con VAN negativo genera tres distorsiones. Primero, traslada al contribuyente el costo de programas que no entregan retornos suficientes. Segundo, debilita los incentivos de las instituciones a cerrar, rediseñar o mejorar carreras de baja empleabilidad. Tercero, expone a estudiantes, muchas veces jóvenes y con información incompleta a trayectorias laborales de bajo retorno, frustración y sobrecalificación.
El informe también muestra que la elección de carrera ocurre en un entorno complejo, donde los estudiantes enfrentan información imperfecta y dificultades para comparar alternativas. Por eso, no basta con decir que “el estudiante eligió libremente”; si el Estado financia esa elección, debe exigir que la oferta financiada cumpla estándares mínimos de empleabilidad, ingresos, duración real y retorno económico.
En consecuencia, una política responsable no debería financiar automáticamente cualquier programa acreditado. El financiamiento público debiera concentrarse en carreras con VAN positivo, alta empleabilidad o valor social demostrable. Las carreras con VAN negativo solo debieran recibir apoyo excepcional si acreditan una justificación pública robusta, por ejemplo, necesidad territorial, cultural, científica o social y un plan de evaluacion
En síntesis, mantener financiamiento público irrestricto a carreras con VAN negativo equivale a subsidiar ineficiencia, mala información y baja movilidad social. El Estado debe proteger a los estudiantes y al contribuyente, orientando sus recursos hacia programas que generen valor económico, social y laboral medible. Si un joven quiere estudiar una carreraq con VAN negativo, ningún problema, pero que la haga con su plata o con la de su familia.
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