En el caso de un migrante que se encuentre en situación irregular, también se proponen modificaciones. Si en la normativa vigente las expulsiones ante situaciones de este tipo son discrecionales por parte de Interior y se hacían a través de decretos, ahora las expulsiones podrán ser apeladas por el o los afectados.
Este último podrá interponer un “recurso jerárquico contra la medida de expulsión” y la autoridad administrativa tendrá que pronunciarse “dentro del plazo de 60 días hábiles”, creando todo un proceso que elimina la expulsión inmediata. Además, si la medida persistiera, aún queda la posibilidad de que el extranjero que está en peligro de ser expulsado pueda recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva, la que tiene un plazo de 30 días más para resolver.
“La migración irregular no es, por sí misma, constitutiva de delito”, versa el artículo 11, titulado “No criminalización”.
