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Siguen Castrando a Carabinero ,Contraloria formula cargos a 7 Generales por el estallido delictual

SAMIRUA

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“Dentro de la institución están súper aburrido por lo castrado que están , no se extrañen si no hacen ni una cosa ahora para el estallido delictual2.0 “
La crisis que vive la policía uniformada suma una nueva arista -hasta el momento- desconocida. La Contraloría General de la República comenzó a notificar a siete generales del Alto Mando por su eventual responsabilidad administrativa por los procedimientos ocurridos desde 18 de octubre en adelante en las calles de Chile. Esta acción se inicia tras recibir varias denuncias de organizaciones que pedían esclarecer las responsabilidades de los generales de Carabineros en los hechos en que civiles terminaron gravemente heridos. Al mismo tiempo, la formulación de cargos generó desconcierto al interior de la institución que dirige Mario Rozas y el Palacio de La Moneda. Los detalles los revela en exclusiva la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.



A 38 días de que se cumpla 1 año del llamado “estallido social” del 18 de octubre, la Contraloría General de la República (CGR) se encuentra formulando cargos a siete generales activos del Alto Mando de Carabineros, por su eventual responsabilidad administrativa.

La lista de los altos oficiales que están en la mira del ente contralor la encabeza el general inspector, Ricardo Yáñez Reveco, quien ocupa el cargo de Director Nacional de Orden y Seguridad, además, es el 3º en el Alto Mando y favorito, según algunos, para reemplazar a Mario Rozas en la dirección general.

Le siguen en la lista de los investigados los generales inspectores, Jorge Valenzuela Hernández, actual Director Nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales y Mauricio Rodríguez Rodríguez, Jefe de la Zona Metropolitana.

Mientras que los generales de dos estrellas, Enrique Bassaletti Riess, Jefe de Zona Santiago Este; Enrique Monrás Álvarez, Jefe Zona Santiago Oeste; Hugo Zenteno Vásquez, Jefe V Zona Valparaíso; y Jean Camus Dávila, Director de Logística, cierran la lista de los investigados por el organismo contralor. .


Mirada administrativa

De acuerdo a fuentes consultadas por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, la decisión del organismo fiscalizador se enmarca en un sumario administrativo -que hasta ahora es secreto- dirigido por la Fiscalía Institucional de la Contraloría y que se inició luego de recibir la denuncia anónima de particulares y organizaciones de derechos humanos extranjeras que pidieron determinar hasta dónde llega la responsabilidad del mando.

Por esta razón, la entidad de control, tras analizar la actuación de los uniformados en el país, en el marco del llamado “estallido social”, estimó que los uniformados no habrían garantizado el cumplimiento de los “protocolos del uso de la fuerza” contenidos en los manuales internos que operaban a esa fecha. Estos últimos, en todo caso, fueron modificados en febrero de 2020 y cuestionados por las FF.AA. y de Orden y Seguridad.



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Actualmente, el sumario se encuentra en la etapa de formulación de cargos lo que permite a los “imputados administrativos” responder a estos. Le sigue la llamada “vista fiscal”, donde la Contraloría evalúa las respuestas y propone sanciones al jefe superior de servicio, en este caso, el general director Mario Rozas, las que deberán ser confirmadas o desestimadas por el Presidente Sebastián Piñera.

Las sanciones van desde una amonestación a la hoja de vida o hasta darlo de baja de la institución.

Fuentes que conocen el proceso administrativo, explicaron que la Contraloría en las últimas semanas citó por separado a los siete generales a declarar. Interrogatorio que contó con un set de preguntas donde se buscaba identificar el grado de conocimiento que tenían los generales en las operaciones policiales desarrolladas desde el 18 de octubre de 2019.

Indagatoria administrativa que es paralela a la investigación que lleva el Ministerio Público contra funcionarios de Carabineros, hoy en su mayoría dados de baja, por delitos relacionados a violaciones a los derechos humanos. Incluso en esas causas el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha presentado, a mayo de 2020, 2.164 querellas. Entre esas indagatorias está lo ocurrido con Gustavo Gatica y Fabiola Campillai.

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“Estratégico no operativo”

Los pasos de la entidad que dirige Jorge Bermúdez sobre Carabineros han causado un verdadero remezón interno en la institución uniformada y también en el Palacio de La Moneda. Ambos lugares coinciden en que no tenían registro de una indagatoria de este tenor, e incluso utilizan el adjetivo calificativo de “desconcertados”.

De hecho, fuentes policiales explicaron que, para los efectos penales, civiles y administrativos, “un general no tiene responsabilidad de mando ya que cumplen un rol estratégico y no operativo”. Al respecto, ejemplificaron que para un general que tiene 14 mil uniformados bajo su mando es imposible que pueda saber cómo se desarrollan todos los operativos que ocurren por minuto.

Lo cierto es que Carabineros se enteró de la indagatoria luego que la Fiscalía institucional -unidad altamente reservada y compartimentada en sus indagatorias- citó paulatinamente a los generales a las oficinas. Eso sí, la primera alerta fue que desde antes del inicio de la pandemia del Covid-19 comenzaron a recibir solicitudes de información de la CGR.

El procedimiento es similar al sistema de investigación de los antiguos tribunales del crimen. Es decir, un sistema coercitivo donde el organismo es juez y parte. No como ocurre hoy donde los derechos de los imputados en una indagatoria penal ante el Ministerio Público, donde un imputado o testigo puede ir con su abogado al interrogatorio.

Pese a lo anterior, fuentes señalaron que hubo discriminación. Dicen que algunos generales pudieron tener a sus asesores legales de forma presencial durante el interrogatorio, mientras que otros no.

Si bien la policía uniformada no se ha referido públicamente al tema, es un secreto a voces que el general director Mario Rozas asumió que la defensa de los altos oficiales se hará de forma institucional, más allá de lo que pueda decir el Palacio de La Moneda. Incluso ha trascendido que desde hace algunas semanas se ha analizado el tema con abogados y no se descarta que hoy viernes 11 de septiembre continúen las reuniones.

Ministerio Público

Como sea, la formulación de cargos que termine realizando la CGR será para el Ministerio Público una herramienta procesal muy útil para las investigaciones por el actuar de oficiales o suboficiales involucrados en el uso de armamento que terminaron en lesiones físicas a manifestantes. Dicho de otra forma, si la Contraloría estableció responsabilidades administrativas, bien pueden ser usados como un sustento en materia penal.

Es más, uno de los análisis que existe es que bajo esa línea la fiscal Ximena Chong podría volver a citar al general director de Carabineros, Mario Rozas, para aclarar ciertos aspectos que a la persecutora le generan dudas sobre la orgánica de funcionamiento de la policía desde el 18 de octubre.
Pollo fuentes :https://www.biobiochile.cl/especial...lto-mando-por-estallido-social-del-18-0.shtml
 
La Contraloría otra institución tomada por el Partido Comunista y los progresitas.

Una amiga que trabaja allá cuenta que solo estan viendo temas que le conviene a los soyeros y pierden mucho tiempo en estupideces . No estan trabajando como corresponde en labores fiscalizadoras.

El objetivo del comunismo es destruir las instituciones y lo estan logrando

Y esta noticia la tiran justo un dia viernes y ademas con lo del 11 de Septiembre para encender el fuego

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:monomeon: :monomeon: :monomeon: Contralorito Soyero
 
Ya llega a dar verguenza ajena las weas que pasan en Chile, los persiguen por hacer simplemente su pega.
¿Y los que quemaron el metro, supermercados, buses, automoviles, pymes, iglesias, etc, etc?....¿los que lesionaron a cientos de pacos?, bien, gracias.
 
Si bien se que los Carabineros no se pueden parar debido a que se rigen por las normas militares pero sería bueno que los Carabineros rayen la cancha y hicieran un mini ruido de sables a este gobierno traidor y a los nefastos de siempre que quieren destruir nuestro país
 
Mundo qliao al revés, cuando eres delincuente tienes todas las garantías del estado para resguardar tus derechos y si eres carabinero y haces tu pega, tienes todas las garantías de que el estado te cagara tu carrera como funcionario.

probablemente lo mejor seria uno transformarse en un delincuente y matar sistematicamente a los delincuentes que sistematicamente destruyen lo poco y nada que va quedando en el pais.

no eres paco ni milico, ergo te deben dar todas las regalias que reciben los delincuentes comunes
 
Cualquier persona con un razonamiento normal sabe que atacar 40 o 70 estaciones requiere una coordinacion enorme de fuerzas entrenadas en guerrilla, a los pacos los superaron con ataques secundarios y usando a los bubalones promedios esbirros de la izquierda, esta mas que claro a quienes encubren los jueces zurdos chilenos.
Es un ataque global y coordinado de la izquierda mundial en muchos países que no quiere entender que su ideología de mierda no sirve y solo genera hambre, pobreza y subdesarrollo.
 
Por si hubiesen dudas que la Contraloria esta tomada por el zurdaje :hands:

Contralor regional bajo la lupa de oficialistas por supuesto sesgo político

Los personeros acusan “obstruccionismo” frente a proyectos emblemáticos para la región como el hospital de Coquimbo, donde el órgano dejó sin efecto la compra del terreno. Además, agregan que no actuaría de la misma manera cuando se trata de autoridades ligadas a la exNueva Mayoría.

El reciente informe emanado desde la Contraloría General de la República, en el cual deja sin efecto la compra del terreno para el nuevo hospital de Coquimbo, remeció a las autoridades regionales puesto que se trata de un “anhelado proyecto para la comunidad”. El documento, que establece observaciones no subsanadas en el proceso administrativo, está bajo la lupa, pero no sólo eso sino que también han cobrado fuerza las críticas al desempeño del contralor, Hugo Segovia, ya que tendría un trato diferenciador con las gestiones realizadas por personeros oficialistas.

Así lo manifestaron los diputados de la coalición Chile Vamos, Sergio Gahona (UDI) y Juan Manuel Fuenzalida (UDI), quienes denunciaron sesgo político y una clara intención “obstruccionista” de Segovia, escudándose en un “legalismo extremo” para frenar iniciativas esenciales.

Sin irregularidad

La intendenta Lucía Pinto explicó esta semana que siguen avanzando hacia el proceso de licitación de este proyecto, que no retrasarán el compromiso de dotar la región con más infraestructura hospitalaria y que el equipo jurídico del Gobierno Regional está trabajando para corregir lo observado e ingresar una resolución que autorice la compra “en el menor tiempo posible”.

Además, fue tajante al decir que no hubo “irregularidad” y que tiene la “certeza jurídica” de haber actuado cumpliendo la ley. Entre las observaciones no subsanadas por el GORE –según la Contraloría- estaría la justificación por trato directo del paño de 6 hectáreas ubicado en el sector de La Cantera, por el cual se pagó poco más de 6 mil millones de pesos, indicando que hubo “falta de cuidado y resguardo de los recursos públicos”.

¿Imparcialidad?

Esta frase caló hondo y fue, entre otros motivos, la que llevó a los parlamentario a levantar la voz puesto que aseguran que el contralor midió con una vara distinta la entrega de cajas de alimentos en algunos municipios.

“En el tema de las cajas de alimentos el contralor se preocupó de ir a fiscalizar municipalidades pequeñas y no las más grandes, que sabemos que son las que tienen más dificultades administrativas”, dijo Gahona.

Esto, a raíz de una serie de denuncias interpuestas ante el órgano donde se cuestiona la entrega de insumos en la comuna de La Higuera utilizando el logo del Proyecto Minero-Portuario Dominga.

Fue en ese contexto que la Contraloría Regional solicitó a la casa edilicia, liderada por el alcalde UDI, Yerko Galleguillos, “abstenerse” de aportes provenientes de la Compañía Andes Iron, dueña del proyecto.

El edil precisó que frente a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus varias empresas, de manera voluntaria, han aportado con artículos para ir en ayuda de la comunidad.

Mientras que el órgano indicó que esta acción “podría mermar la debida imparcialidad” en el cumplimiento de la función consultiva. Sin embargo, el concejal de Vicuña, Cristián Pinto (RN) relata que es “curiosa” la celeridad del contralor en algunos casos, puesto que entre el 2019 y 2020 ha denunciado una serie de “irregularidades” en el municipio a manos del PDC, sin embargo, “no actúa con el mismo rigor”.

“Me llama la atención esta actitud cuando se trata de investigaciones que incluye a autoridades de la exNueva Mayoría (…) yo aquí veo una cuestión política y por qué no de favores políticos”, arremetió.

Pinto cuenta que la única respuesta favorable que ha recibido por parte del órgano fiscalizador tiene relación con una acusación contra el director del SECPLAN, el exseremi de Medio Ambiente, Eduardo Fuentealba.

“Acusé un doble sueldo del exseremi (PDC), pero la Contraloría sólo indagó los últimos meses y notificó que debía devolver esos recursos (…) hasta el momento no he recibido ningún documento que acredite un cumplimiento”, agrega.

Además, asegura que hubo desprolijidad en la entrega de las cajas de mercadería y que se repartieron “sin mirar a quién”. Los cuestionamientos sobre el actuar “político” del contralor no son nuevos, de hecho, en el 2014 cuando ostentaba el mismo cargo, pero en la Región de Arica y Parinacota, el diario La Segunda publicó un artículo titulado “¿Intendente con “escudo de protección” en la Contraloría Regional?” poniendo en jaque la independencia de Segovia ante una serie de despidos que realizó el intendente de esa época, ya que su esposa, Gladys Sáez Salazar, era la jefa de gabinete de la máxima autoridad regional designada por la presidenta Michelle Bachelet en su segundo mandato.

Emilio Rodríguez, exjefe regional de Arica y Parinacota, no militaba en ningún partido político cuando aceptó el puesto, sin embargo, en aquella época La Estrella de Arica lo catalogó como de “centro izquierda”.

En la Región de Coquimbo ha trascendido que la esposa del contralor estaría postulando a un cargo de elección popular y que sería apoyada por algún partido de la exNueva Mayoría, en este caso por el PPD.

El Día se contactó con la presidenta regional de la colectividad, no obstante, al cierre de esta edición no hubo respuesta, por lo que se desconoce cuál es la relación partidista.

Cabe recordar que Sáez no es nueva en la política, fue gobernadora provincial de Cauquenes, justamente, en el primer periodo de Michelle Bachelet, por lo que el trascendido tiene, en cierta medida, sustento.

Fuente: Diario el Día - http://www.diarioeldia.cl/region/po...lupa-oficialistas-por-supuesto-sesgo-politico
 
y los pacos tienen derecho a tener un sindicato?

yo si fuera paco trataría de convencer a todos mis compañeros de renunciar todos en masa porque no están dadas las garantías para ejercer las facultades propias de la profesión, y si las ejercen despues sufren de persecución política.

A ver como le iría al país sin policia y que el gobierno se las arregle solo
 
Ya llega a dar verguenza ajena las weas que pasan en Chile, los persiguen por hacer simplemente su pega.
¿Y los que quemaron el metro, supermercados, buses, automoviles, pymes, iglesias, etc, etc?....¿los que lesionaron a cientos de pacos?, bien, gracias.
¿están las evidencias de quienes fueron?
o solo es cacareo ahueonao no más?
 
la contraloria es fundamental para el funcionamiento del estado, pero me parece el colmo andar weveando por "no seguir el protocolo" cuando al frente hay una horda de weones movilizados y organizados por la ultraizquierda tirando piedras, incendiarias y balazos
 
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