Guía para entender el caso que complica a la diputada Catalina Pérez (RD)
En menos de dos semanas, una acusación de eventual conflicto de interés y aprovechamiento de cargos públicos para beneficiar a militantes de Revolución Democrática se convirtió en la mayor crisis de su tipo en el gobierno de Gabriel Boric. El episodio, que ha significado renuncias, condenas públicas y la intervención del Ministerio Público, puede ser difícil de entender. Acá te ayudamos a comprender el corazón de la denuncia que remece al oficialismo.
1.- El origen del conflicto
El 7 de junio se encendió la primera alerta. Ese día, la diputada por Antofagasta, Yovana Ahumada (independiente, ex PDG),
envió un oficio de fiscalización a la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta, dirigida hasta ese momento por
Carlos Contreras, militante de Revolución Democrática (RD), uno de los partidos del bloque oficialista. En el documento,
solicitó mayor información sobre tres trasferencias de dinero por un total de $426 millones que esa repartición había realizado la fundación “Democracia Viva”.
Ahumada
pidió saber la forma en la que se habían entregado los recursos a la institución, el
por qué se había elegido a una organización con sede en la Región Metropolitana y sin experiencia en el área de vivienda, y cuáles eran los beneficios y avances para la población derivados del convenio.
Pero en el trasfondo,
“Democracia Viva” era una fundación con amplias redes en Frente Amplio. Su ex director,
Daniel Andrade, también es militante de Revolución Democrática y es la actual pareja de la diputada por Antofagasta, Catalina Pérez, quien también milita en Revolución Democrática.
Andrade, quien fue presidente de la Federación de Estudiantes de Chile (Fech), también ha trabajado en el actual gobierno como analista de estudios del Ministerio de Obras Públicas y como
asesor de la Subsecretaría de Defensa, cargo al que renunció tras estallar el caso.
El 7 de junio, la diputada por Antofagasta, Yovana Ahumada (independiente, ex PDG), envió un oficio de fiscalización a la Seremi de Vivienda.
El triángulo de vínculos que unen a Catalina Pérez, Daniel Andrade y Carlos Contreras se cerró con el antecedente de que
Contreras, quien como Seremi de Vivienda de Antofagasta autorizó los convenios con la fundación de la pareja de la diputada Pérez, fue asesor legislativo de la misma diputada entre junio de 2020 y 2021.
El 16 de junio pasado, Contraras salió a defender los convenios firmados con Democracia Viva en el Diario de Antofagasta, señalando que “
es usual y está normado que el Minvu firme convenios con organizaciones sin fines de lucro” y que su finalidad era implementar mejoras de habitabilidad de campamentos de la región.
Sin embargo, un día después,
Carlos Contreras presentó su renuncia al cargo de Seremi de Vivienda de Antofagasta haciendo pública a través de Twitter su carta de dismisión y expresando que “lamento mucho la maliciosa malinterpretación y manipulación que se haría de un convenio con una organización sin fines de lucro, con que no tengo ningún conflicto de interés. Presentaré mi renuncia para que esto no se siga utilizando políticamente contra el gobierno”.
2.- Los cuestionados convenios por $426 millones
Se trata de tres convenios de
“transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de habitabilidad primaria” en campamentos de la Región de Antofagasta. El primero
fue firmado el 3 de octubre de 2022 por el ex Seremi Contreras y por Daniel Andrade en representación de Democracia Viva, y contemplaba trabajos en el campamento
“Ecuachilepe”, lo que significó el traspaso de $200 millones en una sola cuota para “la implementación y ejecución de una intervención socio territorial para las familias de asentamientos precarios y en el territorio en el que viven, con el objeto de mejorar el estándar de habitabilidad en un corto tiempo, por medio de obras de carácter transitorio”.
Entre los proyectos que se podrían ejecutar y dependiendo de las necesidades detectadas en el campamento, están la
“instalación de luminarias solares, soluciones para enfrentar, controlar o mitigar la amenaza de incendios, soluciones para abordar microbasurales, ejecución de cierros, instalación de contenedores de basura, adquisición de extintores, mejoras de espacios comunitarios, entre otras”.
Para realizar todo el proyecto, “Democracia Viva” tendría un plazo de 16 meses, durante los cuales debía enviar a la Seremi de Vivienda informes técnicos semestrales e informes de rendición de gastos mensuales.
La diputada Catalina Pérez, (RD). Foto: Pablo Ovalle Isasmedi / Agencia Uno.
Sin que aún existiera una evaluación del desempeño del primer convenio, se firmaron otros dos acuerdos.
El segundo de ellos es del 27 de octubre de 2022, bajo el mismo plazo y condiciones que el primer acuerdo. Esta vez, la intervención se realizaría en el campamento
“Irarrázabal Etapa 1″, lo significó el traspaso de
$170 millones, también en una sola cuota.
El tercer convenio, fue firmado el
29 de noviembre de 2022, por un plazo de 14 meses y un total de $56 millones, contempla la realización en ocho campamentos de “diagnósticos socio territoriales, diseño de planes de intervención, ejecución del Plan Campamento Preparado, intervenciones tendientes a fortalecer la organización comunitaria en especial con grupos prioritarios como infancia, migrantes y género”.
En el acuerdo, se define a Democracia Viva como una institución que busca
“radicalizar la democracia, contribuir a la co-creación de un país justo, feminista, ecologista, descentralizado, plurinacional e inclusivo, con nuevos liderazgos sociales y políticos”. Para este convenio, el trabajo a desarrollar consistía en “acciones para la organización de la demanda habitacional, con el fin de aportar a que las familias de campamentos superen su situación de vulnerabilidad social y habitacional, a través de estudios previos y participación ciudadana”.
Por medio de redes sociales
Democracia Viva ha defendido el trabajo realizado al amparo de los convenios, señalando que parte de las obras han sido realizadas y que la fundación “es una de las nueve fundaciones que actualmente desarrollan más de 70 convenios con el Minvu en la Región”.
3.- Los problemas para la diputada Pérez
“Hubo un total y absoluto descriterio político”. Así calificó la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, el terremoto político que se ha producido en el oficialismo luego que se hicieran públicos los convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva.
La situación, que en un comienzo trató de ser contenida mediante la renuncia del Seremi Contreras, terminó inevitablemente salpicando a la diputada Catalina Pérez (RD).
Si en un comienzo la diputada descartó de plano ceder a las presiones de la oposición, quienes amenazaban con censurar a la mesa directiva de la Cámara de Diputados de la que ella es vicepresidenta si no presentaba su renuncia a la instancia,
ayer Pérez determinó suspender su participación en la mesa de la Cámara Baja. “
El daño que a mí se me ha infringido (sic), no puedo permitir también se le infrinja (sic) al oficialismo, tenemos un proyecto político que cuidar, tenemos un Congreso que cuidar (...) No vamos a dar lugar al aprovechamiento político de ninguna fuerza, ni en ésta ni en otras ocasiones”, expresó la legisladora.
La Fiscalía de Antofagasta inició “de oficio, investigación respecto a los Convenios de Transferencia de Recursos entre la Seremi de Antofagasta y Fundación Democracia Viva.
Pero al difícil escenario político que enfrenta la diputada con las acusaciones de eventual aprovechamiento de su cargo, se sumó en la tarde de ayer
la decisión del Ministerio Público de abrir una investigación por los eventuales delitos cometidos en la suscripción de los tres convenios por $426 millones.
Por medio de un comunicado la Fiscalía Regional de Antofagasta señaló que se inició “
de oficio, investigación respecto a los Convenios de Transferencia de Recursos suscritos por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta con Fundación Democracia Viva, para la ejecución de proyectos en campamentos de la ciudad, con cargo a recursos de su Programa de Asentamientos Precarios”.
La indagatoria quedó a cargo del fiscal jefe Cristián Aguilar, quien ya encargó las primeras diligencias a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de Antofagasta, entre ellas, requerimientos de información al Ministerio de Vivienda, a la Contraloría Regional de Antofagasta y a la Seremi de Vivienda.
En menos de dos semanas, una acusación de eventual conflicto de interés y aprovechamiento de cargos públicos para beneficiar a militantes de Revolución Democrática se convirtió en la mayor crisis de su tipo en el gobierno de Gabriel Boric. El episodio, que ha significado renuncias, condenas...
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