B
Breetai
Guest
aca dejo algo para no olvidar, es ultralargo ya que es la lista de robos (los que se saben claro) de los gobiernos de la concertacion
Catastro de Denuncias de Irregularidades en los Gobiernos de la Concertación
Nuevamente el país recibe una agenda pro transparencia, que incluye algunos temas de los que se ha hablado durante años y que, si se hubieran puesto en práctica de manera oportuna, habrían constituido un real freno a las irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
E sto pues, como lo indica un análisis recientemente dado a conocer por parlamentarios de la Alianza y complementado por ESTRATEGIA, el catastro de denuncias de los gobiernos de la Concertación, data de los primeros años de la coalición en el poder.
La cuenta aliancista apunta a una pérdida aproximada de $377 mil
millones entre 1992 y el 2006, considerando tanto las acusaciones de irregularidades, como los problemas de mala gestión de los recursos fiscales. Esto sin haber cuantificado las pérdidas por el caso Chiledeportes.
La falta de voluntad política para concretar, por ejemplo, la agenda de la Comisión Nacional de Etica Pública de 1994, está en el centro de la crítica; pero también el rol de la oposición la que, según reconocen sus propios integrantes, en el pasado reciente no mostró rigurosidad ni fortaleza en sus denuncias. Ello unido a la ausencia de propuestas para convertirse en una alternativa de gobierno, ha permitido que la Concertación gobierne, sin contrapesos, en la certeza de que se mantendrá en el poder.
1991
Oficina Nacional de Emergencia (Onemi): En 1992 se presenta una denuncia sobre irregularidades por la no entrega de ayuda recolectada para los damnificados del aluvión de Antofagasta y por la erupción del volcán Hudson, en Aysén, por cerca de $700 millones. Se constata la existencia de delitos.
1992
Digeder: Señales de que la Dirección General de Deporte y Recreación, dirigida entonces por el DC Iván Navarro, había protagonizado irregularidades por $500 millones. La Contraloría sólo constató desórdenes administrativos.
Empremar: Se denuncian comportamientos gerenciales irregulares en las operaciones de la Empresa Marítima del Estado (que fue privatizada en 1995), y una comisión de la Cámara investiga la negligencia en las modificaciones de un contrato de agenciamiento con una empresa peruana, y el arriendo de naves con pago de comisiones excesivas.
En 2004, el ex gerente Patricio Vidal Walton; el ex gerente de servicios especiales, Heriberto Guerra Gálvez, y el broker Alexis Ramírez Amador, son condenados a penas remitidas de 541 y 300 días de presidio, por el delito de estafa, sanciones menores que las establecidas en primera instancia por fraude al fisco.
El perjuicio económico al Estado se estimó en casi US$3 millones.
1993
"Desmalezamiento": Diputados Raúl Urrutia (RN) y Laura Soto (PPD), denuncian el pago por parte de la Refinería de Petróleos de Concón (RPC), de $381 millones por desmalezado del recinto, encargado a una empresa de Francisco Zárate (en años anteriores el trabajo no había superado los $90 millones). Entonces, se apuntó a personeros de la DC y la Concertación rechazó crear una comisión investigadora. Sólo a fines de 2002 se conocieron las primeras sentencias judiciales.
Emporchi: denuncia de irregularidades en la administración por contratos, en que se aplican tarifas de almacenajes ilegales por $175 millones.
1994
Oficina Nacional del Retorno: Desviación de dineros destinados a personas que regresaban a Chile desde el extranjero.
Convenio celebrado por los gobiernos de Chile y Alemania, según el cual, este último otorgó un préstamo de diez millones de marcos alemanes, a tasa anual de 2%, y en plazo de 30 años con diez de gracia, para fomentar la reinserción de exiliados chilenos en Alemania que retornaran.
El informe de la comisión investigadora de la Cámara estableció como irregularidades: no haber sometido a la aprobación del Congreso el convenio; que el Banco del Estado habría otorgado créditos a no más de 8 años y con tasas significativamente superiores al 2%; que 9 millones de marcos no fueron utilizados según el convenio, ya que 4,5 millones fueron entregados a la Fundación de Asistencia al Retornado (FARET), para asesorías contables y seguimientos de proyectos, existiendo testimonios de retornados que no la conocían; que el Banco del Estado decidió en forma arbitraria el traspaso de los 4,5 millones de marcos a la FARET; créditos por montos mayores al permitido; omisión de la experiencia laboral o profesional requerida para los proyectos; imputación del costo de las asesorías a los beneficiarios. Pero la Sala Cámara rechazó por 40 votos contra 21 el informe unánime de la comisión.
Empresa Nacional de Carbón, Enacar-VIII Región: La Cámara crea una comisión investigadora por denuncias del entonces senador Arturo Frei Bolívar y del diputado Edmundo Salas de la Fuente, ambos DC, sobre negligencias, mala administración, pagos ilegales y préstamos que no se ajustan a derecho, lo cual fue reafirmado por la Contraloría, estimándose el daño en $84 millones. El informe de la comisión, que presidió el DC Roberto León, se emitió en 1996 y no determinó responsabilidades políticas, sino que centró anomalías en la gerencia de Hugo Zapata. Salas votó contra el informe indicando que se trató de echar tierra al tema. El informe de la comisión nunca fue votado por la sala; el informe de la Contraloría fue cuestionado por el ex Presidente Patricio Aylwin.
Codelco: El 26 de enero de 1994 se descubren pérdidas por cerca de US$217 millones, relacionadas con el operador de mercados de futuro de Codelco, Juan Pablo Dávila, quien venía realizando este tipo de operaciones desde fines de 1993. El escándalo tiene como consecuencia las renuncia de importantes figuras de la Concertación, como el vicepresidente ejecutivo de Codelco, Alejandro Noemi; el vicepresidente de Comercialización de la Minera, Gonzalo Trivelli; el gerente de Ventas, Owen Guerrini, y el subgerente de área, Carlos Derpsch.
El informe de la mayoría oficialista de la Cámara afirmó que las pérdidas tuvieron origen en decisión de Noemi, de iniciar operaciones de mercados de futuro, no autorizadas por el directorio; Felipe Valenzuela (PS) refutó la transgresión por parte de Noemi, y el entonces diputado PPD Nelson Avila, no estuvo de acuerdo con que el directorio no era responsable.
Con posterioridad, se gestó una moción para prohibir que los ministros de Estado sean directores de empresas públicas, que duerme en el Congreso.
Recientemente, la Segunda Sala de la Corte Suprema ratificó la condena contra Dávila a tres años por fraude al fisco y dos penas de 800 días por delitos de negociación incompatible; y absolvió a su esposa, Ximena Pradenas, la que en primera instancia había sido condenada a 60 días de prisión como encubridora del delito.
Aduanas: La Cámara de Diputados investigó la firma de contratos por parte del director nacional, Benjamín Prado, objetados por la Contraloría; la rehabilitación irregular de ex funcionarios; y el presunto delito de contrabando en que habrían participado funcionarios en 1993. Se estableció que el director no cometió acciones carentes de probidad; RN se retiró de la comisión, argumentando falta de garantías para investigar.
Ministerio de Educación/ aulas tecnológicas: Se generan dudas sobre el destino de US$4.700.000 del Mineduc, utilizados hacia 1994 y poco antes de las parlamentarias, cuando Ricardo Lagos era el ministro. La cartera habría pagado un sobreprecio por las aulas tecnológicas a un conocido empresario socialista español, sin concursos ni licitaciones.
1995
Esval: Informes de una comisión investigadora de la Cámara y de la Contraloría de Valparaíso demostraron en septiembre de 1994, que se había cometido una seguidilla de irregularidades en las labores de construcción del colector Viña del Mar-Valparaíso. El proyecto cruadruplicó los valores iniciales, generando pérdidas por $13.500 millones.
El informe de mayoría oficialista exculpó a los ministros de Estado y ejecutivos de Corfo.
1996
Intendencia de Valparaíso: Irregularidades y problemas de gestión. Se destituyó al intendente Hardy Knittel.
Dipreca: La fiscal de la institución, Dora Silva, presenta una querella criminal por los delitos de fraude, exacción ilegal y estafa.
Las acusaciones involucran desfalcos por $138 millones, por contratos no sometidos a licitación.
En 2001, Dora Silva y Carlos Nazar, ex director de Dipreca, son sometidos a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de negociación incompatible. Y se desestimó procesar por el mismo delito al ex subsecretario de Carabineros, Luciano Fouillioux.
La comisión investigadora de la Cámara confirmó irregularidades, pero con los votos de la Concertación indicó que Dipreca era un organismo autónomo y descartó responsabilidades políticas de la cartera de Defensa o la Subsecretaría.
1997
Conadi: Compra irregular de terrenos y derechos de agua en IX Región.
Instituto Nacional de la Juventud: Irregularidades en el manejo de los recursos del organismo, que terminaron con pérdidas por cerca de $600 millones.
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb: irregularidades en la ejecución de programas de alimentación escolar 1996 y de verano 1997. La Contraloría remite los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado.
Minvu / Copeva: Cientos de viviendas, recién entregadas a través de subsidios, quedan anegadas y presentan daños estructurales, producto de las lluvias. La empresa concesionaria es Copeva, de Francisco Pérez Yoma, hermano del ministro de Defensa. Posteriormente, se constata que el ministro de Vivienda, Edmundo Hermosilla, ha recibido de regalo un caballo de parte de Francisco Pérez Yoma, lo que le significa su salida del gabinete. Se demuestran graves irregularidades en las construcciones.
La Corte de Apelaciones de San Miguel dejó sin efectos el sometimiento a los tres máximos ejecutivos de Copeva por el delito de estafa que había resuelto el ministro en visita, Ismael Contreras.
Serviu-Concepción: Fraude al fisco conocido como "Casas Bilbao". 896 modestas familias de Concepción postulan vía Serviu a casas encargadas a Inversiones Bilbao S.A., relacionada a integrantes de la Concertación. A pesar de que la firma recibe un adelanto de $1.500 millones del subsidio, las casas nunca son construidas.
En marzo de 2006 se dictaron las condenas de primera instancia, sólo contra los socios de la empresa, ya que fueron exculpados los funcionarios públicos que inicialmente habían sido sometidos a proceso.
1998
Dirección de Gendarmería: El director de la institución arrendaba su propia residencia al servicio y la ocupaba en el cargo. Debió presentar su renuncia
MOP: La empresa mexicana Tribasa gana la licitación para la remodelación de la Ruta 5 y el Acceso Norte a Concepción, pero quiebra y abandona la obra, sin pagar indemnizaciones.
En 2001, como efecto del sumario instruido por el fiscal del MOP Claudio Flores, que propone sancionar a 11 funcionarios, Matías de la Fuente -ex gerente de Finanzas del comando de Lagos y primo de su esposa, Luisa Durán- renuncia a la secretaría ejecutiva de la Comisión Bicentenario. La Moneda le solicita que permanezca en su cargo, y de febrero de 2002 a marzo de 2003, ejerce como jefe del gabinete presidencial.
El diputado Víctor Pérez (UDI) afirma que el MOP rebajó las sanciones propuestas por el fiscal; que Tribasa antes de llegar a Chile estaba quebrada; y que no tiene dudas de que la empresa "fue generosa en retribuir los favores por un contrato de US$600 millones".
2000
Indemnizaciones millonarias: A comienzos de septiembre y a partir del conocimiento del pago de abultadas indemnizaciones en Correos de Chile (el gerente general se retira con $111 millones), se detecta esta práctica en diversas empresas del Estado, como EFE, Enap, Polla Chilena de Beneficencia y Enami. Entre los involucrados, se encontraba el padre del entonces ministro Alvaro García.
Lo ocurrido llevó al gobierno de Ricardo Lagos a impartir un instructivo presidencial, para establecer que las indemnizaciones no debían exceder lo establecido en el Código del Trabajo. Luego, se informó que la práctica venía desde antes, apuntando al gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien afirmó posteriormente que abusaron de su confianza.
El entonces ministro de Obras Públicas, Carlos Cruz, sostuvo que los directivos de las empresas no están en ellas sólo por su competencia técnica, sino por su compromiso político.
Y el Presidente Lagos declaró: "en la función pública se está para servir y no para servirse" y llamó a los ejecutivos a devolver lo recibido para permanecer en el Gobierno o renunciar. Muchos optaron por lo segundo.
2001
Conadi: denuncias sobre compras irregulares de terrenos y uso de $1.280 millones del fondo de tierras, en honorarios, viáticos y gastos de oficina.
Catastro de Denuncias de Irregularidades en los Gobiernos de la Concertación
Nuevamente el país recibe una agenda pro transparencia, que incluye algunos temas de los que se ha hablado durante años y que, si se hubieran puesto en práctica de manera oportuna, habrían constituido un real freno a las irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
E sto pues, como lo indica un análisis recientemente dado a conocer por parlamentarios de la Alianza y complementado por ESTRATEGIA, el catastro de denuncias de los gobiernos de la Concertación, data de los primeros años de la coalición en el poder.
La cuenta aliancista apunta a una pérdida aproximada de $377 mil
millones entre 1992 y el 2006, considerando tanto las acusaciones de irregularidades, como los problemas de mala gestión de los recursos fiscales. Esto sin haber cuantificado las pérdidas por el caso Chiledeportes.
La falta de voluntad política para concretar, por ejemplo, la agenda de la Comisión Nacional de Etica Pública de 1994, está en el centro de la crítica; pero también el rol de la oposición la que, según reconocen sus propios integrantes, en el pasado reciente no mostró rigurosidad ni fortaleza en sus denuncias. Ello unido a la ausencia de propuestas para convertirse en una alternativa de gobierno, ha permitido que la Concertación gobierne, sin contrapesos, en la certeza de que se mantendrá en el poder.
1991
Oficina Nacional de Emergencia (Onemi): En 1992 se presenta una denuncia sobre irregularidades por la no entrega de ayuda recolectada para los damnificados del aluvión de Antofagasta y por la erupción del volcán Hudson, en Aysén, por cerca de $700 millones. Se constata la existencia de delitos.
1992
Digeder: Señales de que la Dirección General de Deporte y Recreación, dirigida entonces por el DC Iván Navarro, había protagonizado irregularidades por $500 millones. La Contraloría sólo constató desórdenes administrativos.
Empremar: Se denuncian comportamientos gerenciales irregulares en las operaciones de la Empresa Marítima del Estado (que fue privatizada en 1995), y una comisión de la Cámara investiga la negligencia en las modificaciones de un contrato de agenciamiento con una empresa peruana, y el arriendo de naves con pago de comisiones excesivas.
En 2004, el ex gerente Patricio Vidal Walton; el ex gerente de servicios especiales, Heriberto Guerra Gálvez, y el broker Alexis Ramírez Amador, son condenados a penas remitidas de 541 y 300 días de presidio, por el delito de estafa, sanciones menores que las establecidas en primera instancia por fraude al fisco.
El perjuicio económico al Estado se estimó en casi US$3 millones.
1993
"Desmalezamiento": Diputados Raúl Urrutia (RN) y Laura Soto (PPD), denuncian el pago por parte de la Refinería de Petróleos de Concón (RPC), de $381 millones por desmalezado del recinto, encargado a una empresa de Francisco Zárate (en años anteriores el trabajo no había superado los $90 millones). Entonces, se apuntó a personeros de la DC y la Concertación rechazó crear una comisión investigadora. Sólo a fines de 2002 se conocieron las primeras sentencias judiciales.
Emporchi: denuncia de irregularidades en la administración por contratos, en que se aplican tarifas de almacenajes ilegales por $175 millones.
1994
Oficina Nacional del Retorno: Desviación de dineros destinados a personas que regresaban a Chile desde el extranjero.
Convenio celebrado por los gobiernos de Chile y Alemania, según el cual, este último otorgó un préstamo de diez millones de marcos alemanes, a tasa anual de 2%, y en plazo de 30 años con diez de gracia, para fomentar la reinserción de exiliados chilenos en Alemania que retornaran.
El informe de la comisión investigadora de la Cámara estableció como irregularidades: no haber sometido a la aprobación del Congreso el convenio; que el Banco del Estado habría otorgado créditos a no más de 8 años y con tasas significativamente superiores al 2%; que 9 millones de marcos no fueron utilizados según el convenio, ya que 4,5 millones fueron entregados a la Fundación de Asistencia al Retornado (FARET), para asesorías contables y seguimientos de proyectos, existiendo testimonios de retornados que no la conocían; que el Banco del Estado decidió en forma arbitraria el traspaso de los 4,5 millones de marcos a la FARET; créditos por montos mayores al permitido; omisión de la experiencia laboral o profesional requerida para los proyectos; imputación del costo de las asesorías a los beneficiarios. Pero la Sala Cámara rechazó por 40 votos contra 21 el informe unánime de la comisión.
Empresa Nacional de Carbón, Enacar-VIII Región: La Cámara crea una comisión investigadora por denuncias del entonces senador Arturo Frei Bolívar y del diputado Edmundo Salas de la Fuente, ambos DC, sobre negligencias, mala administración, pagos ilegales y préstamos que no se ajustan a derecho, lo cual fue reafirmado por la Contraloría, estimándose el daño en $84 millones. El informe de la comisión, que presidió el DC Roberto León, se emitió en 1996 y no determinó responsabilidades políticas, sino que centró anomalías en la gerencia de Hugo Zapata. Salas votó contra el informe indicando que se trató de echar tierra al tema. El informe de la comisión nunca fue votado por la sala; el informe de la Contraloría fue cuestionado por el ex Presidente Patricio Aylwin.
Codelco: El 26 de enero de 1994 se descubren pérdidas por cerca de US$217 millones, relacionadas con el operador de mercados de futuro de Codelco, Juan Pablo Dávila, quien venía realizando este tipo de operaciones desde fines de 1993. El escándalo tiene como consecuencia las renuncia de importantes figuras de la Concertación, como el vicepresidente ejecutivo de Codelco, Alejandro Noemi; el vicepresidente de Comercialización de la Minera, Gonzalo Trivelli; el gerente de Ventas, Owen Guerrini, y el subgerente de área, Carlos Derpsch.
El informe de la mayoría oficialista de la Cámara afirmó que las pérdidas tuvieron origen en decisión de Noemi, de iniciar operaciones de mercados de futuro, no autorizadas por el directorio; Felipe Valenzuela (PS) refutó la transgresión por parte de Noemi, y el entonces diputado PPD Nelson Avila, no estuvo de acuerdo con que el directorio no era responsable.
Con posterioridad, se gestó una moción para prohibir que los ministros de Estado sean directores de empresas públicas, que duerme en el Congreso.
Recientemente, la Segunda Sala de la Corte Suprema ratificó la condena contra Dávila a tres años por fraude al fisco y dos penas de 800 días por delitos de negociación incompatible; y absolvió a su esposa, Ximena Pradenas, la que en primera instancia había sido condenada a 60 días de prisión como encubridora del delito.
Aduanas: La Cámara de Diputados investigó la firma de contratos por parte del director nacional, Benjamín Prado, objetados por la Contraloría; la rehabilitación irregular de ex funcionarios; y el presunto delito de contrabando en que habrían participado funcionarios en 1993. Se estableció que el director no cometió acciones carentes de probidad; RN se retiró de la comisión, argumentando falta de garantías para investigar.
Ministerio de Educación/ aulas tecnológicas: Se generan dudas sobre el destino de US$4.700.000 del Mineduc, utilizados hacia 1994 y poco antes de las parlamentarias, cuando Ricardo Lagos era el ministro. La cartera habría pagado un sobreprecio por las aulas tecnológicas a un conocido empresario socialista español, sin concursos ni licitaciones.
1995
Esval: Informes de una comisión investigadora de la Cámara y de la Contraloría de Valparaíso demostraron en septiembre de 1994, que se había cometido una seguidilla de irregularidades en las labores de construcción del colector Viña del Mar-Valparaíso. El proyecto cruadruplicó los valores iniciales, generando pérdidas por $13.500 millones.
El informe de mayoría oficialista exculpó a los ministros de Estado y ejecutivos de Corfo.
1996
Intendencia de Valparaíso: Irregularidades y problemas de gestión. Se destituyó al intendente Hardy Knittel.
Dipreca: La fiscal de la institución, Dora Silva, presenta una querella criminal por los delitos de fraude, exacción ilegal y estafa.
Las acusaciones involucran desfalcos por $138 millones, por contratos no sometidos a licitación.
En 2001, Dora Silva y Carlos Nazar, ex director de Dipreca, son sometidos a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de negociación incompatible. Y se desestimó procesar por el mismo delito al ex subsecretario de Carabineros, Luciano Fouillioux.
La comisión investigadora de la Cámara confirmó irregularidades, pero con los votos de la Concertación indicó que Dipreca era un organismo autónomo y descartó responsabilidades políticas de la cartera de Defensa o la Subsecretaría.
1997
Conadi: Compra irregular de terrenos y derechos de agua en IX Región.
Instituto Nacional de la Juventud: Irregularidades en el manejo de los recursos del organismo, que terminaron con pérdidas por cerca de $600 millones.
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb: irregularidades en la ejecución de programas de alimentación escolar 1996 y de verano 1997. La Contraloría remite los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado.
Minvu / Copeva: Cientos de viviendas, recién entregadas a través de subsidios, quedan anegadas y presentan daños estructurales, producto de las lluvias. La empresa concesionaria es Copeva, de Francisco Pérez Yoma, hermano del ministro de Defensa. Posteriormente, se constata que el ministro de Vivienda, Edmundo Hermosilla, ha recibido de regalo un caballo de parte de Francisco Pérez Yoma, lo que le significa su salida del gabinete. Se demuestran graves irregularidades en las construcciones.
La Corte de Apelaciones de San Miguel dejó sin efectos el sometimiento a los tres máximos ejecutivos de Copeva por el delito de estafa que había resuelto el ministro en visita, Ismael Contreras.
Serviu-Concepción: Fraude al fisco conocido como "Casas Bilbao". 896 modestas familias de Concepción postulan vía Serviu a casas encargadas a Inversiones Bilbao S.A., relacionada a integrantes de la Concertación. A pesar de que la firma recibe un adelanto de $1.500 millones del subsidio, las casas nunca son construidas.
En marzo de 2006 se dictaron las condenas de primera instancia, sólo contra los socios de la empresa, ya que fueron exculpados los funcionarios públicos que inicialmente habían sido sometidos a proceso.
1998
Dirección de Gendarmería: El director de la institución arrendaba su propia residencia al servicio y la ocupaba en el cargo. Debió presentar su renuncia
MOP: La empresa mexicana Tribasa gana la licitación para la remodelación de la Ruta 5 y el Acceso Norte a Concepción, pero quiebra y abandona la obra, sin pagar indemnizaciones.
En 2001, como efecto del sumario instruido por el fiscal del MOP Claudio Flores, que propone sancionar a 11 funcionarios, Matías de la Fuente -ex gerente de Finanzas del comando de Lagos y primo de su esposa, Luisa Durán- renuncia a la secretaría ejecutiva de la Comisión Bicentenario. La Moneda le solicita que permanezca en su cargo, y de febrero de 2002 a marzo de 2003, ejerce como jefe del gabinete presidencial.
El diputado Víctor Pérez (UDI) afirma que el MOP rebajó las sanciones propuestas por el fiscal; que Tribasa antes de llegar a Chile estaba quebrada; y que no tiene dudas de que la empresa "fue generosa en retribuir los favores por un contrato de US$600 millones".
2000
Indemnizaciones millonarias: A comienzos de septiembre y a partir del conocimiento del pago de abultadas indemnizaciones en Correos de Chile (el gerente general se retira con $111 millones), se detecta esta práctica en diversas empresas del Estado, como EFE, Enap, Polla Chilena de Beneficencia y Enami. Entre los involucrados, se encontraba el padre del entonces ministro Alvaro García.
Lo ocurrido llevó al gobierno de Ricardo Lagos a impartir un instructivo presidencial, para establecer que las indemnizaciones no debían exceder lo establecido en el Código del Trabajo. Luego, se informó que la práctica venía desde antes, apuntando al gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien afirmó posteriormente que abusaron de su confianza.
El entonces ministro de Obras Públicas, Carlos Cruz, sostuvo que los directivos de las empresas no están en ellas sólo por su competencia técnica, sino por su compromiso político.
Y el Presidente Lagos declaró: "en la función pública se está para servir y no para servirse" y llamó a los ejecutivos a devolver lo recibido para permanecer en el Gobierno o renunciar. Muchos optaron por lo segundo.
2001
Conadi: denuncias sobre compras irregulares de terrenos y uso de $1.280 millones del fondo de tierras, en honorarios, viáticos y gastos de oficina.
