Informe de Comisión Investigadora por ProCultura: apunta a autoridades por convenios
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó con amplia mayoría el informe final de la Comisión Especial Investigadora (CEI) sobre los convenios de la Fundación ProCultura con entidades estatales. La votación registró 81 votos a favor y solo tres abstenciones, de los diputados
Raúl Leiva,
Daniel Melo y
Leonardo Soto.
Este informe se enmarca en la investigación del Ministerio Público que indaga 18 convenios, por más de $5.800 millones, adjudicados a la ONG presidida por el psiquiatra
Alberto Larraín en ocho regiones del país. La Fiscalía acumula indicios de lavado de activos, fraude al Fisco, tráfico de influencias, apropiación indebida y estafa.
Uno de los acuerdos más cuantiosos fue el programa de prevención del suicidio suscrito con el Gobierno Regional Metropolitano (Gore RM), entonces dirigido por
Claudio Orrego. En 2022, el Gore Metropolitano transfirió $1.683 millones a ProCultura, de los cuales $1.000 millones quedaron sin rendir ni devolver.
Hallazgos y deficiencias estructurales
El informe visado por la Cámara denuncia graves deficiencias en el sistema de transferencias públicas y detecta posibles delitos. El texto afirma que “el caso Procultura deja en evidencia una profunda vulnerabilidad del patrimonio público frente a la mala administración o al uso indebido de los recursos fiscales, situación que debe ser abordada de manera urgente”.
Entre sus principales conclusiones destacan la presencia de sobreprecios y gastos irregulares; una intrincada red de empresas relacionadas con ProCultura; la recurrencia de asignaciones directas a la ONG; la insuficiente evaluación por parte del Estado; brechas en los procedimientos de selección; omisión de inhabilidades; vínculos no declarados con gobernadores; y la incapacidad estatal para recuperar fondos.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó con amplia mayoría el informe final de la Comisión Especial Investigadora (CEI) sobre...
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