Abogado advierte que el Estado arriesga una demanda civil por el daño a la imagen pública del ex intendente
El abogado Mario Esquivel Lizondo fustigó duramente los ataques de los que ha sido objeto Arturo Storaker Molina por parte del gobierno tras su alejamiento del cargo de intendente de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. En especial disparó sus dardos en contra del ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick, cuyas declaraciones, dijo, “esconden los reales motivos que hubo en el Palacio de Gobierno y que dicen relación con la lucha de poderes económicos por conquistar Zona Franca”.
Chadwick señaló el viernes al ser entrevistado por medios capitalinos, que la salida de Storaker se debió a las investigaciones en curso por las supuestas irregularidades en el denominado caso Rayen, agregando que “nosotros creemos que no es compatible que él hubiese seguido en el cargo de intendente, cuando tenía que defenderse de las situaciones que se están viendo en Contraloría y en la Fiscalía”.
Mario Esquivel, actual asesor jurídico del gobierno regional (con contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2012 según consta en la página web del Gore Magallanes), representa a Storaker como abogado en la querella por calumnias que se tramita ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas en contra del empresario Carlos Fuentes, subcontratista de la empresa Rayen, quien reclama el pago de 50 millones de pesos por el retiro del barro de la zona afectada por el aluvión del pasado mes de marzo.
Fue en esta última calidad, de patrocinante de la causa en contra del subcontratista de Rayen, que Esquivel emitió ayer una declaración pública, donde señala que “sin discutir o poner en duda la potestad del gobierno en designar a sus representantes en la región, no puedo estar de acuerdo con la justificaciones que el gobierno esgrime con la salida de Storaker”.
Responsabilidad del Estado
En su opinión, en este caso “el gobierno está enlodando la imagen de Arturo Storaker sin motivo alguno”, advirtiendo que “el Estado arriesga responsabilidad civil por el daño a la imagen pública”.
Luego recuerda que “aquí ni siquiera hay solicitud de formalización por parte de la Fiscalía respecto de Arturo Storaker, no existe ningún juicio, y ya lo están prejuzgando de algo que no ha hecho”.
A continuación expresa su extrañeza de que “el gobierno no aplique igual criterio con sus representantes, toda vez que el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien sí estuvo sometido bajo un debido proceso a declarar en calidad de testigo en el caso bombas, aún ejerce el cargo y extrañamente en dicho caso se esperó hasta la existencia de una sentencia firme y ejecutoriada que lo desligara de cualquier responsabilidad”. O sea, agrega, para “Hinzpeter sí existe el principio de inocencia pero para Storaker existe ‘presunción de irregularidad’ sin existir ni siquiera un debido proceso en ciernes”.
Por otro lado, añadió, “administrativamente hasta ahora no existe informe de Controlaría que responda las inquietudes de la Sra. diputada Carolina Goic y que motive asumir responsabilidad administrativa por parte de don Arturo Storaker, por lo que sinceramente, en estricto rigor, nadie puede hablar de la comisión de irregularidades administrativas por parte de él”.
Esquivel concluye señalando que, por tanto, “la decisión de La Moneda, si bien está en uso de sus atribuciones, ésta ha sido apresurada, y peor aún, las declaraciones del ministro Chadwick explicando supuestos motivos, a mi juicio son del todo inoportunas e impertinentes y esconden los reales motivos que hubo en el Palacio de Gobierno y que dicen relación con la lucha de poderes económicos por conquistar Zona Franca”.
