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RVL 2024 Juana Carla Bodoque y la Ruta de la Caca
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15 años desde el 27F: La noche más oscura
La costa de la Región del Maule fue dramáticamente afectada, cientos de personas perdieron la vida y otras tantas decenas se encuentran desaparecidas hasta hoy.
En la región del Biobío, las pérdidas humanas y materiales fueron enormes, con afectaciones mayores en los puertos de Talcahuano y Coronel y las caletas de Dichato, Tirúa y Lota, entre otras. Escenario que también se repitió en parte del territorio insular de nuestro país.
La lucha contra el mar y su inclemencia es sumamente compleja y reviste retos altamente desafiantes para la ingeniería. Sin embargo, creo que ya es tiempo de dar un paso hacia adelante en nuestra relación con los tsunamis.
Nuestra geografía ostenta más de 4000 km de costa, la que producto del explosivo aumento demográfico durante el último siglo está alojando una cada vez mayor población. Lo anterior, inevitablemente llevara a que el número de posibles afectados por un maremoto en los años venideros aumente.
Esta problemática nos obliga, como sociedad, a hacernos cargo de este reto, si no lo hacemos prontamente, los tristes números que dejó el tsunami de 2010 podrían llegar a ser opacados por una catástrofe sin precedentes.
La ciencia hace años nos ha entregado las herramientas para conocer las dinámicas asociadas a estos sucesos. El desarrollo de complejos modelos numéricos nos permite predecir de forma clara y precisa cómo los distintos eventos podrían afectar a nuestras costas e infraestructura. Mas, la planificación territorial muchas veces parece desconocer esta realidad, obviarla y dejarse llevar por intereses cortoplacistas.
En este sentido, pareciera ser que en nuestro país la opinión de los geo-cientistas es sistemáticamente obviada en la planificación territorial. Basta con retrotraerse un par de meses para encontrarse el caso de los edificios sobre las dunas de Concón, construidos en un lugar que hace más de 20 años el Servicio de Geología y Minería había indicado como inadecuado y riesgoso, o con los reiterados deslizamientos producto de la mala planificación de taludes en la ruta 156, los cuales aislaron y pusieron en peligro la vida de cientos de personas durante los derrumbes de los últimos temporales, por nombrar un par. ¿Cómo es posible que, en el país más sísmico, con la costa más larga y con más volcanes activos del mundo no sea obligatoria la firma de un Geólogo para la realización de obras civiles?
Dice el saber popular que cada chilena y chileno vive por lo menos un “Gran Terremoto” (1835; 1877; 1906; 1928; 1939; 1960; 1985; 2010), es más, hace un tiempo, Sergio Barrientos, director del Centro Sismológico Nacional, hacia un simple cálculo estadístico en base al registro histórico de eventos telúricos en nuestro país: “En Chile es esperable un sismo de magnitud superior a 8 Mw cada 12 años”.
Hoy se cumplen 15 años de esa oscura noche de verano en que cientos de compatriotas perdieron la vida.
15 años desde el 27F: La noche más oscura
Las autoridades claves cuestionadas por su actuar ante la emergencia
El 27 de febrero de 2010 en la memoria del país se estamparon más de 500 muertes, un poco más de 50 desaparecidos, y el verano colmado de viajeros que emigraban para ver postales boscosas, arenas y aguas calmas, se convirtió –de un momento a otro– en la sentencia de familias enteras, especialmente en las regiones más azotadas por el tsunami que acompañó al terremoto; Maule y Biobío.La tragedia que en un principio fue descartada por las autoridades marítimas lentamente se instaló en La Moneda, que en ese entonces encabezaba la expresidenta Michelle Bachelet. La insuficiente y confusa respuesta de los servicios de emergencia como la Onemi y el Shoa, fueron blanco de críticas que apuntaban a que un aviso oportuno pudo salvar vidas, sin embargo, el erróneo mensaje de calma que descartó peligro de tsunami, contribuyó a que las personas no estuvieran en zonas seguras cuando la ola arrasó con todo a su paso.
Algunas autoridades de gobierno y figuras a cargo de instituciones resultaron ser el centro de las críticas y cuestionamientos. Acá la historia de estos protagonistas, a 15 años de la tragedia.
Francisco Vidal
Quienes eran autoridades el 27 de febrero de 2010, tiempo más tarde asumieron culpas apuntando a que no estaban preparados para afrontar la catástrofe. El mismo ministro de Defensa de ese entonces, Francisco Vidal, como primer instinto acudió al Palacio Presidencial, pero se encontró con los reproches del jefe de gabinete de la Mandataria, Rodrigo Peñailillo, quien le recomendó apostarse en la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi). Desde allí, las recriminaciones a las figuras del gobierno terminaron en el Ministerio Público, donde se persiguieron responsabilidades penales.
El ahora presidente del directorio de TVN tenía a su mando a las Fuerzas Armadas, flanco que fue cuestionado por la tardanza de la expresidenta en sacar a los militares a las calles, en medio de hechos delictuales y saqueos. En la investigación para determinar responsabilidades, Vidal declaró como imputado ante la Fiscalía Occidente sobre los primeros pasos que dio como autoridad tras el terremoto.
En los detalles que entregó en un especial de La Tercera sobre el 27-F, reflexionó: “Sabemos que se veía todo como una manga de ineptos. No era así, pero eso se veía. Lo que pasa es que se vivía mucha confusión, porque la información era contradictoria”.
Vidal estaba encargado de coordinar el traslado de las autoridades a las principales zonas afectadas, lo que no se concretó con la urgencia necesaria porque las tripulaciones no podían acceder a la base. “La Presidenta se enojó”, afirmó Vidal. Recién a las siete u ocho de la mañana llegaron cuatro o cinco helicópteros.
El despliegue de las FF.AA. fue duramente cuestionado debido a los retrasos para acceder a zonas, el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, afirmó ante el Senado que recién se pudo iniciar un registro ocular a las nueve de la mañana por falta de equipos aéreos.
Patricio Rosende
Patricio Rosende, subsecretario del Interior de ese momento, ofreció disculpas públicas como parte del acuerdo al que llegó con la fiscalía para suspender la causa Tsunami, que buscaba penas de 818 días de presidio menor en su grado medio para él y funcionarios del Shoa y la Onemi, por su responsabilidad en los fallecimientos. En concreto, la exautoridad fue acusada por la muerte de 105 personas y se cuestionó que no alertara sobre el peligro mientras en las costas ya habían sido aplastadas cientos de familias. La defensa de Rosende alegó que solo acató la información que recibió de los organismos de emergencia.
En su declaratoria, Rosende expresó que albergaba la esperanza “de que los familiares de quienes murieron puedan tener el consuelo de que el Estado de Chile reconoce, en la voz de sus representantes esa madrugada, la incapacidad que tuvo para sobreponerse con rapidez ante la catástrofe. Si alguna de mis acciones esa noche contribuyeron de alguna forme a que se cometiere algún error, lo lamento profundamente y expreso mis disculpas por aquello”.
Edmundo González
Otro de los hombres que tuvo un rol clave fue el comandante en jefe de la Armada, almirante Edmundo González, quien tenía bajo su mandato el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico (Shoa), organismo con la obligación y facultad de alertar sobre el riesgo de tsunami.
El comandante debió rendir cuentas ante la Cámara de Diputados sobre su actuar el 27/F, donde reconoció el error de la institución: “A raíz de los acontecimientos posteriores podemos concluir que la cancelación de la alerta de maremoto fue apresurada y que si bien se emplearon ciertos criterios técnicos en el análisis de los antecedentes considerados, no se efectuó una acuciosa evaluación de la totalidad que el Shoa tenía disponibles a esa hora”.
Además de las fallas en las alarmas, la autoridad castrense fue el único del alto mando de las Fuerzas Armadas que no se presentó en las oficinas de la Onemi, donde se estaba llevando a cabo la primera reunión de la emergencia. Ahí es cuando ocurre el famoso video de Bachelet escuchando las recomendaciones de los funcionarios.
Su ausencia en la Onemi también fue parte de las explicaciones que le dio a los parlamentarios: “Yo me mantuve en mi casa, tenía energía, un generador propio, entre comillas, porque al final no tuve ningún celular, ningún teléfono satelital hasta que al final a las 5:10 am. fui informado que la escuadra no había zarpado, que no había maremoto porque la alerta había sido cancelada hace cinco minutos y obviamente que me relajé un poco”.
Mariano Rojas
Mariano Rojas, capitán de navío y director del Shoa –que debió renunciar a su cargo tras la negligente conducción de la emergencia– fue uno de los imputados en el caso Tsunami. El militar en retiro aceptó cargos por cuasidelito de homicidio en un juicio abreviado que indagó su responsabilidad penal al cancelar la alerta que permitía la evacuación de las personas.
Previo a la judicialización de la tragedia, el marino enfrentó un sumario de la Armada en el que reconoció que dio marcha atrás a la alerta “37 minutos después de haberla activado, porque no se recibió ninguna comunicación de la Onemi que señalara alguna anormalidad en el borde costero”. Rojas tomó esta decisión pese a que desde un inicio una experta oceanógrafa comunicó el avistamiento de “olas destructivas” y también ignoró los reportes de centros de Hawai que identificaros los anomalías. Ocho días después del movimiento telúrico, el comandante en jefe de la Armada relevó del cargo al director del Shoa.
Carmen Fernández
La dirección de la Onemi a cargo de Carmen Fernández quedó manchada por su tardío actuar ante la emergencia. La autoridad sobreseída en el caso Tsunami debió pagar junto a los otros imputados $235 millones a cerca de 100 familiares de las víctimas. Pese a que era la encargada de dar aviso sobre las evacuaciones costeras, la autoridad defendió en todo momento, incluso ante la Cámara de Diputados, que la Armada entregó información errónea sobre dónde estaba situado el epicentro del terremoto, lo que evitó que se diera aviso oportunamente.
De todas formas, Fernández renunció a su cargo a tan solo días antes de que Sebastián Piñera asumiera la Presidencia, desoyendo el llamado que realizó el empresario a las autoridades para que continuaran en sus cargos con el fin de garantizar la continuidad de mando en la emergencia, que ya entraba en la etapa de reconstrucción.
Edmundo Pérez Yoma
El ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, debió responder las preguntas de la comisión investigadora del terremoto debido a la autoridad que tenía la cartera sobre la Onemi. Si bien, no fue parte de los acusados por la fiscalía ya que la noche del terremoto no se encontraba en la oficina donde se tomaron las decisiones, esa misma falta de participación mientras el resto del gabinete junto a los funcionarios de emergencia decidían sobre la alerta, fue la principal crítica que recibió desde la oposición.
El manejo posterior también fue uno de los flancos del secretario de Estado, que adjudicó la lenta respuesta del gobierno a la descoordinación con las Fuerzas Armadas.
27F: las autoridades claves cuestionadas por su actuar ante la emergencia - La Tercera
Algunas autoridades de gobierno y figuras a cargo de instituciones ese 2010 resultaron ser el centro de las críticas y cuestionamientos por su actuar frente a la emergencia. Acá la historia de estos protagonistas, a 15 años de la tragedia
El cuestionado rol de Michelle Bachelet en la emergencia que sacudió el fin de su primer mandato
Este jueves se cumplen 15 años del segundo terremoto más grande de Chile. La emergencia, además de arrastrar fallecimientos y desplomes, trajo consigo costos políticos por el manejo de la situación. Así las cosas, gran parte de los cuestionamientos recayeron en la expresidenta Michelle Bachelet, quien hoy, vuelve a sonar en la izquierda para competir por llegar a La Moneda.Faltaban solo 13 días para que el primer gobierno de Michelle Bachelet llegara a su final, cuando Chile fue azotado por el segundo terremoto más fuerte en la historia del país y el octavo más fuerte registrado por la humanidad. Más tarde, un tsunami impactó las costas chilenas producto del terremoto, destruyendo varias localidades ya devastadas por el sismo.
La catástrofe no solo significó un gran saldo de muertes y pérdidas materiales, sino que también trajo consigo muchos costos políticos, que hasta el día de hoy, a 15 años del 27F, siguen saliendo a flote.
El blanco de críticas del manejo de la emergencia se centró en quien dirigía el país en ese entonces, la expresidenta Michelle Bachelet, quien ahora, nuevamente, se asoma como una eventual carta presidencial. Se le cuestionó, desde la oposición fundamentalmente, porque habría tomado decisiones ambiguas; por no imponerse, por ejemplo, ante la ausencia en la Onemi del comandante en jefe de la Armada, la madrugada de la emergencia; por su demora en sacar a los militares a la calle, e incluso, por supuestamente, rechazar ayuda internacional.
¿Un tardío estado de catástrofe?
Uno de los mayores reproches de la conducción de la emergencia se sitúa en el día siguiente al 27-F. En esa oportunidad, Michelle Bachelet sostuvo una reunión con parte de su gabinete, en donde entregó su primer balance. Luego, habló de una situación “sin paragón en Chile”, y anunció que había firmado un decreto de Estado de catástrofe en las regiones del Maule y Biobío, lo que permitió el despliegue de 14 mil militares en las calles de los lugares afectados.Eso sí, la decisión de tener militares en las calles fue tema complejo para el oficialismo, las mismas autoridades del momento lo transparentaban. Por ejemplo, el ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, aseguró que “para una coalición que ha gobernado el país por 20 años y que luchó contra la dictadura militar, la idea de tener a los militares en la calle no fue fácil”.
Por eso, las críticas afloraron en la oposición contra el Ejecutivo, apuntando a que hubo una demora en el decreto de estado de catástrofe para combatir la ola de delincuencia en el país.
Ante los dardos, Bachelet salió a defenderse y declaró: “Decir que tengo miedo de los militares es un absurdo. Los militares estuvieron desde el primer momento”.
El video
El 15 de mayo de 2010, Canal 13 reveló un video en que se evidenciaban serias descoordinaciones entre el Servicio Hidrográfico y Oceanógrafico (Shoa) y el gobierno en la primera reunión de emergencia por la catástrofe.Al comienzo de la cita, la expresidenta decía a la comisión que “la eventualidad de tsunami (en Constitución) había sido descartada por la Armada de Chile. Sin embargo, tenemos información parcial que señala (...) que habría habido un tsunami; que el sismo no hubiera sido muy grande, pero que hubo un tsunami, donde la ola avanzó y habría arrasado o copado la mitad del pueblo. Esta información fue entregada por un concejal, por un observador meteorológico y confirmado en el retén de Carabineros. No hay información sobre daños y víctimas aún, por la oscuridad que existe en el sector y la gente está yendo hacia el cerro”.
“¿Cuál es mi dificultad, mi problema? Y por eso me gustaría que hubiera alguien de la Armada aquí. Si es que hubo un tsunami en Juan Fernández, y a pesar de que la Armada dice que no hay riesgo de tsunami, tenemos que estar súper alerta (...). Me procupa lo que nosotros trasmitamos a la población, qué instrucción le damos, porque si le damos la sensación que no hay riesgo, y pasa algo, sería una responsabilidad tremenda”, dijo Bachelet en esa oportunidad.
Cuando ya un tsunami afectaba a Juan Fernández, la exdirectora de Emergencia, Carmen Fernández, dijo a Bachelet que “teóricamente aquí ya no hubo tsunami. (...) pero con lo que ocurrió en Juan Fernández me despisto Presidenta”.
Desde el Congreso, se levantaron comisiones investigadoras para analizar la responsabilidad de Bachelet en la fallida alerta de tsunami. De la segunda instancia legislativa emanó un duro informe contra Bachelet. Finalmente, la Cámara de Diputados desestimó el escrito por 58 votos en contra.
Caso Tsunami
En enero de 2013, Raúl Meza, abogado de los familiares de las víctimas del tsunami afirmó a La Tercera que presentaría una querella criminal contra la expresidenta por cuasi delito de homicidio y por negación de prestación de auxilio. Esto ante su presunta responsabilidad por la fallida alerta del tsunami que afectó a gran parte de las zonas costeras del centro y sur del país.Ya en mayo de ese año, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admitió a trámite una ampliación de la querella contra Michelle Bachelet y otros siete imputados presentada por cuasidelito de homicidio y denegación de auxilio.
Sin embargo, en febrero de 2015, la Fiscalía decidió no imputar a la exmandataria por el caso Tsunami. En el documento, se aseguraba que con la querella “no es posible imputar responsabilidad penal (contra Bachelet), conforme a los antecedentes allegados a la investigación”.
Así las cosas, la hipótesis del Ministerio Público apuntaba a que quien debió decretar la alerta de tsunami era el exsubsecretario de Interior, Patricio Rosende, y no la expresidenta, por más que ella estuviera presente en el lugar.
“Ojalá el perdón fuera suficiente”
La exmandataria fue cuestionada fuertemente por su actuar y requerida en múltiples ocasiones respecto de las víctimas. En un debate de primarias presidenciales de 2013, Bachelet fue requerida sobre si les pediría perdón a los familiares de esas víctimas. “Chile me conoce, yo nunca he tenido ningún temor a reconocer ni errores ni pedir perdón. Y por lo tanto, yo creo que hay momentos para pedir perdón. Hoy día lo que corresponde es que la justicia actúe. Habrá momento para lo otro”.Sus declaraciones generaron mucho ruido en el mundo político. Sin embargo, meses después cuando Bachelet ya había sido electa por segunda vez, llegó a las afueras de su comando de calle Tegualda para referirse a la conmemoración del cuarto aniversario del terremoto y posterior maremoto de 2010.
“Yo quisiera en esta conmemoración del 27 de febrero enviar un mensaje de afecto, de solidaridad y de compromiso a todas aquellas familias que perdieron algún ser querido en aquella noche y también a todas aquellas familias que perdieron todo o casi todo lo que lograron construir y tener con gran esfuerzo”, señaló.
Luego, fue consultada nuevamente sobre la posibilidad de disculparse por la fallida alerta de tsunami, y Bachelet respondió: “Ojalá el perdón fuera suficiente”.
“Ojalá el perdón fuera suficiente y fuera reparador para las familias de las víctimas, me parece que lamentablemente en este tiempo se ha hecho un uso político de la tragedia que sufrió nuestro país. Eso me parece que no es aceptable bajo ninguna circunstancia, y creo muy firmemente que lo importante y lo que es tranquilizador para las familias es que la justicia está haciendo una investigación que va a permitir determinar las responsabilidades, eso es lo que de verdad las familias esperan”, cerró.
15° aniversario del 27F: el cuestionado rol de Michelle Bachelet en la emergencia que sacudió el fin de su primer mandato - La Tercera
Este jueves se cumplen 15 años del segundo terremoto más grande de Chile. La emergencia, además de arrastrar fallecimientos y desplomes, trajo consigo costos políticos por el manejo de la situación. Así las cosas, gran parte de los cuestionamientos recayeron en la expresidenta Michelle Bachelet...
Video Completo
El sismo tuvo una intensidad de 8,8 grados con epicentro en el mar frente a la comuna de Cobquecura, región del Maule, y fue seguido por un tsunami con olas de hasta 14 metros de altura.
Ambos eventos causaron una gran devastación desde el llamado norte chico, el centro y el sur del territorio nacional, con 521 fallecidos, 56 desaparecidos, medio millón de viviendas destruidas y unos dos millones de damnificados.
La mayor parte de las muertes en el litoral y el archipiélago de Juan Fernández se debieron a asfixia por inmersión, debido a que el tsunami golpeó las costas pocos minutos después del terremoto y no dio tiempo a ordenar la evacuación de las personas a lugares elevados.
El terremoto ocurrió en el límite de las placas de Nazca y la Sudamericana, cuya interacción es responsable de la mayoría de los movimientos telúricos en Chile
Chile en la mira: 65% de probabilidad de un sismo de magnitud 8 en 2026
Sismología precisó que esta afirmación se basa en el análisis histórico de la actividad sísmica en el país.
La posibilidad de un gran sismo en Chile sigue siendo una preocupación constante. Según Sergio Barrientos, director del Centro Sismológico Nacional, existe un 65% de probabilidad de que un sismo de magnitud 8 o mayor ocurra el próximo año, en 2026. Esta afirmación se basa en el análisis histórico de la actividad sísmica en el país, que es uno de los más sísmicamente activos del mundo.
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