Susana Jiménez (CPC): “Hay espacio para seguir perfeccionando el proyecto de ley”
La presidenta de la CPC valora que se haya logrado un acuerdo, pero ve espacios para seguir perfeccionando la reforma previsional en algunas materias, entre ellas, la gradualidad del aumento de cotización, fijado en nueve años, para evitar el impacto en el empleo. “Quizá hubiese sido mejor un plazo más largo, de 12 años”, afirma. También critica la licitación del stock de afiliados. En lo positivo, dice que se fortalece el sistema de capitalización individual y con esto se profundiza el mercado de capitales. “Las AFP siguen siendo un actor relevante”, sentencia.
Atentos a la discusión de la reforma previsional se han mantenido los gremios empresariales. Desde un comienzo han mostrado una postura crítica a la idea original del gobierno y por ello, ahora valoran el acuerdo político alcanzado en la Comisión de Trabajo del Senado con Chile Vamos. “Es importante haber mantenido el sistema después que la izquierda y el gobierno partió con una propuesta muy refundacional”, dice la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez. Sin embargo, pese a que apoya el haber logrado puntos de encuentros, plantea una serie de reparos al proyecto que espera que se pueda incorporar en lo que resta de la tramitación de la iniciativa.
Considerando cómo estaban las posturas entre el gobierno y la oposición, ¿ve que este es un buen acuerdo?
-Valoro el esfuerzo que se hizo para llegar a un acuerdo porque, como todo acuerdo, se requiere ceder muchas cosas y, por lo tanto, haber alcanzado un acuerdo ya es un avance importante. Pero aún hay mejoras posibles. Y eso es parte de la tramitación que aún queda.
En algún momento de la semana pasada se tensionó la posibilidad de llegar a acuerdo. Con lo logrado, ¿ve que ganan todos?
-Si cada uno se hubiese quedado en sus posiciones originales nunca hubiese habido acuerdo. Entonces, acá hubo una voluntad de alcanzar un acuerdo que se manifiesta en que ambas posiciones cedieron en su preferencia, lo que hace que para nadie sea una propuesta perfecta y, por lo mismo, hay espacio para seguir perfeccionando el proyecto de ley.
¿Cuáles son los puntos que el empresariado destaca?
-Primero, destacar que se logra un acuerdo para subir la tasa de cotización, algo que es fundamental, porque no hay una mejora en las pensiones si no es con más ahorro y que sea sostenible al tiempo.
Lo segundo es que se fortalece el sistema de capitalización individual y con esto se profundiza el mercado de capitales. También, de alguna manera, se logra mantener la estructura actual que tiene el sistema, porque los problemas de las bajas pensiones tienen más que ver con buenos diseños de políticas públicas. Las administradoras de fondos de pensiones han logrado rentabilizar los ahorros de las personas, por lo tanto, es importante haber mantenido este sistema después que la izquierda y el gobierno partieron con una propuesta muy refundacional. Lo otro positivo es que se haya acordado un aumento PGU con cierta gradualidad.
¿Y cuáles son los principales temas que considera que se deben perfeccionar?
-Un tema que personalmente me preocupa es la participación del Estado en el sistema de pensiones. El hecho que se le entreguen competencias al Instituto de Previsión Social podría ser un riesgo cuando además se aprueben las licitaciones. El comité técnico siempre apoyaba las licitaciones, pero no acompañado de un ente estatal. Si bien no se mete con un inversor estatal, sí es un administrador de cuenta, y eso tiene un riesgo de empezar a monopolizar esa parte de la industria y después derivar en una participación aún mayor.
Sobre la participación del Estado, ¿qué es lo que le preocupa?
-Me preocupa esa combinación de participación del Estado con licitaciones. Con lo que proponen pueden terminar siendo gestores muy importantes de la administración de cuentas, porque ahí, el paso siguiente, es que también haya un inversor público. Entonces, se combina lo que advirtió el comité técnico, que dijo que era inconveniente un actor público y licitaciones, ya que el actor público siempre va a poder ofertar apalancado en otros subsidios cruzados y terminar siendo un actor muy relevante en el mercado de capitales y eso no es deseable.
¿Para ustedes es mejor no tener un actor público en ninguna instancia?
-No debería haber un actor público. Con todas las medidas que se están proponiendo y su perfeccionamiento se puede introducir más competencia al sistema y tener más actores que permitan aumentar los ahorros de las personas. Eso es lo que hay que buscar, porque me parece que detrás de esta idea hay más bien un objetivo político.
En su primera reacción pusieron también una nota de alerta en que, si bien están de acuerdo con la compensación entre hombres y mujeres, la propuesta implica un costo demasiado alto para el empleador, que no refleja el costo real de la compensación. ¿A qué se refiere con esa afirmación?
-Si bien valoro que se busque un mecanismo de compensación hombres y mujeres, se crea esta figura de un fondo en el cual se aportan mayores cotizaciones al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, pero en un monto que sobrepasa con creces lo que se había conversado. Se había hablado de un 0,5% y termina sumándolo al seguro de invalidez, a un 2,5%. Hoy día el seguro está en 1,39% y, por lo tanto, estamos hablando de que pasamos de 0,5% a 1,12%. Ahí hay un costo que paga el empleador que no se fundamenta en los cálculos que se habían dado a conocer a la opinión pública.
¿Y ese extra que no está fundamentado cuál podría ser el destino?
-No lo sé. Yo esperaría que eso se corrija en lo que queda de tramitación, porque no está claro y eso es lo que debería aclarar en la discusión.
Otro de los cuestionamientos que hicieron fue la gradualidad podría impactar en el empleo. ¿No es suficiente los 9 años?
-El tema de la gradualidad no tiene solamente que ver con si son 9 años más o menos. Acá estamos hablando de un costo de empresa significativo. Son 6 puntos para las pensiones, más 2,5 puntos que suman de seguro de invalidez y sobrevivencia, más esta sobredimensión de lo que cuesta la compensación. Entonces, en un plazo de 9 años es bastante costoso y puede tener un impacto en el mercado laboral formal.
El ministro de Hacienda dijo que se subió la gradualidad de 6 a 9 años. ¿Cuál sería el óptimo para la CPC?
-Hay dos formas de verlo. Uno, con la situación actual en que tenemos una economía estancada, un mercado laboral debilitado, con tasas de desempleo altas, con una informalidad elevada, eso te debería llegar a decir, bueno, quizá hubiese sido mejor un plazo más largo, de 12 años, por ejemplo.
La otra forma era haber establecido que la velocidad dependa de estas variables de empleo y crecimiento, en el sentido de que se pudiera acelerar el alza de la cotización en la medida que el mercado laboral esté más fortalecido, más dinámico y con un mayor crecimiento económico, y desacelerarlo en la medida que no se mejoran esas perspectivas.
El gobierno dice que el alza de la cotización será a costo del empleador, pero economistas como Óscar Landerretche han señalado que quien paga es quien termina ganando menos y no es evidente que sea el empleador. ¿Cuál es su análisis?
-Depende mucho del dinamismo de la economía. Si la economía sigue estancada probablemente lo que termina pasando es que los ajustes salariales son menores y se termina compartiendo el costo entre empleador y trabajador. Entonces, claro, efectivamente cualquier economista te diría que en el largo plazo es un costo compartido. Ahora, en el primer momento lo paga el empleador y por eso es tan importante la gradualidad, porque si pones todo ese costo en poco tiempo al empleador puede que el ajuste ya no sea vía menores ajustes salariales, sino que en menos contratación.
Otro aspecto que critican es la licitación de stock de la cartera de cotizantes. ¿Por qué ven que no mejora la competencia?
-La licitación de stock nosotros nunca la apoyamos. Primero, porque de alguna manera hay un tema de derechos de propiedad que se están afectando, pero, además, una licitación conduce a que los licitados tengan como única variable de incentivo para el ofrecimiento la menor comisión, pero lo que no se ha dicho es que una menor comisión redunda en un mayor sueldo líquido para el trabajador, pero no en más ahorros para la jubilación. Y acá siempre el foco debió haber estado en la rentabilidad. Esta propuesta tiene una fuerte incidencia en las decisiones de inversión, las que puede generar menos rentabilidad.
¿Cómo hubiese sido el cambio para generar más competencias?
-Si uno quería más competencias se debió abordar el tema de las comisiones y cómo se estructuran. Por ejemplo, avanzar gradualmente hacia una comisión sobre el saldo, más que sobre el flujo. O sea, stocks en vez de flujo. Y eventualmente ver la posibilidad de nuevos entrantes.
¿Los empresarios están más de acuerdo o en desacuerdo con esta reforma?
-En el mundo empresarial hay diversidad de opiniones. La decisión de llegar a un acuerdo es una decisión política. A nosotros lo que nos compete es alertar aquellas cosas que se pueden mejorar porque para mí el acuerdo todavía requiere un proceso de tramitación y donde estos puntos que hemos levantado son muy importantes que se les haga un zoom y se mejoren en los aspectos mencionados.
Con esta reforma, ¿cómo quedan las AFP dentro del sistema?
-Siguen siendo un actor relevante. Se le introduce al sistema ciertas características que cambian de alguna manera el sistema actual partiendo por las licitaciones, pero el aumento de las cotizaciones va a la cuenta individual, entonces siguen siendo un actor relevante y es importante que así sea, porque en el tiempo han demostrado que han administrado y han rentabilizado bien los ahorros de las personas. No obstante, el análisis final se deberá hacer dependiendo de cómo se resuelvan algunos nudos que he planteado, entre ellos, si vamos a terminar con un actor estatal y con licitaciones, la perspectiva cambia.
El Fondo de Seguro Social será registrado separadamente del Gobierno Central, y no se consolidarán en el Tesoro Público quedando como pasivo contingente. ¿Qué le parece esa fórmula?
-Debemos poner todos los resguardos para que ese fondo sea sostenible en el tiempo. Primero, para que esos recursos vuelvan a los cotizantes y también porque detrás de esto hay un aumento eventual y muy probablemente de la deuda pública. Entonces, ahí lo que nos preocupa es la sostenibilidad fiscal.
¿No lo ve sostenible fiscalmente el proyecto?
-Si uno mira los análisis financieros hay un mayor costo, por un lado, por lo que le significa al Fisco en cuanto a mayores gastos por el aumento de la PGU, las mayores cotizaciones de sus propios funcionarios. A ello se suma la creación de este fondo y la institucionalidad. Todo esto ronda los US$ 3.000 millones en régimen de gasto, pero, además, están los menores ingresos que se recibe del orden de US$ 2.000 millones. Entonces, estamos hablando que en régimen son cerca de US$ 5.000 millones de diferencial respecto a lo que hay hoy. Obviamente, hay un riesgo acá de sostenibilidad fiscal que tiene que quedar muy bien calculado y muy bien registrado, porque más allá de que la contabilidad de este fondo esté como pasivo contingente, lo que llaman bajo la línea, no deja de ser una deuda pública.
El financiamiento de la PGU depende netamente de los ingresos de la ley de cumplimiento tributario, los que han sido bastante cuestionados. ¿En eso se debería poner atención en el debate legislativo?
-Es positivo no solo se le dio gradualidad al aumento de la PGU, sino que también una revisión a los 5 años en la que participa el Consejo Fiscal Autónomo, justamente teniendo a la vista las proyecciones fiscales. Eso es algo relevante a destacar, porque si no se acordaba algo en torno a la PGU había siempre un riesgo de que, sobre todo en el año electoral, empezáramos con propuestas populistas de alza futura y dejarle el déficit fiscal a otro gobierno.
¿Qué le faltó a esta reforma?
-El aumento en la edad de jubilación. Estamos llegando a un punto en que tenemos la edad de jubilación más bajas de la Ocde con una de las expectativas de vida más altas. Por lo tanto, las chilenas al final van a ser las que van a tener que financiar más años de jubilación de toda la Ocde. Un dato que refleja cómo se está moviendo el mundo: 23 de los 38 países de la Ocde tienen previsto subir su edad de jubilación o ya lo hicieron. Y nosotros en eso nos estamos quedando atrás. Es tan evidente que nos hemos quedado rezagados en comparación al resto del mundo que nosotros miramos y nos comparamos. Parece incomprensible que no formara parte de esta reforma.
En la visión que entregó la CPC, ¿hay un consenso mayoritario de usted entre los gremios de la CPC?
-Hay matices, pero en términos generales esto es lo que hemos podido discutir entre nosotros por el momento con las conversaciones que hemos tenido internamente.
La presidenta de la CPC valora que se haya logrado un acuerdo, pero ve espacios para seguir perfeccionando la reforma previsional en algunas materias, entre ellas, la gradualidad del aumento de cotización, fijado en nueve años, para evitar el impacto en el empleo. “Quizá hubiese sido mejor un...
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