Nada nuevo que no se sospechara desde antes.
Revelan irregularidades por más de $1800 millones durante el megaincendio
La Contraloría General de la República detectó irregularidades por cerca de $1.800 millones en el uso de recursos públicos destinados a enfrentar la emergencia generada por el megaincendio que afectó a la región de Valparaíso, tras identificar pagos sin respaldo, gastos improcedentes y eventuales sobreprecios en distintos organismos del Estado.
Los hechos se originaron a partir de auditorías realizadas a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, las municipalidades de Viña del Mar y Quilpué, así como a la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, las cuales examinaron actuaciones efectuadas principalmente desde febrero de 2024 en adelante, periodo posterior a la catástrofe.
De acuerdo con los informes emitidos por el órgano contralor, se constataron pagos sin respaldo suficiente, desembolsos improcedentes, eventuales sobreprecios, deficiencias en los procesos de contratación y falencias en el control de ayudas entregadas a personas damnificadas. En consecuencia, se instruyó la apertura de sumarios administrativos y se remitieron antecedentes tanto al Ministerio Público como al Consejo de Defensa del Estado.
En relación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, el informe respectivo estableció que se efectuaron pagos por más de $586 millones sin acreditación adecuada, asociados a compras realizadas bajo el contexto de emergencia. Asimismo, se identificó un uso reiterado e injustificado del trato directo y posibles valores sobre el mercado, situación que motivó la derivación de los antecedentes a organismos persecutores.
Por su parte, en la Municipalidad de Quilpué se detectaron gastos que no se ajustaron a la normativa vigente, entre ellos la adquisición de cocinillas que no contaban con certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. A lo anterior se sumó la pérdida de bienes donados, deficiencias en la distribución de ayudas y falencias en la gestión de personal y proyectos vinculados a la emergencia, lo que derivó en la instrucción de procedimientos disciplinarios y medidas correctivas.
En tanto, la auditoría aplicada a la Municipalidad de Viña del Mar evidenció problemas en la administración y rendición de ingresos, gastos, donaciones y beneficios entregados a los afectados durante el periodo comprendido entre febrero de 2024 y abril de 2025. En este contexto, la Contraloría advirtió falta de trazabilidad, debilidades en los respaldos financieros y eventuales incumplimientos a la normativa de compras públicas, ordenando un sumario administrativo y la regularización de los procesos observados.
Finalmente, respecto de la Dirección Regional de Arquitectura del MOP, se estableció la existencia de pagos indebidos que superan los $434 millones por demoliciones no ejecutadas o realizadas de manera parcial. Paralelamente, otro informe dio cuenta de desembolsos no acreditados por más de $782 millones en trabajos efectuados en el sector El Olivar, además de irregularidades en adjudicaciones, posibles sobreprecios y ausencia de respaldo documental. Por estos antecedentes, se instruyó un sumario administrativo y se solicitó información relacionada con una investigación previa llevada adelante por la Fiscalía Nacional del MOP.
La Contraloría General de la República detectó irregularidades por cerca de $1.800 millones en el uso de recursos públicos destinados a enfrentar la
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