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Caso ProCultura: el tsunami judicial que se le viene al oficialismo

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Suprema define legalidad de escuchas a Josefina Huneeus por ProCultura

Este martes se conocerá la resolución luego de que la Sala Penal escuchara al Ministerio Público, querellantes y a la defensa de la psiquiatra. Según expuso el fiscal Eduardo Ríos, se debe revocar el "falso" fallo de la Corte de Antofagasta y validar las gestiones desplegadas.​

La jornada de este martes se espera que la Segunda Sala de la Corte Suprema dé a conocer su resolución respecto del amparo que interpuso la defensa de Josefina Huneeus en contra de la interceptación de sus comunicaciones a propósito del caso ProCultura.

Esto, luego de que este lunes los ministros del máximo tribunal conocieran de las apelaciones presentadas en contra del fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que inicialmente acogió la acción de la psiquiatra -patrocinada por los abogados Alejandro Awad y Miguel Schürmann- y declaró ilegales las escuchas.

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Caso ProCultura: Corte Suprema ratificó que “pinchazos” a Josefina Huneeus son “ilegales”


Por tres votos contra dos, se determinó rechazar la apelación presentada por el Ministerio Público que acusaba “parcialidad” en el fallo del tribunal.
La Corte Suprema ratificó este martes el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta y calificó como “ilegales” los pinchazos telefónicos a Josefina Huneeus, psiquiatra y exesposa de Alberto Larraín, en el marco del caso ProCultura.

Por tres votos contra dos, se determinó rechazar la apelación presentada por el Ministerio Público que acusaba “parcialidad” en el fallo del tribunal.

Josefina Huneeus presentó el requerimiento en mayo pasado, acusando que el Ministerio Público intervino ilegalmente su celular debido a que, en el momento de la diligencia, ella se encontraba en calidad de testigo y no de imputada en la mencionada arista investigativa del caso convenios.




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Informe de Comisión Investigadora por ProCultura: apunta a autoridades por convenios
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó con amplia mayoría el informe final de la Comisión Especial Investigadora (CEI) sobre los convenios de la Fundación ProCultura con entidades estatales. La votación registró 81 votos a favor y solo tres abstenciones, de los diputados Raúl Leiva, Daniel Melo y Leonardo Soto.

Este informe se enmarca en la investigación del Ministerio Público que indaga 18 convenios, por más de $5.800 millones, adjudicados a la ONG presidida por el psiquiatra Alberto Larraín en ocho regiones del país. La Fiscalía acumula indicios de lavado de activos, fraude al Fisco, tráfico de influencias, apropiación indebida y estafa.

Uno de los acuerdos más cuantiosos fue el programa de prevención del suicidio suscrito con el Gobierno Regional Metropolitano (Gore RM), entonces dirigido por Claudio Orrego. En 2022, el Gore Metropolitano transfirió $1.683 millones a ProCultura, de los cuales $1.000 millones quedaron sin rendir ni devolver.

Hallazgos y deficiencias estructurales

El informe visado por la Cámara denuncia graves deficiencias en el sistema de transferencias públicas y detecta posibles delitos. El texto afirma que “el caso Procultura deja en evidencia una profunda vulnerabilidad del patrimonio público frente a la mala administración o al uso indebido de los recursos fiscales, situación que debe ser abordada de manera urgente”.

Entre sus principales conclusiones destacan la presencia de sobreprecios y gastos irregulares; una intrincada red de empresas relacionadas con ProCultura; la recurrencia de asignaciones directas a la ONG; la insuficiente evaluación por parte del Estado; brechas en los procedimientos de selección; omisión de inhabilidades; vínculos no declarados con gobernadores; y la incapacidad estatal para recuperar fondos.
 




ProCultura quería que Monsalve hiciera lobby ante Corfo para que no les quitaran financiamiento de proyecto en Lota

En julio de 2023, tras el estallido del Caso Convenios, ProCultura intentaba mitigar la crisis financiera que atravesaba. La fundación buscó aprovechar su contacto con Jorge Orellana (quien aparece con boina roja en la foto principal), dirigente comunista y líder de los extrabajadores del carbón, para que mediara con Manuel Monsalve, entonces subsecretario del Interior.
En la carpeta investigativa se documenta una conversación por WhatsApp entre Alberto Larraín y Francisco Fuentes, en la que éste último afirma: “Le voy a pedir a Chico Orellana que active a su amigo de gobierno”. Fuentes reconoció ante la PDI que se refería a Monsalve. El objetivo de este mensaje era que el exsubsecretario intercediera ante Corfo, institución propietaria del Circuito Turístico y Patrimonial de Lota, del cual ProCultura tenía la concesión.

En esa conversación de WhatsApp, uno de los temas tratados fue la situación del Circuito Lota. Fue ahí cuando Larraín y Fuentes exploraron la posibilidad de que el entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, intercediera ante Corfo, institución propietaria de los inmuebles que conforman el circuito turístico de Lota –Parque Isidora Cousiño, la Mina Chiflón del Diablo, el Museo Histórico y el Pueblito Minero–, con el fin de mantener el apoyo económico para la fundación.

Todo esto quedó al descubierto en marzo de este año, cuando Fuentes declaró ante la Policía de Investigaciones (PDI) en la indagatoria contra ProCultura por los posibles delitos de lavado de activos y fraude al fisco.

Durante el intercambio con Larraín por WhatsApp, Fuentes dice: “También le voy a pedir a Chico Orellana que active a sus (sic) amigo de gobierno”.
Fuentes transparentó ante la PDI que ‘Chico Orellana’ es Jorge Orellana Solís, “presidente de la asociación de exmineros de la cuenca del carbón, de Schwager a Curanilahue, quien tenía en ese momento contacto con Manuel Monsalve por cuanto fue diputado en la zona, quien al momento del mensaje ostentaba el cargo de subsecretario del Interior”.
 
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