CDE va tras Alberto Larraín y amplía querella en caso ProCultura por distracción indebida de fondos
Si bien la entidad está decidida a perseguir a los cabecillas de la organización, tomó la decisión de no tocar penalmente al gobernador Claudio Orrego.
Luego de meses analizando los antecedentes contenidos en el expediente judicial de la causa ProCultura, una de las aristas más grandes del denominado caso Convenios, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ingresó una ampliación de querella dirigiéndose directamente en contra del fundador de la fundación, Alberto Larraín.
Se trata de una acción que los intervinientes venían esperando hace meses. La ampliación además se dirige en contra de quien se desempeñaba como representante legal de la fundación, María Constanza Gómez.
El CDE acusa la distracción indebida de fondos en que habría incurrido ProCultura, respecto de dineros que fueron transferidos desde la Gobernación Regional Metropolitana para la materialización del programa de prevención del suicidio Quédate.
La querella plantea que ese delito es independiente de “todos aquellos ilícitos que puedan surgir durante la investigación de los hechos relacionados, especialmente los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al Fisco, negociación incompatible y cohecho”.
El CDE dirige la acción en contra de ambos en atención a que “en representación legal de la fundación Procultura recibieron $1.683.788.000 del patrimonio fiscal, con el destino y uso exclusivo de solventar el proyecto “Quédate” para la prevención del suicidio. Sin embargo, la fundación distrajo una parte importante de este dinero, utilizándolo indebidamente, lo que significó separarlo de su objeto convenido”.
De igual forma, establecieron que “este desvío de finalidad impidió la correcta ejecución del proyecto y vulneró la obligación contractual de la fundación de mantener los recursos disponibles y restituirlos inmediatamente al gobierno regional si así lo requería".
Considerando que una vez que estalló el caso Convenios el Gore puso término anticipado al convenio en cuestión y optó por liquidarlo, se pudo determinar, dice la querella, “que el perjuicio patrimonial causado al Estado de Chile asciende a la suma de $1.015.283.548, dinero que, al haber sido desviado, no ha sido devuelto hasta la fecha".
El organismo presidido por Raúl Letelier profundizó su arremetida en contra de los líderes de la fundación imputada por un millonario fraude. Si bien la entidad está decidida a perseguir a los cabecillas de la organización, tomó la decisión de no tocar penalmente al gobernador Claudio Orrego.
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